El Partido Popular ha llevado al Congreso una iniciativa para impulsar una reforma del sistema de prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil mediante la creación de delegados específicos encargados de velar por la seguridad y salud de los agentes en todo el territorio nacional.

La propuesta, registrada en forma de Proposición No de Ley (PNL), plantea que estos representantes sean designados por las asociaciones profesionales con representación en el Consejo de la Guardia Civil y cuenten con presencia directa en las distintas estructuras territoriales del Instituto Armado.

Los populares consideran que el modelo actual presenta importantes carencias debido a su elevado grado de centralización y sostienen que resulta insuficiente para atender las necesidades de una organización que supera los 80.000 efectivos distribuidos en más de 2.200 unidades repartidas por toda España.

Por ello, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo propone que exista al menos un delegado de prevención en cada zona de la Guardia Civil y otro en cada comandancia, además de habilitar representantes adicionales en función del número de agentes destinados en cada plantilla.

Según recoge la iniciativa parlamentaria, estos delegados tendrían entre sus funciones la vigilancia y el control de las condiciones de trabajo de los guardias civiles, con el objetivo de detectar riesgos, trasladar incidencias y colaborar en la mejora de las medidas de protección laboral.

El PP considera que el sistema vigente limita la participación efectiva de los agentes en la Comisión Permanente sobre Prevención de Riesgos Laborales del Consejo de la Guardia Civil, órgano encargado actualmente de canalizar estas cuestiones.

A juicio de la formación, la estructura existente dificulta una respuesta ágil y cercana a los problemas que pueden surgir en el día a día de las distintas unidades, especialmente teniendo en cuenta la amplia dispersión territorial del cuerpo.

La propuesta también incorpora medidas destinadas a reforzar la capacidad de actuación de estos representantes. En concreto, reclama que dispongan de un crédito horario suficiente para desarrollar sus funciones y plantea un mínimo de ocho horas semanales, ampliables en función de las necesidades del servicio o de las circunstancias específicas de cada destino.

Además, sostienen que su planteamiento no supone una novedad dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino que sigue modelos ya implantados en otros organismos. Como ejemplo, citan el sistema vigente en la Policía Nacional, donde la normativa contempla la existencia de delegados de prevención distribuidos en distintos niveles organizativos.

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Después de que esta semana comenzaran los sondeos en Cuelgamuros, con la máquina perforadora saboteada el martes, un día después, con pintadas de "Franco" y "Sánchez HP", una convocatoria en redes sociales ha llamado a una cita que promete ser multitudinaria, esta mañana.

Una larga hilera de vehículos puede verse ahora mismo en los accesos al recinto del Valle de los Caídos, en cuya explanada central ya hay numerosos visitantes, según ha podido comprobar LA RAZÓN, hasta el punto de que se ha ampliado el horario de entrada antes de la misa.

El llamamiento cuenta con un grupo de WhatsApp en el que los interesados, jóvenes en su mayoría, han ido "calentando los ánimos", en palabras de uno de sus miembros, aunque se ha pedido respeto y que se mantenga la calma.

Parte de los convocados ha hecho incluso noche en la Hospedería del complejo, instalación hostelera desconocida, por cierto, entre algunos participantes del chat.

La Abadía se ha desmarcado con un comunicado de este emplazamiento que parte de Triana Fernández, una joven que ha grabado un vídeo en su perfil de Facebook con el objetivo de evitar "la destrucción del Valle", convocando "a las 10:00 de la mañana" de hoy. Asegura que ha informado de la protesta a la Delegación del Gobierno.

Los benedictinos explican que "ante las informaciones difundidas sobre la convocatoria de una concentración o manifestación" la comunidad benedictina aclara que "la Basílica y los espacios vinculados directamente a su actividad religiosa constituyen un lugar de culto y oración destinado al ejercicio de la libertad religiosa y al desarrollo de las actividades propias de la Iglesia Católica. En consecuencia, no corresponde a la comunidad benedictina promover, respaldar o autorizar actos de carácter político o ideológico en dicho ámbito".

Sigue el escrito en estos términos: "La Abadía desea asimismo poner de manifiesto que los numerosos fieles que acuden semanalmente al Valle para participar y acompañar a la comunidad benedictina en las celebraciones litúrgicas y actos de piedad que se desarrollan a lo largo del año lo hacen habitualmente dando un ejemplo admirable de respeto, recogimiento, silencio y oración. La comunidad considera que su derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto debe ser plenamente respetado y preservado".

"Del mismo modo, los numerosos visitantes que acuden diariamente al Valle tienen derecho a disfrutar de este lugar en un clima de normalidad, respeto y serenidad, sin verse importunados por actos, concentraciones o manifestaciones ajenos a la finalidad religiosa y cultural propia del recinto y que no hayan sido convocados ni autorizados por la comunidad monástica en el ámbito de sus competencias".

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El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, ha elevado este sábado la presión sobre los socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez y les ha instado a decidir si continúan sosteniendo un Ejecutivo que considera "infestado de corrupción".

Durante una visita a Barcelona para reunirse con representantes de organizaciones de trabajadores autónomos, Nadal ha asegurado que la situación política del Gobierno atraviesa un momento crítico y ha defendido que, en una democracia consolidada, las acusaciones y escándalos que afectan al Ejecutivo deberían tener consecuencias políticas inmediatas.

"Cada vez queda más claro que la situación de este Gobierno es absolutamente insostenible", ha afirmado el dirigente popular ante los medios de comunicación, antes de señalar directamente a las formaciones que garantizan la mayoría parlamentaria de Sánchez. "Corresponde a aquellos que siguen manteniendo a este Gobierno infestado de corrupción decidir si siguen haciéndolo", ha añadido.

Nadal ha insistido en que el PP continuará trabajando para propiciar un cambio político en España y ha vuelto a reclamar que sean los ciudadanos quienes decidan en las urnas el futuro del Ejecutivo.

Durante el acto, el responsable económico del PP ha centrado buena parte de su intervención en la situación de los trabajadores por cuenta propia, a quienes definió como una pieza fundamental del tejido productivo español.

Según Nadal, los autónomos afrontan actualmente un escenario especialmente complicado debido al aumento de la presión fiscal y al peso creciente de las obligaciones administrativas. "Tienen una carga fiscal creciente e insoportable", ha asegurado, al tiempo que ha denunciado la acumulación de requisitos regulatorios que, en su opinión, dificultan el desarrollo de pequeños negocios y actividades profesionales.

Ante esta situación, el dirigente popular ha defendido las propuestas que su partido plantea para el colectivo. Entre ellas ha destacado la adaptación de las cotizaciones sociales a la realidad de los ingresos obtenidos por cada autónomo, una mayor flexibilidad en el sistema y un incremento de la capacidad de gestión sobre sus propias cuentas y actividad económica.

El dirigente popular también ha sido preguntado por la reciente visita del Papa a España, un acontecimiento que ha calificado como un éxito por la acogida recibida en los distintos territorios que ha recorrido.

A su juicio, el pontífice ha trasladado un mensaje centrado en la unidad, el entendimiento y la búsqueda del bien común, valores que, según ha dicho, deberían inspirar la actual etapa política.

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El Ministerio del Interior ha salido al paso de las críticas del Partido Popular sobre la concesión de una medalla de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a Víctor de Aldama, el empresario investigado en el denominado 'caso Koldo', y ha defendido que el procedimiento seguido para otorgar estas distinciones cuenta con suficientes garantías de control, publicidad y transparencia.

La controversia ha resurgido después de que el PP denunciara el supuesto "oscurantismo" que, a su juicio, rodeó la concesión de la condecoración a Aldama en 2022, cuando el empresario mantenía una estrecha relación con distintos ámbitos de la Administración y antes de verse implicado en diversas investigaciones judiciales.

En una respuesta parlamentaria remitida a la Cámara Baja, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska rechaza las acusaciones de falta de transparencia y sostiene que la normativa vigente ya incorpora mecanismos destinados a garantizar la adecuada supervisión de las condecoraciones otorgadas por la Guardia Civil.

Según Interior, el procedimiento contempla distintas fases de control, entre ellas la propuesta de concesión, la instrucción del expediente, la emisión de informes, la resolución final y su publicación oficial. Además, recuerda que la legislación prevé incluso la apertura de expedientes para impedir el uso de una medalla cuando concurran circunstancias posteriores que cuestionen la idoneidad de quien la recibió.

La respuesta del Gobierno llega después de que el PP comparara la regulación de la Guardia Civil con la reciente reforma impulsada en la Policía Nacional para reforzar los criterios de ejemplaridad profesional exigidos a los condecorados. Los populares consideran llamativo que no se hayan introducido modificaciones similares en la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

En sus preguntas parlamentarias, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo señalaba expresamente el caso de Aldama y advertía de que sobre esta condecoración se había extendido "un manto de oscurantismo", al tratarse de una persona actualmente investigada por su presunta participación en distintas tramas de corrupción.

Sin embargo, Interior sostiene que la normativa de la Guardia Civil ya incorpora requisitos de conducta y mecanismos de control suficientes. Entre ellos destaca que las propuestas de concesión deben estar respaldadas por hechos concretos, informes justificativos y la correspondiente valoración jerárquica.

Asimismo, recuerda que la concesión puede ser denegada cuando la persona propuesta esté inmersa en procedimientos judiciales o disciplinarios, o mantenga antecedentes desfavorables que no hayan sido cancelados.

El Ministerio también pone el foco en una circunstancia que considera relevante para el debate político abierto en torno a esta medalla. Según recuerda, ya se ha iniciado un procedimiento para impedir que Víctor de Aldama pueda hacer uso de la distinción que recibió en 2022.

De hecho, el propio Marlaska defendió esta actuación durante una comparecencia en el Senado celebrada a finales del pasado año. Entonces explicó que el expediente para retirar la posibilidad de utilizar la condecoración ya estaba en marcha y subrayó además que la relación de Aldama con la Guardia Civil era anterior a la llegada del PSOE al Gobierno.

El ministro recordó que la colaboración del empresario con el Instituto Armado se remontaba, al menos, a 2017, durante el mandato de Mariano Rajoy. Según sostuvo, los contactos y actuaciones que sirvieron de base para la posterior concesión de la medalla comenzaron en una etapa en la que gobernaba el Partido Popular.

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El Congreso tiene previsto reactivar esta semana la reforma de su Reglamento con la que pretende ordenar de forma específica las relaciones de la Cámara con los grupos de interés y reforzar el régimen sancionador para los diputados que incumplan las obligaciones fijadas. Este paso se produce justo después de que el pasado jueves se aprobara la toma en consideración de otra modificación reglamentaria destinada a permitir la suspensión temporal y la imposición de multas de hasta 2.000 euros a los parlamentarios que alteren el orden y sean expulsados del Pleno.

Esta última revisión fue registrada por el PSOE tras la expulsión a mediados de abril del diputado de Vox José María Sánchez, a quien se obligó a abandonar el hemiciclo después de subir a la tribuna donde se sitúa la Mesa del Congreso y encararse con una letrada y con el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que actuaba entonces como presidente de la sesión.

Ahora se reactivará la otra reforma, promovida también por el PSOE hace un año, orientada a regular la relación con los 'lobbies' y a endurecer el sistema de sanciones internas. Para ello, el martes se ha convocado la ponencia encargada de analizar las enmiendas presentadas por los distintos grupos a esta proposición de ley.

Posibles castigos

La propuesta contempla que se pueda actuar frente a los diputados o grupos parlamentarios que vulneren las obligaciones derivadas del Reglamento y del Código de Conducta de las Cortes Generales, especialmente contra quienes no registren sus declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos, omitan datos relevantes o incluyan información falsa.

Las infracciones podrán ser puestas en conocimiento de la Comisión del Estatuto de los Diputados por un grupo parlamentario, la Mesa del Congreso, una comisión o la Secretaría General de la Cámara. Este órgano decidirá si abre o no un procedimiento. En caso de rechazarlo, deberá comunicarlo a la Mesa, que dispondrá de un mes para revocar esa decisión si lo considera oportuno.

Si la Comisión aprecia motivos para investigar, deberá escuchar al denunciado, practicar las pruebas que estime necesarias y cerrar la instrucción en un plazo máximo de cuatro meses. En función de la gravedad, podrá proponer sanciones graduadas desde el simple apercibimiento y la publicación de la infracción en la web del Congreso hasta la retirada de cargos internos y de complementos retributivos.

La última palabra sobre la sanción corresponderá al Pleno del Congreso. En el supuesto de la medida más severa, un diputado podría quedar percibiendo únicamente su asignación constitucional básica.

Puertas giratorias

Aunque el esquema de sanciones apenas ha recibido enmiendas de calado, varios grupos sí han planteado cambios en la parte de la iniciativa socialista dedicada a la regulación de los grupos de interés. ERC y Bildu proponen que los ex altos cargos del Gobierno y los exdiputados y exsenadores no puedan representar a grupos de interés en el Congreso hasta transcurridos cuatro años desde que abandonan sus puestos, con el objetivo de evitar las conocidas "puertas giratorias" entre la Administración y el sector privado.

El texto del PSOE fija actualmente un periodo de dos años de incompatibilidad para quienes hayan sido miembros de las Cortes o hayan ocupado altos cargos gubernamentales. Sin embargo, ERC y Bildu consideran que ese plazo es insuficiente y plantean duplicarlo.

En su enmienda, recogida por Europa Press, argumentan que así se reforzarán "las garantías de integridad y se prevén posibles conflictos de interés", se avanzará hacia "un marco más ético y transparente en la relación entre el sector público y los grupos de interés", se atenderá la demanda social de frenar las "puertas giratorias" y se dará cumplimiento a las recomendaciones internacionales en materia de buen gobierno y lucha contra la corrupción.

Persona influenciable

El PNV, por su parte, no discute el plazo de dos años que figura en la propuesta socialista, pero sí pretende ensanchar el ámbito de quienes no podrán ejercer labores de lobby en el Congreso, abarcando a todo el "personal público subceptible de influencia", en línea con el proyecto de ley sobre los grupos de interés que permanece paralizado en la Cámara.

En concreto, el artículo 3 de esa Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés considera influenciables a los miembros de gabinetes que desempeñan funciones de confianza o asesoramiento especial al Gobierno, al personal directivo público y al resto de empleados de la Administración General del Estado y de su sector público institucional que participen en la toma de decisiones públicas, en la elaboración de normas o en la ejecución de políticas.

De este modo, los nacionalistas vascos quieren impedir que todos ellos, además de los exdiputados y exsenadores, puedan realizar actividad lobista en el Congreso durante los dos años posteriores al cese en sus cargos.

El PP ha presentado otra enmienda centrada en los exdiputados que se dediquen a actividades de representación de intereses o de carácter general directamente vinculadas con el proceso de decisión parlamentaria.

Su propuesta exige que informen a la Cámara de estas tareas y que no puedan beneficiarse, "a los exclusivos efectos de la actividad de influencia" y mientras la desarrollen, de "las prerrogativas concedidas a los antiguos diputados de conformidad con la normativa establecida al efecto por la Mesa y sin perjuicio de lo establecido en el periodo de incompatibilidad".

Tejido asociativo

Junts ha planteado enmiendas para precisar que la actividad de influencia que se pretende regular en el ámbito parlamentario debe llevarse a cabo "de manera profesional".

A su vez, PNV, ERC, Bildu y BNG han registrado propuestas para perfilar la proposición de ley y excluir de esta regulación a las entidades del tejido social y asociativo sin ánimo de lucro, de forma que puedan seguir manteniendo contactos con los grupos parlamentarios sin necesidad de inscribirse en el futuro Registro de 'lobbies' que se quiere poner en marcha.

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Vox ha presentado una querella contra el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por los presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y tráfico de influencias, en relación con las actuaciones que se investigan en torno a la exmilitante socialista Leire Díez y sus reuniones con la Fiscalía General del Estado (FGE).

La iniciativa judicial de la formación de Santiago Abascal se produce después de que la institución reconociera ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso que Díez mantuvo al menos dos reuniones con Diego Villafañe, entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica y considerado uno de los principales colaboradores de García Ortiz.

En su escrito, Vox sostiene que existen elementos suficientes para investigar la actuación del exjefe del Ministerio Público y reclama la apertura de diligencias judiciales destinadas a esclarecer el alcance de los contactos mantenidos entre miembros de la Fiscalía General del Estado y personas vinculadas a la investigación.

La querella solicita que Álvaro García Ortiz sea llamado a declarar y pide además la incorporación de diversa documentación relacionada con denuncias, reuniones y comunicaciones que, a juicio del partido, podrían resultar relevantes para determinar posibles responsabilidades.

La formación también reclama que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para aclarar los hechos y verificar si existió alguna actuación irregular en el seno de la Fiscalía General del Estado.

El escrito hace referencia a las pesquisas abiertas sobre Leire Díez, investigada por presuntas maniobras destinadas a obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno. Vox considera especialmente relevante la existencia de encuentros celebrados en la sede de la Fiscalía General del Estado durante la pasada primavera.

Según recoge la querella, los días 3 y 10 de abril de 2025 se celebraron dos reuniones en las dependencias de la Fiscalía en las que participaron Diego Villafañe, el abogado Jacobo Teijelo, defensor de Santos Cerdán, y la propia Leire Díez, que habría acudido presentada como colaboradora profesional del citado letrado.

La formación de Abascal subraya además que, de acuerdo con informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y mensajes atribuidos a la exmilitante socialista, Díez habría manifestado que tenía "vía libre para ir a ver al Fiscal General del Estado", una circunstancia que, a juicio de Vox, debe ser objeto de investigación judicial.

Con esta acción, el partido pretende que los tribunales determinen si los contactos mantenidos entre los distintos protagonistas del caso tuvieron alguna repercusión en las actuaciones de la Fiscalía y si de ellos puede derivarse algún tipo de responsabilidad penal.

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Cartagena acoge desde el próximo lunes y hasta el viernes la reunión anual del grupo de trabajo de buceo militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, su principal foro sobre intervención subacuática y normalización de procedimientos operativos en el entorno marítimo aliado.

Organizado por la Armada española, reunirá a cerca de 150 expertos en buceo militar y medicina hiperbárica de 24 países, que abordarán aspectos relacionados con la evolución de esas capacidades, la interoperabilidad entre naciones, la seguridad en las operaciones subacuáticas, la integración de nuevas tecnologías, los procedimientos de intervención y cuestiones sanitarias.

Entre las principales líneas de trabajo destacan el seguimiento del desarrollo de sistemas no tripulados submarinos, el estudio de los distintos algoritmos de descompresión, la revisión de procedimientos operativos y de seguridad y la actualización de estándares para intervenciones especializadas.

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La nueva investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por contrabando y delito fiscal tras aflorar en una caja fuerte de su despacho joyas valoradas en 1,3 millones de euros ha provocado una mezcla de inquietud y desconcierto en amplios sectores del PSOE. Hay que tener en cuenta que el exlíder socialista ha sido uno de los grandes "tirones" del "sanchismo" en cada uno de los comicios autonómicos de este año.

Pero ante la sorpresa de la situación judicial del expresidente, el PSOE mantiene una "confianza absoluta" en él. Así lo ha asegurado la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, días previos a la imagen de Zapatero ante un juez declarando en calidad de investigado.

En una entrevista en el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Servimedia, Mínguez ha indicado que el PSOE confía "en la presunción de inocencia" del expresidente. Además, aseguró que entonces Zapatero "se podrá defender y se podrá explicar".

A su juicio, es "normal" que haya pedido tiempo porque fue "todo muy rápido". "Hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas policiales que afectan a la derecha. El señor Montoro está imputado desde hace un año y todavía nadie le ha llamado a declarar y el señor Zapatero lo imputaron un día y al cabo de siete tenía que estar declarando", ha recalcado.

La portavoz socialista ha indicado que el PSOE presta siempre "colaboración máxima" a la Justicia e ha insistido en su "confianza plena" en Zapatero. "Defendemos la agenda y la figura de Zapatero como persona y evidentemente confianza absoluta en él y en lo que tenga que decir", ha concluido.

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La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha convocado para este sábado una concentración frente al Congreso para pedir al Gobierno y al Ministerio de Defensa mejoras retributivas y que la profesión de militar se reconozca como de riesgo, entre otros reclamos.

En concreto, ATME reivindica una actualización del Reglamento de Retribuciones que "dignifique" los salarios, el reconocimiento de la profesión como de riesgo, la creación de una ley única de carrera militar que ponga fin a la temporalidad y permita la integración real de la tropa y marinería y la reforma de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes para garantizar una participación efectiva de las asociaciones profesionales.

La asociación militar censura que el incremento del gasto militar, que en 2025 alcanzó el 2% del PIB, no se ha traducido en mejoras ni "avances reales" para el personal, "los que sostienen la institución con su trabajo diario".

Pérdida de efectivos

Respecto al reconocimiento como profesión de riesgo, una reivindicación histórica de los militares, Defensa inició a principios de este año los trámites para acometerlo, pero ATME reprocha la falta de avances y pide que las asociaciones profesionales tengan una participación más activa en todo el proceso.

Por todo ello, ATME avisa de que la precariedad, la falta de reconocimiento y la ausencia de un modelo profesional estable provocan "un creciente descontento y una pérdida continuada de efectivos en las Fuerzas Armadas".

Precisamente el informe del Observatorio de la Vida Militar de 2025 denuncia un déficit "crónico" de militares en España, que cifra entre 13.000 y 23.000, constata el "escaso interés" por ascender una vez dentro, debido a los bajos sueldos y los problemas que la movilidad lleva aparejados.

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Heidi, Marco y hasta Calimero o La abeja Maya nos dieron grandes lloros y alegrías a los boomers más bobalicones, hay que reconocerlo. Pero en el podio de la infancia hay varias películas que cíclicamente asomaban en esas televisiones sin plan B que desataban las pasiones más vibrantes: las que conformaban la saga de Sissi Emperatriz. Quien no se haya enamorado de Francisco José y quien no se haya arrebatado cuando trepaba por riscos alpinos para ofrecer una flor de ¡edelweiss! a Isabel de Baviera que tire la primera piedra. Por aquí, con suerte, solo teníamos tréboles y margaritas.

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares ha presentado esta semana en el Consejo de Ministros el informe del balance consular en 2025 con las acciones llevadas a cabo para atender a los más de 3 millones de españoles que residen en el extranjero así como a aquellos que viajan fuera y a quienes quieren venir a España, entre otras cuestiones.

España cuenta con 180 oficinas consulares de carrera, es decir, de las que se encargan diplomáticos (88 consulados generales, dos consulados y 90 secciones consulares en embajadas) así como 525 oficinas consulares horarias, entre consulados y viceconsulados honorarios, que se reparten por 146 países. A este despliegue se sumarán próximamente dos nuevos consulados generales en Camagüey (Cuba) y Bangalore (India), aprobados en Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre.

Esta red consular tiene que prestar servicio a los 3,6 millones de españoles que residen en el extranjero, a fecha del 1 de enero de 2016 según los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE). Esta cifra supone unos 157.000 más con respecto a 2025, lo que se traduce en un incremento del 5,1% en el último año.

Este incremento se debe en buena medida a las nacionalizaciones relacionadas con la Ley de Memoria Democrática como lo prueba el hecho, según los datos recogidos en el informe, de que 2025 los países en los que más aumentó el número de españoles fueran Argentina, México y Estados Unidos.

Nacionalidad

Según el informe, consultado por Europa Press, desde octubre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2025, se recibieron en la red consular 1.117.805 solicitudes, de las que 510.532 habían sido aprobadas y 272.862 ya habían sido inscritas. Para cuando expiró la vigencia de la ley, el 22 de octubre de 2025 había aún 1.389.194 solicitudes de cita previa que han seguido procesándose desde entonces.

Para poder tramitar estos expedientes, explica el Ministerio, el año pasado se autorizó el refuerzo del personal laboral en el exterior con la contratación de 657 efectivos, un 43% más que en 2024. "La mayor parte de los contratos se dedicaron a funciones consulares, haciéndose un esfuerzo particular para reforzar las Oficinas Consulares más afectadas por la Ley de Memoria Democrática", defiende el departamento que dirige Albares.

Además, añade el documento, las tres plazas de cónsul adjunto de vigencia temporal, creadas en 2023 en Buenos Aires, La Habana y Ciudad de México, se transformaron en permanentes.

Visados

Por otra parte, las oficinas consulares tramitaron el 2025 casi 2 millones de visados (1.948.362), un 8,4% más y cuatro veces más con respecto a 2020 (480.049), cuando se produjo la pandemia de Covid-19. Para tramitar estos visados, Exteriores tiene contratada una empresa externa que asistió a 68 oficinas consulares españolas en 45 países y procesó el 90,9% de los visados.

Del total, alrededor del 87,2% son de corta duración, y entre los países donde más visados se tramitan se encuentran China, Marruecos, Reino Unido, Argelia e India, según Exteriores. Además, el 5,6% fueron visados de estudios.

Los consulados también tramitaron 390.752 pasaportes, de los que 389.656 fueron ordinarios y 1.096 provisionales, es decir, se expiden a aquellos españoles que necesitan viajar de manera inmediata y no pueden esperar a un pasaporte ordinario. A esto se suma la expedición de 9.064 salvoconductos, la mayoría por oficinas consulares en ciudades muy visitadas por turistas españoles: Roma (917), Ámsterdam (605), Bruselas (523), Milán (446) o Londres (356).

Además, en 2025 se practicaron 233.288 inscripciones en los Registros Civiles Consulares, un 16% más con respecto a 2024. En concreto, se registraron 181.074 nacimientos, 46.780 matrimonios y 5.434 defunciones.

En otro orden de cosas, en 2025 se celebraron 363 matrimonios civiles en oficinas consulares y se constituyeron 104 adopciones. Asimismo, los consulados intervinieron en 49 casos de sustracción internacional de menores.

A esto se suma que atendieron 405 nuevos casos de violencia contra la mujer y concedieron 27 ayudas consulares a víctimas españolas, por un valor de unos 52.500 euros. Quince de esas ayudas, por unos 32.000 euros, estuvieron destinadas a la repatriación de las víctimas y sus hijos menores de edad (25 personas en total).

Los consulados también prestan asistencia a los españoles detenidos en todo el mundo. A 31 de diciembre de 2025, había 1.016 personas españolas detenidas en el exterior: 889 hombres y 127 mujeres, siendo los países con un mayor número de detenidos Francia, Alemania y Marruecos, según el informe. En 2025, las oficinas consulares concedieron ayudas a detenidos por valor de unos 215.000 euros.

Por último, el año pasado se atendieron más de 9.000 casos de emergencias colectivas e individuales, mientras que el número total de llamadas de emergencia recibidas ascendió a 150.000, un dato ligeramente superior al de 2024.

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Decimos que las cosas importantes suceden en torno a una mesa pero en realidad tienden a pasar sobre una cama: al fin y al cabo, comemos durante una hora al día, pero un tercio de la vida la pasamos acostados. En la cama nacemos y morimos, sufrimos la enfermedad y desciframos el placer, nos tumbamos para descansar y —aún más dulce— para vaguear un poco. De niños nos leen para dormirnos y de adolescentes dejamos de dormir con tal de seguir leyendo un rato más. En la cama arropamos a nuestros hijos como nos arroparon nuestros padres y en la cama, imagen de la vida, descubrimos unos terrores nocturnos y unos sueños pletóricos que después ni la propia vida tiene. En la cama examinamos el día pasado y meditamos en el día por venir: el lucubrum, la vela que se llevaban al lecho los romanos, alumbró nuestro “elucubrar”. La mayoría de los niños de mi época nos criamos en la ambivalencia: si por una parte teníamos la protección de “cuatro ángeles” en las esquinas de la cama, también sufrimos la crueldad de ese “cine de las sábanas blancas” con que nos llevaban a rastras a nuestro cuarto. Tantos años después, al final todos somos ese personaje del que escribió el poeta Pascoli: “Hombre que velas en la estancia / iluminada. ¿Qué te hace velar? / ¿Dolor antiguo o joven esperanza?”. Algunos, claro, llegaron a ser un poco más: Churchill salvó a Europa sin perdonar la siesta con pijama, y Proust alzó la gran literatura de su siglo sin salir de un cuarto tapizado en corcho.

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A Jorge Luis Borges le intrigaba que a todo lo largo de los Evangelios Cristo escribe una sola vez; lo hace sobre tierra o arena, y no llega a saberse lo que ha escrito. La escena está en el Evangelio de Juan, contada con la prosa seca del Nuevo Testamento, que, según el gran especialista Antonio Piñero, fue escrita en un griego más bien rústico y nada literario. El resultado es de una austera eficacia visual, que le hace a uno pensar en El Evangelio según san Mateo, de Pasolini. Unos letrados y fariseos le presentan a Cristo a una mujer acusada de adulterio. Hay mucha gente alrededor. Con el propósito de tenderle una trampa, los hombres citan la ley de Moisés, que castiga el adulterio con la muerte por lapidación, y le preguntan qué considera él que se debe hacer. Cristo no dice nada. Se inclina sobre la tierra y escribe algo en ella con un dedo. Los acusadores siguen preguntando. Él se incorpora y dice, en la edición castellana de Piñero: “El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojarle una piedra”. A continuación, vuelve a inclinarse, y escribe de nuevo. Mientras tanto, los acusadores y los curiosos y testigos, quizás lapidadores voluntarios, “salieron uno por uno comenzando por los ancianos, y se quedaron él solo y la mujer”. El relato no puede ser más lacónico, y más lleno de sugerencias que nuestra imaginación añade: el silencio después del clamor colectivo, la retirada gradual, la escena que se queda vacía, esa mujer de pie, el hombre que deja de escribir y se incorpora cuando han quedado solos los dos. Parece que es entonces cuando mira a su alrededor y se da cuenta de que toda esa gente que parecía tan dispuesta a ejercer su bárbara justicia se ha ido. Dice: “Mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado?”. Y añade, y aquí termina sin más el pasaje: “Tampoco yo te condeno; vete y a partir de ahora no peques más”.

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En el catálogo de frases insufribles que los andaluces estamos condenados a soportar cuando revelamos nuestra procedencia están las pronunciadas por quienes, supongo que con voluntad empática, nos reciben con un “¡Ozú, de Sevilla!”, o “¡Arsa, de Cádiz!”. Aunque palabras como ozú y arsa son reales y se pueden localizar en contextos concretos de la vida andaluza, ni son frecuentes ni conforman la banda sonora de nuestra existencia. La primera es una evolución desde Jesús dicha admirativamente y con ceceo. La segunda, arsa, proviene de la pronunciación vulgar del imperativo alza. Quizá en un tablao flamenco, genuino o montado para disfrute de turistas ante paellas fluorescentes, podrán sonar ambas voces en una sola velada; en mi día a día apenas las he escuchado. Por eso, suelo responder con una mueca de resignado hartazgo cuando me toca encajarlas como contraseñas de una identidad andaluza otorgada externamente.

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© Alberto Paredes (Europa Press)

Las imágenes de los casi 19 millones de euros emparedados en la vivienda de Óscar Sánchez, El Anodino, el inspector jefe de Policía investigado por colaborar con el narco, eran, hasta ahora, casi una leyenda. Uno de los últimos informes del caso, en manos de la Audiencia Nacional, incluye una decena de fotografías que han resuelto ese misterio. Con ellas, los miembros de Asuntos Internos de la Policía dan cuenta de todos los escondites que el policía investigado utilizó para ocultar la ingente cantidad de dinero en efectivo que estaba ganando.

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La gran mayoría de los 22 ministros de Pedro Sánchez son ateos. El propio presidente lo es. Es lo habitual en los gobiernos progresistas europeos. En el PSOE hay católicos reconocidos, como Salvador Illa, y también los hay en el espacio político a la izquierda de los socialistas, donde los católicos de base siempre han tenido una presencia importante. Pero la mayoría de los dirigentes, como los ministros, son no creyentes. Sin embargo, hasta 14 ministros, una cifra absolutamente inédita, participaron el miércoles en una misa en la que el Papa bendijo la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia.

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En el acto de despedida de Madrid que celebró el Papa el martes, en Ifema, Niurka Gibaja, entusiasmada, viviendo el momento como la culminación de cuatro días de trabajo como voluntaria, agitó una banderita multicolor al aire. Entonces sonó una voz detrás suya, denotando desagrado:

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León XIV finalizó este viernes su visita a España con un balance que combina un mensaje poderoso en defensa de los migrantes y contra el discurso del odio, con omisiones dolorosas. El Papa ha pasado de puntillas sobre el mayor escándalo de la Iglesia española en las últimas décadas: los abusos sexuales por parte de miembros del clero y su encubrimiento sistemático. Esta semana posiblemente deje un poso duradero en España por el poder de su palabra, por la plasticidad y la fascinación de las imágenes de la Sagrada Familia y, sobre todo, porque con sus discursos y gestos se está erigiendo, poco más de un año después de su entronización, en una figura antagónica del otro líder estadounidense global, Donald Trump. Pero el viaje también deja otro poso evidente de decepción.

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© CIRO FUSCO (EFE)

La visita del Papa a España ha tenido tanta enjundia que su análisis es casi inabarcable. Podría reflexionarse largo y tendido sobre las cuestiones relativas a la Doctrina Social de la Iglesia que el Pontífice ha escogido destacar en nuestro país y por qué. Podría discutirse si la aconfesionalidad del Estado ha quedado en entredicho, amenazada por la presencia del Pontífice en el Congreso, como hemos oído clamar a liberales de izquierdas y derechas. Podría analizarse si el aplauso de siete minutos que recibió León XIV por parte de nuestra casta política es un gesto de humildad o de oportunismo. Y, en caso de que sea lo segundo, preguntarnos por qué es oportuno, por qué da rédito en este momento aplaudir un discurso como el del Papa. También podríamos analizar la jeta de nuestros políticos de uno y otro signo troceando lo que dijo León XIV en el hemiciclo y arrojándoselo a la cara al contrario, incapaces de atisbar que el Evangelio no cabe en sus dogmas.

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© Alessandra Tarantino (AP/LaPresse)

Santander lleva más de 15 años desarrollando su estrategia Smart City, con la que busca crear una ciudad inteligente y tecnológica. El proyecto combina la instalación de sensores, plataformas de gestión de datos y diferentes servicios digitales para mejorar el funcionamiento de la ciudad y facilitar la relación de los ciudadanos con la administración. Sin embargo, varias de las herramientas anunciadas siguen sin estar operativas, pese a que el Ayuntamiento (PP) asegura que se encuentran en fase avanzada de desarrollo o implantación. Una inversión superior a 17 millones de euros, según los cálculos del Partido Regionalista Cántabro (PRC), repartida en tres fases. Por un lado, los 8,4 millones del proyecto Smart Santander, realizado entre 2010 y 2013 para colocar sensores por toda la ciudad. En segundo lugar, los 2,3 millones de la Plataforma Smart City, que se desarrolló entre 2015 y 2019 para integrar y gestionar los datos generados por los sensores. Y, por último, los 6,7 millones de la Santander Smart Citizen, la cual arrancó en 2019 y cuyas diferentes iniciativas debían empezar a funcionar entre 2023 y 2024.

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