La crisis de precios de la vivienda apenas cambiará en 2026. BBVA Research proyecta que las casas serán un 12% más caras este año, un dato similar al de 2025, cuando el crecimiento fue del 12,7%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y en 2027 la subida continuará, aunque será más contenida (5,7%). Esta es una de las principales conclusiones del informe Situación España, elaborado por BBVA Research y presentado este miércoles. El servicio de estudios del banco español también estima que la inversión en construcción de vivienda registrará un alza del 12,4% en los próximos dos años, que “se verá favorecida por la creación de hogares, el avance de los precios y las políticas económicas”.
Las estadísticas oficiales muestran de forma consistente que los hombres cobran más que las mujeres: según los últimos datos del INE, de 2024, ellos cobran 32.058 euros brutos en promedio anual y ellas, 26.905. La brecha ha caído con fuerza si se compara con principios de siglo, pero la contracción se ha atenuado en los últimos años y aún es “muy alta”, en opinión de CC OO. El sindicato ha presentado este miércoles un informe que desmenuza la brecha con otros datos del INE, más profundos, los de la Encuesta Cuatrienal de Estructura Salarial de 2022. Y de ese análisis se desprende una desagregación clave: el sindicato cuantifica qué peso tienen los factores que explican esa diferencia. CC OO concluye que, de los 31 puntos que separan la retribución promedio de los asalariados del sector privado, casi 16 corresponden a que las mujeres trabajan más a jornada parcial, 12 a la posible discriminación laboral y seis a su mayor presencia en sectores peor retribuidos.
Antes de trabajar en un colegio de educación especial, Nuria Mateos fue teleoperadora. “En esa oficina sí había aire acondicionado, a veces tan fuerte que tenías que ponerte una chaqueta. Ahora, en clases con chavales con necesidades especiales, estoy con un ventilador que lo único que hace es mover aire caliente. Trabajas a costa de tu cuerpo, el calor te aturulla la cabeza”, explica esta docente de 43 años de Alcalá de Henares (Madrid). Muy cerca, en un instituto de Torrejón de Ardoz, es profesor de Economía Eduardo Serna, de 38 años: “Trabajé como periodista y nunca estuve en una redacción sin aire acondicionado. Es bastante alucinante. Al final de la mañana se hace muy difícil”.
El 27% de las empresas en España cuentan con al menos un plan de pensiones para sus empleados entre los beneficios sociales que les ofrecen. Así lo indica el estudio Situación de las pensiones en España, elaborado por la consultora KPMG con la participación de 80 empresas, que muestra que se trata de un porcentaje que lleva prácticamente estancado desde que se comenzó a realizar este análisis que suma ya nueve ediciones. A pesar de que en los últimos años han mejorado los incentivos fiscales para los planes de ahorro para la jubilación en el seno de las compañías (oficialmente denominados planes de empleo), estas culpan al incremento de los costes laborales del estancamiento en el desarrollo de la previsión social empresarial. Y apuntan más específicamente como causas a las mejoras del salario mínimo y del resto de los sueldos en general; así como al alza de las cotizaciones sociales por las medidas adoptadas en las últimas reformas de pensiones.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha distribuido este martes el estudio ¿Limitar el trabajo temporal mejora la estabilidad del empleo? Evidencia para los trabajadores jóvenes en España. En él, los especialistas de este equipo de estudios examinan si la reforma laboral de 2021, además de recortar la temporalidad de los contratos mediante la eliminación del de obra y servicio, también contribuyó a mejorar la calidad del empleo. Al contrario que otros estudios, como el elaborado recientemente por Iseak, y lo que sostiene el propio Gobierno, Fedea llega a la conclusión de que esa mejora es muy modesta.
La Generalitat estudia compensar con entre 90 y 200 euros mensuales a sus funcionarios que renuncien al teletrabajo. La medida forma parte de las negociaciones con los sindicatos para implantar la jornada laboral de 35 horas semanales, que ya fue acordada para los trabajadores del Estado sin afectar la prestación de los servicios públicos, y refuerza la apuesta del Govern por la presencialidad de los empleados públicos: el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, ya impulsó en enero de 2025 la supresión del trabajo a distancia para los altos cargos en una medida que generó malestar entre los trabajadores y que acabó ante la justicia. De los cerca de 280.000 empleados del sector público, actualmente unos 14.900 tienen permiso para trabajar a distancia.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto a los consellers de Presidencia, Albert Dalmau, y de Interior, Núria Parlon, durante la reunión semanal del gobierno catalán.
Decenas de hombres y mujeres de Afganistán han osado desafiar este martes a los talibanes, que gobiernan el país, y salir a las calles de la ciudad occidental de Herat para protestar por la última oleada de detenciones de mujeres. Esos arrestos habían estado motivados por la supuesta infracción del rígido código de vestimenta impuesto por los fundamentalistas y que las autoridades locales de Herat endurecieron aún más la semana pasada para, en la práctica, imponer el uso del burka.
Aún faltan casi dos semanas para que empiece el verano, pero las altas temperaturas ya complican el desarrollo de muchos empleos. Para intentar paliar las dificultades asociadas al calor, el Consejo de Ministros de este martes ha aprobado un conjunto de medidas de carácter laboral, entre las que destaca el aumento de la vigilancia en los sectores como la construcción o el campo. A la vez, el Gobierno ha anunciado una campaña informativa del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el foco de Inspección en las denuncias por estrés térmico, el envío de comunicaciones a empresas subrayando las medidas preventivas que deben adoptar y el refuerzo de la vigilancia de la contratación de trabajadores inmigrantes.
La justicia ha obligado a la cadena hotelera Riu a renegociar el exceso de jornada de los trabajadores de 15 de sus hoteles en Canarias. Una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Palmas de Canarias ha estimado la demanda presentada por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras en Canarias contra el acuerdo alcanzado el 1 de agosto de 2024 entre la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo UGT Canarias, la más representativa en ese ámbito, y seis sociedades integradas dentro de Riu, para regular el descanso entre jornadas de los trabajadores de 15 de sus hoteles.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato CC OO ha convocado una concentración ante el Ministerio de Hacienda en Madrid para este martes con una sola exigencia: la creación de un salario mínimo para todos los trabajadores de la Administración General del Estado de 1.500 euros netos al mes. Se trata de la primera vez que se materializa una reclamación de este tipo, muy común en los convenios sectoriales del sector privado.
Los responsables de función pública de CC OO, Lucho Palazzo, y de UGT, Isabel Areque, en una reciente concentración ante el Ministerio de Hacienda por los incumplimientos del Ejecutivo con los empleados públicos.
Ginebra, 8 jun (Prensa Latina) La Organización Internacional del Trabajo (OIT) prosigue hoy sus debates sobre la situación laboral a nivel mundial y el impacto de diferentes fenómenos económicos y sociales en este sector.
La sucesión de desastres naturales en forma de incendios o graves inundaciones ha llevado a UGT y CC OO a reclamar una ley unitaria de bomberos que coordine sus condiciones laborales y capacidades. Estos sindicatos han instado este lunes en una rueda de prensa conjunta a aprobar un marco normativo estatal que se pueda adecuar a las comunidades, competentes en estas materias, para agilizar y perfeccionar dispositivos esenciales en emergencias. Los sindicatos han denunciado que “España cuenta actualmente con más de 130 Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) con importantes desigualdades en materia de organización, formación, recursos, condiciones laborales y tiempos de respuesta” y apelan a la responsabilidad política para que el Ejecutivo y los grupos parlamentarios aparquen diferencias “partidistas” y favorezcan a la ciudadanía en riesgo.
Barcelona afronta esta semana un reto mayúsculo en movilidad, seguridad y paciencia de los vecinos. La visita del Papa León XIV, el martes 9 y miércoles 10, conllevará restricciones severas de tráfico, con cortes totales, en torno a los cuatro epicentros de la agenda en la capital catalana, y restricciones puntuales en las carreteras de acceso a la cárcel de Brians y Montserrat. Con tantos escenarios, más el recorrido de un kilómetro del Pontífice en el papamóvil de camino a la Sagrada Familia, y en contexto de alerta antiterrorista de nivel 4 sobre 5, el despliegue policial será inédito (5.600 Mossos d’Esquadra y 500 agentes de la Guardia Urbana).
Muchos trabajadores pensaban que hoy los sueldos iban a salir del armario. Que podrían conocer si su salario está en línea con los que cobran sus compañeros del mismo nivel en la empresa. Pero no va a ser así. Van a tener que esperar. La Directiva europea 2023/970 de transparencia retributiva, cuya fecha límite de transposición por parte de los Estados miembros era el 7 de junio, no está lista ni en España ni en otros países. Aunque el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, declaraba esta semana que “constituye una de las prioridades legislativas para luchar contra esa lacra que es la brecha de género”, el Gobierno no dispone aún del proyecto de real decreto como sí ocurre en un buen número de países europeos. Si bien pretende tramitarlo por la vía de urgencia, según Pérez Rey: “Lo haremos de manera urgente. Culminaremos el texto en unos días o unas semanas y pediremos opinión a los interlocutores sociales”.
El grado de implementación de la Directiva de transparencia salarial es muy diferente en los distintos países europeos. Baker McKenzie hace un seguimiento de ella y señala que Italia y Eslovaquia son los Estados más avanzados, con la legislación aprobada. Les siguen Polonia y Malta, donde algunos contenidos de la norma están en vigor y el proyecto de ley que regula el resto aún no está aprobado. Por su parte, Francia, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Bulgaria, Chipre, Checoslovaquia, Irlanda, Letonia, Lituania y Eslovaquia han publicado ya el proyecto de ley de transposición o el borrador (o aprobado parte del mismo), pero pocos llegarán a tiempo el día 7 de junio (Lituania y Letonia han anunciado que sí lo harán). Incluso algunos de estos países establecen la aplicación a partir de 2027. En España, Alemania, Austria, Croacia, Estonia, Grecia, Hungría y Eslovenia solo se han anunciado los planes para redactar la ley. Y en el furgón de cola, Portugal y Luxemburgo, donde ni siquiera se ha hecho eso, según Baker McKenzie.
Pese a la abundante evidencia empírica, quizá sea difícil explicar lo que la inmigración aporta a la economía (entre otras cosas). De lo contrario, el Observatorio del Racismo y la Xenofobia del Ministerio de Inclusión no habría detectado solo en abril 39.559 mensajes de odio en redes sociales, casi uno por minuto. La cifra es inusual —aumentan un 12% los bulos contra migrantes— y podría estar vinculada, según los datos, al debate generado en torno al proceso administrativo extraordinario puesto en marcha en España con el que el Gobierno pretende regularizar, hasta el próximo 30 de junio, a medio millón de personas.
Login
