La Fiscalía General del Estado ha informado este miércoles de que los fiscales Diego Villafañe, mano derecha del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, y Beatriz López Pesquera mantuvieron una reunión en marzo de 2025 con la exmilitante socialista Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo en la que este último informó de la existencia de “una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal”. Y otra ese mismo mes en la que el letrado informó de su intención de interponer varias denuncias ante la Fiscalía relacionadas con esos hechos. En ambos encuentros, según fuentes del ministerio público, Díez fue presentada como compañera de despacho del letrado y posteriormente se supo que era la exmilitante socialista.

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha enviado a Estados Unidos una petición de colaboración para que las autoridades judiciales de Washington accedan a incorporar en la causa, en la que está imputado José Luis Rodríguez Zapatero, el contenido del teléfono móvil del que fuera presidente de Plus Ultra Rodolfo Reyes. La Policía española ya tenía el contenido de este dispositivo, que fue clonado en Miami en 2021 sin autorización judicial expresa, y los agentes han utilizado los mensajes de Reyes (“Lo tiene grupo Zapatero desde esta mañana”, “Camilo estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa”, “nuestro pana Zapatero detrás”) en varios informes para sustentar las acusaciones contra el expresidente del Gobierno. El magistrado Calama busca dar garantías a la incorporación de estos indicios en el procedimiento para poder utilizarlos en un hipotético juicio.

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La número dos del expresident valenciano Carlos Mazón no sabía qué era el Cecopi, el órgano de emergencias de la Generalitat que gestionó la dana que dejó 230 muertos el 29 de octubre de 2024. La vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, ha admitido este miércoles esta laguna ante la jueza de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz Tobarra, según confirman a EL PAÍS fuentes presentes en su declaración. La dirigente, que abandonó la gestión de la gota fría para asistir a unos premios, ha cedido a entregar al juzgado los mensajes de WhatsApp que intercambió con el resto de consellers durante la catástrofe.

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Las siete jornadas de la vista oral celebrada desde el 28 de mayo en la Audiencia Provincial de Badajoz para juzgar si David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, fue contratado de manera irregular por la diputación pacense, se pueden resumir en los pocos segundos que duró el cruce de reproches entre el abogado Juan José Torres, defensor del exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo y también acusado, y el teniente coronel Antonio Balas, el alto mando de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se encargó de las pesquisas que han sentado a 11 personas en el banquillo, entre ellos el familiar de Pedro Sánchez y el político socialista. Torres preguntó al teniente coronel si habían encontrado “algún correo más relevante” que los esgrimidos para afirmar que el puesto de alta dirección adjudicado a David Sánchez en el organismo público en 2017 estaba “predeterminado” para él cuando se creó unos meses antes y que la “responsabilidad máxima” de todo ello era de Gallardo. “¿Le parece poco?”, fue la respuesta del guardia civil, en referencia los informes que aportó el instituto armado a la causa con el análisis de miles de correos electrónicos.

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El daño causado por el goteo de informaciones diarias protagonizadas por Leire Díez es cada vez más difícil de sobrellevar en el PSOE. La opinión compartida por un número creciente de dirigentes del máximo nivel de la cúpula del partido, de sus federaciones y de grandes ayuntamientos es que Ferraz debe reaccionar de forma inmediata y querellarse contra la supuesta fontanera que habría operado a las órdenes de Santos Cerdán para obstaculizar investigaciones judiciales y policiales que afectaban al PSOE y a la familia del presidente del Gobierno.

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La Policía Nacional detuvo en la tarde del lunes a un ciudadano colombiano de 29 años condenado por un juzgado a cinco años de expulsión por matar a golpes a Nala, la gata de su expareja, en Torrevieja (Alicante, 110.000 habitantes). Según la Asociación Leal, una entidad animalista que se personó en el juicio como acusación particular, es la primera vez que “el maltrato animal ha tenido consecuencias reales” y el fallo judicial “marca un precedente”. El acusado prefirió aceptar la expulsión a su encarcelamiento y será devuelto a su país de origen, desde el que no podrá viajar a ningún país de la Unión Europea durante el periodo vigente de la sentencia.

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Una profesora de 35 años de un instituto de Jaén ha sido detenida por un delito de agresión sexual a un alumno de 14 años con el que mantenía presuntamente “una relación de carácter sentimental y sexual”, según informa la Policía Nacional.

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El titular de la Plaza número 5 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla ha abierto una investigación sobre Gustavo Fuentes Aguilar, CEO de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM) y expresidente del Clúster audiovisual de Andalucía (LAND), por un presunto delito de acoso sexual y otro contra la libertad sexual, según ha adelantado elDiario.es y ha podido confirmar este periódico. El juez dictó el día 9 de febrero de 2026 auto acordando la incoación de diligencias previas, después de tomar declaración a la denunciante, una antigua reportera de ADM.

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha requerido información sobre el destino del fiscal Anticorrupción José Grinda en Bolivia, según ha podido confirmar El Independiente. La petición se enmarca en la causa que investiga una presunta trama liderada por la exmilitante Leire Díez para "desestabilizar" los casos que afectasen al entorno del PSOE, y uno de sus "objetivos de interés" habría sido este fiscal. Según se recoge en uno de los informes de la Guardia Civil, la organización habría llegado a ofrecerle un destino en el extranjero y 300.000 euros a cambio de información sensible sobre el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y sobre procedimientos vinculados al Gobierno.

Según confirman fuentes jurídicas a este periódico, Grinda se encuentra desde noviembre de 2025 destinado en Bolivia dentro de un programa de cooperación internacional de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), con una estancia prevista de aproximadamente tres años en la escuela de jueces y fiscales del país andino. A la convocatoria para este puesto concurrieron otros dos aspirantes, aunque uno de ellos no reunía finalmente los requisitos exigidos y el otro acabó retirando su candidatura.

Una de las líneas desarrolladas por las presuntas 'cloacas' del PSOE tenía como objetivo al fiscal Grinda, por lo que habrían intentado ganarse su colaboración a cambio de ciertas contraprestaciones. Entre ellas, un puesto de trabajo en el extranjero o incluso un pago de 300.000 euros. En una de las agendas intervenidas por las autoridades a la supuesta 'fontanera' del PSOE, los investigadores hallaron una anotación manuscrita que recoge: "300.000 euros para ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor".

Ese "problema" hace referencia a la denuncia por delitos sexuales que una joven jienense, Miriam Serrano, interpuso contra Grinda por unos hechos que ocurrieron cuando ella era menor. De hecho, los investigadores sostienen que la 'trama Leire' llevó a esta joven a la sede federal del PSOE en Madrid. Según relató la propia Miriam en su declaración a la Unidad Central Operativa (UCO), fue la propia Díez quien la acompañó a Ferraz en octubre de 2024.

Las ofertas de la trama a Grinda

El citado informe de la UCO recoge una lista de objetivos presuntamente elaborada por el excomisario José Manuel Villarejo, fechada el 26 de agosto de 2024, en la que aparece el nombre del fiscal aparece recogido en bajo la expresión: "fiscales, sobre todo Grinda". El 4 de septiembre de ese mismo año, en una conversación con la periodista Patricia López, Díez fue aún más directa: "A mí me hace mucha falta arrear a Grinda".

La operación de captación de Grinda alcanzó su punto álgido el 27 de febrero de 2025. Según recoge el juez Pedraz, ese día, Díez recurrió a un periodista conocido suyo, Pere Rusiñol, para que contactase con el fiscal. Ambos se encontraron en la terraza del mercado de Barceló en Madrid, donde Rusiñol le entregó una hoja que recogía una propuesta: un destino en el extranjero y la retirada de la demanda que Miriam Serrano mantenía contra él, a cambio de información confidencial sobre el fiscal jefe Luzón y el archivo de varios casos que interesaban a la trama.

Grinda rechazó la oferta. Tras el encuentro, Rusiñol remitió un mensaje a la exmilitante socialista utilizando un lenguaje en clave: "No había agua, al menos de momento".

"Te quieres ir a Bolivia de enlace"

La trama no se dio por vencida. Semanas después del fracaso con Rusiñol, Sandro Rosell —el exdirigente del FC Barcelona absuelto en 2021 del caso de blanqueo de capitales en el que Grinda había tenido un papel relevante— habría comenzado a mediar entre el fiscal y el grupo, según se desprende de los informes policiales incorporados al sumario. El 10 de marzo de 2025, Rosell escribió a Leire y a Dolset en un grupo de WhatsApp denominado "Mas Martí-Girona" para comunicarles que "G" le había contactado y preguntarles si debía quedar con él. Leire respondió afirmativamente: "siiiii".

Las instrucciones que Díez transmitió a Rosell para esa reunión dan cuenta de la sofisticación operativa del grupo: "Recuerda, escuchar más que hablar. Proponerle salida, pero sin nombrarnos a Santos o a mí. Hemos hablado mucho este finde e igual hay que preservarme un poco porque tengo que estar en otros frentes. Mandaríamos a un abogado". El propio Rosell, siguiendo el guión, le anticipó a Leire lo que le diría a Grinda: "Pepe, estás jodido, te interesa negociar con el Gobierno, ya te diré con quién".

En respuesta a este mensaje, Leire hizo varias anotaciones sobre con "cosas a decirle". Entre ellas: "tú ya has trasladado a terceras personas que tienes documentación de Luzón y que te quieres ir a Bolivia de enlace", "el juicio con la chica empieza en menos de un mes". También: "Pepe, tus vídeos y la operación Telémaco la tiene ya hasta el bedel del Bernabéu. Solo hace falta que llegue a tus jefes" o "también sabemos que te crees protegido por Mauricio Casals y Ferreras, pero créeme que no estás protegido porque no lo puedes estar".

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 35 años de prisión a los tres hombres que el 2 de octubre de 2022 ejecutaron, con un tiro en la cabeza, a un joven de 19 años conocido por el apodo de Bori. El asesinato ocurrió en un callejón de Alcorcón y fue consecuencia de una pelea previa en una discoteca. El fallo judicial atribuye al autor material y a los otros dos implicados el mismo nivel de responsabilidad en el homicidio y les condena a la misma pena: 16 años por la muerte de Bori y nueve por los intentos de asesinato de las dos personas que lo acompañaban esa noche. Hay que sumar un año más por la tenencia de un arma ilegal.

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El juez que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha pedido permiso a Estados Unidos para utilizar como prueba el teléfono del accionista de facto de la aerolínea, Rodolfo Reyes, en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Así se desprende de un auto, al que ha tenido acceso El Independiente, por el que el magistrado solicita cooperación a las autoridades estadounidenses para que le autoricen a utilizar el material extraído del móvil de este empresario venezolano, dada su "relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados".

Precisamente, el contenido de este teléfono es uno de los elementos centrales de la causa. La investigación abierta por Estados Unidos a este empresario acabó llevando al Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS) a remitir información a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional tras detectar la aparición de personas políticamente expuestas y movimientos financieros vinculados al entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Según el documento policial, al que ha tenido acceso este periódico, la información llegó a España a través de los canales de cooperación internacional de la Policía Nacional desde la oficina en Madrid de Homeland Security Investigations (HSI). El organismo investigaba a Reyes por el presunto blanqueo de capitales que habría desarrollado a través de diversas sociedades, entre las que se encontraba Plus Ultra.

En ese contexto, el organismo estadounidense realizó en 2021 una extracción completa del teléfono móvil de Reyes. La agencia norteamericana consideró que el contenido del dispositivo podía resultar de interés para las autoridades españolas y servir para "sustentar la presentación de cargos penales contra las personas en España implicadas en estas actividades financieras ilícitas", por lo que obtuvo autorización judicial y remitió el material a la Policía española.

Situó a Zapatero en el radar de la UDEF

De las conversaciones extraídas del terminal nacen, precisamente, los principales indicios que sustentan la imputación de Zapatero acordada esta semana por el juez Calama, como ya informó El Independiente. Es a partir de los mensajes de Reyes que la investigación reconstruye el recorrido de los directivos de Plus Ultra para intentar acceder a las ayudas públicas en los meses iniciales de la pandemia. 

La primera alusión que se hace al expresidente socialista data de una conversación del 30 de marzo de 2020 entre Rodolfo Reyes y el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá. Según recoge la UDEF, Reyes le pregunta: "¿Tienes idea cómo llegamos a los hilos políticos, tema ayudas, financiamiento etc etc etc?". Martínez Solá responde entonces que el CEO de la compañía, Roberto Roselli, ya le había trasladado esa necesidad y que había activado "dos vías" para intentarlo: "Delcy que llame a Ábalos" o "alguien con Zapatero".

"¿Sirve pa algo ese señor?", pregunta Reyes. "Es pro Sánchez", responde el presidente de la aerolínea. "Y pro Maduro", añade el accionista, a lo que Martínez Solá responde, para zanjar: "El fin justifica los medios". Ese mismo día, Reyes contacta además con el diplomático venezolano Ramón Gordils para explorar directamente un acercamiento al exlíder socialista. "¿Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero?", pregunta. Gordils le contesta: "Vayan recorriendo la ruta formal, yo busco como llegarle a ZP".

El juez que investiga el 'caso Plus Ultra' mantiene secretas dos piezas separadas en el marco de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por el rescate público de la aerolínea. Según han confirmado fuentes jurídicas a El Independiente, una de ellas se centra en el rastreo de cuentas y movimientos financieros de la trama en el extranjero, mientras que la segunda abordaría operaciones vinculadas al tráfico de materias primas como el oro y el petróleo.

Ambas líneas de investigación fueron desgajadas de la causa principal el pasado 18 de mayo por decisión del magistrado José Luis Calama, que encabeza el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia. El juez acordó formar estas dos piezas a partir de tres atestados elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, al apreciar la posible existencia de "otros ilícitos penales" atribuibles a terceras personas ajenas a la trama investigada hasta ese momento, según fuentes del caso consultadas por este periódico.

Estas ramificaciones avanzan de manera paralela a la matriz del 'caso Plus Ultra', en la que están implicados, entre otros, varios directivos de la aerolínea —el presidente, Julio Martínez Solá; el CEO, Roberto Roselli; y el abogado Santiago Fernández Lena— así como el empresario Julio Martínez Martínez y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El exdirigente socialista está llamado a declarar como investigado los días 17 y 18 de junio por los presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Aunque el contenido de ambas piezas permanece bajo secreto —según inciden las citadas fuentes— las pesquisas encajan con dos de las líneas que han ido aflorando en la investigación principal. En el sumario del caso, al que ha tenido acceso este medio, el juez Calama sostiene que la organización presuntamente liderada por Zapatero no limitó su actividad a influir en el rescate de Plus Ultra, sino que también se extendió a "operaciones internacionales de alto valor económico" relacionadas con el comercio de oro, petróleo, petcoke (producto derivado del proceso de refinación del petróleo crudo), compraventa de acciones y mercado de divisas.

En el auto por el que se conoció el pasado mes la imputación del expresidente, el juez constata que la organización presenta "ramificaciones de carácter internacional" con indicios de "transferencias de fondos al extranjero". En este sentido, puso el foco en el papel de los hermanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Ambos son administradores solidarios de la mercantil Inteligencia Prospectiva, considerada por el juez como una de las sociedades instrumentales de la supuesta organización. Pese a declarar ingresos mínimos —inferiores a 35.000 euros anuales y nulos en los ejercicios de 2020 y 2021— la compañía llegó a mover más de 2,6 millones de euros a través de sus cuentas bancarias. De ellos, habrían pagado más de medio millón a la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav SL.

En un informe incorporado al sumario, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) concluía que Inteligencia Prospectiva era utilizada como 'pantalla' para introducir fondos en España procedentes del extranjero y redistribuirlos mediante contratos ficticios de asesoría hacia la red organizada liderada por Zapatero y operada por su amigo Julio Martínez. Este último es administrador de la sociedad Análisis Relevante, que también se halla en el foco de las pesquisas. Esta empresa habría remitido unos 240.000 euros a la empresa de las hijas del expresidente, según los investigadores.

Una red "transnacional" de lavado de dinero

La causa que hoy instruye la Audiencia Nacional nació a finales de 2024 tras las alertas remitidas a España por las fiscalías de Suiza y Francia. La documentación enviada a Anticorrupción describía la existencia de una presunta organización dedicada al blanqueo de dinero supuestamente procedente de tramas de corrupción vinculadas a Venezuela, y que también estaría vinculada a operaciones relacionadas con el comercio internacional de oro.

La red operaba como una especie de "pseudobanco", y estaba liderada por el empresario peruano Luis Felipe Baca y el neerlandés Simon Leendert Verrhoeven, investigado por traficar, precisamente, con oro venezolano. El entramado controlaba grandes cantidades de dinero de origen ilícito y operaba mediante inversiones en bolsa para posteriormente reintegrar los fondos como aparentemente lícitos a sus clientes, según apunta el propio juez Calama. A esta estructura "transnacional", Plus Ultra habría desviado casi 16 de los 53 millones de euros del rescate que le concedió el Gobierno en 2021.

Las informaciones remitidas por Suiza y Francia sitúan el origen de parte de los fondos en Venezuela. En concreto, en el presunto desvío de dinero público procedente de los programas Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y en operaciones vinculadas a la venta internacional de oro del Banco de Venezuela, canalizada a través de sociedades interpuestas y estructuras financieras en terceros países, incluida la sociedad emiratí Noor Capital PSC. La investigación apunta a los posibles delitos de malversación y cohecho.

Entre los nombres que aparecían en esa documentación remitida por Francia y Suiza figuraba el empresario venezolano Rodolfo Reyes, máximo accionista de Plus Ultra en el momento del rescate a través de la sociedad Snip Aviation. Según la información trasladada por el Parquet National Financier francés, Reyes habría participado en conversaciones con el empresario Luis Felipe Baca sobre el transporte de "cinco u ocho toneladas de oro" desde Caracas a Dubái "por cuenta del Banco Central de Venezuela".

La investigación también ha identificado un entramado de sociedades radicadas fuera de España que, según la UDEF, habría servido para canalizar pagos internacionales. Entre ellas figuran Landside Dubai FZCO, Landside Middle East FZCO y Landside Holding LTD, constituidas en Dubái y vinculadas a Idella Consulenza Strategica.

El expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha aprovechado el derecho a la última palabra para reiterar su “inocencia” en la causa en la que le piden cuatro años de cárcel por su presunta participación en las supuestas irregularidades en la contratación en el organismo público en 2017 de David Sánchez, hermano del presidente. Gallardo, que ya durante su declaración del jueves de la semana pasada había tildado a las acusaciones ―ejercidas por Manos Limpias, PP, Vox y otras cuatro asociaciones del ámbito ultra― de “políticas”, ha insistido este martes en que su “única culpabilidad” es “no tener las mismas ideas que la acusación popular”. “Ya han ganado el juicio social, independientemente de lo que salga en esta sala. Está claro que nos han condenado socialmente”, ha manifestado.

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Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no se llevaron ni una ni dos libretas de la vivienda de la exmilitante socialista Leire Díez el pasado mes de diciembre cuando fue detenida. Cerca de una veintena de agendas, cuadernos de notas y grupos de folios manuscritos han sido incorporados al sumario que se sigue en la Audiencia Nacional contra ella por haber puesto en marcha, presuntamente, una operativa para entorpecer la justicia y descarrilar casos de corrupción que afectaban al PSOE o al Gobierno. Entre sus notas aparece ya citada en noviembre de 2020 la presidenta de la formación política, Cristina Narbona, a quien el juez Santiago Pedraz ha llamado a declarar como testigo el próximo 10 de julio. Además, hay información sobre planes y gestiones no solo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), sino también de Correos, Tragsa o de la agencia de noticias Efe.

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El juez que investiga el 'caso Leire' ha acordado este lunes citar a testificar el 10 de julio ante la Audiencia Nacional a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, así como a otra veintena de testigos que habían sido propuestos por el Ministerio Fiscal. Además, el magistrado Santiago Pedraz ha requerido a la Fiscalía General del Estado (FGE) que informe sobre las reuniones mantenidas en su sede con la exmilitante socialista Leire Díez, su socio Javier Pérez Dolset y los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver entre abril de 2024 y junio de 2025.

En el escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, el juez Pedraz ha acordado una batería de diligencias para avanzar en su investigación de la presunta trama liderada por la supuesta fontanera del PSOE para "desestabilizar" las causas judiciales y actuaciones policiales que afectasen al entorno del Gobierno y del partido.

Entre ellas, también se encuentra un requerimiento para que la UCO acuda al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños. Concretamente, el magistrado ha solicitado a la Subdirección General de Nacionalidad que informe sobre el estado actual de la solicitud de nacionalidad del exviceministro chavista Nervis Villalobos, así como que identifiquen a los funcionarios encargados de tramitarla. Los agentes tramitarán in situ el registro y acceso a la plataforma.

Según la investigación judicial, Díez y Oliver —letrado de Villalobos e investigado en la causa—, habrían desplegado distintas gestiones destinadas a desbloquear la situación administrativa y financiera de este ciudadano venezolano en España. A petición del abogado, Leire habría intentado utilizar sus contactos para acelerar el expediente de nacionalidad española del exviceministro y facilitarle la apertura o recuperación de sus cuentas bancarias.

Imputada la abogada de Koldo

Entre estas diligencias también se encuentra la imputación de Leticia de la Hoz, abogada del exasesor ministerial Koldo García. Deberá declarar como investigada el 14 de julio a las 10.00 horas. Según los documentos incorporados al sumario —a los que tuvo acceso El Independiente—, los investigadores la sitúan como la persona que habría ofrecido 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano para que cambiase su testimonio ante el juez del Tribunal Supremo, que investigaba entonces el 'caso Koldo'.

La supuesta oferta a Pano se habría realizado una semana antes de su declaración en el Supremo durante una reunión en el despacho de De la Hoz junto a su socio Ángel Fernández, según la declaración de la propia empresaria ante la Guardia Civil. Pano afirma que ambos le propusieron que, en lugar de sostener que había entregado dinero en metálico en la sede del PSOE en Ferraz, debía afirmar que se trató de documentación y atribuir al comisionista Víctor de Aldama la responsabilidad de recibir el efectivo procedente de la trama de hidrocarburos. "Era para salvar el culo a Ábalos [exministro de Transportes] y Koldo", afirma Pano que le dijo la abogada durante aquella conversación.

A cambio, se le habrían ofrecido 2.500 euros mensuales para el pago de su vivienda durante siete años, 25.000 euros para la boda de su hija y otros 15.000 euros para la compra de un vehículo para su acompañante en la entrega de dinero, Álvaro Gallego. La testigo rechazó la propuesta tras consultarlo con su abogado Javier Gómez Bermúdez.

Fechas de las declaraciones

El día 26 de junio será el primer día de declaraciones. En esta jornada, el juez escuchará desde las 10.00 a tres agentes de la Guardia Civil, así como al general jefe del Estado Mayor, Teodoro Esteban López Calderán.

Unos días más tarde, el 29 de junio, se sentarán ante el magistrado Carmen Pano, Álvaro Gallego, Miriam Serrano —la joven que denunció al fiscal José Grinda—, y Juan Manuel Villar Funes, pareja de esta última.

Ya en julio prestarán declaración la periodista Patricia Espinar, el excomandante de la Guardia Civil Rubén Villalba y el que fuera escolta entre 2003 y 2011 en Navarra y País Vasco, Francisco Ortega (7 de julio); el abogado del excomisario Villarejo, Antonio José García Cabrera, y el empresario sevillano Joaquín Parra Páez (8 de julio); el confidente de la Guardia Civil, José Luis Caramés, y los empresarios Antonio Rodríguez Estepa y Claudio Rivas (9 de julio).

El día 10 de ese mismo mes, el juez oirá al abogado José Norberto Uzal, a Cristina Narbona y al policía Rafael Salvador. Tres días más tarde, el 13, se sentarán ante la Audiencia el abogado Aníbal Álvarez —ex abogado de exministro José Luis Ábalos— y el periodista Daniel Mateo.

El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha acordado abrir diligencias por el rescate de la compañía Air Europa e investigar al vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, por un presunto delito de prevaricación administrativa. En un escrito al que ha tenido acceso El Independiente, el órgano ha admitido a trámite la querella presentada por el Partido Popular, y Vox, y ha citado a declarar a Lora el próximo 3 de julio, a las 9.30 horas.

El magistrado titular, José María Escribano, considera que hay indicios suficientes como para iniciar una investigación judicial. En concreto, la querella atribuye a este alto cargo de la SEPI una posible responsabilidad en la gestión del expediente del rescate público concedido a la aerolínea en 2020.

En su auto, el instructor acuerda una batería de diligencias de investigación dirigidas a la SEPI y al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), con el objetivo de reconstruir el proceso de toma de decisiones sobre la operación. Entre la documentación requerida figuran el expediente íntegro del rescate de Air Europa, actas, borradores y anexos de las reuniones del Consejo Gestor y listados de asistentes.

Asimismo, el magistrado ha requerido al Consejo Gestor que identifique a su secretario, vocales, técnicos instructores y asesores jurídicos implicados en el procedimiento. Todo ello a fin de ser citados "en la forma que corresponda" una vez el instructor haya tomado declaración a Lora.