Las siete jornadas de la vista oral celebrada desde el 28 de mayo en la Audiencia Provincial de Badajoz para juzgar si David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, fue contratado de manera irregular por la diputación pacense, se pueden resumir en los pocos segundos que duró el cruce de reproches entre el abogado Juan José Torres, defensor del exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo y también acusado, y el teniente coronel Antonio Balas, el alto mando de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se encargó de las pesquisas que han sentado a 11 personas en el banquillo, entre ellos el familiar de Pedro Sánchez y el político socialista. Torres preguntó al teniente coronel si habían encontrado “algún correo más relevante” que los esgrimidos para afirmar que el puesto de alta dirección adjudicado a David Sánchez en el organismo público en 2017 estaba “predeterminado” para él cuando se creó unos meses antes y que la “responsabilidad máxima” de todo ello era de Gallardo. “¿Le parece poco?”, fue la respuesta del guardia civil, en referencia los informes que aportó el instituto armado a la causa con el análisis de miles de correos electrónicos.
© Jero Morales (EFE)
O prefeito do Recife, Victor Marques, vistoriou nesta segunda-feira (8) os trabalhos de manutenção nos bolsões de escoamento da Avenida Dom Hélder Câmara, localizados no bairro do Ibura. A intervenção integra a Ação Inverno 2026, programa municipal que destina R$ 381 milhões para obras de drenagem, contenção de encostas, urbanização e monitoramento de áreas de risco.
As estruturas da Avenida Dom Hélder Câmara compõem a rede de macrodrenagem da capital pernambucana e atuam diretamente na retenção temporária e no escoamento das águas que impactam a Bacia do Tejipió, área historicamente vulnerável a alagamentos nos períodos de alta precipitação.
A operação consiste na remoção mecânica de sedimentos e materiais acumulados para recuperar a capacidade volumétrica das bacias de retenção antes do período de chuvas intensas. Durante o acompanhamento das atividades, o chefe do Executivo municipal destacou o impacto do descarte inadequado de resíduos domésticos no funcionamento do sistema.
"É fundamental não jogar lixo em lugares irregulares, porque o pequeno lixo na microdrenagem, como bueiros e canaletas, vai chegar na macrodrenagem, trazendo impactos significativos para a cidade. Se cada um fizer a sua parte, esse trabalho será reduzido e esse recurso pode ser investido em outras áreas", pontuou Victor Marques.
O prefeito acrescentou que os moradores têm à disposição ferramentas oficiais para o descarte correto de materiais de descarte.
"Disponibilizamos coleta pelo Conecta Recife e também diversos pontos de descarte. É um dever de cada cidadão cuidar dos seus resíduos, e da prefeitura, colaborar para um Recife mais limpo", concluiu.
© Marlon Diego/PCR
“¿Se va a condenar a un señor por un chascarillo?”. La frase pronunciada por el abogado Emilio Cortés, letrado de David Sánchez, en la sesión del juicio de este lunes en la Audiencia Provincial de Badajoz resume la postura de la Fiscalía y de las defensas para pedir la absolución del hermano del presidente del Gobierno, del exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo y de las otras nueve personas que se sientan en el banquillo. Todas ellas han coincidido al presentar sus escritos de conclusiones definitivas en que no existen pruebas de los delitos de tráfico de influencias y prevaricación que las acusaciones ven en la creación y adjudicación de un puesto de alta dirección en 2017 a David Sánchez, en el cambio de nombre de dicha plaza en 2022 y en la adjudicación de otro puesto en 2023 a Luis Carrero, amigo del hermano del jefe del Ejecutivo han centrado.
© Andrés Rodríguez (Europa Press)
"Antonio Balas, peligroso". La anotación ocupa apenas media línea en una de las agendas intervenidas por la Guardia Civil a la exmilitante socialista Leire Díez, pero resume una de las constantes que atraviesan buena parte del sumario de la causa bautizada con su nombre: su fijación por los mandos del Instituto Armado vinculados a la Unidad Central Operativa (UCO). Esta agenda personal de la supuesta fontanera del PSOE, a la que ha tenido acceso El Independiente, permite reconstruir la línea de actuación de quien sería la cabecilla de una presunta trama dedicada a "desestabilizar" causas judiciales y actuaciones policiales que afectasen al entorno del Gobierno o el partido, y que ahora está siendo investigada por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.
Además del nombre del teniente coronel Antonio Balas aparecen referencias a otros mandos como el coronel Manuel Sánchez Corbí, el ahora excapitán Juan Sánchez Yepes —investigado en esta causa—, el comandante Bonilla y otros responsables de unidades de información e investigación de la Guardia Civil. Todo ello sugiere que el interés de Díez y los integrantes de la presunta trama pasaba por identificar a los responsables de las investigaciones más sensibles para el PSOE, conocer su funcionamiento interno y recabar información que pudiera resultar útil para desacreditarles o neutralizarles.
Entre las notas manuscritas aparecen apuntes como "Balas y relación con crypto" o "Balas está en todos los atestados". También abundan las alusiones a Sánchez Corbí. En una de ellas puede leerse: "En uno de los juicios de Villarejo, Sánchez Corbí dijo que el autor de las investigaciones que concluyen con su detención no había sido Antonio Balas, pero hay audios que les vinculan". En otra anotación se le define como "el padre profesional de Balas".
Precisamente, en el sumario del 'caso Leire' —al que ha accedido este periódico—, se recogen también unos apuntes atribuidos al comandante Rubén Villalba, que habría anotado tras las dos reuniones que tuvo con Díez. En ellos se recoge que el interés de Leire y su entorno pasaba por hablar de "la UCO (BALAS, CORBÍ, Bonilla, PAPE…)", además de otros mandos de la Guardia Civil.
La animadversión hacia Balas aparece de forma especialmente reiterada. El teniente coronel dirige el Departamento de Delincuencia Económica de la UCO y ha participado en investigaciones relacionadas con el 'caso Koldo' y otras causas derivadas. Más allá de la anotación en la agenda, en audios ya publicados se escucha a Leire Díez referirse a él en términos mucho más explícitos, llegando a verbalizar expresiones como "matar al Balas". Para los agentes, el teniente coronel representaba uno de los principales obstáculos para los intereses de las supuestas 'cloacas'.
La documentación incorporada al sumario al que ha tenido acceso El Independiente, refleja además una voluntad expresa de actuar contra determinados responsables. En una conversación del 16 de marzo de 2025, el abogado Ismael Oliver trasladó a Leire que pretendía presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado para identificar a "ese alto mando de la UCO" que, según sus tesis, habría participado en determinados acuerdos. Ese mismo día añadió: "Y hemos de ir a por Alejandro Luzón [fiscal jefe Anticorrupción]". Poco después, Oliver insistió en la necesidad de conocer "la identidad y la coincidencia de los investigadores de la UCO", así como "quién es su jefe", mientras Leire respondía: "Estoy en ello".
En mensajes intervenidos a Leire y el abogado Jacobo Teijelo aparecen referencias a una posible campaña de desgaste contra la propia unidad. El 4 de febrero de 2025, tras hablar sobre asuntos relacionados con la UCO, Leire escribió: "Tenemos que hablar de ese cuerpo que mencionas". Y añadió una frase que la Guardia Civil considera especialmente significativa: "¿Tú sabes esos golpes en la mesa en los que se caen vasos y platos? Pues ya toca". En otro pasaje del informe se recoge cómo Leire afirmaba disponer de informes elaborados por la UCO porque quería "ver con qué puedo desmontarlos".
La UCO considera que el objetivo último era provocar cambios en la cúpula de las unidades investigadoras. Las notas atribuidas al comandante Villalba reflejan que el grupo manejaba información sobre distintos mandos y que incluso se había planteado "ir contra toda la GC, como un elefante por una cacharrería, para mover los cimientos". Sin embargo, según ese mismo documento, Leire apostó por una estrategia más selectiva y defendió "quitarse esos elementos subversivos". En otro apartado del informe policial se atribuye a Leire la intención de "remover todos los cimientos de la UCO, JI y Generalato para hacer una limpieza".
La investigación sitúa a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en una posición relevante dentro de esta secuencia de hechos. Los agentes sostienen que Leire mantenía con ella una relación previa a su nombramiento y destacan la existencia de reuniones y contactos frecuentes desde septiembre de 2024. El informe recuerda que Leire hablaba de Mercedes González como una persona “de mi confianza”, afirmaba tener “amistad con la DG de la GC” y trasladaba a terceros que iba a abordar con ella asuntos relacionados con la UCO y con distintos mandos del cuerpo.
La conclusión de los investigadores es que la directora general conocía las actuaciones que Leire estaba desarrollando contra la Unidad Central Operativa. El informe señala expresamente que, cuando se produjeron los episodios relacionados con las supuestas filtraciones de prensa de mayo de 2025, Mercedes González ya ostentaría conocimiento sobre esa actividad. Los agentes sostienen que existen elementos que apuntan a que Leire pretendía impulsar una "investigación interna" contra la UCO "previsiblemente valiéndose de la propia Directora" y destacan que, tras diversas reuniones entre ambas, la Dirección General de la Guardia Civil incoó una información reservada dirigida a esclarecer posibles filtraciones atribuidas a miembros de la unidad.
Durante días, el Ministerio del Interior sostuvo una misma versión: Mercedes González no había mantenido reuniones con Leire Díez. Después llegaron los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), las referencias incorporadas al sumario judicial, las revelaciones sucesivas sobre los contactos entre ambas y, finalmente, la admisión pública de la propia directora general de la Guardia Civil. En apenas una semana, la estrategia diseñada para contener el impacto del 'caso Leire' y su sumario, al que ha tenido acceso El Independiente, acabó convertida en una crisis de credibilidad para la cúpula del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
Lo que comenzó como una sucesión de revelaciones judiciales sobre las actividades de Leire Díez acabó convirtiéndose en un problema político de primer orden para el Ministerio del Interior. A medida que afloraban nuevos informes de la UCO y documentos incorporados al sumario, la atención dejó de centrarse únicamente en la exmilitante socialista para dirigirse también hacia la actuación de Mercedes González, la directora de la Guardia Civil y las explicaciones ofrecidas por el Gobierno.
El punto de inflexión llegó el 27 de mayo. Ese día se conoció que el magistrado estaba investigando si desde la Dirección de la Guardia Civil se había tratado de frenar o condicionar investigaciones de la UCO que afectaban al entorno del presidente del Gobierno. Los informes incorporados al procedimiento judicial describían una intensa actividad de Leire Díez dirigida a desacreditar a agentes de la unidad y a promover actuaciones relacionadas con supuestas filtraciones.
La reacción del Ministerio fue inmediata. Apenas veinticuatro horas después, Marlaska salió en defensa de Mercedes González y negó tajantemente cualquier implicación de la directora general. La línea argumental era clara. En ese momento el ministro aseguró que no existían reuniones ni actuaciones que justificaran las sospechas que comenzaban a aparecer en la investigación judicial.
Los documentos incorporados al sumario comenzaron a dibujar una relación mucho más estrecha entre Leire Díez y la máxima responsable de la Guardia Civil de la que Interior estaba dispuesto a reconocer públicamente. Los investigadores fueron reconstruyendo reuniones, conversaciones y mensajes en los que la exmilitante socialista aludía de forma recurrente a Mercedes González como una persona de su confianza y como una interlocutora habitual para cuestiones relacionadas con la Guardia Civil.
La presión aumentó de forma notable cuando empezaron a conocerse detalles concretos de esos contactos. Los informes de la UCO reflejaban encuentros presenciales, intercambios de información y referencias directas a asuntos que Leire pretendía trasladar a la directora general. Uno de los mensajes incorporados al sumario resultó especialmente revelador. Tras una reunión con Mercedes González, Leire comentó a uno de sus interlocutores: "Le tengo que dar lo de hidrocarburos". Esto era en referencia a una de las líneas de trabajo que aparecen recogidas en la investigación.
A esas revelaciones se sumó otro elemento especialmente incómodo para Interior. La propia UCO sostenía que había advertido a la directora sobre la campaña impulsada por Leire contra agentes que participaban en investigaciones judiciales sensibles para el PSOE y personas de su entorno.
La acumulación de indicios terminó provocando el colapso de la estrategia inicial. El 4 de junio se produjo el giro que cambió por completo el escenario político. Después de varios días de negativas públicas, Mercedes González reconoció la existencia de contactos con Leire Díez.
La admisión supone un problema evidente para el Ministerio. El debate dejó entonces de centrarse en si las reuniones habían existido o no. La propia directora acababa de confirmar que sí. La cuestión pasó a ser otra: por qué Interior había negado unos encuentros cuya existencia terminó reconociendo.
La rectificación obligó también a reformular la posición de Marlaska. El ministro abandonó la defensa basada en la inexistencia de contactos y desplazó el eje de su argumentación hacia otro terreno. Las reuniones, vino a sostener Interior, sí se habían producido, pero no guardaban relación con ninguna actuación irregular ni con los hechos investigados en el caso Leire.
Las revelaciones siguieron acumulándose. Los informes incorporados al sumario situaban reuniones entre Leire Díez y Mercedes González en momentos especialmente sensibles de la secuencia investigada. Una de ellas se produjo apenas un mes antes de la apertura del primer expediente relacionado con las supuestas filtraciones atribuidas a la UCO.
La documentación judicial también mostraba cómo Leire impulsó actuaciones para promover investigaciones internas sobre esas filtraciones. En conversaciones recogidas por los investigadores llegó a explicar que pretendía actuar contra la UCO "a nivel administrativo". En otra de las comunicaciones incorporadas al sumario aseguraba incluso haberse jugado una comida con Mercedes González a que las filtraciones a la prensa procedían de la propia unidad investigadora.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), organización mayoritaria en la institución, reaccionó con una dureza inédita. En un comunicado difundido tras conocerse la admisión de los contactos por parte de la directora, la asociación expresó su "absoluta estupefacción" por las contradicciones entre las explicaciones ofrecidas durante días por el Ministerio y los hechos que posteriormente fueron reconocidos.
AUGC denunció la "manifiesta falta de transparencia" de la cúpula de Interior, exigió la comparecencia urgente tanto del ministro como de Mercedes González y reclamó explicaciones públicas sobre una secuencia que considera extraordinariamente grave desde el punto de vista institucional.
"Los guardias civiles y la ciudadanía merecen una transparencia absoluta, sin evasivas ni contradicciones", señaló la asociación. En otro de sus comunicados advirtió además de que las presiones descritas en el sumario contra la UCO serían "una agresión directa al Estado de Derecho y a la dignidad profesional de los guardias civiles". Para la organización, las contradicciones conocidas durante los últimos días representan una "quiebra flagrante de la confianza institucional".
Nueve días después de que estallara la crisis, el principal problema para Interior ya no es únicamente explicar la relación entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil. Tampoco responder a las conclusiones de la UCO o al avance de la investigación judicial. El verdadero problema justificar por qué la versión oficial fue modificándose a medida que aparecían nuevos documentos en el sumario.
El magistrado José Antonio Patrocinio preside, campanita plateada al lado, el tribunal que se enfrenta al juicio más mediático en lustros de la Audiencia Provincial de Badajoz. Y ello a pesar de que el caso parece menor: las presuntas irregularidades en la adjudicación de dos puestos de trabajo en la diputación pacense. O, como se dice coloquialmente, dos supuestos enchufes, un tipo de conducta que, en caso de denunciarse, suele acabar en la jurisdicción contencioso-administrativa, pero que en esta ocasión se dilucida en la vía penal con acusaciones de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, y peticiones de pena de hasta seis años de cárcel.
© Andrés Rodríguez (Europa Press)
El pasado 27 de mayo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pasó 12 horas en las oficinas de la calle Ferraz tras el auto judicial por el que Santiago Pedraz ordenó la realización de un primer requerimiento de entrega de documentación que llegó hasta las entrañas de la sede socialista.
Esta primera actuación se enmarca en la investigación de la supuesta trama que habría utilizado fondos del PSOE para proteger intereses políticos, judiciales y policiales que pudieran ocasionar un perjuicio al Gobierno y al partido. Durante la intervención, los agentes revisaron hasta el último rincón de Ferraz, incluido el sótano más profundo del edificio, el número 3.
Entre el material intervenido en este nivel, cerrado bajo llave, se encontraban siete cajas, cuyo contenido exacto se desconoce; dos contenedores con documentación; una libreta con tapas de color negro identificada en el primer folio con la anotación manuscrita "Santos Cerdán, Sº Organización PSOE Enero 2023Comité de Campaña"; un ordenador portátil utilizado por el exsecretario de Organización del partido; una agenda con tapas de color rojo y el anagrama del PSOE, ambos cuadernos con anotaciones manuscritas en su interior; y dos dispositivos de almacenamiento informático.
El registro practicado por la UCO no se limitó al sótano número 3. Los agentes recorrieron las instalaciones de la sede socialista en una intervención que se prolongó hasta el día 28.
El resto del material incautado correspondería, entre otras cosas, a diferentes dispositivos electrónicos —entre ellos un pendrive, varios discos duros y ordenadores—, además de documentación que incluiría información sobre gastos, varias agendas y otros informes.
Entre la documentación solicitada por la UCO, relativa a la existencia de facturas y recibos, el atestado policial recoge que el coordinador de Gerencia del PSOE, Santiago Llorente, niega que existan facturas o recibos a nombre de Leire Díaz y Javier Pérez Dolset.
Asimismo, los investigadores solicitaron toda la documentación digital vinculada a los buzones de correo de las personas requeridas y a la Gerencia del partido; cualquier información digital que pudiera asociarse a Santos Cerdán; informes sobre el control de acceso de vehículos al garaje de la sede socialista; documentación relativa a la política de dietas y viajes; los libros contables correspondientes a los ejercicios de 2024 y 2025; los gastos institucionales del exsecretario de Organización; y una carpeta denominada "Caja de liquidaciones".
Los registros traspasaron la calle Ferraz y continuaron en los domicilios de algunos de los investigados. A Zarrias Arévalo se le incautaron varios dispositivos digitales, entre ellos seis pendrives, más de 15 portadocumentos y varias carpetas.
Entre el material decomisado a Javier Pérez Dolset figuraban diferentes dispositivos de almacenamiento, terminales móviles y un bolígrafo grabadora HD Camcorder. Por su parte, a Santos Cerdán se le requisaron dos terminales móviles de la marca Apple y un ordenador portátil.
Las diligencias continúan abiertas y las autoridades han comenzado a analizar todo el material intervenido con el objetivo de esclarecer si realmente se utilizaron de manera ilegal fondos del Partido Socialista para proteger los intereses del partido y del Gobierno.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reformulado este jueves su defensa de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) haya situado en un informe judicial varios encuentros entre ésta y la exmilitante socialista Leire Díez.
Si hace apenas una semana el titular de Interior negaba públicamente que se hubieran producido reuniones entre ambas, ahora sostiene que los contactos existieron, pero que en ellos no se abordó ninguno de los asuntos que forman parte de la denominada trama investigada.
Preguntado directamente por los periodistas sobre si había mentido para proteger a su subordinada o si ésta le había ocultado información, Marlaska se remitió al comunicado difundido por la propia directora general de la Guardia Civil y aseguró que su posición sigue siendo la misma.
"Me remito al comunicado de ayer de la directora de la Guardia Civil", respondió el ministro. A continuación, explicó cuál es, a su juicio, la cuestión relevante sobre los encuentros mantenidos entre Mercedes González y Leire Díez.
"Lo que me dijo ella y para mí es lo importante, no tuvo ningún contacto con Leire relativo y en cuyo desarrollo hubiera habido ninguna conversación, ninguna referencia a la trama", afirmó.
Marlaska insistió en varias ocasiones en que su valoración no gira en torno a la existencia de reuniones o encuentros, sino sobre el contenido de los mismos. "En ningún momento me dijo ella que hubiera mantenido ninguna reunión con Leire relativa a los hechos objetos de la trama, relativa o donde se hubiera hablado directa o indirectamente de la misma", señaló.
El ministro fue más allá y trató de explicar el sentido de sus declaraciones anteriores, pronunciadas antes de que trascendiera el informe de la UCO. "Cuando digo de ningún tipo, de ningún tipo relacionado con la trama o que se hablara en algún momento de los hechos objeto de la trama o le propusiera nada relativo a la trama", aseguró.
Con esa explicación, Marlaska desplaza el foco desde la existencia de los encuentros hacia la supuesta ausencia de conversaciones relacionadas con los hechos que investiga la Audiencia Nacional.
Durante su comparecencia, el titular de Interior ha respaldado íntegramente la versión ofrecida por Mercedes González sobre una de las reuniones en las que, según la propia directora, Leire Díez habría planteado la situación del comandante Rubén Villalba.
Según ha relatado Marlaska, y siempre remitiéndose a la explicación ofrecida por la directora general, el encuentro no había sido convocado para tratar esa cuestión. "Finalmente es cuando saca Leire el tema de a ver si puede volverse a reponer en su puesto al comandante Villalba", explicó.
A continuación, añadió que, según la versión de González, "la directora da por cerrada la conversación y no tiene ninguna otra". "Distinto hubiera sido si esa reunión que la directora se hubiera sido para poder discutir sobre ese tema que hubiera sido evidentemente inviable", defendió.
El ministro también rechazó de forma tajante que desde Interior se hubiera ejercido algún tipo de presión sobre la UCO o sobre los investigadores que instruyen distintas causas judiciales.
"Por supuesto que no. Absolutamente no lo niego", ha respondido cuando han preguntado por supuestas instrucciones dirigidas a frenar investigaciones o modificar informes policiales.
Asimismo, reivindicó la independencia con la que, a su juicio, trabajan actualmente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Mi única ocupación es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil y en este caso la UCO, hayan trabajado con el margen, evidentemente de neutralidad y profesionalidad que es exigible", afirmó.
Respecto a las conclusiones que la UCO extrae de los encuentros entre Mercedes González y Leire Díez, Marlaska evitó entrar en valoraciones y sostuvo que corresponde exclusivamente al juez instructor determinar el alcance de los hechos investigados. "Yo no voy a entrar en las valoraciones o las inferencias", señaló. "Quien tiene que hacer las inferencias es la autoridad judicial".
Pese a la polémica generada por las reuniones, el ministro volvió a cerrar filas con la directora general de la Guardia Civil y aseguró que no tiene motivos para cuestionar su versión. "Yo no tengo ningún elemento que me haga entrever que eso no es cierto", afirmó, antes de insistir en que "en ningún momento ha habido ninguna relación en sus encuentros con los hechos objeto de esa trama". Marlaska concluyó reiterando su confianza en Mercedes González, de cuya "honorabilidad", "honestidad" y "trabajo absolutamente profesional" dijo no tener ninguna duda.
El hervidor eléctrico es, probablemente, uno de los pequeños electrodomésticos que más posibilidades esconde. Sin embargo, en la mayoría de los casos, queda reducido a funciones como la de preparar té, infusiones o café. A ver, está claro que todos nos lo compramos con esa idea, pero te aseguro que tiene mucho más potencial.
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