Los servicios sociales municipales ejercen una función fundamental para la ciudadanía que a menudo pasa desapercibida o no es valorada como corresponde. En la dana que acabó con la vida de 230 personas y destrozó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, los trabajadores sociales estuvieron al pie de obra desde el principio y en condiciones muy difíciles. Los vecinos a los que les llevaban comida a casa por sus problemas de movilidad, a los que se habían quedado sin casa, a los que vivían solos y visitaban para charlar un rato, a los que les facilitaban la cita con el médico o con el psicólogo, a los que les echaban una mano para cumplimentar los impresos de ayudas o a los que bajaban a la calle para que les diera el sol y se socializaran, porque el ascensor seguía sin funcionar muchos meses después, lo saben perfectamente. Sus familiares, también.

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Las organizaciones públicas españolas están añadiendo rápido una partida nueva a sus gastos ordinarios. Los pagos por servicios de chatbots de inteligencia artificial, sobre todo ChatGPT pero también Claude, han pasado de un contrato en noviembre de 2022, cuando salió ChatGPT, a sumar más de 1.350 apenas tres años después. Las administraciones públicas se gastan hoy más de 394.000 euros en este tipo de servicios, casi todos en OpenAI, creadores de ChatGPT y pioneros del sector. Apenas un puñado de instituciones se han suscrito de momento a Claude, la IA de Anthropic lanzada en 2023, por un total de 28.000 euros repartidos en 56 contratos.

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Las búsquedas de los contratos han sido realizadas a través del portal Gobierto, que permite buscar por adjudicador o adjudicatario. Los detalles de los objetos de cada adjudicación han sido consultados en la Plataforma de Contratación del Estado.