El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha enviado a Estados Unidos una petición de colaboración para que las autoridades judiciales de Washington accedan a incorporar en la causa, en la que está imputado José Luis Rodríguez Zapatero, el contenido del teléfono móvil del que fuera presidente de Plus Ultra Rodolfo Reyes. La Policía española ya tenía el contenido de este dispositivo, que fue clonado en Miami en 2021 sin autorización judicial expresa, y los agentes han utilizado los mensajes de Reyes (“Lo tiene grupo Zapatero desde esta mañana”, “Camilo estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa”, “nuestro pana Zapatero detrás”) en varios informes para sustentar las acusaciones contra el expresidente del Gobierno. El magistrado Calama busca dar garantías a la incorporación de estos indicios en el procedimiento para poder utilizarlos en un hipotético juicio.
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Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no solo registraron la vivienda del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Milagro (Navarra) el pasado 27 de mayo. El juez Santiago Pedraz también autorizó de urgencia ese mismo día que los guardias entraran en un bajo en la misma localidad, a nombre de una tercera persona que no está relacionada con la causa, después de que encontraran en su adosado el contrato de la mudanza que su esposa realizó desde Madrid, mientras él estaba en prisión provisional en julio de 2025. El que fuera número tres del partido ha denunciado que está viviendo una persecución.
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El juez José Luis Calama ha tomado una iniciativa prudente en relación con las grabaciones de la investigación sobre la supuesta trama de tráfico de influencias que implicaría al expresidente Zapatero. El magistrado se ha dirigido a las autoridades norteamericanas para despejar el camino a la posible incorporación de dicho material a las diligencias del caso, con todas sus eventuales consecuencias. No es difícil intuir que el objetivo del instructor es obtener garantías sobre la validez de este material como prueba. De momento, han sido utilizadas por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía, en sus informes al juez, quien a su vez las ha tenido ya en cuenta para citar al expresidente y ordenar registros. Ahora bien, su plena incorporación a la causa supone un paso más, y es lógico —y obligado— que quien dirige la investigación se asegure de que esta se sustenta sobre suelo firme.
El caso Leire Díez apenas ha echado a rodar. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ya dictó un primer auto en el que dibujaba cómo operaba una presunta red criminal en Ferraz que tenía a la cabeza al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y a la ya exmilitante Leire Díez como mano ejecutora, como fontanera. El magistrado levantó parcialmente el secreto de la causa y ayer ordenó el libramiento de varios oficios y la citación de hasta 22 testigos entre el 26 de junio y el 13 de julio. Entre ellos, la presidenta del partido, Cristina Narbona. Y al día siguiente tendrá que declarar como imputada ante él la abogada Leticia de la Hoz, por presuntamente haber sobornado a la empresaria Carmen Pano para que cambiara su versión respecto a que había entregado 90.000 euros en efectivo en el cuartel general de los socialistas a petición del comisionista Víctor de Aldama.
Quedan por practicar muchas diligencias pero es verdad que en el partido, como ya publicó este diario, se teme que el caso escale más y pueda acabar suponiendo una imputación del PSOE como persona jurídica. Algo que sería letal para los ánimos de una formación hundida anímicamente también por otro caso, el que mantiene investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pero la puntilla definitiva podría ser la imputación del propio Pedro Sánchez. No sería sencilla, porque para que esa circunstancia se diera, Pedraz tendría que hallar indicios que le condujeran hasta él que justificasen elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo. Este sería el competente para decidir si investiga o no al jefe del Ejecutivo, dado que este es aforado, y en caso de que determinara proceder contra él, tendría que solicitar el suplicatorio al Congreso.
Sin embargo, fuentes la Moncloa aseguran no ver "motivo alguno" ni para la imputación del PSOE ni para la de Sánchez. Tampoco creen justificado que Pedraz pudiera llamar a declarar al presidente del Gobierno y secretario general del partido ni siquiera como testigo. "Es que no hay indicio ninguno de que Sánchez conociera a Leire. Ni hay una prueba de que operara la trama como tal ni mucho menos que implicara al partido", esgrimen. La tesis de la dirección socialista es que Cerdán pudo montarse su propia red para taparse a sí mismo, para esconder sus chanchullos, y que para ello tiró de la ayuda de Díez.
El juez tiene imputada a la gerente actual, Ana Fuentes, y la UCO descubrió que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, se reunió al menos tres veces con Díez. Citas que ella ratificó
Pero el juez tiene imputada a la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes —promovida al cargo por Cerdán en 2021—, y además en el sumario de la causa los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelaron que Díez se había reunido en al menos tres ocasiones con la directora general del cuerpo, Mercedes González. Encuentros que ella al final tuvo que reconocer después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska hubiera negado esa posibilidad apenas unos días de conocerse el sumario. El PSOE no ha abierto ningún tipo de expediente a Fuentes y el Ejecutivo, empezando por el propio Sánchez y siguiendo por Marlaska, han manifestado su respaldo pleno a la jefa de la Guardia Civil.
Este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, reiteró que Sánchez nunca supo nada de la fontanera del PSOE: "El presidente nunca ha conocido, ni avalado ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado". Repitió prácticamente palabra por palabra aquello que el propio jefe del Ejecutivo respondió a los periodistas el pasado viernes en Tivat (Montenegro).
#EnDirecto | El Gobierno desmiente "rotundamente" cualquier encuentro entre Pedro Sánchez y Leire Díez: "Nunca ha conocido ni avalado ni ha sido informado de sus andanzas. Nunca lo hubiera tolerado" pic.twitter.com/oG1tnnWPp7
— Europa Press (@europapress) June 9, 2026
Los informadores preguntaron a la portavoz por qué ahora el partido y el Gobierno no actúan como en el pasado, cuando pidió sus actas y echó a los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Ahora no se ha adoptado ningún tipo de medida contra Zapatero, ni contra la gerente del partido, ambos imputados en la Audiencia. La ministra reivindicó que la posición es "absolutamente coherente". "Somos el Gobierno de la tolerancia cero contra la corrupción, de la colaboración con la Justicia, de respetar los tiempos de la Justicia, de confiar en la Justicia", remachó, recordando de nuevo el plan de medidas anticorrupción que Sánchez presentó en julio del año pasado ante el Congreso. El problema es que la norma estrella, el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, aún no ha llegado al Congreso y se antojan muy complicados sus apoyos parlamentarios.
El Ejecutivo mantiene la confianza en González y también en Narbona. La presidenta del PSOE "tiene una moralidad intachable". "Jamás ha intervenido en nada ilícito o impresentable", apuntan
En el Gobierno mantienen toda la confianza en González —no se plantea de ningún modo su cese, y menos aún después de que Sánchez le explicitara su respaldo— y también en Narbona. En su caso, la UCO describe en su informe que la presidenta del PSOE mantuvo una conversación por WhatsApp con Díez el 24 de abril de 2024, cuando Sánchez publicó su Carta a la ciudadanía, en la que abría un periodo de reflexión de cinco días en el que se planteó dimitir. La exmilitante le habló de "reconducir" los ataques al presidente, de dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín". "[Esto] se lo habías contado a Santos el otro día", respondió ella. Narbona deberá comparecer como testigo ante Pedraz el 10 de julio. Ni Saiz ni el ministro de Transportes, Óscar Puente, presente en la rueda de prensa de este martes, quisieron hacer referencia a la citación de la presidenta del PSOE, pero fuentes de la Moncloa mostraron su "pleno respaldo" a la dirigente.
"Cristina tiene una moralidad intachable. Estamos seguros de que jamás ha intervenido en nada ilícito o impresentable. Es la persona más seria del mundo", señala un miembro del Ejecutivo que confía en que no obstante el caso Leire se vaya desactivando, porque no le ve recorrido. "Leire sería lo que en derecho se llama una tentativa inidónea, que es como elegir un medio incapaz de provocar el resultado buscado. Ella no tenía capacidad de influir en nada. Habría que darle la medalla de Isabel la Católica. Desde Mata Hari no se conocería nada igual", bromea este alto mando.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha requerido información sobre el destino del fiscal Anticorrupción José Grinda en Bolivia, según ha podido confirmar El Independiente. La petición se enmarca en la causa que investiga una presunta trama liderada por la exmilitante Leire Díez para "desestabilizar" los casos que afectasen al entorno del PSOE, y uno de sus "objetivos de interés" habría sido este fiscal. Según se recoge en uno de los informes de la Guardia Civil, la organización habría llegado a ofrecerle un destino en el extranjero y 300.000 euros a cambio de información sensible sobre el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y sobre procedimientos vinculados al Gobierno.
Según confirman fuentes jurídicas a este periódico, Grinda se encuentra desde noviembre de 2025 destinado en Bolivia dentro de un programa de cooperación internacional de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), con una estancia prevista de aproximadamente tres años en la escuela de jueces y fiscales del país andino. A la convocatoria para este puesto concurrieron otros dos aspirantes, aunque uno de ellos no reunía finalmente los requisitos exigidos y el otro acabó retirando su candidatura.
Una de las líneas desarrolladas por las presuntas 'cloacas' del PSOE tenía como objetivo al fiscal Grinda, por lo que habrían intentado ganarse su colaboración a cambio de ciertas contraprestaciones. Entre ellas, un puesto de trabajo en el extranjero o incluso un pago de 300.000 euros. En una de las agendas intervenidas por las autoridades a la supuesta 'fontanera' del PSOE, los investigadores hallaron una anotación manuscrita que recoge: "300.000 euros para ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor".
Ese "problema" hace referencia a la denuncia por delitos sexuales que una joven jienense, Miriam Serrano, interpuso contra Grinda por unos hechos que ocurrieron cuando ella era menor. De hecho, los investigadores sostienen que la 'trama Leire' llevó a esta joven a la sede federal del PSOE en Madrid. Según relató la propia Miriam en su declaración a la Unidad Central Operativa (UCO), fue la propia Díez quien la acompañó a Ferraz en octubre de 2024.
El citado informe de la UCO recoge una lista de objetivos presuntamente elaborada por el excomisario José Manuel Villarejo, fechada el 26 de agosto de 2024, en la que aparece el nombre del fiscal aparece recogido en bajo la expresión: "fiscales, sobre todo Grinda". El 4 de septiembre de ese mismo año, en una conversación con la periodista Patricia López, Díez fue aún más directa: "A mí me hace mucha falta arrear a Grinda".
La operación de captación de Grinda alcanzó su punto álgido el 27 de febrero de 2025. Según recoge el juez Pedraz, ese día, Díez recurrió a un periodista conocido suyo, Pere Rusiñol, para que contactase con el fiscal. Ambos se encontraron en la terraza del mercado de Barceló en Madrid, donde Rusiñol le entregó una hoja que recogía una propuesta: un destino en el extranjero y la retirada de la demanda que Miriam Serrano mantenía contra él, a cambio de información confidencial sobre el fiscal jefe Luzón y el archivo de varios casos que interesaban a la trama.
Grinda rechazó la oferta. Tras el encuentro, Rusiñol remitió un mensaje a la exmilitante socialista utilizando un lenguaje en clave: "No había agua, al menos de momento".
La trama no se dio por vencida. Semanas después del fracaso con Rusiñol, Sandro Rosell —el exdirigente del FC Barcelona absuelto en 2021 del caso de blanqueo de capitales en el que Grinda había tenido un papel relevante— habría comenzado a mediar entre el fiscal y el grupo, según se desprende de los informes policiales incorporados al sumario. El 10 de marzo de 2025, Rosell escribió a Leire y a Dolset en un grupo de WhatsApp denominado "Mas Martí-Girona" para comunicarles que "G" le había contactado y preguntarles si debía quedar con él. Leire respondió afirmativamente: "siiiii".
Las instrucciones que Díez transmitió a Rosell para esa reunión dan cuenta de la sofisticación operativa del grupo: "Recuerda, escuchar más que hablar. Proponerle salida, pero sin nombrarnos a Santos o a mí. Hemos hablado mucho este finde e igual hay que preservarme un poco porque tengo que estar en otros frentes. Mandaríamos a un abogado". El propio Rosell, siguiendo el guión, le anticipó a Leire lo que le diría a Grinda: "Pepe, estás jodido, te interesa negociar con el Gobierno, ya te diré con quién".
En respuesta a este mensaje, Leire hizo varias anotaciones sobre con "cosas a decirle". Entre ellas: "tú ya has trasladado a terceras personas que tienes documentación de Luzón y que te quieres ir a Bolivia de enlace", "el juicio con la chica empieza en menos de un mes". También: "Pepe, tus vídeos y la operación Telémaco la tiene ya hasta el bedel del Bernabéu. Solo hace falta que llegue a tus jefes" o "también sabemos que te crees protegido por Mauricio Casals y Ferreras, pero créeme que no estás protegido porque no lo puedes estar".
El juez que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha pedido permiso a Estados Unidos para utilizar como prueba el teléfono del accionista de facto de la aerolínea, Rodolfo Reyes, en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Así se desprende de un auto, al que ha tenido acceso El Independiente, por el que el magistrado solicita cooperación a las autoridades estadounidenses para que le autoricen a utilizar el material extraído del móvil de este empresario venezolano, dada su "relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados".
Precisamente, el contenido de este teléfono es uno de los elementos centrales de la causa. La investigación abierta por Estados Unidos a este empresario acabó llevando al Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS) a remitir información a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional tras detectar la aparición de personas políticamente expuestas y movimientos financieros vinculados al entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Según el documento policial, al que ha tenido acceso este periódico, la información llegó a España a través de los canales de cooperación internacional de la Policía Nacional desde la oficina en Madrid de Homeland Security Investigations (HSI). El organismo investigaba a Reyes por el presunto blanqueo de capitales que habría desarrollado a través de diversas sociedades, entre las que se encontraba Plus Ultra.
En ese contexto, el organismo estadounidense realizó en 2021 una extracción completa del teléfono móvil de Reyes. La agencia norteamericana consideró que el contenido del dispositivo podía resultar de interés para las autoridades españolas y servir para "sustentar la presentación de cargos penales contra las personas en España implicadas en estas actividades financieras ilícitas", por lo que obtuvo autorización judicial y remitió el material a la Policía española.
De las conversaciones extraídas del terminal nacen, precisamente, los principales indicios que sustentan la imputación de Zapatero acordada esta semana por el juez Calama, como ya informó El Independiente. Es a partir de los mensajes de Reyes que la investigación reconstruye el recorrido de los directivos de Plus Ultra para intentar acceder a las ayudas públicas en los meses iniciales de la pandemia.
La primera alusión que se hace al expresidente socialista data de una conversación del 30 de marzo de 2020 entre Rodolfo Reyes y el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá. Según recoge la UDEF, Reyes le pregunta: "¿Tienes idea cómo llegamos a los hilos políticos, tema ayudas, financiamiento etc etc etc?". Martínez Solá responde entonces que el CEO de la compañía, Roberto Roselli, ya le había trasladado esa necesidad y que había activado "dos vías" para intentarlo: "Delcy que llame a Ábalos" o "alguien con Zapatero".
"¿Sirve pa algo ese señor?", pregunta Reyes. "Es pro Sánchez", responde el presidente de la aerolínea. "Y pro Maduro", añade el accionista, a lo que Martínez Solá responde, para zanjar: "El fin justifica los medios". Ese mismo día, Reyes contacta además con el diplomático venezolano Ramón Gordils para explorar directamente un acercamiento al exlíder socialista. "¿Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero?", pregunta. Gordils le contesta: "Vayan recorriendo la ruta formal, yo busco como llegarle a ZP".
El juez que investiga el 'caso Plus Ultra' mantiene secretas dos piezas separadas en el marco de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por el rescate público de la aerolínea. Según han confirmado fuentes jurídicas a El Independiente, una de ellas se centra en el rastreo de cuentas y movimientos financieros de la trama en el extranjero, mientras que la segunda abordaría operaciones vinculadas al tráfico de materias primas como el oro y el petróleo.
Ambas líneas de investigación fueron desgajadas de la causa principal el pasado 18 de mayo por decisión del magistrado José Luis Calama, que encabeza el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia. El juez acordó formar estas dos piezas a partir de tres atestados elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, al apreciar la posible existencia de "otros ilícitos penales" atribuibles a terceras personas ajenas a la trama investigada hasta ese momento, según fuentes del caso consultadas por este periódico.
Estas ramificaciones avanzan de manera paralela a la matriz del 'caso Plus Ultra', en la que están implicados, entre otros, varios directivos de la aerolínea —el presidente, Julio Martínez Solá; el CEO, Roberto Roselli; y el abogado Santiago Fernández Lena— así como el empresario Julio Martínez Martínez y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El exdirigente socialista está llamado a declarar como investigado los días 17 y 18 de junio por los presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Aunque el contenido de ambas piezas permanece bajo secreto —según inciden las citadas fuentes— las pesquisas encajan con dos de las líneas que han ido aflorando en la investigación principal. En el sumario del caso, al que ha tenido acceso este medio, el juez Calama sostiene que la organización presuntamente liderada por Zapatero no limitó su actividad a influir en el rescate de Plus Ultra, sino que también se extendió a "operaciones internacionales de alto valor económico" relacionadas con el comercio de oro, petróleo, petcoke (producto derivado del proceso de refinación del petróleo crudo), compraventa de acciones y mercado de divisas.
En el auto por el que se conoció el pasado mes la imputación del expresidente, el juez constata que la organización presenta "ramificaciones de carácter internacional" con indicios de "transferencias de fondos al extranjero". En este sentido, puso el foco en el papel de los hermanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Ambos son administradores solidarios de la mercantil Inteligencia Prospectiva, considerada por el juez como una de las sociedades instrumentales de la supuesta organización. Pese a declarar ingresos mínimos —inferiores a 35.000 euros anuales y nulos en los ejercicios de 2020 y 2021— la compañía llegó a mover más de 2,6 millones de euros a través de sus cuentas bancarias. De ellos, habrían pagado más de medio millón a la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav SL.
En un informe incorporado al sumario, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) concluía que Inteligencia Prospectiva era utilizada como 'pantalla' para introducir fondos en España procedentes del extranjero y redistribuirlos mediante contratos ficticios de asesoría hacia la red organizada liderada por Zapatero y operada por su amigo Julio Martínez. Este último es administrador de la sociedad Análisis Relevante, que también se halla en el foco de las pesquisas. Esta empresa habría remitido unos 240.000 euros a la empresa de las hijas del expresidente, según los investigadores.
La causa que hoy instruye la Audiencia Nacional nació a finales de 2024 tras las alertas remitidas a España por las fiscalías de Suiza y Francia. La documentación enviada a Anticorrupción describía la existencia de una presunta organización dedicada al blanqueo de dinero supuestamente procedente de tramas de corrupción vinculadas a Venezuela, y que también estaría vinculada a operaciones relacionadas con el comercio internacional de oro.
La red operaba como una especie de "pseudobanco", y estaba liderada por el empresario peruano Luis Felipe Baca y el neerlandés Simon Leendert Verrhoeven, investigado por traficar, precisamente, con oro venezolano. El entramado controlaba grandes cantidades de dinero de origen ilícito y operaba mediante inversiones en bolsa para posteriormente reintegrar los fondos como aparentemente lícitos a sus clientes, según apunta el propio juez Calama. A esta estructura "transnacional", Plus Ultra habría desviado casi 16 de los 53 millones de euros del rescate que le concedió el Gobierno en 2021.
Las informaciones remitidas por Suiza y Francia sitúan el origen de parte de los fondos en Venezuela. En concreto, en el presunto desvío de dinero público procedente de los programas Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y en operaciones vinculadas a la venta internacional de oro del Banco de Venezuela, canalizada a través de sociedades interpuestas y estructuras financieras en terceros países, incluida la sociedad emiratí Noor Capital PSC. La investigación apunta a los posibles delitos de malversación y cohecho.
Entre los nombres que aparecían en esa documentación remitida por Francia y Suiza figuraba el empresario venezolano Rodolfo Reyes, máximo accionista de Plus Ultra en el momento del rescate a través de la sociedad Snip Aviation. Según la información trasladada por el Parquet National Financier francés, Reyes habría participado en conversaciones con el empresario Luis Felipe Baca sobre el transporte de "cinco u ocho toneladas de oro" desde Caracas a Dubái "por cuenta del Banco Central de Venezuela".
La investigación también ha identificado un entramado de sociedades radicadas fuera de España que, según la UDEF, habría servido para canalizar pagos internacionales. Entre ellas figuran Landside Dubai FZCO, Landside Middle East FZCO y Landside Holding LTD, constituidas en Dubái y vinculadas a Idella Consulenza Strategica.
España se encuentra hoy ante una responsabilidad histórica. Durante años fue un país de referencia en la aplicación de la justicia universal, pura y absoluta, con causas que permitieron investigar crímenes cometidos, por ejemplo, en Chile y en Argentina. Esos procesos marcaron a toda una generación de abogados y enviaron un mensaje claro: ciertos crímenes, por su gravedad, no pueden quedar a resguardo detrás de una bandera o de una frontera. La jurisdicción universal, cuya justicia llegó a ejercer, fue una de las expresiones más audaces y valiosas de su compromiso con los derechos humanos, incluso si con el tiempo ese espacio se ha visto limitado.
© Miguel Gutiérrez (efe)
El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha intentado este martes minimizar el valor de sus agendas como prueba del supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas urdido desde el Gobierno de Mariano Rajoy para robarle información comprometedora de altos cargos del partido. El tribunal que juzga el caso Kitchen en la Audiencia Nacional ha escuchado la segunda parte del interrogatorio como acusado a Villarejo, que no terminó de responder la semana pasada a la Fiscalía. Tras la reanudación, su defensa ha alegado complicaciones de la herida de una intervención quirúrgica reciente para no seguir respondiendo al ministerio público y contestar solo a su abogado. Lo ha hecho durante dos horas y cuarto, en las que ha asegurado que en sus agendas recogía “elucubraciones” y que los únicos documentos válidos sobre su trabajo como “agente de inteligencia” son las notas que enviaba a la cúpula policial.
© epv
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto tráfico de influencias en el rescate de Plus Ultra, ha pedido a Estados Unidos que le autorice a incorporar en la causa —ante un posible juicio— los datos del teléfono móvil del exdirectivo venezolano de la aerolínea Rodolfo Reyes. El país americano, que había incautado este móvil en 2021, lo entregó el pasado mes de marzo a la Policía española y los agentes incluyeron en dos de sus informes los mensajes que mencionan reiteradamente al expresidente del Gobierno. Ahora el juez quiere que se incorporen formalmente al procedimiento penal para poder utilizarlos como prueba si el caso llega a juicio.
© Claudio Álvarez
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no se llevaron ni una ni dos libretas de la vivienda de la exmilitante socialista Leire Díez el pasado mes de diciembre cuando fue detenida. Cerca de una veintena de agendas, cuadernos de notas y grupos de folios manuscritos han sido incorporados al sumario que se sigue en la Audiencia Nacional contra ella por haber puesto en marcha, presuntamente, una operativa para entorpecer la justicia y descarrilar casos de corrupción que afectaban al PSOE o al Gobierno. Entre sus notas aparece ya citada en noviembre de 2020 la presidenta de la formación política, Cristina Narbona, a quien el juez Santiago Pedraz ha llamado a declarar como testigo el próximo 10 de julio. Además, hay información sobre planes y gestiones no solo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), sino también de Correos, Tragsa o de la agencia de noticias Efe.
© Claudio Álvarez
Hoy comienza en la Audiencia Nacional el juicio contra 17 personas acusadas de presuntos delitos de enaltecimiento del terrorismo y que tiene previsto continuar los próximos días 15, 18, 24, 25 y 26 de junio.
En marzo de 2022, decenas de personas se congregaron para dar la bienvenida a un ex-preso de ETA. El coche en el que viajaba se dirigía al frontón de Berango (Vizcaya), donde tendría lugar el acto, convocado para el mediodía bajo el nombre de 'ongi etorri' —bienvenido en euskera—, en el que se homenajeaba al ya sentenciado por pertenencia al grupo terrorista ETA, que salía de la cárcel 19 años después, en reconocimiento a "su firmeza en la defensa de la legitimidad de la lucha". Los asistentes se reunieron en un frontón blindado y las ventanas se taparon para impedir la visibilidad del desarrollo del acto.
Convocados a través de las redes sociales, los asistentes fueron recibidos con octavillas bajo el mensaje: "¡No seas perro! ¡Y el móvil en el bolsillo! Viendo la realidad diaria y para no ayudar a los 'txakurras' —forma despectiva de referirse a los agentes—, ¡apaga el móvil! ¡No grabes! ¡No saques fotos! Y si le ves al de al lado, ¡dilo!", según narra el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press.
De las aproximadamente 250 personas asistentes, según datos del Ministerio Público, 17 están acusadas de presuntos delitos de enaltecimiento del terrorismo. Durante el acto, algunos participantes aseguraron que el exrecluso "había sido secuestrado casi 19 años por el Estado español". Entre vítores, aplausos, banderas ondeadas y consignas coreadas en apoyo a los presos de ETA, el homenajeado es recibido por los asistentes.
El acto transcurrió sin incidentes y concluyó con referencias a otros condenados: dedicó "un increíble abrazo a los presos políticos". Según el escrito de acusación de la Fiscalía, varios de los intervinientes también se dirigieron al público y habrían pronunciado frases como "has estado 21 años echando un pulso al enemigo" o "en febrero de 1998 los cipayos le detuvieron, esta detención no le acojonó y siguió en la militancia".
La jornada se clausuró con el miembro abandonando el frontón "con un ramo de flores y otros objetos que introdujo en el interior de su furgoneta" y "sacó diversas banderas que habían sido utilizadas en el evento", junto con algunos de sus seguidores, con los que acudió a una 'herriko taberna' —un foro social donde habitualmente acuden miembros de la izquierda abertzale para debatir de forma distendida sobre ideas políticas—.
La Audiencia Nacional juzga esta semana a 17 de los asistentes al acto por la presunta comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo de ETA. Los acusados se enfrentan a penas de prisión de hasta dos años y nueve meses, así como a multas económicas de hasta 5.100 euros y a la inhabilitación absoluta e inhabilitación especial para profesión u oficio educativo en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un máximo de 15 años.
Todo ello con el presunto objetivo de "mantener viva la idea de que los métodos violentos de dicha organización terrorista siguen siendo válidos". Europa Press, que ha tenido acceso al escrito, señala que este recoge que "en algunos comunicados de las entidades convocantes del homenaje" se aludía al exmiembro como "un preso político comunista vasco".
El juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de citar a declarar a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en el marco del caso Leire Díez. Narbona tendrá que acudir el próximo 10 de julio en calidad de testigo para explicar sus encuentros con la exmilitante socialista, que ahora está inmersa en una trama de corrupción dedicada presuntamente a maniobrar para desbaratar causas judiciales que afectaban al partido o a miembros del Gobierno. Pedraz ha decidido igualmente tomar declaración a otros 21 testigos —entre ellos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, imputados por fraude de hidrocarburos y abogados—, además de imputar formalmente a la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, que está en el foco por haber ofrecido supuestamente dinero a Carmen Pano (investigada por un fraude de hidrocarburos) para que cambiara su versión sobre que llevó bolsas de dinero a la sede de Ferraz.
Leire Díez también tenía sus agendas y grababa sus conversaciones. ¿Práctica habitual entre los fontaneros? Puede ser. Pero ella tenía un modelo claro: el comisario (ahora jubilado) José Manuel Villarejo. Se hizo, al menos, con parte de su material, lo estudió y, a juzgar por su propio modus operandi, lo imitó. Los parecidos van mucho más allá porque también tenían obsesiones compartidas. Una de las principales es lo que ella misma llamó “control de togas”, una gráfica expresión que recoge el sentido de un sinfín de anotaciones manuscritas que revelan que magistrados, jueces y fiscales, sobre todo del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y Anticorrupción, estaban entre sus prioridades indagatorias.
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