Las siete jornadas de la vista oral celebrada desde el 28 de mayo en la Audiencia Provincial de Badajoz para juzgar si David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, fue contratado de manera irregular por la diputación pacense, se pueden resumir en los pocos segundos que duró el cruce de reproches entre el abogado Juan José Torres, defensor del exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo y también acusado, y el teniente coronel Antonio Balas, el alto mando de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se encargó de las pesquisas que han sentado a 11 personas en el banquillo, entre ellos el familiar de Pedro Sánchez y el político socialista. Torres preguntó al teniente coronel si habían encontrado “algún correo más relevante” que los esgrimidos para afirmar que el puesto de alta dirección adjudicado a David Sánchez en el organismo público en 2017 estaba “predeterminado” para él cuando se creó unos meses antes y que la “responsabilidad máxima” de todo ello era de Gallardo. “¿Le parece poco?”, fue la respuesta del guardia civil, en referencia los informes que aportó el instituto armado a la causa con el análisis de miles de correos electrónicos.

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Es alcalde de un pueblo cacereño de 500 vecinos (Salorino). Y la voz del PSOE en Extremadura desde el pasado 11 de abril. Álvaro Sánchez Cotrina (Cáceres, 39 años) lanzó este martes un discurso contundente y fuera de lo común en tiempos muy polarizantes. Cotrina ofreció al Partido Popular aprobar los Presupuestos de 2026 de la región, que se debaten estos días en la Asamblea de Mérida, a cambio de que cese a los miembros de Vox que integran el Gobierno de la presidenta María Guardiola. “Llega tarde”, zanjó después la portavoz y consejera de Hacienda, Elena Manzano.

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A partir del verano, los cementerios de Cáceres (96.651 habitantes) y Conquista de la Sierra (193) acogerán trabajos para intentar exhumar e identificar los restos de más de 300 víctimas de la represión franquista enterradas en fosas comunes. Estas intervenciones, promovidas por la Diputación de Cáceres, contarán con una dotación de 100.000 euros procedente de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Pueden extenderse durante más de año y medio y apuntan a ser unas de las mayores en materia de memoria democrática realizadas en Extremadura en los últimos años.

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Extremadura dará luz verde a los presupuestos de 2026 a finales de julio. María Guardiola aprobará junto a Vox, su socio de Gobierno, los primeros de esta nueva legislatura que echó a andar tras las elecciones adelantadas del pasado diciembre. Sin embargo, la jornada de este martes en la Asamblea de Mérida, donde se debatían, ha provocado unos titulares que no estaban previstos. El PSOE ha planteado apoyar las cuentas de Guardiola si cesa a sus consejeros de Vox. “Llega tarde”, ha zanjado la portavoz y consejera de Hacienda, Elena Manzano, minutos después.

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El expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha aprovechado el derecho a la última palabra para reiterar su “inocencia” en la causa en la que le piden cuatro años de cárcel por su presunta participación en las supuestas irregularidades en la contratación en el organismo público en 2017 de David Sánchez, hermano del presidente. Gallardo, que ya durante su declaración del jueves de la semana pasada había tildado a las acusaciones ―ejercidas por Manos Limpias, PP, Vox y otras cuatro asociaciones del ámbito ultra― de “políticas”, ha insistido este martes en que su “única culpabilidad” es “no tener las mismas ideas que la acusación popular”. “Ya han ganado el juicio social, independientemente de lo que salga en esta sala. Está claro que nos han condenado socialmente”, ha manifestado.

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Los equipos negociadores de PP y Vox aún no se han sentado para concretar los términos para la investidura del dirigente popular y presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juan Manuel Moreno, y ni siquiera se sabe cómo van a ser los términos de ese diálogo —si primero se cerrará la composición de la mesa del Parlamento, que se constituye este jueves, o si de forma paralela se abordará un pacto que abarque toda la legislatura...—, de acuerdo con lo que este lunes ha reconocido el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, en una comparecencia ante los medios de comunicación. Sin embargo, los agricultores de la comunidad ya han dejado claro que no quieren ser moneda de cambio ante un eventual acuerdo de Gobierno y que son partidarios de que la Consejería de Agricultura no pase a manos de los ultras, como ha sucedido en Extremadura, Aragón y Castilla y León. “ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía consideran fundamental garantizar la continuidad de los equipos de decisión y gestión que han venido trabajando en la Consejería”, indican estas entidades en un comunicado conjunto que han hecho público esta mañana.

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“¿Se va a condenar a un señor por un chascarillo?”. La frase pronunciada por el abogado Emilio Cortés, letrado de David Sánchez, en la sesión del juicio de este lunes en la Audiencia Provincial de Badajoz resume la postura de la Fiscalía y de las defensas para pedir la absolución del hermano del presidente del Gobierno, del exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo y de las otras nueve personas que se sientan en el banquillo. Todas ellas han coincidido al presentar sus escritos de conclusiones definitivas en que no existen pruebas de los delitos de tráfico de influencias y prevaricación que las acusaciones ven en la creación y adjudicación de un puesto de alta dirección en 2017 a David Sánchez, en el cambio de nombre de dicha plaza en 2022 y en la adjudicación de otro puesto en 2023 a Luis Carrero, amigo del hermano del jefe del Ejecutivo han centrado.

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El PP se ha tomado con calma la puesta en marcha de las negociaciones para la investidura de su líder, Juan Manuel Moreno, como presidente de la Junta de Andalucía, para desconcierto y desesperación de Vox, que en estos más de 15 días desde las elecciones no ha parado de cuestionar la falta de interlocución con la formación popular a través de las comparecencias de sus dirigentes regionales y nacionales.

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Es mediodía, pero en la clase de tercero de Primaria del colegio público Santa Teresa, ubicado en el corazón de Valencia, parece de noche. Las lamas de la persiana están bajadas para impedir que entre el sol. 24 chavales trabajan en grupos bajo la luz blanca de las lámparas fluorescentes. Una fina película de sudor seco cubre la frente de la mayoría. Por un defecto de diseño que no es raro en el sistema educativo español, el aula carece de ventilación cruzada. Hace calor, el aire parece gastado y no se mueve. La Asociación de Familias de Alumnado (AFA) acaba de comprar 10 ventiladores de torre para intentar aliviar una situación que se vive en buena parte del centro. “Decidimos hacer algo porque los niños salen como tomates”, dice Mar Peralta, presidenta de la asociación. En escuelas de toda España se repiten en las últimas semanas protestas por la falta de reacción de las administraciones. Y con frecuencia, son los padres quienes instalan toldos y tratan de paliar de su bolsillo un problema que resulta más incomprensible cada año, a medida que las temperaturas suben antes y con más fuerza.

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El magistrado José Antonio Patrocinio preside, campanita plateada al lado, el tribunal que se enfrenta al juicio más mediático en lustros de la Audiencia Provincial de Badajoz. Y ello a pesar de que el caso parece menor: las presuntas irregularidades en la adjudicación de dos puestos de trabajo en la diputación pacense. O, como se dice coloquialmente, dos supuestos enchufes, un tipo de conducta que, en caso de denunciarse, suele acabar en la jurisdicción contencioso-administrativa, pero que en esta ocasión se dilucida en la vía penal con acusaciones de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, y peticiones de pena de hasta seis años de cárcel.

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La cooperación internacional extremeña, considerada durante décadas una de las señas de identidad de la comunidad autónoma y un referente nacional en solidaridad, atraviesa su momento más delicado. La Junta de Extremadura ha anunciado la decisión de recortar casi nueve millones de euros de los fondos destinados a cooperación al desarrollo para 2026, pasando de 11 a 2,7 millones de euros, además de no sustituir a la directora general de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid), Isabel Belloso, tras anunciar su renuncia por la falta de apoyos a este tipo de políticas.

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