El Defensor del Pueblo ha recibido unas 400 quejas en lo que va de este 2026 debido a las altas temperaturas al interior de los colegios en España —tomando en cuenta que la temporada de calor inició en el mes de abril—. El número de casos se ha multiplicado por 13 en comparación con 2025, cuando solo se presentaron una treintena de reclamaciones. El grueso de las quejas proviene de la Comunidad de Madrid, aunque la institución no precisa cuántas.

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El grupo se había ido ya hacia el aula después de la actividad en la que había participado, pero un par de niñas se quedaron rezagadas, acercándose tímidamente a la maestra, que estaba de baja desde hacía unas semanas y había vuelto al centro para una gestión. Estaban ahí de pie a su lado, sin decir nada. La docente parecía adivinarles el pensamiento: ¿qué? ¿Que cuándo vuelvo? Y las niñas, arrimándose más aún a la mujer, asintieron. En sus rostros se podía leer una expresión de anhelo, casi de súplica. Con el cuerpo y los ojos y ese silencio parecían gritar: ¡queremos que vuelvas ya! Ese afecto genuino y real, tan profundo, solo se tiene a los maestros que establecen un vínculo sólido con los alumnos. Al observar a las niñas me acordé de inmediato del maestro republicano de La lengua de las mariposas, por el que lloré en su día como si hubiera sido el mío. Y un poco lo es, si pensamos en la genealogía de la buena educación, la educación que ve en todos los alumnos a seres humanos que deben recibir la letra no con sangre sino con amor y buen trato, con rigor y disciplina, pero respeto y cariño.

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La Generalitat valenciana deja en el aire la contratación de 5.000 docentes, la inversión en infraestructuras por un importe de 1.409 millones de euros y la bajada de ratios de estudiantes por aula que ofreció durante la huelga indefinida, que ha durado 24 días y que el profesorado votó suspender el miércoles en una consulta telemática, con la advertencia de que puede reanudarse en septiembre sin necesidad de preaviso. Los sindicatos solo firmaron este jueves dos de las propuestas planteadas por el Ejecutivo autonómico que preside Juanfran Pérez Llorca, del PP: la relativa a la simplificación de la burocracia escolar (suscrita por STEPV, CSIF, CC OO y UGT) y a la regulación del valenciano (sin apenas contenido, que solo ha suscrito CSIF). A ello hay que sumar el acuerdo de aumento salarial, de 200 euros al mes, que suscribieron tras los primeros días de la huelga ANPE y CSIF, que también es de obligado cumplimiento para la Generalitat.

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Vicenta Pellicer, de 60 años, profesora de Valenciano en un instituto público de Castellón, ha perdido 3.600 euros con la huelga indefinida que empezó el 11 de mayo y ha quedado suspendida este miércoles. Pellicer tenía previsto reformar el baño de su casa y cambiar el ordenador, pero ha aplazado ambos gastos y planea, además, unas vacaciones austeras. “Es una cantidad muy grande”, dice, “y evidentemente afecta a mis planes a corto y medio plazo”. El impacto en el hogar de Ismene Baños, maestra de Primaria en Mislata (Valencia), de 39 años, será mayor. Su pareja también es docente, han hecho 22 días de huelga, y calculan que la factura se acercará a los 7.000 euros. “Tenemos una reducción de jornada para cuidar de nuestra hija de año y medio, pero el curso que viene estamos pensando en renunciar a ella”, afirma. Y Cristina Arroyo, educadora infantil en una escuela del barrio de Aluche, en Madrid, acumula 28 jornadas de huelga desde abril, lo que reducirá, calcula, a casi la mitad su exiguo sueldo de 1.300 euros, y le ha obligado a volver a vivir a casa de sus padres a sus 40 años. “Si normalmente me cuesta llegar a fin de mes, imagina ahora”.

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