Los trabajadores de la la Administración General del Estado con categoría de personal laboral fijos ya pueden solicitar, desde este miércoles, la jubilación parcial y la jubilación parcial anticipada, que es la más común dentro de esta modalidad. Este tipo de retiro permite reducir la jornada laboral del trabajador, que recibe la parte proporcional del salario por el tiempo de trabajo que sigue haciendo y por resto empieza a cobrar también proporcionalmente la pensión. Así lo establece la nueva instrucción de gestión de esta modalidad de retiro, que fue publicada por la Secretaría de Estado de Función Pública en el BOE este martes.

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La última oleada de registros en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) confirma el empuje de los fondos de renta fija con horizonte temporal definido, también denominados fondos a vencimiento. Su creciente protagonismo va acompañado de una advertencia: el inversor puede perder dinero si las condiciones de mercado se deterioran, especialmente en un escenario de repunte de los tipos de interés.

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El 27% de las empresas en España cuentan con al menos un plan de pensiones para sus empleados entre los beneficios sociales que les ofrecen. Así lo indica el estudio Situación de las pensiones en España, elaborado por la consultora KPMG con la participación de 80 empresas, que muestra que se trata de un porcentaje que lleva prácticamente estancado desde que se comenzó a realizar este análisis que suma ya nueve ediciones. A pesar de que en los últimos años han mejorado los incentivos fiscales para los planes de ahorro para la jubilación en el seno de las compañías (oficialmente denominados planes de empleo), estas culpan al incremento de los costes laborales del estancamiento en el desarrollo de la previsión social empresarial. Y apuntan más específicamente como causas a las mejoras del salario mínimo y del resto de los sueldos en general; así como al alza de las cotizaciones sociales por las medidas adoptadas en las últimas reformas de pensiones.

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La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha defendido este martes la posición del Gobierno sobre la polémica generada por el uso del Ministerio de Hacienda de 2.389 millones de euros procedentes de los fondos europeos para financiar el pago de las pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos en 2024. Durante su comparecencia en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Chicano ha rechazado que el informe de la Cuenta General del Estado, elaborado por su organismo, concluyera que se hubieran utilizado fondos europeos para pagar pensiones y ha atribuido la situación a la prórroga presupuestaria.

"La controversia no es si se pagaron pensiones con fondos europeos", ha afirmado, "la controversia es si, en un ejercicio de prórroga presupuestaria, las limitaciones aplicables permitían o no utilizar créditos excedentarios del servicio 50 para financiar modificaciones dirigidas a otras necesidades".

Asimismo, la presidenta también ha denunciado lo que considera una utilización política del informe. "La instrumentalización política ha querido elevar una advertencia interna a la categoría de fraude con malversación de fondos europeos", ha asegurado, lamentando la "distorsión en la percepción pública y en el debate mediático" generada en torno a un documento.

La clave: la prórroga presupuestaria

La explicación de la presidenta se ha centrado en el origen de estos 2.389 millones de euros. Según ha detallado, el Gobierno español decidió concentrar las inversiones vinculadas al Plan de Recuperación en el denominado servicio 50, una clasificación presupuestaria específica creada para gestionar los créditos asociados a los fondos europeos. Entonces, al prorrogarse los Presupuestos Generales del Estado de 2023 en 2024, también se prorrogaron los créditos vinculados a dicho servicio. "Lo que hace que existan más fondos de los necesarios en el año siguiente para realizar las inversiones del plan", ha matizado durante su intervención.

Una interpretación que, sin embargo, no comparten todos los miembros del organismo. La Declaración de la Cuenta General fue aprobada con un voto particular discrepante y cinco votos concurrentes que defendían un tratamiento más severo de esta cuestión, aunque Chicano ha restado dramatismo a la situación al recordar que los votos particulares en este tipo de informes se han producido hasta en cinco ocasiones desde que empezó la democracia en España.

No obstante, la controversia ha reabierto el debate sobre los efectos de gobernar con presupuestos prorrogados. Ante ello, Chicano ha avanzado que el Tribunal de Cuentas estudia "la posibilidad de hacer un estudio jurídico-técnico sobre las consecuencias en la gestión presupuestaria de las prórrogas" sobre los recursos públicos.