Institutional Shareholder Services (ISS), el asesor de voto para accionistas de empresas cotizadas más influyente del mundo, recomienda votar a favor de los 14 puntos del orden del día sometidos a consulta de los accionistas de Indra, que celebrará su junta general el próximo 30 de junio.

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La última tendencia en el Congreso para señalar a alguien como corrupto es citarlo por sus iniciales. Hay que hacerlo de una manera específica, pronunciando bien las letras y también el punto que las separa. El presidente del Gobierno, por ejemplo, es P.S. (pepunto esepunto), como se supone que aparece en la ya famosa agenda de Leire Díez y como se refirió a él de forma reiterada el popular José Vicente Marí durante la sesión de este martes de la Comisión de Seguridad Nacional.

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La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, ha afirmado este martes que el órgano que dirige no pudo constatar hasta marzo de este mismo año la magnitud del conflicto de interés que acarreaba la integración entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Fue en ese momento cuando la SEPI, que es la primera accionista de Indra, remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su preocupación por la influencia de ese conflicto en una operación que había saltado a los medios casi un año atrás, en abril de 2025, cuando Ángel Escribano llevaba unos pocos meses como presidente de Indra.

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Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no se llevaron ni una ni dos libretas de la vivienda de la exmilitante socialista Leire Díez el pasado mes de diciembre cuando fue detenida. Cerca de una veintena de agendas, cuadernos de notas y grupos de folios manuscritos han sido incorporados al sumario que se sigue en la Audiencia Nacional contra ella por haber puesto en marcha, presuntamente, una operativa para entorpecer la justicia y descarrilar casos de corrupción que afectaban al PSOE o al Gobierno. Entre sus notas aparece ya citada en noviembre de 2020 la presidenta de la formación política, Cristina Narbona, a quien el juez Santiago Pedraz ha llamado a declarar como testigo el próximo 10 de julio. Además, hay información sobre planes y gestiones no solo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), sino también de Correos, Tragsa o de la agencia de noticias Efe.

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Un juez de Madrid ha admitido a trámite las querellas presentadas por el Partido Popular y Vox por el rescate de Air Europa y ha imputado al vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, por un presunto delito de prevaricación administrativa, citándole ya para declarar en calidad de investigado el próximo 3 de julio.

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La aerolínea Plus Ultra construyó parte del relato sobre su viabilidad a futuro, ante el auditor de sus cuentas (Audicar) y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a partir de una expectativa que tenía escasos visos de cristalizar: la integración de Air Europa en el grupo IAG, operación que fue planteada por el holding de aerolíneas en dos ocasiones y que acabó siendo tumbada en ambas por la Comisión Europea (el 15 de diciembre de 2021 y el 1 de agosto de 2024). Y más que eso, sobre la posibilidad de que IAG se fijara en Plus Ultra para cederle parte de la operativa de Air Europa en favor de la competencia (lo que se conoce como remedy taker) para allanar el plácet de Bruselas, lo que tampoco sucedió.

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