Antes de trabajar en un colegio de educación especial, Nuria Mateos fue teleoperadora. “En esa oficina sí había aire acondicionado, a veces tan fuerte que tenías que ponerte una chaqueta. Ahora, en clases con chavales con necesidades especiales, estoy con un ventilador que lo único que hace es mover aire caliente. Trabajas a costa de tu cuerpo, el calor te aturulla la cabeza”, explica esta docente de 43 años de Alcalá de Henares (Madrid). Muy cerca, en un instituto de Torrejón de Ardoz, es profesor de Economía Eduardo Serna, de 38 años: “Trabajé como periodista y nunca estuve en una redacción sin aire acondicionado. Es bastante alucinante. Al final de la mañana se hace muy difícil”.

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La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha distribuido este martes el estudio ¿Limitar el trabajo temporal mejora la estabilidad del empleo? Evidencia para los trabajadores jóvenes en España. En él, los especialistas de este equipo de estudios examinan si la reforma laboral de 2021, además de recortar la temporalidad de los contratos mediante la eliminación del de obra y servicio, también contribuyó a mejorar la calidad del empleo. Al contrario que otros estudios, como el elaborado recientemente por Iseak, y lo que sostiene el propio Gobierno, Fedea llega a la conclusión de que esa mejora es muy modesta.

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Ciudad de Panamá, 8 jun (Prensa Latina) Representantes de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), denunciaron hoy el allanamiento de sus oficinas en Panamá en momentos en que sus delegados impugnaron ante la OIT violaciones del Gobierno a la libertad sindical.

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Quito, 8 jun (Prensa Latina) El Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) advirtió hoy sobre una posible ola de despidos en el sector público, tras la fusión ministerial anunciada por el Gobierno, y convocó a movilizaciones.

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A greve dos registos e notariado que hoje começou regista uma adesão a rondar os 80% a nível nacional, segundo dados do sindicato, que acusa o Instituto dos Registos e Notariado (IRN) de recolher dados ilegalmente sobre a adesão.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado (STRN), a greve de uma semana contra a “situação crítica” no setor, que hoje se iniciou, regista “paralisações em todos os distritos do país, incluindo Açores e Madeira, confirmando uma adesão nacional e transversal a rondar os 80%, com destaque para a Madeira, que atingiu os 90%”.

No entanto, o sindicato denunciou comportamentos ilegais por parte do IRN, acusando o instituto de colocar “inspetores no terreno a recolher dados sobre a adesão à greve em tempo real — uma prática que considera ilegal, intimidatória e contrária às regras que regem o exercício do direito à greve”.

O STRN afirma em comunicado que essa recolha só pode ser legalmente feita após o final da greve e que ao fazê-lo quando ainda decorre está “objetivamente, a tentar condicionar os trabalhadores”, considerando que o comportamento “é inaceitável”.

“O sindicato considera que esta atuação configura uma forma de pressão e vigilância indevida num contexto de conflito laboral, reforçando acusações anteriores de instrumentalização do IRN por parte da tutela. Recorda ainda que na semana passada criticou o Governo por recorrer ao IRN, para fora de tempo, divulgar um acordo assinado há quatro meses, numa tentativa de interferir na mobilização dos trabalhadores”, lê-se no comunicado.

Em resposta à Lusa a essas acusações do STRN, o Ministério da Justiça negou qualquer instrumentalização política do IRN “ e afirmou que o IRN informou os trabalhadores sobre um acordo que os abrange” e que “o diploma que o concretiza está a ser ultimado”.

O acordo, assinado em 02 de março com seis sindicatos, prevê aumentos salariais com efeitos a 01 de julho de 2025.

Sobre a greve que hoje começou, o STRN adiantou que “encerramentos totais e atendimento reduzido em muitas conservatórias dos Registos Predial, Comercial, Automóvel e Civil e ainda nas Lojas de Cidadão, funcionando muitas apenas em serviços mínimos”.

“O STRN sublinha que esta adesão expressiva confirma a gravidade dos problemas estruturais que há anos afetam o setor, apontando para um défice superior a 3.000 trabalhadores, degradação do serviço público, atrasos crónicos, serviços encerrados, assimetrias salariais, carreiras bloqueadas, retrocesso profissional, ausência de investimento, falta de medicina do trabalho e substituições não remuneradas”, defende o sindicato.

A greve convocada pelo STRN decorre desde hoje até 13 de junho.

No pré-aviso da greve, já entregue ao Governo, o STRN faz 11 reivindicações, que incluem “um recrutamento-choque do número de conservadores de registos e de oficiais de registos que se encontram em falta” e o cumprimento da recomendação da Provedoria da Justiça para eliminação de assimetrias salariais.

A crise de recursos humanos é, para o STRN, grave, com 279 conservadores de registos e 2.731 oficiais de registos em falta – o equivalente a 38% e 55%, respetivamente, do efetivo necessário.

A propósito do recrutamento, na resposta à Lusa, o Ministério da Justiça sublinha a contratação de 165 novos conservadores e de 605 novos oficiais de registos, em 2024 e 2025, que já iniciaram ou vão iniciar funções ainda este ano.

Em comunicado, a Ordem dos Notários lembrou que a greve não afeta os cartórios notariais, uma rede de serviços privada.

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El Ministerio de Seguridad Social da un paso clave en el proceso para anticipar la jubilación de los empleados del transporte de mercancías. Según ha informado UGT en una nota de prensa, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) ya ha terminado un informe imprescindible al respecto, el de morbilidad y mortalidad en el sector. Llega más tarde del plazo previsto en el decreto que regula esta nueva vía para anticipar la jubilación en los sectores que más siniestralidad y bajas registran, tardanza que había soliviantado a UGT hasta tal punto que convocó una huelga para presionar al Gobierno. Con la finalización del informe y un compromiso por escrito de que el procedimiento seguirá su curso, UGT ha comunicado este lunes que desconvoca el paro.

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Ciudad de Panamá, 8 jun (Prensa Latina) Representantes de organizaciones sindicales panameñas denunciaron hoy ante la 114 Conferencia Internacional del Trabajo, que sesiona en Ginebra, Suiza, violaciones a la libertad sindical y al derecho de organización de los trabajadores en el país.

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La sucesión de desastres naturales en forma de incendios o graves inundaciones ha llevado a UGT y CC OO a reclamar una ley unitaria de bomberos que coordine sus condiciones laborales y capacidades. Estos sindicatos han instado este lunes en una rueda de prensa conjunta a aprobar un marco normativo estatal que se pueda adecuar a las comunidades, competentes en estas materias, para agilizar y perfeccionar dispositivos esenciales en emergencias. Los sindicatos han denunciado que “España cuenta actualmente con más de 130 Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) con importantes desigualdades en materia de organización, formación, recursos, condiciones laborales y tiempos de respuesta” y apelan a la responsabilidad política para que el Ejecutivo y los grupos parlamentarios aparquen diferencias “partidistas” y favorezcan a la ciudadanía en riesgo.

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La visita del papa León XIV a Madrid está dejando momentos para el recuerdo. De una misa multitudinaria a su encuentro nocturno con la juventud católica, el santo padre ha logrado congregar a cientos de miles de personas en torno a su mensaje de paz y justicia social. También se han rendido a su personalidad tranquila pero carismática la patronal y los representantes sindicales, que este domingo han participado de un singular evento que ha combinado economía, cultura y deporte.

En el caso del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y Comisiones Obreras, Unai Sordo, han protagonizado una intervención en la que ha quedado patente su voluntad por alcanzar un nuevo "contrato social" acorde a nuestros tiempos. El líder de la patronal ha subrayado que ese nuevo acuerdo "sólo podrá construirse sumando capacidades, compartiendo objetivos y poniendo siempre a las personas en el centro del progreso".

Todo ello lo ha presenciado Yolanda Díaz, que se encontraba entre las miles de asistentes que han llenado el Movistar Arena. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha asistido sonriente a la ceremonia desde la primera fila, junto a Carlos Cuerpo. Aunque las relaciones de la líder de Sumar y Garamendi no pasan por su mejor momento, Díaz ha querido exhibir sintonía con el nuevo pontífice. Ya lo hizo en su momento con su predecesor, Francisco, con quien se reunió en varias ocasiones.

Por su parte, el líder de CCOO ha dejado claro su voluntad de "hacer renacer lo más noble de los estados sociales que es la solidaridad entre anónimos". Además, de cara a construir ese renovado contrato social, ha pedido no "blindarnos en torres de marfil entre idénticos". En el caso de Álvarez, ha exigido que un acuerdo de este tipo garantice que "el progreso tecnológico se construye desde la equidad y la justicia", en referencia a la irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito laboral. Un guiño a la primera encíclica de León XIV, que también aborda esta cuestión.

El papa pide que las empresas reconozcan la dignidad humana

En el discurso, el papa ha recogido las inquietudes de patronal y sindicatos. Su intervención ha subrayado la importancia de mantener un diálogo social con el mundo de la cultura, el deporte y la empresa. Así, ha pedido que "la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más en la ecuación de sus intereses".

Sobre la necesidad de la Iglesia de permanecer en diálogo con todos estos ámbitos, ha señalado que el catolicismo puede ayudar a responder a la pregunta sobre "qué significa ser verdaderamente humano". Y ha alertado del riesgo de ser "expertos en los medios y eficaces para producir", pero sin conocer realmente para quién se produce. Por ello, ha llamado a que la empresa "reconozca la dignidad de la persona" y a que el trabajo "siga siendo motor de esperanza".

Un mensaje que se relaciona con el que expresó en su encíclica Magnifica Humanitas, una defensa de la dignidad del ser humano frente a la inteligencia artificial. Precisamente esta preocupación ante el avance sin control de la tecnología expresada por el papa en su carta a los cristianos se relaciona también con el mundo de la cultura, la enseñanza y el deporte, que también han estado representados en el acto.

"La única ley procesal que establece expresamente que los procedimientos deben regirse por criterios de celeridad es la jurisdicción social". Con esta reflexión, la responsable del Gabinete Jurídico Confederal de CCOO, Eva Urbano, resumió este miércoles una paradoja que, según denuncia el sindicato, se ha convertido en estructural. Mientras la normativa exige rapidez para resolver conflictos laborales y de protección social, quienes reclaman una prestación por desempleo, una incapacidad permanente o una pensión a la Seguridad Social deben esperar de media 13 meses para que se celebre el juicio. Así lo recoge el informe Sin justicia a tiempo no hay derechos, presentado por Comisiones Obreras, que alerta de un "colapso funcional" en los juzgados de lo Social.

"Una demora media de 13 meses hasta el juicio resulta incompatible con la función protectora de los derechos de la Seguridad Social", concluye el estudio. La advertencia cobra especial relevancia al observar el detalle de los procedimientos analizados. Los litigios relacionados con desempleo y prestaciones de la Seguridad Social alcanzan una espera media de 469,5 días —15,7 meses—, mientras que los procedimientos sobre jubilaciones e incapacidades permanentes tardan 403,8 días (13,5 meses). Incluso las impugnaciones de altas médicas, que presentan los plazos más reducidos dentro de este bloque, acumulan una demora media de 201 días, equivalente a 6,7 meses. Además, el informe advierte de que estas cifras únicamente miden el tiempo transcurrido hasta el señalamiento del juicio y no incluyen la posterior espera para obtener una sentencia firme.

Más allá de las prestaciones

No obstante, el problema no se limita a las prestaciones de la Seguridad Social. El estudio detecta importantes retrasos en prácticamente todos los ámbitos de la jurisdicción social. Los trabajadores que recurren un despido individual esperan de media 375,3 días para llegar a juicio, es decir, más de un año. En los procedimientos para reclamar salarios pendientes de cobro o exigir el reconocimiento de derechos laborales, la demora asciende hasta los 450,4 días, el equivalente a quince meses.

La situación tampoco mejora en los litigios relacionados con derechos fundamentales en el trabajo. Los procedimientos vinculados a cuestiones como la libertad sindical, la igualdad o la no discriminación acumulan una espera media de 215,1 días (7,2 meses), mientras que los conflictos derivados de modificaciones sustanciales de las condiciones laborales o traslados forzosos tardan 204,4 días (6,8 meses). Solo los despidos colectivos presentan plazos significativamente inferiores, con una demora media de 108,3 días, equivalente a 3,6 meses.

De acuerdo con la responsable del Gabinete Jurídico Confederal de CCOO, los datos demuestran que la problemática no reside en una falta de trabajo de los juzgados de lo Social. De hecho, Urbano subrayó que se encuentran entre los órganos judiciales "más productivos" del sistema judicial español. Por ello, defiende que el "colapso" responde a un volumen creciente de asuntos que llegan a esta jurisdicción sin que se hayan visto acompañados de un refuerzo suficiente de jueces, funcionarios, oficinas judiciales ni medios materiales.

Solo 43 nuevas plazas para lo Social

Esta falta de recursos es precisamente una de las principales reivindicaciones del sector. El secretario confederal de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, advirtió durante la presentación del informe que, aunque el Ministerio de Justicia había anunciado recientemente la creación de 500 nuevas plazas judiciales, únicamente 43 estarían destinadas a lo Social. Y para más inri, Pacheco resaltó que para "ocupar una plaza judicial desde que se anuncia por parte de las administraciones públicas, se tarda de media tres años", lo que ralentiza cualquier efecto real que estas incorporaciones puedan tener sobre la actual saturación de los juzgados.

Además, el dirigente sindical reclamó que el debate "no va solo de jueces", ya que detrás de cada órgano judicial es necesario contar con funcionarios, oficinas y medios materiales suficientes para tramitar los procedimientos. En este sentido, recordó que las competencias en materia de medios están transferidas a las comunidades autónomas y denunció que existen juzgados que incluso tienen que compartir salas para celebrar vistas, una circunstancia que contribuye a retrasar todavía más los señalamientos.

Un diagnóstico compartido por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). El magistrado y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la APM, Alejandro González Mariscal de Gante, explica para El Independiente que el informe "pone cifras a una realidad que los profesionales de la Justicia llevamos tiempo advirtiendo". En la misma línea que CCOO, González afirma que los retrasos no responden a una falta de dedicación de jueces, letrados de la Administración de Justicia o funcionarios, sino a una "insuficiencia crónica de medios".

Aunque valora positivamente la creación de nuevas plazas, advierte de que ve improbable que "con estos números, se alcance la reducción de tiempos de espera y se alivie el colapso". El magistrado insiste en que la Justicia necesita una planificación "seria y sostenida en el tiempo", que no se limite a aumentar el número de jueces, sino que incorpore también más personal en las oficinas judiciales y mayores recursos materiales. Sin este refuerzo integral, alerta, la sobrecarga continuará trasladándose a los procedimientos y prolongando los tiempos de espera. "Durante años se ha exigido más al sistema sin dotarlo de los recursos necesarios y las consecuencias las acaban sufriendo los ciudadanos", concluye González Mariscal de Gante.

A adesão à greve do pessoal não docente da Educação ronda, “neste momento” os 50%, sobretudo em estabelecimentos de ensino de Lisboa, Porto e Aveiro, disse à Lusa o dirigente da estrutura sindical que decretou a paralisação.

Mário Rui Cunha, dirigente da Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (FESINAP), afirmou que “ainda é cedo” para apurar números definitivos, mas adiantou ter indicações de que a adesão é de 50%.

O dirigente da FESINAP criticou o que disse ser “intransigência” do Ministério da Educação no que diz respeito às reivindicações do pessoal não docente.

“Estamos a preparar, dependendo da adesão que se venha a verificar hoje, novas greves setoriais, quer nas Instituições Públicas de Solidariedade Social (IPSS) quer em outros estabelecimentos de ensino”, acrescentou Mário Rui Cunha.

A FESINAP representa os profissionais que exercem atividade no setor da educação e formação profissional que trabalham por conta de outrem, em qualquer estabelecimento dos setores público, privado, social e cooperativo.

Tal inclui o trabalho em creches, ensino pré-escolar, básico, secundário, superior, IPSS, Misericórdias, no continente e nas regiões autónomas.

Para a FESINAP, foram “gravosas” as alterações que constam da proposta de lei denominada “Trabalho XXI” aprovada em Conselho de Ministros no passado dia 14 de maio.

Segundo a federação sindical, o Governo pretende, entre outras propostas, limitar e condicionar o direito à greve dos trabalhadores não docentes, designadamente na obrigatoriedade da prestação de serviços mínimos, por alteração do artigo 537.º do Código do Trabalho.

Por outro lado, a federação sindical indicou que o Governo não mostrou abertura para a reposição da carreira de Auxiliar de Ação Educativa e frisou que os trabalhadores não docentes que exercem funções em Unidades de Ensino Especializado devem auferir Suplemento de Penosidade.

A FESINAP declarou também que os trabalhadores não docentes devem ser integrados numa tabela remuneratória que tenha em conta a especificidade e o desgaste da profissão, e que “se impõe” a recuperação da carreira de Auxiliar de Ação Educativa da Rede Pública.

Entre as reivindicações, a federação sindical independente considera que a estrutura que representa os trabalhadores não deve ser excluída da negociação coletiva e setorial com o Governo.

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O secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, destacou hoje os milhares de trabalhadores presentes nas manifestações da confederação sindical em todo o país e apontou que os distúrbios ocorridos em Lisboa foram causados por grupos que se infiltraram no protesto.

Tiago Oliveira referiu, em entrevista à RTP hoje à noite, que a confederação sindical organizou em todos os distritos manifestações que “decorreram pacificamente”, lembrando que o mote da CGTP na greve geral que decorre hoje era “passar a mensagem concreta do que são as reivindicações dos trabalhadores”.

Sobre os distúrbios ocorridos hoje em Lisboa, que envolveram confrontos entre manifestantes e a polícia, o secretário-geral da CGTP frisou que estes momentos “desviam o cerne da questão do que são os objetivos da ação”.

Tiago Oliveira salientou que nenhum elemento do sindicato esteve envolvido nos confrontos, referindo que “há grupos que se integram nas manifestações da CGTP para levar adiante este tipo de situações”.

O líder sindical frisou, no entanto, que “o que está a acontecer é revelador das insuficiências e das faltas de respostas a problemas concretos” por parte do Governo.

Questionado sobre o timing da marcação da greve geral, Tiago Oliveira lembrou que a CGTP não controla a agenda, ao contrário do Governo.

“Não controlando a agenda, o pior que podíamos fazer era permitir que o tempo decorresse e depois de estar concretizado ir a correr atrás do prejuízo”, destacou.

Tiago Oliveira referiu que o Governo entregou na semana passada na Assembleia da República o pacote laboral para discussão, deu início na terça-feira à discussão pública e agendou para dia 18 discussões no Parlamento.

“Posto isto, confirmou a razão da greve geral, tínhamos que criar um momento especifico para permitir que os trabalhadores tivessem este momento para se pronunciarem sobre o pacote laboral”, frisou.

O secretário-geral da CGTP apontou ainda que além da confederação sindical a sociedade em geral rejeita o pacote laboral.

“O que estamos a assistir é um Governo que está com postura de prepotência, de arrogância, de falta de humildade, que se nega a ouvir a visão dos trabalhadores e que tem uma agenda própria”, concluiu.

O ministro da Presidência afirmou hoje que o dia de greve geral foi de “trabalho para a esmagadora maioria de portugueses” e condenou “comportamentos inaceitáveis de alguns” na manifestação junto ao Parlamento, distinguindo-os da organização.

No final da reunião semanal do Conselho de Ministros, António sublinhou que “o Governo respeita integralmente o direito à greve e também o direito a trabalhar de todos aqueles que trabalharam”, lamentando incidentes na manifestação junto à Assembleia da República.

Pelo menos seis pessoas foram detidas hoje à tarde junto ao parlamento, em Lisboa, no final da manifestação da CGTP, após confrontos com a PSP, estando indiciados por desobediência e resistência e coação sobre funcionário, segundo a polícia.

O responsável pelo Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, superintendente Resende da Silva, disse aos jornalistas, junto à Assembleia da República, que os detidos estavam, cerca das 20:00, a ser identificados e posteriormente serão ouvidos em primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medidas de coação.

A mesma fonte não especificou a idade dos detidos, uma vez que ainda estão a proceder à sua identificação.

Uma outra fonte policial admitiu à Lusa que os detidos possam incorrer ainda nos crimes de dano, devido aos fogos que atearam nos caixotes do lixo, bem como arremesso de garrafas de vidro e outros objetos contundentes contra os polícias, tendo alguns sofrido ferimentos ligeiros.

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