Polonia comparte frontera con Ucrania, Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado. Por meras cuestiones geográficas, pero también históricas, Varsovia se toma muy en serio las ambiciones estragégicas de Moscú que, sostiene, no se limitan a Ucrania. El Gobierno de coalición liberal encabezado por Donald Tusk urge a los socios europeos de la OTAN a tomarse en serio la amenaza rusa. A Varsovia le preocupa, porque como dice el secretario de Estado de Exteriores, Marcin Bosacki (Poznań, 55 años), en una entrevista con EL PAÍS el martes pasado en Madrid, el presidente ruso, Vladímir “Putin percibe divisiones y caos en la OTAN”. Bosacki contestaba así acerca del mensaje que envían al Kremlin algunas decisiones de los socios, como las declaraciones erráticas de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tradicional garante de la seguridad europea, aunque Polonia sigue siendo el más firme defensor de la alianza euroatlántica.

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La entrada a Dübendorf desde la estación de tren es la de muchas otras localidades suizas: una calle que lleva al centro flanqueada de casas de fachadas tradicionales y edificios más modernos de pocas alturas. Pero en esta población de cerca de 33.000 habitantes, la cuarta mayor del cantón de Zúrich, el horizonte se rompe con varios rascacielos de más de 100 metros y casi 40 pisos. Crecer en altura y aumentar la densidad urbana es la respuesta de Dübendorf, situada en el área metropolitana de Zúrich, al acelerado crecimiento de la población que se discute estos días ante el referéndum en el que este domingo se decidirá si el país fija un tope de 10 millones de habitantes hasta 2050 (ahora son 9,1 millones).

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España ha duplicado su producción ecológica en la última década y el año pasado alcanzó los 3.250 millones de euros, el doble que diez años atrás, entre la agricultura y la ganadería. Este crecimiento sostenido de los productos con el sello de la hoja verde ha hecho que la superficie también se haya disparado desde los dos millones de hectáreas que ocupaba hace 10 años hasta tres millones de hoy, un 12% del total, incluyendo tierras labradas y pastos permanentes.

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Dejada atrás la pequeña aldea georgiana de Odzisi, echando un vistazo hacia el otro lado del valle se vislumbra con claridad un recinto fortificado: son instalaciones del FSB, el servicio secreto ruso, cuyos agentes se encargan de las tareas de vigilancia de la frontera artificial impuesta tras la intervención armada rusa de 2008 y gracias a la cual Moscú controla el territorio georgiano de Osetia del Sur.

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Tomarse una baja por enfermedad es tanto un derecho como un deber inalienables del trabajador, pero en el caso de la gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiúllina, también se convierte en una cuestión de Estado. La economía rusa atraviesa un momento delicado y el paradero de su salvadora ha provocado una ola de rumores desde que suspendió a última hora su intervención en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo el pasado 3 de junio. En estos últimos nueve días ni la economista ni su equipo han acudido tampoco a otra reunión con el presidente, Vladímir Putin, para discutir la política monetaria. De hecho, la economía rusa encara una encrucijada en la que los deseos del Kremlin son incompatibles con la visión de los expertos del banco central. Estos intentan mantener bajo control la inflación y el desbarajuste provocados por el gasto militar, mientras que Putin quiere más madera para su guerra.

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Desde hace semanas, los foros y grupos especializados en oposiciones europeas echan humo. Bullen con consejos para superar las pruebas, con rumores sobre las fechas de examen, hojas de cálculo para estimar posibilidades de éxito y mensajes de quienes llevaban años esperando el momento para examinarse. La razón de tanta expectación cabe en una cifra: más de 174.000 personas han solicitado participar en la principal oposición para convertirse en funcionario de la Unión Europea, atraídas por hacer carrera internacional, estabilidad laboral y un salario de entrada de en torno a los 5.500 euros brutos mensuales; una cantidad que para los países del sur de Europa es tremendamente atractiva. Detrás de esta competencia masiva, además, se libra otra batalla menos visible: la de los Estados miembros por aumentar la presencia de sus nacionales en la administración europea.

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Los pasajeros afectados por un retraso de sus vuelos seguirán teniendo derecho a ser indemnizados a partir de las tres horas de demora y por cuantías que oscilarán entre los 250 y los 600 euros, dependiendo de la tardanza y la distancia del trayecto. Tras duras y largas negociaciones —han pasado 13 años desde que se presentó la propuesta de reforma— los Estados de la UE han aceptado un compromiso, que el Parlamento Europeo validará previsiblemente el lunes, sobre los derechos de los pasajeros aéreos. Estos también garantizarán que los menores, así como personas vulnerables, puedan sentarse junto a sus familiares o acompañante sin pagar extra.

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Martin Wolf (Londres, 79 años) es un reconocido periodista británico y el analista jefe de Economía del Financial Times. Hijo de un dramaturgo judío que huyó de Viena a Inglaterra en 1937, echa mano de la historia vivida y estudiada para examinar cualquier acontecimiento presente con un doble efecto aparentemente contradictorio: le sirve, por una parte, como advertencia y, por otra, como antídoto contra el derrotismo. Aunque trabajó como economista del Banco Mundial en los años ochenta y fue miembro de la Comisión Bancaria de Reino Unido entre 2010 y 2011, tras la gran crisis financiera, la mayor parte de su carrera ha estado vinculada al periodismo económico. Desde sus columnas en el Financial Times se ha convertido en una de las voces más influyentes en el análisis político y económico internacional. Autor en 2004 del famoso título Why Globalization Works (Por qué funciona la globalización, sin traducir al español) y más recientemente de La crisis del capitalismo democrático: Por qué el matrimonio entre democracia y capitalismo se está diluyendo y qué debemos hacer para solucionarlo (2023, Deusto), ha visto muchos pilares políticos y económicos tambalearse en las últimas dos décadas. Este martes en Barcelona, a pocas horas de recibir un galardón del Cercle d’Economía de manos del Rey Felipe VI, aborda en una entrevista con el suplemento Ideas los principales riesgos del momento, en especial, el estado de eso que un día definió como un matrimonio: democracia y capitalismo.

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El caso de la niña de dos años que murió a finales de mayo en Brión, Galicia, tras ser olvidada durante horas en el coche por su padre en un día de mucho calor no es, por desgracia, excepcional. En los últimos dos años, el conocido como “síndrome del bebé olvidado” ha provocado, en una Europa donde los fenómenos de temperaturas extremas son cada vez más recurrentes, la muerte de al menos siete pequeños. Unas tragedias evitables, sostiene el eurodiputado socialista español Nicolás González Casares, que está detrás de una iniciativa para que la Comisión Europea proponga un sistema obligatorio en toda la UE de detección de presencia infantil en vehículos, como ya existe en países como Italia.

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará el 16 de julio la sentencia sobre la ley de amnistía para determinar si los gastos del procés pusieron en riesgo los intereses financieros de la UE y si el olvido de los delitos de terrorismo es conforme a las normas comunitarias. La corte con sede en Luxemburgo resolverá las cuestiones prejudiciales que le han planteado el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional sobre la responsabilidad contable de los expresidents catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, entre otros; y la acusación de terrorismo a doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), respectivamente.

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Situada a cientos de kilómetros del frente, la autovía R-280 Novorrosiya no solo era hasta hace unos meses una tranquila ruta entre el sur de Rusia y Crimea. Era posiblemente la mayor victoria estratégica que se ha apuntado el Kremlin en cuatro años de invasión de Ucrania. Este corredor terrestre a lo largo del mar de Azov liberaba a la logística rusa de depender de su enorme puente del estrecho de Kerch para abastecer a la península, anexionada por Moscú en 2014, y al ejército desplegado en las regiones de Jersón y Zaporiyia. Sin embargo, las nuevas armas ucranias han convertido todas las rutas a Crimea en un camino muy peligroso, un caso parecido al bloqueo del estrecho de Ormuz en el golfo Pérsico, con el que Kiev tiene nuevas cartas para presionar a Moscú. Crimea, la joya del putinismo y centro de peregrinación de turistas rusos, ya no es segura ni tiene combustible.

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La Unión Europea inicia este viernes una nueva era, más dura, en política migratoria. El Pacto de Migración y Asilo, resultado de años de negociaciones entre los Estados miembros, entra oficialmente en vigor con la promesa de reforzar el control de las fronteras exteriores, acelerar los procedimientos de asilo y aumentar las devoluciones de personas sin derecho a permanecer en territorio europeo. El nuevo conjunto de normas y sistemas que tendrán que empezar a aplicar los Estados miembros es el más restrictivo de la historia de una Europa cada vez más replegada sobre sí misma. Y llega en un momento en el que la extrema derecha, con sus discursos contra la inmigración, no deja de avanzar en el Viejo Continente.

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Sentada en un tranvía que serpentea desde las afueras de Zúrich (Suiza) hacia el centro de la ciudad, Katie M., de 72 años, pelo corto y cara seria, tiene claro su voto en el referéndum del próximo 14 de junio que decidirá si el país pone un límite de 10 millones a la población (ahora son 9,1 millones) en el horizonte de 2050: “Solo hay una respuesta para mí y es apoyar la iniciativa. Se construye demasiado, hay refugiados que delinquen. Los extranjeros que trabajan me parecen bien, pero los que no…”. Su acompañante no quiere pronunciarse, pero lleva una gorra con la bandera suiza con la que asiente en silencio. En el mismo vagón acaba de sentarse con su carro de la compra Ruth Senn, de 80 años y de la opinión contraria. “Es una propuesta extrema, no podemos aprobar eso. Tengo un médico nuevo, es alemán. ¿Qué haríamos sin los muchos especialistas y cuidadores extranjeros que trabajan en la sanidad?”, dice la mujer.

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Laura Bates (Oxford, 39 años) ha investigado durante años el mundo de la machosfera, ese oscuro reducto de las redes, cada vez con más ten­táculos, donde habitan hombres resentidos —los llamados incel o célibes involuntarios— que sueñan con violar o asesinar a las mujeres que los rechazan; donde supuestos gurús enseñan cómo tratarlas con mano dura o donde, desde hace unos años, circulan deepfakes, vídeos pornográficos realizados con inteligencia artificial, en los que niñas y mujeres que no han dado su consentimiento son sometidas, a partir de fotos suyas, a abusos y violaciones virtuales, pero con consecuencias e impacto psicológico reales y devastadores. Bates fundó en 2012 Everyday Sexism Project, una web que ha atendido las denuncias, anónimas o no, de más de 200.000 mujeres que han encontrado en ese repositorio la ayuda para expresar sus miedos, su rabia o su frustración, y que han informado a gobiernos e instituciones de realidades que no necesariamente acaban en un juzgado o con los culpables castigados. En 2023 le dio forma a estas ideas en su aclamado libro Los hombres que odian a las mujeres (Capitán Swing).

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La irrupción de la inteligencia artificial (IA) generativa ha puesto en guardia a los creadores de contenidos. Para que estos modelos funcionen, deben ingestar extensísimas bases de datos con todo tipo de documentos. A ese material se le aplican algoritmos que establecen patrones. Esa es la llamada fase de entrenamiento. Editores, traductores, ilustradores y actores de doblaje, entre otros, consideran injusto que empresas como OpenAI (desarrolladora de ChatGPT o DallE), Anthropic (Claude) o Microsoft (Copilot) estén lucrándose de sus creaciones sin haber pagado derechos de autor.

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