"La única ley procesal que establece expresamente que los procedimientos deben regirse por criterios de celeridad es la jurisdicción social". Con esta reflexión, la responsable del Gabinete Jurídico Confederal de CCOO, Eva Urbano, resumió este miércoles una paradoja que, según denuncia el sindicato, se ha convertido en estructural. Mientras la normativa exige rapidez para resolver conflictos laborales y de protección social, quienes reclaman una prestación por desempleo, una incapacidad permanente o una pensión a la Seguridad Social deben esperar de media 13 meses para que se celebre el juicio. Así lo recoge el informe Sin justicia a tiempo no hay derechos, presentado por Comisiones Obreras, que alerta de un "colapso funcional" en los juzgados de lo Social.
"Una demora media de 13 meses hasta el juicio resulta incompatible con la función protectora de los derechos de la Seguridad Social", concluye el estudio. La advertencia cobra especial relevancia al observar el detalle de los procedimientos analizados. Los litigios relacionados con desempleo y prestaciones de la Seguridad Social alcanzan una espera media de 469,5 días —15,7 meses—, mientras que los procedimientos sobre jubilaciones e incapacidades permanentes tardan 403,8 días (13,5 meses). Incluso las impugnaciones de altas médicas, que presentan los plazos más reducidos dentro de este bloque, acumulan una demora media de 201 días, equivalente a 6,7 meses. Además, el informe advierte de que estas cifras únicamente miden el tiempo transcurrido hasta el señalamiento del juicio y no incluyen la posterior espera para obtener una sentencia firme.
Más allá de las prestaciones
No obstante, el problema no se limita a las prestaciones de la Seguridad Social. El estudio detecta importantes retrasos en prácticamente todos los ámbitos de la jurisdicción social. Los trabajadores que recurren un despido individual esperan de media 375,3 días para llegar a juicio, es decir, más de un año. En los procedimientos para reclamar salarios pendientes de cobro o exigir el reconocimiento de derechos laborales, la demora asciende hasta los 450,4 días, el equivalente a quince meses.
La situación tampoco mejora en los litigios relacionados con derechos fundamentales en el trabajo. Los procedimientos vinculados a cuestiones como la libertad sindical, la igualdad o la no discriminación acumulan una espera media de 215,1 días (7,2 meses), mientras que los conflictos derivados de modificaciones sustanciales de las condiciones laborales o traslados forzosos tardan 204,4 días (6,8 meses). Solo los despidos colectivos presentan plazos significativamente inferiores, con una demora media de 108,3 días, equivalente a 3,6 meses.
De acuerdo con la responsable del Gabinete Jurídico Confederal de CCOO, los datos demuestran que la problemática no reside en una falta de trabajo de los juzgados de lo Social. De hecho, Urbano subrayó que se encuentran entre los órganos judiciales "más productivos" del sistema judicial español. Por ello, defiende que el "colapso" responde a un volumen creciente de asuntos que llegan a esta jurisdicción sin que se hayan visto acompañados de un refuerzo suficiente de jueces, funcionarios, oficinas judiciales ni medios materiales.
Solo 43 nuevas plazas para lo Social
Esta falta de recursos es precisamente una de las principales reivindicaciones del sector. El secretario confederal de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, advirtió durante la presentación del informe que, aunque el Ministerio de Justicia había anunciado recientemente la creación de 500 nuevas plazas judiciales, únicamente 43 estarían destinadas a lo Social. Y para más inri, Pacheco resaltó que para "ocupar una plaza judicial desde que se anuncia por parte de las administraciones públicas, se tarda de media tres años", lo que ralentiza cualquier efecto real que estas incorporaciones puedan tener sobre la actual saturación de los juzgados.
Además, el dirigente sindical reclamó que el debate "no va solo de jueces", ya que detrás de cada órgano judicial es necesario contar con funcionarios, oficinas y medios materiales suficientes para tramitar los procedimientos. En este sentido, recordó que las competencias en materia de medios están transferidas a las comunidades autónomas y denunció que existen juzgados que incluso tienen que compartir salas para celebrar vistas, una circunstancia que contribuye a retrasar todavía más los señalamientos.
Un diagnóstico compartido por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). El magistrado y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la APM, Alejandro González Mariscal de Gante, explica para El Independiente que el informe "pone cifras a una realidad que los profesionales de la Justicia llevamos tiempo advirtiendo". En la misma línea que CCOO, González afirma que los retrasos no responden a una falta de dedicación de jueces, letrados de la Administración de Justicia o funcionarios, sino a una "insuficiencia crónica de medios".
Aunque valora positivamente la creación de nuevas plazas, advierte de que ve improbable que "con estos números, se alcance la reducción de tiempos de espera y se alivie el colapso". El magistrado insiste en que la Justicia necesita una planificación "seria y sostenida en el tiempo", que no se limite a aumentar el número de jueces, sino que incorpore también más personal en las oficinas judiciales y mayores recursos materiales. Sin este refuerzo integral, alerta, la sobrecarga continuará trasladándose a los procedimientos y prolongando los tiempos de espera. "Durante años se ha exigido más al sistema sin dotarlo de los recursos necesarios y las consecuencias las acaban sufriendo los ciudadanos", concluye González Mariscal de Gante.
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