La policía nacional ha detenido en cuestión de minutos a siete personas implicadas en el atraco a un establecimiento de compra de oro ubicado en el número 342 de la calle de Alcalá, en Madrid. Dos de los arrestados, un hombre y una mujer, iban vestidos de cura y de monja, y así seguían disfrazados cuando fueron interceptados.
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La Guardia Civil ha detenido a un varón de 32 años como presunto responsable de dos robos con violencia a dos personas de avanzada edad en Collado Villalba. El presunto ladrón abordaba por la espalda a sus víctimas para realizarles un mataleón y sustraerles sus pertenencias, lo que causó que una de las víctimas perdiera el conocimiento.
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Las siete jornadas de la vista oral celebrada desde el 28 de mayo en la Audiencia Provincial de Badajoz para juzgar si David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, fue contratado de manera irregular por la diputación pacense, se pueden resumir en los pocos segundos que duró el cruce de reproches entre el abogado Juan José Torres, defensor del exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo y también acusado, y el teniente coronel Antonio Balas, el alto mando de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se encargó de las pesquisas que han sentado a 11 personas en el banquillo, entre ellos el familiar de Pedro Sánchez y el político socialista. Torres preguntó al teniente coronel si habían encontrado “algún correo más relevante” que los esgrimidos para afirmar que el puesto de alta dirección adjudicado a David Sánchez en el organismo público en 2017 estaba “predeterminado” para él cuando se creó unos meses antes y que la “responsabilidad máxima” de todo ello era de Gallardo. “¿Le parece poco?”, fue la respuesta del guardia civil, en referencia los informes que aportó el instituto armado a la causa con el análisis de miles de correos electrónicos.
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Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no solo registraron la vivienda del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Milagro (Navarra) el pasado 27 de mayo. El juez Santiago Pedraz también autorizó de urgencia ese mismo día que los guardias entraran en un bajo en la misma localidad, a nombre de una tercera persona que no está relacionada con la causa, después de que encontraran en su adosado el contrato de la mudanza que su esposa realizó desde Madrid, mientras él estaba en prisión provisional en julio de 2025. El que fuera número tres del partido ha denunciado que está viviendo una persecución.
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El caso Leire Díez apenas ha echado a rodar. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ya dictó un primer auto en el que dibujaba cómo operaba una presunta red criminal en Ferraz que tenía a la cabeza al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y a la ya exmilitante Leire Díez como mano ejecutora, como fontanera. El magistrado levantó parcialmente el secreto de la causa y ayer ordenó el libramiento de varios oficios y la citación de hasta 22 testigos entre el 26 de junio y el 13 de julio. Entre ellos, la presidenta del partido, Cristina Narbona. Y al día siguiente tendrá que declarar como imputada ante él la abogada Leticia de la Hoz, por presuntamente haber sobornado a la empresaria Carmen Pano para que cambiara su versión respecto a que había entregado 90.000 euros en efectivo en el cuartel general de los socialistas a petición del comisionista Víctor de Aldama.
Quedan por practicar muchas diligencias pero es verdad que en el partido, como ya publicó este diario, se teme que el caso escale más y pueda acabar suponiendo una imputación del PSOE como persona jurídica. Algo que sería letal para los ánimos de una formación hundida anímicamente también por otro caso, el que mantiene investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pero la puntilla definitiva podría ser la imputación del propio Pedro Sánchez. No sería sencilla, porque para que esa circunstancia se diera, Pedraz tendría que hallar indicios que le condujeran hasta él que justificasen elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo. Este sería el competente para decidir si investiga o no al jefe del Ejecutivo, dado que este es aforado, y en caso de que determinara proceder contra él, tendría que solicitar el suplicatorio al Congreso.
Sin embargo, fuentes la Moncloa aseguran no ver "motivo alguno" ni para la imputación del PSOE ni para la de Sánchez. Tampoco creen justificado que Pedraz pudiera llamar a declarar al presidente del Gobierno y secretario general del partido ni siquiera como testigo. "Es que no hay indicio ninguno de que Sánchez conociera a Leire. Ni hay una prueba de que operara la trama como tal ni mucho menos que implicara al partido", esgrimen. La tesis de la dirección socialista es que Cerdán pudo montarse su propia red para taparse a sí mismo, para esconder sus chanchullos, y que para ello tiró de la ayuda de Díez.
El juez tiene imputada a la gerente actual, Ana Fuentes, y la UCO descubrió que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, se reunió al menos tres veces con Díez. Citas que ella ratificó
Pero el juez tiene imputada a la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes —promovida al cargo por Cerdán en 2021—, y además en el sumario de la causa los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelaron que Díez se había reunido en al menos tres ocasiones con la directora general del cuerpo, Mercedes González. Encuentros que ella al final tuvo que reconocer después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska hubiera negado esa posibilidad apenas unos días de conocerse el sumario. El PSOE no ha abierto ningún tipo de expediente a Fuentes y el Ejecutivo, empezando por el propio Sánchez y siguiendo por Marlaska, han manifestado su respaldo pleno a la jefa de la Guardia Civil.
Este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, reiteró que Sánchez nunca supo nada de la fontanera del PSOE: "El presidente nunca ha conocido, ni avalado ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado". Repitió prácticamente palabra por palabra aquello que el propio jefe del Ejecutivo respondió a los periodistas el pasado viernes en Tivat (Montenegro).
#EnDirecto | El Gobierno desmiente "rotundamente" cualquier encuentro entre Pedro Sánchez y Leire Díez: "Nunca ha conocido ni avalado ni ha sido informado de sus andanzas. Nunca lo hubiera tolerado" pic.twitter.com/oG1tnnWPp7
— Europa Press (@europapress) June 9, 2026
Los informadores preguntaron a la portavoz por qué ahora el partido y el Gobierno no actúan como en el pasado, cuando pidió sus actas y echó a los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Ahora no se ha adoptado ningún tipo de medida contra Zapatero, ni contra la gerente del partido, ambos imputados en la Audiencia. La ministra reivindicó que la posición es "absolutamente coherente". "Somos el Gobierno de la tolerancia cero contra la corrupción, de la colaboración con la Justicia, de respetar los tiempos de la Justicia, de confiar en la Justicia", remachó, recordando de nuevo el plan de medidas anticorrupción que Sánchez presentó en julio del año pasado ante el Congreso. El problema es que la norma estrella, el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, aún no ha llegado al Congreso y se antojan muy complicados sus apoyos parlamentarios.
El Ejecutivo mantiene la confianza en González y también en Narbona. La presidenta del PSOE "tiene una moralidad intachable". "Jamás ha intervenido en nada ilícito o impresentable", apuntan
En el Gobierno mantienen toda la confianza en González —no se plantea de ningún modo su cese, y menos aún después de que Sánchez le explicitara su respaldo— y también en Narbona. En su caso, la UCO describe en su informe que la presidenta del PSOE mantuvo una conversación por WhatsApp con Díez el 24 de abril de 2024, cuando Sánchez publicó su Carta a la ciudadanía, en la que abría un periodo de reflexión de cinco días en el que se planteó dimitir. La exmilitante le habló de "reconducir" los ataques al presidente, de dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín". "[Esto] se lo habías contado a Santos el otro día", respondió ella. Narbona deberá comparecer como testigo ante Pedraz el 10 de julio. Ni Saiz ni el ministro de Transportes, Óscar Puente, presente en la rueda de prensa de este martes, quisieron hacer referencia a la citación de la presidenta del PSOE, pero fuentes de la Moncloa mostraron su "pleno respaldo" a la dirigente.
"Cristina tiene una moralidad intachable. Estamos seguros de que jamás ha intervenido en nada ilícito o impresentable. Es la persona más seria del mundo", señala un miembro del Ejecutivo que confía en que no obstante el caso Leire se vaya desactivando, porque no le ve recorrido. "Leire sería lo que en derecho se llama una tentativa inidónea, que es como elegir un medio incapaz de provocar el resultado buscado. Ella no tenía capacidad de influir en nada. Habría que darle la medalla de Isabel la Católica. Desde Mata Hari no se conocería nada igual", bromea este alto mando.
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 39 años en la localidad gaditana de Puerto Real por un presunto delito de posesión de material pornográfico infantil. El individuo almacenaba y compartía una gran cantidad de archivos de contenido sexual elaborados con menores de edad, de los cuales la gran mayoría resultaron ser bebés.
Durante la investigación, los agentes han hallado más de 500 archivos de este tipo de contenido ilícito en los ordenadores del detenido. Según han informado las autoridades, gran parte de estas imágenes y vídeos albergaban un contenido degradante, vejatorio y de extrema crudeza, agravado por el hecho de que las víctimas eran menores y recién nacidos.
Esta intervención se enmarca dentro de la operación 'Blackup', la cual dio comienzo el pasado mes de abril de forma inmediata tras detectarse la circulación de varias imágenes de contenido pedófilo en la red. Tras este hallazgo, los investigadores llevaron a cabo un análisis exhaustivo de los archivos que el presunto autor había acumulado en su propia nube de almacenamiento, logrando así su identificación.
Tras constatar de manera inequívoca la existencia de este delito penal, los agentes lograron ubicar al sospechoso y procedieron a su detención el pasado día 28. En el marco de esta actuación, se registró el domicilio de esta persona, donde se intervino numeroso material informático, incluyendo tres ordenadores, tres discos duros, cinco memorias externas, cinco teléfonos móviles y varias cámaras de grabación.
En total, los dispositivos intervenidos suman casi cuatro terabytes de información que actualmente se encuentran en dependencias oficiales para su riguroso estudio. Este ingente volumen de datos está siendo volcado y analizado detalladamente por los expertos del Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz.
El objetivo prioritario de la compleja investigación desarrollada por los especialistas es determinar la existencia de víctimas, así como la localización de más contenido de índole pedófila. Asimismo, el Equipo de Delitos Informáticos y Tecnológicos busca averiguar qué parte de este material extremadamente sensible pudiera haberse compartido o distribuido a terceros.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, descarta por el momento abrir una información reservada a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, pese a las revelaciones incorporadas al sumario del 'caso Leire' y a que ese mismo mecanismo fue utilizado recientemente contra agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) por unas presuntas filtraciones a la prensa.
Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a El Independiente que Marlaska sería "la única persona que podría abrirle una información reservada ahora mismo a Mercedes González". Desde el Ministerio aseguran que esa opción no se lo plantea ya que hay "un respaldo total por parte de Marlaska en la directora".
La posición del ministro llega en un momento de creciente presión sobre la directora general de la Guardia Civil. Después de que la propia González haya admitido tres reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez. Estos encuentros se negaron inicialmente por Interior, pero posteriormente fueron recogidos en informes de la UCO incorporados al procedimiento judicial.
La controversia ha reabierto el debate sobre la posibilidad de investigar administrativamente la actuación de la máxima responsable del Instituto Armado, especialmente después de que la propia Dirección General promoviera una información reservada dirigida a esclarecer el origen de determinadas filtraciones atribuidas a la UCO.
Según recoge la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, la información reservada constituye una herramienta previa destinada a esclarecer hechos antes de decidir si procede o no la apertura de un procedimiento sancionador.
El artículo 39.5 de la norma establece expresamente que "con anterioridad al acuerdo de inicio, la Autoridad disciplinaria podrá ordenar la práctica de una información reservada para el esclarecimiento de los hechos, la determinación de sus presuntos responsables y la procedencia de iniciar o no el procedimiento sancionador".
La ley no limita esta figura a una categoría concreta de guardias civiles ni la circunscribe exclusivamente a determinadas escalas del cuerpo. Su finalidad consiste precisamente en aclarar hechos cuando existen indicios o sospechas que aconsejan una investigación preliminar.
La diferencia en el caso de Mercedes González no reside en la existencia de esa posibilidad jurídica, sino en quién tendría competencia para impulsarla. Al tratarse de la directora general de la Guardia Civil, máxima autoridad política del cuerpo dependiente del Ministerio del Interior, no sería un mando ordinario quien podría acordarla.
Fuentes conocedoras del funcionamiento interno de la institución explican que, en una situación de estas características, la capacidad para promover una actuación de ese tipo corresponde a instancias superiores de la Administración y, en la práctica, al propio Ministerio del Interior.
La cuestión adquiere relevancia porque los informes elaborados por la UCO y remitidos al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sitúan a Mercedes González en distintos episodios relacionados con Leire Díez. Los investigadores han documentado al menos tres reuniones entre ambas, celebradas el 30 de septiembre de 2024, el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025.
Además, el informe sostiene que Díez hacía referencia a su "amistad con la DG de la GC" en conversaciones con terceros mientras desarrollaba actuaciones dirigidas contra la UCO. En una comunicación recogida por los investigadores llegó a afirmar: "Y recuerda que tengo amistad con la DG de la GC".
La documentación judicial también sitúa una conversación especialmente relevante el 9 de mayo de 2025. Según el informe, ese día Leire Díez aseguró haber trasladado a Mercedes González sus sospechas sobre unas supuestas filtraciones procedentes de la UCO. Entre el 9 y el 14 de mayo, la Dirección General de la Guardia Civil incoó una información reservada dirigida precisamente a esclarecer esas filtraciones.
Los investigadores apuntan que esta actuación coincidió con las pretensiones expresadas por la propia Díez de impulsar una "investigación interna G.C. para filtraciones" y de actuar contra la unidad "a nivel administrativo".
El informe recoge igualmente que la directora general ya había sido advertida previamente por responsables de la UCO sobre las actividades que Leire Díez desarrollaba contra los agentes encargados de investigaciones sensibles para el entorno del PSOE. Según la documentación incorporada al sumario, González tuvo conocimiento de esas advertencias al menos desde el 8 de mayo de 2025.
Pese a ello, Interior mantiene su respaldo a la directora general. Marlaska ha defendido públicamente durante los últimos días que las reuniones existieron, pero sostiene que en ellas no se abordó ninguno de los asuntos que forman parte de la trama investigada.
"No tuvo ningún contacto con Leire relativo y en cuyo desarrollo hubiera habido ninguna conversación, ninguna referencia a la trama", afirmó recientemente el ministro al justificar el cambio de versión respecto a sus declaraciones iniciales.
Por ahora, esa defensa política se traduce también en una negativa a abrir cualquier actuación administrativa contra Mercedes González. Una posición que contrasta con la decisión adoptada por la propia Dirección General cuando se trató de investigar las presuntas filtraciones atribuidas a agentes de la UCO.
El mercado de las drogas europeo vive una constante entrada de nuevos productos peligrosos e impredecibles. Y en ese escenario, en los últimos años, se han detectado una serie de tendencias de consumo, como los falsos diazepam (conocidos popularmente como Valium), la ketamina o el vapeo de sustancias que van más allá de la nicotina, que ponen en especial riesgo a la población más joven. Sobre ellos habla el informe europeo sobre drogas de 2025, presentado este martes y que también sitúa a España como el país que ha decomisado un tercio de la cocaína intervenida en toda Europa.
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Hay que tener un nivel de confianza muy alto para arriesgarse a transportar 30 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 821 millones de euros, en un solo barco. Una entidad especializada en investigar el crimen transnacional cree que la organización que cargó semejante alijo en el buque Arconian, interceptado por la Guardia Civil el 1 de mayo frente a las costas del Sáhara Occidental y que batió el récord mundial de cocaína en una sola intervención, había ensayado la ruta. Un estudio sobre esta operación, publicado por el laboratorio de ideas Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), radicado en Suiza, ha encontrado numerosas similitudes en las rutas y movimientos del Arconian y los que hicieron otros dos buques, el White Eagle y el White Laibeille, entre junio de 2024 y enero de 2025. El trabajo de investigación y análisis vincula la propiedad de las embarcaciones con el fugitivo holandés Joseph Leijdekkers, conocido como Jos El Gordito, al que la Guardia Civil ya había relacionado con el alijo gigantesco de cocaína. Se trata de un importante narcotraficante neerlandés que reside en Sierra Leona al menos desde mediados de 2023 y al que el estudio considera “probable coordinador principal del cargamento”.
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El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba dejó por escrito 62 anotaciones sobre dos reuniones mantenidas con Leire Díez en marzo de 2025. Los documentos, elaborados por el propio mando y referidos a encuentros celebrados los días 10 y 26 de marzo, describen una serie de propuestas, ofrecimientos y peticiones de información. Según su relato, se buscaba obtener datos sensibles sobre la Guardia Civil y sus principales responsables para actuar contra la institución y, especialmente, contra la Unidad Central Operativa (UCO).
Las anotaciones recogen conversaciones sobre investigaciones judiciales, maniobras para desacreditar a mandos policiales, ofrecimientos de asistencia jurídica y promesas de restitución profesional a cambio de colaboración.
La primera reunión tuvo lugar el 10 de marzo de 2025. Según dejó reflejado Villalba, Leire Díez se presentó como una persona con acceso al "1 del partido" y al "1 del Gobierno". El comandante anotó que el objetivo expuesto durante aquel encuentro era "intentar desmontar a la GC".
En aquel momento, Villalba se encontraba investigado por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. De acuerdo con sus notas, Díez le trasladó que disponía de todas las diligencias relacionadas con la trama de los hidrocarburos y con el denominado 'caso Koldo', y que en ambas investigaciones aparecía como elemento común el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delitos Económicos de la UCO.
Según el documento, Leire le pidió sus propias diligencias para hacérselas llegar. Además, le ofreció cambiar de estrategia jurídica y le planteó tres posibles abogados para asumir su defensa. El abogado de Koldo García, el letrado de la causa de hidrocarburos, Jacobo Teijelo, y el abogado del exministro José Luis Ábalos.
Villalba dejó escrito que se le aseguró que no tendría que asumir el coste de esa nueva defensa y que, si colaboraba, podría recuperar su carrera profesional. Según las anotaciones, incluso se le prometió ser situado en "puestos de máxima responsabilidad" tras una futura "purga" dentro de la Guardia Civil.
Las notas detallan tres fórmulas planteadas para canalizar la información que pudiera aportar sobre la institución. La primera consistía en reunirse con la Fiscalía para explicar el funcionamiento de la Jefatura de Información y de la UCO. La segunda pasaba por ser puesto en contacto con el Cuerpo Nacional de Policía para "destapar todo lo que la UCO-GC no está sacando/contando en todas estas causas judiciales". Según el relato de Villalba, Leire era especialmente partidaria de esta vía e incluso sugirió que declarara como testigo protegido, una opción que el comandante rechazó por considerarla un "atropello" a su persona.
La tercera posibilidad consistía en convertirse en la "mano derecha" de la directora general de la Guardia Civil para informar sobre la dinámica interna del cuerpo y facilitar la adopción de medidas.
Las anotaciones reflejan igualmente que Leire sostenía que ella y "los de arriba en el Gobierno" conocían lo que estaba ocurriendo dentro de la Guardia Civil, aunque necesitaban "pruebas más objetivas para poder atacar". Según el documento, también aseguró que se estaba recopilando información comprometedora sobre distintos mandos. Incluidos oficiales que supuestamente habrían estado "de putas" o a sueldo de empresarios.
La conversación derivó además hacia la investigación de los hidrocarburos. Villalba dejó escrito que Leire sostenía que dicha causa estaba "manipulada por Repsol" en connivencia con la UCO y con el teniente coronel Balas. Según las notas, también afirmó que éste acabaría siendo contratado por la petrolera como jefe de Seguridad Corporativa.
El documento añade que los "de arriba" conocían el contenido de aquella reunión y respaldaban las gestiones realizadas. Según Villalba, Leire le indicó que trasladaría "novedades hacia arriba".
La segunda reunión se celebró el 26 de marzo de 2025 y se prolongó durante aproximadamente tres horas. De acuerdo con las anotaciones, fue nuevamente impulsada por Leire Díez, que le "apremiaba" para que aportara información sobre el fiscal José Grinda, los tenientes coroneles Balas y Bonilla, así como sobre responsables de la Jefatura de Información.
Entre ellos figuraba el teniente coronel Basilio Luis Sánchez Portillo, a quien Leire vinculaba con la denominada 'Operación Cataluña'. Según las notas, sostenía que había participado en la fabricación de pruebas falsas y mantenía una estrecha relación con el fiscal Grinda.
Al inicio del encuentro también se abordó la renovación de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Guardia Civil. Villalba anotó que Leire aseguró que el futuro DAO no sería la persona sobre la que circulaban rumores porque era afín al ministro Fernando Grande-Marlaska y que sería ella quien lo "pondría". Según el comandante, mostró un "rechazo total y absoluto" hacia el ministro, al que responsabilizaban del "desgaste del Gobierno" derivado de las actuaciones de la UCO.
Durante aquella segunda cita, Leire insistió nuevamente en que Villalba declarara contra la Guardia Civil, la UCO y diversos mandos. La fórmula seguía siendo, según las anotaciones, la de una declaración como testigo protegido ante el Cuerpo Nacional de Policía. El comandante volvió a rechazar la propuesta argumentando que su identidad terminaría trascendiendo. Ante esa negativa, Leire le planteó que facilitara directamente la información al CNP para que fueran ellos quienes la gestionaran.
Las notas reflejan asimismo que volvió a insistir en conseguirle un destino como asesor de la directora general de la Guardia Civil. Villalba rechazó esta propuesta "radicalmente", según las anotaciones.
En otro momento de la conversación, el comandante preguntó por el interés mostrado en la reunión anterior por la trama de los hidrocarburos. Según dejó escrito, Leire respondió que "todo está entrelazado" por la participación de los mismos actores en las operaciones Hidrocarburos, Delorme y Cataluña.
Villalba anotó que también se insistió en obtener pruebas sobre el supuesto "puterío de mandos de la UCO y otros que estarían a sueldo", así como sobre una presunta "connivencia de Balas y Bonilla con Repsol para actuar contra la competencia". Según el documento, Leire afirmó que habría empresarios dispuestos a declarar y aportar pruebas, además de personal del Ministerio de Industria supuestamente "a sueldo por Repsol".
La reunión concluyó con una nueva petición para que cambiara de abogado y permitiera coordinar su estrategia procesal con la de Ábalos y Koldo.
Sin embargo, las anotaciones de Villalba terminan con un rechazo frontal a todas las propuestas. El comandante dejó escrito que ninguna le resultó convincente y que trasladó a Leire un mensaje para que no volvieran a contactar con él. Según sus propias palabras, únicamente le habían hecho "perder el tiempo sin ninguna propuesta clara más allá de presionarme para que les diera la información sobre mandos de la GC a lo que me negaba".
Dos hombres se encuentran en estado muy grave después de haberse precipitado de varios metros de altura en dos localidades distintas de la isla de Ibiza en menos de 24 horas. Ambos están ingresados en la Policlínica del Rosario después de sufrir policontusiones tras la caída. La Guardia Civil está investigando las causas de lo ocurrido.
© Eva Cabrera (Europa Press)
Un nuevo atraco a una joyería, el quinto en un mes. Este mediodía, cuatro personas han asaltado una joyería ubicada en un centro comercial en el municipio madrileño de Torrelodones y después se han dado a la fuga por la A-6. Según testigos presenciales, alguno de los cuatro asaltantes que han participado en el robo al establecimiento llevaba un arma larga tipo subfusil con la que han amenazado a los trabajadores. Después de obtener joyas y relojes, se han dado a la fuga en un Peugeot blanco de alquiler que estaba aparcado cerca del local.
“¿Se va a condenar a un señor por un chascarillo?”. La frase pronunciada por el abogado Emilio Cortés, letrado de David Sánchez, en la sesión del juicio de este lunes en la Audiencia Provincial de Badajoz resume la postura de la Fiscalía y de las defensas para pedir la absolución del hermano del presidente del Gobierno, del exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo y de las otras nueve personas que se sientan en el banquillo. Todas ellas han coincidido al presentar sus escritos de conclusiones definitivas en que no existen pruebas de los delitos de tráfico de influencias y prevaricación que las acusaciones ven en la creación y adjudicación de un puesto de alta dirección en 2017 a David Sánchez, en el cambio de nombre de dicha plaza en 2022 y en la adjudicación de otro puesto en 2023 a Luis Carrero, amigo del hermano del jefe del Ejecutivo han centrado.
© Andrés Rodríguez (Europa Press)
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