Un despliegue de fuerzas de seguridad del Gobierno de facto de los talibanes en las calles de Herat, en el oeste de Afganistán, impide este miércoles cualquier reanudación de las protestas ciudadanas que el martes denunciaron los arrestos arbitrarios de decenas de mujeres, acusadas de infringir el código de vestimenta.

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El 13 de junio de 1977, Ana salió de clase y pasó por su casa. “Vamos a ir a ver a Felipe González al Rayo, ¿te vienes?”, le dijo a su padre. “¿Al Rayo? ¡Ni loco!”, respondió él. Faltaban dos días para las primeras elecciones democráticas en España en más de cuarenta años. El PSOE cerraba su campaña en Vallecas. Décadas antes, ese estadio había sido un campo de concentración por el que pasaron más de 9.500 prisioneros. Su padre fue uno de ellos. Y no pensaba volver a entrar ahí.

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Decenas de hombres y mujeres de Afganistán han osado desafiar este martes a los talibanes, que gobiernan el país, y salir a las calles de la ciudad occidental de Herat para protestar por la última oleada de detenciones de mujeres. Esos arrestos habían estado motivados por la supuesta infracción del rígido código de vestimenta impuesto por los fundamentalistas y que las autoridades locales de Herat endurecieron aún más la semana pasada para, en la práctica, imponer el uso del burka.

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España se encuentra hoy ante una responsabilidad histórica. Durante años fue un país de referencia en la aplicación de la justicia universal, pura y absoluta, con causas que permitieron investigar crímenes cometidos, por ejemplo, en Chile y en Argentina. Esos procesos marcaron a toda una generación de abogados y enviaron un mensaje claro: ciertos crímenes, por su gravedad, no pueden quedar a resguardo detrás de una bandera o de una frontera. La jurisdicción universal, cuya justicia llegó a ejercer, fue una de las expresiones más audaces y valiosas de su compromiso con los derechos humanos, incluso si con el tiempo ese espacio se ha visto limitado.

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En junio del año pasado, conocí en estas páginas, la decisión de un juzgado de Elda de citarme como investigado en relación con la muerte de un manifestante por disparos de un policía en febrero de 1976, con ocasión de las huelgas que tuvieron lugar tras la muerte de Franco. Entonces yo era ministro de Relaciones Sindicales en el primer Gobierno de la Monarquía. La noticia informaba de que declararía también el policía y destacaba que, por primera vez, se hacía comparecer a un responsable político por delitos de lesa humanidad en la Transición. Recurrí la admisión de la querella y, al rechazar el juzgado mi petición, apelé ante la Audiencia de Alicante, que el pasado 5 de mayo revocó la decisión de investigarme.

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