El Mundial de fútbol que comienza este jueves será el más largo de la historia, además del más mercantilizado. Pero, además, será el primero en el que se obligará a realizar dos pausas (a mitad de cada tiempo) para la hidratación de los jugadores debido a las amenazas de altas temperaturas que se esperan en las 16 sedes (repartidas por México, Estados Unidos y Canadá). ¿Y si se aprovecharan parte de los tres minutos que durarán las pausas para explicar cómo el cambio climático está detrás de un aumento de las temperaturas extremas? Porque este gran espectáculo deportivo, organizado por la FIFA, no es ajeno a los impactos del calentamiento global.
La inusual sucesión de borrascas y lluvias torrenciales que golpearon España en marzo de 2025 provocó, entre muchos otros efectos, una gran crecida del río Guadalete que inundó parte de su cuenca en la provincia de Cádiz y obligó a desalojar a cientos de personas. Poco después, el Hospital de Jerez atendió un goteo de habitantes de la zona afectados por una infección grave y poco frecuente, la leptospirosis, que históricamente ha provocado epidemias en países tropicales asociadas a catástrofes e inundaciones.
Por si no bastase con los datos científicos, las temperaturas extremas para mayo que acabamos de sufrir han evidenciado que España afronta un presente y un futuro inmediato de olas de calor cada vez más tempranas y frecuentes para el que está deficientemente preparada. Uno de los ámbitos en los que debería ser prioritaria la adaptación es la escuela en un país donde las olas de calor son cada vez más habituales fuera del verano. Sin embargo, el porcentaje de los más de 19.000 centros educativos públicos que están climatizados es apenas el 1%.
Sabes lo que hay detrás del café que tomas por la mañana? ¿O de la soja que alimenta la carne que llega a tu mesa? Muchos de estos productos forman parte de un modelo de producción y consumo que contribuye a la pérdida de millones de hectáreas de bosque en distintas regiones del planeta. Cerca del 90 % de la deforestación mundial está vinculada a la expansión agrícola y ganadera, y de ese porcentaje más de la mitad se debe directamente a la conversión de bosques en tierras de cultivo de alimentos que, en su mayoría, no se consumen localmente sino que abastecen supermercados de ciudades ubicadas a miles de kilómetros. Es lo que se conoce como deforestación importada. Como resume Javier Fernández, fundador y director general de la Fundación COPADE, “la deforestación no empieza donde se tala un árbol, sino donde se consume un producto”.
El Reglamento Europeo contra la Deforestación (EUDR) nació como gran apuesta para frenar la entrada en el mercado comunitario de productos vinculados a la deforestación tras el 31 de diciembre de 2020. Aprobado en 2023, está en vigor pero su aplicación se ha pospuesto dos veces hasta finales de 2026 para empresas (2027 para las más pequeñas). La CE estima que podría salvar cada año 208.000 hectáreas de bosque y evitar 49 millones de toneladas de CO₂.
La norma ha recibido presiones desde empresas e industria por su complejidad y coste, mientras grupos ecologistas alertan de que puede perder eficacia si se debilita el control. El paquete de “simplificación” que la Comisión acaba de anunciar genera recelos. Propone, detalla Colomina, “excluir productos como cuero o neumáticos recauchutados, incluir derivados como café soluble y flexibilizar obligaciones para operadores posteriores y pequeñas empresas”. WWF advierte de que “podrían debilitar la efectividad de la norma”.
En materias primas forestales (madera, papel, caucho), la Asociación Técnica Internacional de las Maderas Tropicales (ATIBT) subraya que el punto de partida no es el mismo que en otras cadenas. “El sector forestal tropical certificado trabaja con gestión sostenible, trazabilidad avanzada y auditorías independientes”. Y vaticina que el éxito del RDUE” dependerá de una aplicación pragmática, con controles creíbles y armonizados por parte de las autoridades europeas”.
La transición energética necesita minerales. Muchos minerales. La electrificación del transporte, el despliegue de las energías renovables y el uso de baterías recargables han situado al litio en el centro de una carrera global por asegurar el suministro de materias primas críticas. Lo que durante décadas fue un recurso relativamente marginal se ha transformado en un elemento de gran importancia en la nueva economía baja en carbono. Pero su ascenso también ha puesto el foco en una realidad incómoda: el coste ambiental y social de la transición verde.
Europa quiere saber de dónde procede el litio que alimenta sus baterías y cuál ha sido el impacto ambiental de su extracción y fabricación. Para ello, la UE pondrá en marcha a partir de 2027 el Pasaporte Digital de Baterías —aunque solo para algunas categorías—, una herramienta que incorporará información, mediante un código QR, sobre el origen de los materiales, el porcentaje reciclado y la huella ambiental asociada a cada batería.
El objetivo es introducir trazabilidad en una cadena de suministro marcada por fuertes dependencias geográficas y estándares ambientales desiguales. Para Ester Boixereu, investigadora del IGME-CSIC, la medida puede reforzar la competitividad europea. “No se puede sostener que productos fabricados bajo legislaciones ambientales o laborales mucho más permisivas compitan en precio con los europeos”, reclama.
Sin embargo, algunos expertos piden cautela. “Puede convertirse en una ventaja competitiva o en mera burocracia”, advierte Pedro Fresco, director general de Avaesen. Su impacto, sostiene, dependerá de su correcta aplicación.
Además de las razones medioambientales y, en consecuencia, regulatorias que impulsaron la transición energética, los últimos encontronazos geopolíticos han añadido una nueva dimensión para el cambio: la económica. La guerra en Oriente Medio ha disparado los precios de los combustibles, lo que ha hecho que los viajes en coches diésel o gasolina salgan más caros. Esto es algo que ya sucedió tras el inicio de la guerra en Ucrania, pero la situación actual, sin embargo, es un tanto diferente: hoy circulan por las carreteras europeas el doble de coches eléctricos que en 2022.
Un análisis de los 65 bancos más grandes del mundo revela un notable incremento de la financiación de la industria de los combustibles fósiles por parte de estas entidades. A pesar de ser los principales responsables del cambio climático y de que la ciencia apunta a la necesidad de desengancharse del carbón, el petróleo y el gas, el pasado año estas 65 entidades aumentaron la apuesta por ese sector: la financiación aumentó un 8% respecto a 2024, hasta alcanzar los 906.000 millones de dólares, según el informe Banking on Climate Chaos.
Casi la mitad del planeta está formada por zonas oceánicas fuera de las jurisdicciones nacionales comúnmente conocidas como alta mar. Estas aguas son fundamentales para la regulación del clima, sustentan la biodiversidad marina y son claves en la economía mundial. Sin embargo, durante décadas han permanecido en gran medida sin suficiente protección, a pesar de su importancia para la vida en la Tierra.
El escarabajo pelotero (Scarabaeus laticollis), un coleóptero coprófago que descompone los excrementos de los animales, está en declive. El uso de la ivermectina, un antiparasitario para el ganado, está detrás de su descenso en España, según un estudio reciente publicado en la revista Quercus. “Se empieza a dar la alarma. Está pasando en el parque nacional de Doñana y en más sitios. Aparte de la descomposición, hacen galerías, facilitan la infiltración del agua, el aireamiento y la alimentación de las plantas al poner a su disposición los nutrientes. Si estos insectos desaparecen, se altera completamente la estructura del suelo”, explica Laura Moreno, responsable del programa de especies de WWF España.
Proyectos cuyo objetivo es preservar la vida microscópica
Lagunas saladas. Los microorganismos son aún más inexplorados. Se empiezan a conocer gracias a las técnicas moleculares, indican Ana López y Miguel Ángel Fernández, investigadores del Centro de Investigación y Cambio Global de la Universidad Autónoma de Madrid. A diferencia de las demás especies, su extinción se produce en determinados lugares, no en todo el planeta, por su capacidad de dispersión, aclaran. Pero pueden desestabilizar un ecosistema o llevar a la desaparición en cadena de organismos de mayor tamaño. Por ejemplo, si se extingue la microalga Dunaliella salina, pueden morir los flamencos que se nutren de ella. López y Fernández estudian si los tapetes —son como alfombras— microbianos, cianobacterias filamentosas en su mayoría, de las lagunas saladas de Caballo Alba (Segovia), Pétrola (Albacete) y Chiprana (Zaragoza) se adaptan a tiempos prolongados de sequía, humedad o lluvias torrenciales. "Las lagunas saladas de interior, en las que se ven también bacterias arqueas, algas y hongos, son interesantes porque tienen una población bastante exótica, distinta a la de agua dulce, y están sufriendo presión humana directa, aumento de la temperatura y ciclos de lluvias variables por el calentamiento global, y creemos que esto está desestabilizando su función", detalla López. Además, según estudios publicados, su desecado produce un alza de gases de efecto invernadero, como metano y dióxido de carbono, refiere. Fernández cita también el auge de parques solares a su alrededor, que modifica el terreno. "Creemos que puede cambiar el aporte de minerales y nutrientes; aún no lo sabemos", incide.
Suelo forestal. Investigadores del Centro para la Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible de la Universidad Politécnica de Madrid participan en un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia que analiza el papel de las comunidades microbianas del suelo en el mantenimiento de la salud de los hayedos y otros ecosistemas forestales, relata el subdirector, Juan Antonio Martín García. "Son clave en la resiliencia de los bosques frente a factores de estrés climático, olas de calor, sequías y patógenos", expone a partir de los primeros resultados. Para conservar su biodiversidad, Martín García sugiere reducir el laboreo intensivo y el uso de pesticidas de amplio espectro, así como favorecer técnicas agrícolas que protejan la estructura y la fertilidad del suelo. El Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (Creaf) lidera las iniciativas ForestSoilorg, que evalúa cómo las interacciones entre los árboles y los organismos del suelo afectan al balance de carbono y nutrientes en ecosistemas dominados por el haya (Fagus sylvatica), y Sisebio, que estudia a las bacterias, hongos, protistas, microartrópodos y nematodos para entender mejor su papel en el funcionamiento de los ecosistemas forestales.
Bioeconomía. La Fundación Biodiversidad apoya las iniciativas cofinanciadas con fondos europeos Remicro, para restaurar las micorrizas, hongos que viven en simbiosis con las raíces de plantas y facilitan la absorción de nutrientes y agua, tras un incendio; Pis-Foresta, sobre conservación de polinizadores y restauración de colmenas, castañares y producción micológica en Zamora y León, y Bioconecta, para mejora de infraestructuras verdes en el Camino Lebaniego (Cantabria) y que incluye intervenciones en la costa y la campiña para la protección de dunas y control de la vegetación exótica. El proyecto europeo Restpoll es otro ejemplo. Con la participación de la Universidad de Freiburg de Alemania y 24 entidades, entre ellas Creaf e Irta, que impulsan el piloto en Cataluña, busca implementar y examinar prácticas que beneficien a las comunidades de polinizadores en zonas agrícolas, viñas y pastos en 16 países de la UE. Mientras, la plataforma ciudadana iNaturalist cuenta con un banco de datos de especies que pueden usar conservacionistas.
La nueva norma europea de calidad del aire se aprobó en octubre de 2024. En cinco meses vence el plazo que se dio a los Estados miembros para transponerla, pues en 2030 la Comisión Europea revisará su cumplimiento. El nuevo texto no solo impone límites más estrictos a los contaminantes ambientales de la UE —incluyendo partículas finas (PM2,5) aparte de las respirables (PM10), óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre—, sino que además supone un hito al reconocer el derecho a una información clara y accesible acerca de estos, y al de una indemnización si se demuestra que la salud se ha visto afectada al infringirse la directiva. “Uno no elije si respira o no. Tampoco cómo, porque esa capacidad de elección va asociada al poder adquisitivo. Igual que se nos detalla el parte meteorológico, cada día deberíamos conocer estos otros datos antes de salir a la calle. Ahora, la gran preocupación en toda Europa es la relativa al acceso a la justicia de entidades ciudadanas o bien de particulares”, comenta Carmen Duce, coordinadora de Ecologistas en Acción, quien asegura que “hay muchas miradas pendientes de España por ser un referente. Nos consta que están en ello y a tope, aunque las propias garantías del sistema democrático ralentizan los tiempos”.
La nueva directiva sobre calidad del aire introduce un cambio esencial para realizar las evaluaciones: combinación de mediciones fijas con modelización, despliegue de nuevos puntos de medición como los denominados superemplazamientos, y uso de tecnologías innovadoras. Se requiere más información y en tiempo real. “Acción y monitoreo deben ser complementarios, no secuenciales. Nuestro estudio no se ciñe a unas estaciones de medición terrestres; entrelaza cantidades ingentes de datos, incluso de donde no los hay”, explica Zhaoyue Chen, investigador principal de un informe del Instituto de Salud Global de Barcelona. Progresos vitales para evitar inquietudes como el apagón, provocado por un ciberataque, del visor de calidad del aire del Miteco: es el referente y lleva inactivo desde febrero.
Hace dos años, el 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, qué caprichoso el destino), Leticia Talavera fue asesinada por su marido, Antonio. La estranguló delante de sus dos hijos, semanas después de haberle pedido el divorcio. Me encantaría hablar de Leti: su sonrisa, su forma de querer. O insultar a su asesino confeso. Pero no, hoy toca hablar de cómo la justicia en España sigue protegiendo a asesinos, y la sociedad lo permite. Se ha celebrado el juicio ante un jurado popular. Mujeres, padres, profesores… gente que debería empatizar. La fiscalía pedía 25 años de prisión. El veredicto ha sido 11. Once años por matar a tu pareja delante de tus hijos. Y nosotros —cualquiera podría haber estado en ese jurado— lo permitimos. Estas cosas las vemos en las noticias y parecen lejanas. Hasta que nos tocan. Hoy es Leticia y su familia. La semana que viene será otra. Y otra. Y otra. Hasta que cambiemos. Hasta que cambie la justicia. Un cambio por Leticia. Te queremos y echamos de menos, prima.
La Unión Europea difícilmente habría podido sobrevivir a la reciente sucesión de crisis energéticas ―dos en menos de un lustro― sin el petróleo y el gas de Noruega. Con dos guerras encadenadas en el tiempo, la de Ucrania y la de Oriente Próximo, el vecino del norte, gran reservorio fósil del continente, ha sido vital para asegurar el suministro en los cuatro años más complicados desde la turbulenta década de los setenta, cuando el cartel de la OPEP y la Revolución en Irán pusieron en jaque a Occidente. Con ese as bajo la manga, ahora es Oslo quien quiere sacar tajada de su condición de proveedor de último recurso.
Es mediodía, pero en la clase de tercero de Primaria del colegio público Santa Teresa, ubicado en el corazón de Valencia, parece de noche. Las lamas de la persiana están bajadas para impedir que entre el sol. 24 chavales trabajan en grupos bajo la luz blanca de las lámparas fluorescentes. Una fina película de sudor seco cubre la frente de la mayoría. Por un defecto de diseño que no es raro en el sistema educativo español, el aula carece de ventilación cruzada. Hace calor, el aire parece gastado y no se mueve. La Asociación de Familias de Alumnado (AFA) acaba de comprar 10 ventiladores de torre para intentar aliviar una situación que se vive en buena parte del centro. “Decidimos hacer algo porque los niños salen como tomates”, dice Mar Peralta, presidenta de la asociación. En escuelas de toda España se repiten en las últimas semanas protestas por la falta de reacción de las administraciones. Y con frecuencia, son los padres quienes instalan toldos y tratan de paliar de su bolsillo un problema que resulta más incomprensible cada año, a medida que las temperaturas suben antes y con más fuerza.
El monte nos come. Es una frase que resuena en las zonas de montaña de León, alrededor de las reservas de la biosfera de Omaña y Luna y Alto Bernesga. Es la descripción física de cómo el matorral avanza sobre los pastos que durante siglos alimentaron y proveyeron de recursos a las familias que habitaban estas zonas rurales. Pero detrás de este avance del matorral (arbustos y matas bajas) no hay solo un triunfo de la naturaleza, también éxodo rural, políticas de abandono y trabas al sector ganadero de montaña. Es hora de cambiar el paradigma: si queremos un futuro para la ganadería de montaña y las zonas rurales que mantiene vivas, debemos pasar del miedo a ser devorados a “comernos el monte”.
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