Un despliegue de fuerzas de seguridad del Gobierno de facto de los talibanes en las calles de Herat, en el oeste de Afganistán, impide este miércoles cualquier reanudación de las protestas ciudadanas que el martes denunciaron los arrestos arbitrarios de decenas de mujeres, acusadas de infringir el código de vestimenta.

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La ausencia de España, Irlanda, Islandia, Países Bajos y Eslovenia en Eurovisión, a modo de protesta por la presencia de Israel en el certamen, y el debate interno que viven los eurofans del resto de países, ha provocado una profunda caída de audiencia. La final de la edición de 2026 ha logrado 131 millones de espectadores a nivel global, según datos de la organizadora del evento, la Unión Europea de Radiodifusión (UER). Son 35 millones menos que el año anterior.

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La Unión Europea se basa en el Estado de Derecho y sus leyes y acuerdos internacionales son vinculantes para los Estados miembros. Resulta alarmante que, en la actualidad, la credibilidad de la UE ante sus propios ciudadanos y votantes —y ante la mayor parte del mundo— se vea socavada por su incapacidad para demostrar liderazgo moral y político en la defensa del derecho internacional y, en particular, en la aplicación de los términos jurídicos del Acuerdo de Asociación UE-Israel.

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El reciente episodio en el que Donald Trump interrumpió una entrevista tras ser cuestionado por la periodista pone en evidencia un problema cada vez más preocupante: la descalificación sistemática del periodismo cuando cumple su función esencial. Preguntar, contrastar y exigir pruebas no es una provocación sino el núcleo del trabajo periodístico en toda democracia. Cuando un dirigente opta por acusar a la prensa de parcialidad en lugar de responder, no solo evita la rendición de cuentas; también socava la confianza en uno de los pilares fundamentales de la vida pública. Una sociedad sin prensa libre no es más fuerte sino más vulnerable frente a la desinformación y el abuso de poder.

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Decenas de hombres y mujeres de Afganistán han osado desafiar este martes a los talibanes, que gobiernan el país, y salir a las calles de la ciudad occidental de Herat para protestar por la última oleada de detenciones de mujeres. Esos arrestos habían estado motivados por la supuesta infracción del rígido código de vestimenta impuesto por los fundamentalistas y que las autoridades locales de Herat endurecieron aún más la semana pasada para, en la práctica, imponer el uso del burka.

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España se encuentra hoy ante una responsabilidad histórica. Durante años fue un país de referencia en la aplicación de la justicia universal, pura y absoluta, con causas que permitieron investigar crímenes cometidos, por ejemplo, en Chile y en Argentina. Esos procesos marcaron a toda una generación de abogados y enviaron un mensaje claro: ciertos crímenes, por su gravedad, no pueden quedar a resguardo detrás de una bandera o de una frontera. La jurisdicción universal, cuya justicia llegó a ejercer, fue una de las expresiones más audaces y valiosas de su compromiso con los derechos humanos, incluso si con el tiempo ese espacio se ha visto limitado.

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Una de las escasas ventanas al mundo aún al alcance de los afganos y, sobre todo, de las afganas —las redes sociales— llevaban desde hace días alertando de que en una provincia occidental de Afganistán, Herat, muchas mujeres estaban siendo detenidas tras ser acusadas de violar el rígido código de vestimenta de los talibanes que gobiernan el país, que las obliga a cubrirse de la cabeza a los pies. Un vídeo, difundido por una mujer, según el activista Jahanzib Wesa, mostraba a otra afgana bajo una especie de sábana mientras era conducida por agentes de la policía de la moralidad a una de las furgonetas blancas que suele usar ese cuerpo. El diario digital Hasht-e Subh informó luego de que entre 40 y 50 mujeres habían sido arrestadas de esa manera. Otros medios reducían esa cifra a una veintena. Todos coincidían en que las afganas detenidas iban completamente cubiertas.

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El Tribunal Revolucionario Islámico de Teherán ha confirmado la sentencia contra el cineasta Jafar Panahi por el delito de propaganda contra la República Islámica de Irán. El ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes ha sido condenado a un año de prisión, dos años sin salir del país y la prohibición de participar en organizaciones políticas y sociales. Esto ocurre después de que la Sala 26 presidida por la jueza Iman Afshari rechazara la apelación hecha por la defensa. La sentencia inicial había sido dictada mientras Panahi se encontraba fuera de Irán, en un viaje para apoyar la campaña de premios de Un simple accidente, película por la que fue nominado al Oscar. Panahi regresó a Irán el 30 de marzo tras la ceremonia de entrega de premios.

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La carrera ya ha comenzado. Mientras Bruselas avanzaba esta semana en el acuerdo político que abre la puerta a la creación de campos de deportación para migrantes fuera del territorio comunitario, varios gobiernos europeos se movían en paralelo, discretamente, para encontrar países dispuestos a albergarlos. Países Bajos, Dinamarca, Austria, Italia y otros socios favorables a una línea dura quieren pasar de la arquitectura legal a la geografía real y localizar cuanto antes un país donde enviar a quienes han visto rechazadas sus solicitudes de asilo o han recibido una orden de expulsión. Centros lejos de Europa.

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