En contraste con un sinfín de datos que ilustran la pérdida de peso de la Iglesia católica, hay una estadística que año tras año da a los obispos españoles un motivo para la alegría. ¿Cuál? La que muestra el dinero que sale del Estado rumbo a las diócesis. En 2025, la institución católica tenía previsto ingresar casi 430 millones de euros de lo recaudado por Hacienda del IRPF en la campaña del año anterior, su cuarto récord seguido, según las memorias de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Es uno de los números que evidencian que León XIV se ha encontrado durante su visita una Iglesia que está lejos de cumplir el propósito de autofinanciación recogido en el acuerdo económico entre España y el Vaticano de 1979.

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“Ninguna confesión tendrá carácter estatal”, establece explícitamente la Constitución. La cuestión de qué supone el laicismo del Estado ha vuelto a resurgir con motivo del histórico discurso del Papa ante las dos Cámaras, reunidas de manera conjunta en el Congreso este lunes. El Papa habló de lo que quiso y fue coherente con la doctrina de la iglesia. Los diputados y senadores aplaudieron durante siete minutos. Pero el acto en sí trascendía inevitablemente lo político.

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El llamamiento explícito a que las fuerzas políticas representadas en el Parlamento dialoguen de forma civilizada en el fondo y en las formas en un momento de especial polarización es probablemente la propuesta concreta más preciada del discurso pronunciado este lunes por el papa León XIV ante las Cortes españolas. Es la primera vez en que un papa habla ante la sede de la soberanía popular y el carácter de acontecimiento histórico con el que ha sido tratado está justificado.

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No deja de ser una paradoja que las visitas papales a España sean el momento de mayor visibilidad de los ateos y los movimientos por la laicidad. Colectivos como Europa Laica, la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL) o Ateus de Catalunya presentaron manifiestos en vísperas a la llegada de León XIV y convocaron actos de protesta contra la visita, el gasto público que supone y lo que consideran “privilegios de la Iglesia católica”. Critican la intervención del Pontífice en el Congreso o la cesión gratuita, por parte del Ayuntamiento de Barcelona, del estadio Olímpico para celebrar una vigilia.

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