Las colas de emigrantes ante la Oficina de Gestión del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, colapsada esta primavera por extranjeros en situación irregular que necesitaban el certificado de la tarjeta de transportes regional para demostrar su arraigo y acogerse a la regularización promovida por el Gobierno de España, difícilmente volverán a producirse. La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha decidido que a partir del lunes ese título solo se pueda obtener con el correspondiente empadronamiento en un municipio de la región, o de un grupo seleccionado de Castilla-La Mancha y Castilla y León.
Fue llegar el papa León XIV a Cataluña y se obró el milagro: Barcelona volvió a ser por un instante la de los Juegos Olímpicos de 1992. Es decir, aquella ciudad de la que toda España sacaba pecho con ilusión, donde el buenrollismo entre autoridades era más norma que excepción, con un jovencísimo príncipe Felipe portando la bandera española por el estadio olímpico de Montjuïc (hoy Lluís Companys). Esta vez, en cambio, fue la exhibición del nacionalismo catalán en su vertiente religiosa —con la canción del Virolai, la virgen de Montserrat (la Moreneta) y la obra de Antoni Gaudí— lo que impresionó, deslizando un retrato del tiempo político actual.
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El juez Antonio Viejo quiere determinar la posible responsabilidad de Fernando Camino, uno de los hombres más poderosos del grupo Quirónsalud en la investigación por presunto soborno que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Fuentes conocedoras de la investigación explican que el juez estaba pensando en Camino, y no en Ayuso, cuando incluyó la expresión “el entorno cercano” de los investigados en el auto de este miércoles por el que daba luz verde a la Guardia Civil para rastrear las cuentas bancarias de Amador y la otra imputada, la farmacéutica Gloria Carrasco, esposa del directivo de Quirón.
© Samuel Sánchez
El denominado Hospital Enfermera Isabel Zendal es probablemente el más raro de España. Nadie pasa sin autorización, cierra de noche y quizás tenga la máquina de TAC menos usada del sistema sanitario. El aparato fue comprado poco después de la inauguración en diciembre de 2020 y al principio fue empleado intensamente para detectar neumonías, pero ha quedado en desuso hasta el punto de que solo hace 10 pruebas al año. Costó casi 400.000 euros y mantenerlo supone un gasto anual de 66.500 euros. Es un ejemplo más de la difícil reconversión de este centro en la periferia de la capital que ya no tiene hospitalizados. El único de sus tres pabellones que sigue activo cierra por las noches y los domingos.
© Fernando Peinado
El titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha requerido a 16 bancos que entreguen a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil toda la información bancaria del empresario Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso— desde el año 2024 hasta la actualidad, en el marco de la causa en la que se le investiga por los presuntos delitos de corrupción y administración desleal.
Según consta en un auto, al que ha tenido acceso El Independiente, el juez Antonio Viejo ha requerido a bancos como Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Deutsche Bank, Openbank o Kutxabank que remitan directamente a la UCO información sobre "movimientos, saldos, productos financieros y cuentas" vinculadas a González Amador y a las sociedades investigadas.
La diligencia se enmarca en la pieza separada abierta para investigar si, al margen de los presuntos delitos fiscales y de falsedad documental que ya se investigan en otro procedimiento, pudieron cometerse los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.
La participación de la UCO fue acordada hace casi un año, cuando la entonces titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, decidió incorporar a los especialistas en delincuencia económica de la Guardia Civil al considerar que la investigación presentaba una especial "complejidad y un carácter interprovincial".
Tras analizar la documentación, los agentes solicitaron autorización judicial para acceder a la información bancaria y societaria de González Amador. Esa petición se confirmó el 9 de abril de este año, y es la que ha sido ahora avalada por el magistrado Antonio Viejo.
La pieza separada tiene su origen en una decisión adoptada por la jueza Iglesias el 23 de octubre de 2024. Entonces, la magistrada acordó abrir una investigación específica para determinar si la utilización de la mercantil Masterman S.L. como receptora de parte de un contrato firmado entre Maxwell Cremona —empresa de González Amador— y Quirón Prevención pudo encubrir conductas delictivas aparte de las ya investigadas por fraude fiscal.
Según investiga el juzgado, Maxwell Cremona cedió parte de ese contrato a Masterman en diciembre de 2021. Un día después, la pareja de Ayuso adquirió la totalidad de las participaciones de esta última sociedad y pasó a convertirse en su administrador y socio único, tal y como se recoge en el citado escrito.
La economía de la Comunidad de Madrid ha pisado el acelerador durante el arranque del año. En el primer trimestre de 2026, la región registró un crecimiento interanual del 3%, una cifra que supera en tres décimas a la media nacional (2,7%) y que casi cuadruplica los registros de la zona euro (0,8%). Estos datos, extraídos de la Contabilidad Regional, han sido presentados hoy por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en la Asamblea de Madrid.
Durante su comparecencia, la dirigente madrileña ha aprovechado para reivindicar su modelo de gestión y contrastarlo con las políticas del resto del país. Díaz Ayuso ha subrayado que este impulso económico responde a la inversión y al consumo interior, marcando distancias con lo que ha calificado como una estrategia basada en el "gasto y el acoso fiscal". Según la presidenta, las familias madrileñas no se ven obligadas a endeudarse al mismo ritmo que en el resto de España porque no sufren "la persecución a las clases medias".
Si se analiza el comportamiento de la economía en términos intertrimestrales, el Producto Interior Bruto (PIB) madrileño avanzó un 0,8% en comparación con los últimos tres meses del año anterior. Este ritmo constante de crecimiento sitúa a la región dos décimas por encima del conjunto de España, que registró un avance del 0,6%, y refleja un diferencial aún mayor con respecto a la economía de la zona euro, que apenas experimentó una subida del 0,1% en el mismo periodo.
El principal motor de este dinamismo vuelve a ser el sector servicios, que mantiene una evidente pujanza con un incremento interanual del 3,2%. Dentro de este ámbito, destacan especialmente las áreas de comercio, hostelería, transporte y comunicaciones, con una progresión del 3,9%, seguidas de los servicios financieros y a empresas, que repuntaron un 3,4%. Además, por el lado de la oferta, tanto la industria como la construcción han aportado en positivo, anotando crecimientos del 1,6% y del 2,6%, respectivamente.
Este buen tono de las macromagnitudes tiene también su reflejo directo en el mercado laboral, donde la Comunidad de Madrid ha alcanzado cifras récord que la consolidan como el gran motor económico del país, aportando el 19,8% del PIB nacional. Actualmente, la región contabiliza 3.920.267 afiliados a la Seguridad Social, la cifra más alta de su historia, tras generar 127.841 nuevos empleos en el último año. Esto se traduce en un ritmo asombroso de creación de empleo, equivalente a 350 nuevos puestos de trabajo cada día.
Desde la administración regional atribuyen estos resultados a un modelo económico cimentado en la baja fiscalidad, la eliminación de trabas administrativas y la seguridad jurídica. En esta línea, el Ejecutivo autonómico ha recordado que desde el año 2019 se han aprobado 34 rebajas de impuestos, a las que pronto se sumarán tres más que ya han sido anunciadas. Según los cálculos de la Comunidad, esta política de alivio fiscal ha permitido a los contribuyentes madrileños ahorrarse un total de 48.000 millones de euros, lo que supone más de 12.000 euros retenidos en el bolsillo de cada contribuyente.
El juez Antonio Viejo ha pedido a 16 bancos que entreguen a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil toda la información bancaria que tengan desde 2014 relativa a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El instructor ha acordado esta diligencia seis meses después de que así lo reclamaran los agentes del instituto armado. Este es uno de los frentes judiciales que tiene abiertos Amador. Por un lado, se le juzgará por un fraude fiscal de 350.000 euros. Y, por otro, se le investiga en esta causa en la que se indaga en un presunto soborno de 500.000 euros a un alto cargo del grupo sanitario Quirón.
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