Las estadísticas oficiales muestran de forma consistente que los hombres cobran más que las mujeres: según los últimos datos del INE, de 2024, ellos cobran 32.058 euros brutos en promedio anual y ellas, 26.905. La brecha ha caído con fuerza si se compara con principios de siglo, pero la contracción se ha atenuado en los últimos años y aún es “muy alta”, en opinión de CC OO. El sindicato ha presentado este miércoles un informe que desmenuza la brecha con otros datos del INE, más profundos, los de la Encuesta Cuatrienal de Estructura Salarial de 2022. Y de ese análisis se desprende una desagregación clave: el sindicato cuantifica qué peso tienen los factores que explican esa diferencia. CC OO concluye que, de los 31 puntos que separan la retribución promedio de los asalariados del sector privado, casi 16 corresponden a que las mujeres trabajan más a jornada parcial, 12 a la posible discriminación laboral y seis a su mayor presencia en sectores peor retribuidos.

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Antes de trabajar en un colegio de educación especial, Nuria Mateos fue teleoperadora. “En esa oficina sí había aire acondicionado, a veces tan fuerte que tenías que ponerte una chaqueta. Ahora, en clases con chavales con necesidades especiales, estoy con un ventilador que lo único que hace es mover aire caliente. Trabajas a costa de tu cuerpo, el calor te aturulla la cabeza”, explica esta docente de 43 años de Alcalá de Henares (Madrid). Muy cerca, en un instituto de Torrejón de Ardoz, es profesor de Economía Eduardo Serna, de 38 años: “Trabajé como periodista y nunca estuve en una redacción sin aire acondicionado. Es bastante alucinante. Al final de la mañana se hace muy difícil”.

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La justicia ha obligado a la cadena hotelera Riu a renegociar el exceso de jornada de los trabajadores de 15 de sus hoteles en Canarias. Una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Palmas de Canarias ha estimado la demanda presentada por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras en Canarias contra el acuerdo alcanzado el 1 de agosto de 2024 entre la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo UGT Canarias, la más representativa en ese ámbito, y seis sociedades integradas dentro de Riu, para regular el descanso entre jornadas de los trabajadores de 15 de sus hoteles.

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La Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato CC OO ha convocado una concentración ante el Ministerio de Hacienda en Madrid para este martes con una sola exigencia: la creación de un salario mínimo para todos los trabajadores de la Administración General del Estado de 1.500 euros netos al mes. Se trata de la primera vez que se materializa una reclamación de este tipo, muy común en los convenios sectoriales del sector privado.

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El Ministerio de Seguridad Social da un paso clave en el proceso para anticipar la jubilación de los empleados del transporte de mercancías. Según ha informado UGT en una nota de prensa, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) ya ha terminado un informe imprescindible al respecto, el de morbilidad y mortalidad en el sector. Llega más tarde del plazo previsto en el decreto que regula esta nueva vía para anticipar la jubilación en los sectores que más siniestralidad y bajas registran, tardanza que había soliviantado a UGT hasta tal punto que convocó una huelga para presionar al Gobierno. Con la finalización del informe y un compromiso por escrito de que el procedimiento seguirá su curso, UGT ha comunicado este lunes que desconvoca el paro.

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La sucesión de desastres naturales en forma de incendios o graves inundaciones ha llevado a UGT y CC OO a reclamar una ley unitaria de bomberos que coordine sus condiciones laborales y capacidades. Estos sindicatos han instado este lunes en una rueda de prensa conjunta a aprobar un marco normativo estatal que se pueda adecuar a las comunidades, competentes en estas materias, para agilizar y perfeccionar dispositivos esenciales en emergencias. Los sindicatos han denunciado que “España cuenta actualmente con más de 130 Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) con importantes desigualdades en materia de organización, formación, recursos, condiciones laborales y tiempos de respuesta” y apelan a la responsabilidad política para que el Ejecutivo y los grupos parlamentarios aparquen diferencias “partidistas” y favorezcan a la ciudadanía en riesgo.

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