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La Fiscalía General del Estado ha informado este miércoles de que los fiscales Diego Villafañe, mano derecha del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, y Beatriz López Pesquera mantuvieron una reunión en marzo de 2025 con la exmilitante socialista Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo en la que este último informó de la existencia de “una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal”. Y otra ese mismo mes en la que el letrado informó de su intención de interponer varias denuncias ante la Fiscalía relacionadas con esos hechos. En ambos encuentros, según fuentes del ministerio público, Díez fue presentada como compañera de despacho del letrado y posteriormente se supo que era la exmilitante socialista.
© Mariscal (EFE)
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados que, en el marco de la elaboración presupuestaria, presentará el cuadro macroeconómico, la primera piedra para ese proyecto, el próximo 23 de junio. La decisión se produce una semana después de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, informara, durante un acto en Barcelona, de que iniciaría la tramitación para aprobar los Presupuestos de 2027. De prosperar este intento, plagado de dificultades, serían los primeros de la legislatura después de que se hayan ido prorrogando cada año los de 2023.
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El expresidente del Gobierno Felipe González ha recordado este martes durante un acto en la Universidad Autónoma de Madrid que él, cuando no logró aprobar los presupuestos en el año 1995, convocó elecciones y ha bromeado con que “ahora eso no se lleva”.
“Esto es una antigualla porque ahora ya no se lleva, no he podido aprobar presupuestos, por lo tanto, voy a convocar elecciones y creo que las voy a perder porque hasta yo estoy harto de mí mismo”, ha dicho González al contar una anécdota sobre Fidel Castro.
El expresidente español se ha referido a una reunión que mantuvieron en 1995 con Castro en Argentina para cerrar un acuerdo comercial entre la Unión Europa y Cuba y que, en su opinión, no prosperó porque el mandatario cubano no quería asumir el respeto a las libertades individuales que exigía la delegación europea, según EFE.
Esta declaración ha surgido en un conversatorio con el expresidente de la República Dominicana y presidente de Funglode, Leonel Fernández, y el periodista y académico Juan Luis Cebrián, donde han analizado el futuro de Iberoamérica.
Así pues, González también se ha hecho eco de la situación en Venezuela y ha explicado su punto de vista con la expresión de que lo normal es que “el perro mueva el rabo y no al revés” y que, siguiendo esta analogía, “el perro es Trump y el rabo es Delcy y el ‘Rodrigato’, pero desde Estados Unidos no se dan cuenta -quizás solo Marco Rubio- que el rabo es una serpiente de cascabel”.
Por eso, ha lamentado que a pesar de la detención de Nicolás Maduro, la conversación principal sea la explotación del petróleo y ha pedido compromiso con la democracia, la cual pide que vuelva “antes de que se frustre la población, porque la libertad vale más que el negocio”.
© MÁRIO CRUZ/LUSA
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La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha defendido este martes la posición del Gobierno sobre la polémica generada por el uso del Ministerio de Hacienda de 2.389 millones de euros procedentes de los fondos europeos para financiar el pago de las pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos en 2024. Durante su comparecencia en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Chicano ha rechazado que el informe de la Cuenta General del Estado, elaborado por su organismo, concluyera que se hubieran utilizado fondos europeos para pagar pensiones y ha atribuido la situación a la prórroga presupuestaria.
"La controversia no es si se pagaron pensiones con fondos europeos", ha afirmado, "la controversia es si, en un ejercicio de prórroga presupuestaria, las limitaciones aplicables permitían o no utilizar créditos excedentarios del servicio 50 para financiar modificaciones dirigidas a otras necesidades".
Asimismo, la presidenta también ha denunciado lo que considera una utilización política del informe. "La instrumentalización política ha querido elevar una advertencia interna a la categoría de fraude con malversación de fondos europeos", ha asegurado, lamentando la "distorsión en la percepción pública y en el debate mediático" generada en torno a un documento.
La explicación de la presidenta se ha centrado en el origen de estos 2.389 millones de euros. Según ha detallado, el Gobierno español decidió concentrar las inversiones vinculadas al Plan de Recuperación en el denominado servicio 50, una clasificación presupuestaria específica creada para gestionar los créditos asociados a los fondos europeos. Entonces, al prorrogarse los Presupuestos Generales del Estado de 2023 en 2024, también se prorrogaron los créditos vinculados a dicho servicio. "Lo que hace que existan más fondos de los necesarios en el año siguiente para realizar las inversiones del plan", ha matizado durante su intervención.
Una interpretación que, sin embargo, no comparten todos los miembros del organismo. La Declaración de la Cuenta General fue aprobada con un voto particular discrepante y cinco votos concurrentes que defendían un tratamiento más severo de esta cuestión, aunque Chicano ha restado dramatismo a la situación al recordar que los votos particulares en este tipo de informes se han producido hasta en cinco ocasiones desde que empezó la democracia en España.
No obstante, la controversia ha reabierto el debate sobre los efectos de gobernar con presupuestos prorrogados. Ante ello, Chicano ha avanzado que el Tribunal de Cuentas estudia "la posibilidad de hacer un estudio jurídico-técnico sobre las consecuencias en la gestión presupuestaria de las prórrogas" sobre los recursos públicos.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato CC OO ha convocado una concentración ante el Ministerio de Hacienda en Madrid para este martes con una sola exigencia: la creación de un salario mínimo para todos los trabajadores de la Administración General del Estado de 1.500 euros netos al mes. Se trata de la primera vez que se materializa una reclamación de este tipo, muy común en los convenios sectoriales del sector privado.
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Para isso, o deputado precisou assumir a culpa pelos crimes de incitar animosidade das Forças Armadas contra os poderes instituídos, atacar a higidez do sistema eleitoral e associação criminosa.
“Em que pese a gravidade dos crimes imputados ao réu, uma vez que a Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), com a consequente instalação do arbítrio, cabível o oferecimento do ANPP”, escreveu Moraes ao homologar o acordo, em decisão assinada na sexta-feira (5).
Ao reconhecer os atos criminosos, Rodrigues concordou com uma série de condições:
A ação penal aberta contra Rodrigues no Supremo ficará suspensa até que as condições do acordo sejam cumpridas, quando então o caso poderá ser arquivado.
O ANPP foi criado e regulamentado em 2019, sendo inserido por lei no Código de Processo Penal (CPP). Pela legislação, o MP tem a opção de não oferecer denúncia contra crimes não violentos e com pena mínima inferior a 4 anos, entre outros requisitos, em troca do investigado assumir a autoria dos delitos e cumprir as condições também previstas em lei.
No contexto dos atos violentos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, os ANPPs foram um dos caminhos encontrados pela PGR para lidar com o grande número de processos contra pessoas que não tiveram participação direta em atos de vandalismo, mas que incitaram os crimes.
Para isso, o deputado precisou assumir a culpa pelos crimes de incitar animosidade das Forças Armadas contra os poderes instituídos, atacar a higidez do sistema eleitoral e associação criminosa.
“Em que pese a gravidade dos crimes imputados ao réu, uma vez que a Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), com a consequente instalação do arbítrio, cabível o oferecimento do ANPP”, escreveu Moraes ao homologar o acordo, em decisão assinada na sexta-feira (5).
Ao reconhecer os atos criminosos, Rodrigues concordou com uma série de condições:
A ação penal aberta contra Rodrigues no Supremo ficará suspensa até que as condições do acordo sejam cumpridas, quando então o caso poderá ser arquivado.
O ANPP foi criado e regulamentado em 2019, sendo inserido por lei no Código de Processo Penal (CPP). Pela legislação, o MP tem a opção de não oferecer denúncia contra crimes não violentos e com pena mínima inferior a 4 anos, entre outros requisitos, em troca do investigado assumir a autoria dos delitos e cumprir as condições também previstas em lei.
No contexto dos atos violentos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, os ANPPs foram um dos caminhos encontrados pela PGR para lidar com o grande número de processos contra pessoas que não tiveram participação direta em atos de vandalismo, mas que incitaram os crimes.
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