Pix, propina e viaturas: capitão da PM é condenado por esquema de corrupção na Bahia





A Câmara Municipal veio a público condenar veementemente o furto de lona de um outdoor de sensibilização para a prevenção de incêndios rurais.
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Un vecino del municipio pontevedrés de Cambados, Jonathan Señorans Trigo, de 31 años, ha fallecido este martes tras haber recibido un disparo supuestamente efectuado por un agente de la Policía Nacional, en el transcurso de un registro por narcotráfico ordenado por un juzgado de Vilagarcía en el marco de una operación antidroga que se llevaba a cabo en distintas localidades de las Rías Baixas.

© Adrián Irago (Europa Press)




El PSOE ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que hace casi un año informó al abogado Jacobo Teijelo, presunto integrante de la trama de Leire Díez, mediante un burofax, de que no le pagaría las dos facturas señaladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que suman un total de 53.000 euros. En su último informe, los agentes indican que el letrado se las envió por correo electrónico pero que el partido no las aportó. Fuentes jurídicas aseguran a EL PAÍS que el abogado de los socialistas enseñó ese mismo burofax a los uniformados el pasado 27 de mayo, cuando acudieron a la sede central del PSOE, en la calle de Ferraz de Madrid, para recabar la información reclamada por el instructor, en el marco de sus pesquisas sobre la presunta existencia de una organización criminal dedicada a buscar información para boicotear las investigaciones que afectaban a la formación y al Gobierno. De ser así, la UCO no incluyó esas explicaciones en su informe.

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es


El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la petición de la defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de retrasar su declaración prevista para este miércoles en lo relativo a la pieza separada abierta tras el hallazgo de unas joyas por valor de 1,3 millones de euros en el registro de su oficina en la calle de Ferraz (Madrid). El expresidente había pedido tiempo para poder recabar la documentación de las joyas y, aunque se mostraba dispuesto a declarar en lo referente al supuesto tráfico de influencias por el rescate de Plus Ultra que forma parte de la causa principal, sí solicitaba mover en el calendario la parte de la declaración relativa a los dos nuevos delitos, uno fiscal y otro de contrabando. Pero Calama defiende que esta segunda citación no supone ninguna “merma real en su derecho de defensa” por cuanto los elementos son los mismos que ya constaban en la causa principal, sin que esta ramificación de la investigación sobre las joyas haya introducido “hechos nuevos”.

Los ganaderos vierten a la tierra, y la tierra, incapaz de digerir tantas toneladas de purines, vomita los nitratos procedentes de los excrementos de cerdos y gallinas al río Limia, que atraviesa el sur de Ourense y se convierte en Lima al entrar en Portugal. En su viaje pierde una i, pero parece que no la contaminación que infesta el agua de baño, los manantiales y pozos, y hasta el aire que respiran los vecinos de los ayuntamientos ribereños. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictó hace un año una sentencia histórica y condenó a la Xunta de Galicia y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, a tomar todas las medidas necesarias para revertir la situación y proteger la salud de los habitantes.

© AA VV As Conchas

Carolina tenía una profunda fe en Dios. El día de su asesinato envió un largo audio a su pastora para preguntarle qué debía hacer con su situación conyugal. Lo hizo el 4 de noviembre de 2023, después de que su marido Daniel M., del que había solicitado el divorcio, irrumpiera en su casa en Getafe (Madrid) a las cinco de la mañana. “Pastora, estoy nerviosa, no sé qué hacer, estoy muerta de susto. Esta situación ya no es normal. Creo que debería ir a denunciarle, pero sería un problema gordísimo para él”, le dijo Carolina. Las dos mujeres quedaron para ir juntas a denunciar a comisaría. A la una y media de la tarde, cuando Carolina salió de casa, él la siguió durante 12 minutos y la apuñaló con un cuchillo de doble filo.
En Valencia, durante las protestas en defensa de la educación pública, una profesora jubilada de 68 años es empujada por la espalda por un agente de policía y acaba con fractura nasal. En Bilbao, un grupo de activistas que regresa tras haber denunciado malos tratos y vejaciones por parte de las autoridades israelíes es recibido en el aeropuerto con cargas policiales y detenciones. Las imágenes circulan y la conversación pública se centra en la brutalidad policial. Pero este debate, por necesario que resulte en cada caso concreto, a algunas personas de este país nos evoca una pregunta incómoda: por qué determinados episodios activan una alarma social mientras otros apenas se hacen visibles.

© J.J.M.


Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, morreu no último sábado (13/06) na Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP), após ser lançada sem cordas de uma altura de cerca de 40 metros (equivalente a um prédio de 12 andares) em um salto de rope jump.
Segundo a SPU, em 2024, quando ocorreu um outro acidente fatal no local envolvendo uma ciclista, foi solicitado às prefeituras que bloqueassem o acesso à ponte. “Em 2024, em função dessa parceria, a ponte foi bloqueada por alguns meses. Posteriormente, a reabertura foi discutida e defendida por empresários locais em sessão na Câmara de Limeira”, diz nota do órgão.
A prefeitura de Limeira informou que vai processar o governo federal por omissão. Segundo a nota, desde 2025 a administração municipal cobrava providências dos órgãos federais responsáveis pela ponte. “A responsabilidade pela fiscalização, manutenção e controle de acesso à Ponte do Esqueleto é exclusivamente do Governo Federal.”
Segundo a SSP de São Paulo, a morte aconteceu durante atividade de rope jump promovida por empresa privada, que não amarrou a corda na jovem antes do salto. Após a morte, a Polícia Militar prendeu três homens em flagrante por homicídio com dolo eventual.
O advogado Arthur Rollo afirmou que a responsabilidade é solidária entre União e prefeitura. “A União deveria ter zelado por aquela área e impedido o acesso, e a prefeitura de Limeira já sabe que aquela área é utilizada para atividades de aventura e deveria ter fiscalizado isso.”
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