La Unión Europea se basa en el Estado de Derecho y sus leyes y acuerdos internacionales son vinculantes para los Estados miembros. Resulta alarmante que, en la actualidad, la credibilidad de la UE ante sus propios ciudadanos y votantes —y ante la mayor parte del mundo— se vea socavada por su incapacidad para demostrar liderazgo moral y político en la defensa del derecho internacional y, en particular, en la aplicación de los términos jurídicos del Acuerdo de Asociación UE-Israel.

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El debate en torno a la inmigración recorre desde hace años Europa y alumbra medidas cada vez más restrictivas, mientras las fuerzas ultraderechistas crecen en paralelo atizando la discusión. La UE recurre al endurecimiento de las reglas en un pacto migratorio que ahora también bendice centros de deportación fuera de sus fronteras. Frente a estas recetas para contener la inmigración, al Partido Popular de Suiza (SVP/UDC, en sus siglas en alemán y francés) se le ha ocurrido plantear un experimento insólito: fijar un tope a la población total del país. Los suizos votarán en referéndum el 14 de junio si apuestan por este cerrojazo. Las últimas encuestas, aunque auguran un resultado ajustado, dan una ligera ventaja al no.

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