Un despliegue de fuerzas de seguridad del Gobierno de facto de los talibanes en las calles de Herat, en el oeste de Afganistán, impide este miércoles cualquier reanudación de las protestas ciudadanas que el martes denunciaron los arrestos arbitrarios de decenas de mujeres, acusadas de infringir el código de vestimenta.
Decenas de hombres y mujeres de Afganistán han osado desafiar este martes a los talibanes, que gobiernan el país, y salir a las calles de la ciudad occidental de Herat para protestar por la última oleada de detenciones de mujeres. Esos arrestos habían estado motivados por la supuesta infracción del rígido código de vestimenta impuesto por los fundamentalistas y que las autoridades locales de Herat endurecieron aún más la semana pasada para, en la práctica, imponer el uso del burka.
Una de las escasas ventanas al mundo aún al alcance de los afganos y, sobre todo, de las afganas —las redes sociales— llevaban desde hace días alertando de que en una provincia occidental de Afganistán, Herat, muchas mujeres estaban siendo detenidas tras ser acusadas de violar el rígido código de vestimenta de los talibanes que gobiernan el país, que las obliga a cubrirse de la cabeza a los pies. Un vídeo, difundido por una mujer, según el activista Jahanzib Wesa, mostraba a otra afgana bajo una especie de sábana mientras era conducida por agentes de la policía de la moralidad a una de las furgonetas blancas que suele usar ese cuerpo. El diario digital Hasht-e Subh informó luego de que entre 40 y 50 mujeres habían sido arrestadas de esa manera. Otros medios reducían esa cifra a una veintena. Todos coincidían en que las afganas detenidas iban completamente cubiertas.
A Pramila Patten no le tiembla el pulso cuando asegura que su única “brújula moral” son las víctimas. La representante especial del secretario general de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos acaba de presentar el 17º informe anual en el que se han documentado 9.780 casos de violaciones, esclavitud sexual, matrimonios forzados, trata de personas y otros crímenes cometidos por 77 actores, estatales o no, en 21 países afectados por conflictos.