Es más que probable que esta legislatura tan cuesta arriba para el Gobierno concluya sin unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). El Ejecutivo no ha llevado a la Cámara ningún proyecto en estos tres años, pese a haberlo prometido insistentemente, por la evidente falta de apoyos. Pero el mandato emboca ya la recta final y las generales, aunque no tengan fecha, están más cerca. Y ahora sí que Pedro Sánchez puede utilizar unas nuevas cuentas como "relato", como creen en su partido, como programa electoral. Por eso el Gobierno quiere lanzar la señal de que irá más rápido con los trámites. Ya publicó el viernes pasado en el Boletín Oficial del Estado la orden de Hacienda para poner en marcha la maquinaria interna y el 23 de junio estará lista otra piedra fundamental, el cuadro macroeconómico, así que julio se aprovechará, previsiblemente, para que las Cámaras debatan y voten los objetivos de déficit y deuda. Y suceda lo que suceda con ellos, el texto con los nuevos PGE llegaría al Congreso en los últimos meses del año para su tramitación parlamentaria.

Sánchez, por tanto, quiere marchar de vacaciones, que este año previsiblemente serán algo más largas —cuatro semanas sin reunión del Consejo de Ministros, todo agosto— con un paso dado hacia los PGE de 2027. Porque para los socialistas es prioritario enviar la señal de que, pese a todos los casos judiciales que les acechan, el Gobierno continúa trabajando, sigue con su labor y no está paralizado. El mensaje, mil y una vez reiterado, es que agotará la legislatura.

Vamos a avanzar para la presentación de los Presupuestos, presentando el cuadro macro el día 23 de junio, se lo dejo anunciado que a lo mejor es incluso de su interés", espeta Cuerpo al PP

La sesión de control de este miércoles en el Congreso estuvo tomada por el caso Leire. El PP percutió una y otra vez con ella, empezando por Alberto Núñez Feijóo. Pero en la respuesta a la portavoz popular, Ester Muñoz, el vicepresidente primero sí avanzó un compromiso del Gobierno. "Como ya dijo el presidente del Gobierno, vamos a avanzar para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, presentando el cuadro macro el día 23 de junio, se lo dejo anunciado que a lo mejor es incluso de su interés", apuntó Carlos Cuerpo.

Enfrentamiento directo entre Sánchez y Feijóo en la sesión de control al Gobierno https://t.co/uitTQCuaQj pic.twitter.com/cP3DdJqIaI

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Es decir, que el Consejo de Ministros aprobará el cuadro de previsiones macroeconómicas en menos de dos semanas, y justo un día antes de la comparecencia en el pleno de la Cámara baja de Sánchez, en la sesión en la que dará cuenta del caso Leire y de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La idea del Ejecutivo, según avanzan fuentes del área económica a este diario, es que los objetivos de déficit y deuda sean aprobados primero por el Consejo de Política Fiscal y Financiera —la reunión del titular de Hacienda, Arcadi España, con los consejeros autonómicos sería por tanto el lunes 22— y luego por el Gobierno —el martes 23—, ya junto con el techo de gasto.

La idea es que el Consejo de Política Fiscal y Financiera pudiera reunirse el 22 de junio, aunque no está cerrado. La senda de estabilidad se votaría así en julio, y casi seguro será tumbada dos veces

Ese es "el escenario central" ahora mismo, indican fuentes del más alto nivel del Ejecutivo. De este modo, los objetivos de déficit y deuda —la llamada senda de estabilidad— serían debatidos y votados por el Congreso en un pleno extraordinario de julio. Si ocurre como en los ejercicios anteriores, serán tumbados por PP, Junts y Vox. En ese caso, el Consejo de Ministros debe remitir la senda de nuevo al Parlamento —si es la misma, no debe pasar previamente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)— para un segundo debate y votación. Y si cae por segunda vez, entonces el Gobierno está obligado a elaborar los nuevos Presupuestos con el marco de déficit anterior, menos flexible para comunidades autónomas y ayuntamientos.

El Gobierno presentará el cuadro macro para los Presupuestos el 23 de juniohttps://t.co/z4gMfmXiqz pic.twitter.com/2qH0onp3cm

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Si se cumplen todos estos pasos, entonces el proyecto de nuevas cuentas aterrizaría en el Congreso ya en el otoño. La Constitución obliga a que se presenten antes del 30 de septiembre, aunque en la pasada legislatura, cuando Sánchez sí disponía de mayoría parlamentaria, se enviaban a la Cámara baja avanzado octubre y conseguía, en todo caso, que acabara su tramitación antes del 31 de diciembre, de tal manera que entraban en vigor el 1 de enero del año siguiente. Así se aprobaron las cuentas de 2021, las de 2022 y las de 2023, las que están todavía vigentes.

Las otras alternativas

No obstante, como advierten en la cúpula del Ejecutivo, no está todo cerrado, de tal manera que no está sellado aún que el CPFF se celebre el 22 de junio y que, en consecuencia, la senda de estabilidad llegue a Congreso —y, si superara esa pantalla, algo poco probable, al Senado— en julio. Podría suceder, continúan estas fuentes, que el 23 de junio el Consejo de Ministros aprobara el cuadro macro y que posteriormente se diera luz verde a los objetivos de déficit y deuda y al techo de gasto, de modo que los tiempos se estirarían.

El Gobierno señala que esta vez, pese a que no ha cumplido con la Constitución en esta legislatura, sí piensa mandar los PGE "en tiempo y forma" al Congreso. El mensaje, "trabajo y normalidad"

Pero la idea del Gobierno es que esta vez sí se cumpla —no ha ocurrido en toda la legislatura— el calendario ordinario, de tal manera que los PGE puedan ser entregados a la Cámara baja en torno a esa fecha límite del 30 de septiembre. Que se presenten, detallan, "en tiempo y forma". Porque el mensaje, pese a todos los nubarrones que rodean a Sánchez, es de "trabajo y normalidad", subraya un ministro de mucho peso.

#EnDirecto | La "reflexión" de Nogueras (Junts): "Que el papa haya hablado más catalán en una hora que Sánchez y Feijóo juntos en toda su carrera política explica muy bien cuánto les importa Cataluña" pic.twitter.com/XoJX15eNld

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Para comparar cómo esta vez el Gobierno está manejando de forma muy diferente los tiempos basta con recordar qué ocurrió el año pasado. El CPFF aprobó la senda de estabilidad el lunes 17 de noviembre, y el Consejo de Ministros del día siguiente, martes 18, la respaldó y dio el visto bueno al techo de gasto y al cuadro macroeconómico, que preveía un crecimiento para 2026 del 2,2% del PIB. Los objetivos de déficit y deuda fueron rechazados por dos veces por el Congreso, con el voto de PP, Junts y Vox, antes de que acabara el año. La entonces vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prometió presentar los PGE de 2026 en el primer trimestre, pero poco antes de que concluyera el plazo el Ejecutivo echó el freno con el argumento de que había sobrevenido la guerra de Irán, y eso podía alterar las previsiones. Desde entonces, se ha ido monitorizando la situación.

El vicepresidente había calculado que la guerra de Irán podía restar unas décimas de crecimiento. Ahora también se está hablando con los sectores cómo actualizar el plan de respuesta al conflicto

El pasado 28 de abril, ya con Montero fuera del Gabinete y su sucesor, Arcadi España, en Hacienda, el vicepresidente Cuerpo calculó que el conflicto en Oriente Próximo podría traducirse en una merma de entre 0,1 y 0,4 puntos del crecimiento económico y un punto más de inflación media anual. Esa perspectiva se incluyó en el informe de progreso anual remitido a Bruselas, pero no se introdujeron cambios en el cuadro macro, a la espera de cómo evolucionase la contienda. Tras una primera reunión con los agentes sociales el pasado 25 de mayo, ayer miércoles continuó la ronda de encuentros del Gobierno con los sectores para analizar el impacto de la guerra y hacer seguimiento del funcionamiento del plan de respuesta, "con la vista puesta en su continuidad y adaptación más allá del 30 de junio". El vicepresidente primero despachó con las patronales y asociaciones de los sectores del transporte, la logística y la distribución.

#EnDirecto | El Papa León XIV oficia una misa por el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí y luego bendecirá la Torre de Jesús pic.twitter.com/G3fUCA4Qgr

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En caso de que esta vez el Gobierno cumpla con el mandato constitucional y lleve su proyecto de Presupuestos a la Cámara, la siguiente pregunta es qué ocurrirá con ellos. Aunque Sánchez ha prometido diálogo y ha lanzado guiños sobre todo a Junts, insistiendo en que él desea el despliegue efectivo de la ley de amnistía —que depende de lo que resuelva el Tribunal de Justicia de la Unión Europea— y en que su Ejecutivo desea cumplir con lo firmado en Bruselas en 2023, los posconvergentes siguen muy distantes.

Es muy probable que PP, Junts y Vox se opongan a la senda, y se da por casi imposible que los de Puigdemont, que rompieron con el Gobierno en octubre, puedan dar luz verde a los PGE de 2027

La formación de Carles Puigdemont rompió con los socialistas el pasado octubre y desde entonces no se han retomado las negociaciones. Y, como el PNV, pide el adelanto de las generales, aunque ha reiterado, también como el PNV, que no se sumaría nunca a una moción de censura del PP que, para prosperar, requeriría del concurso de Vox. La derecha independentista recuerda siempre que puede que el Ejecutivo no ha cumplido con lo suscrito para la investidura y agita el discurso del agravio constantemente. Este miércoles, la portavoz en la Cámara baja, Míriam Nogueras, volvió a quejarse ante Sánchez de que el Gobierno ha "abandonado" Cataluña y no ha pagado "ni un solo euro" de lo que le corresponde a la comunidad. Junts rechazó la senda de estabilidad en 2024 y 2025 con el argumento de que no concedía la mitad del margen de déficit a las CCAA. Y nunca se prestó a negociar los PGE.

Balance en la última semana de julio

Si el "escenario central" del Ejecutivo es el finalmente elegido, Sánchez podrá cerrar este curso político con la senda de estabilidad llevada al Congreso (y probablemente tumbada por él). La previsión es que la última reunión del Consejo de Ministros tenga lugar el 28 de julio —ese mismo día o en esa semana, previsiblemente, Sánchez hará balance de este año en rueda de prensa—, y dé paso a un largo periodo vacacional. Este año podrían ser cuatro las semanas sin reunión del Gabinete, de modo que el primer Consejo de Ministros de vuelta de vacaciones se celebre el martes 1 de septiembre.

Ahora mismo, la previsión del Ejecutivo es que el último Consejo de Ministros se celebre el 28 de julio, y no tenga lugar la primera reunión del Gabinete hasta el 1 de septiembre, cuatro semanas después

Sánchez, como ocurriera el año pasado, necesita que la temperatura y la tensión política se enfríen. Esta semana, él y su equipo están pudiendo refugiarse en la visita del Papa —ayer, el presidente, su mujer y una buena parte de sus ministros acudieron a la misa en la Sagrada Familia y a la posterior apoteósica inauguración de la Torre de Jesús, y hoy acompañará a León XIV en Gran Canaria— y confía en que el Mundial de fútbol también ayude a desplazar el foco. La competición deportiva comienza precisamente este jueves y se prolongará hasta el 19 de julio.

Un espectáculo de música, drones y luz corona la inauguración de la Torre de Jesús https://t.co/BzbFvxf0zZ pic.twitter.com/PDO9vDYOCF

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En la Moncloa esperan que el desempeño de la Selección española, una de las grandes favoritas, contribuya a mitigar el impacto de las noticias en terreno judicial que están por venir en las próximas semanas: la comparecencia en audiencia preliminar de Begoña Gómez (lunes 15), la declaración de Zapatero (miércoles 17 y jueves 18), las sentencias del caso mascarillas y del juicio al hermano del presidente, David Sánchez —en fecha por determinar—, y las declaraciones de varios testigos (entre ellos, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el 10 de julio) por el caso Leire. Elementos que nutrirán la comparecencia del presidente en el Congreso del 24 de junio y ante el comité federal de su partido del sábado 27. Pero el Ejecutivo se agarra sobre todo al efecto verano, a que el parón suponga un reset en la agenda política que le dé el oxígeno suficiente como para intentar recuperar el impulso a la vuelta, en septiembre. Y ahí los PGE jugarán un papel fundamental.

Si las cuentas son devueltas, Sánchez tendrá que decidir si continúa hasta la meta de 2027 o bien adelanta las generales y las sitúa antes que las municipales y autonómicas de mayo

Si la votación de totalidad de las cuentas públicas se produce en octubre, y estas son rechazadas, Sánchez tendrá que decidir si continúa, más debilitado, hasta la meta de julio de 2027, o bien adelanta las generales y las sitúa, como quieren muchos en su partido, antes de las municipales y autonómicas de mayo. Ni él ni los suyos se sitúan en ese punto. Hay varios partidos por jugar antes. Aunque, en realidad, todo el escenario esté embarrado por los distintos casos de presunta corrupción que amenazan a los socialistas y que roban al Gobierno todo el control de la agenda y buena parte de su capacidad de iniciativa. Todo lo devora el fuego de los escándalos.

A Comissão Europeia vai permitir que as despesas com a energia sejam excluídas das regras orçamentais europeias. Portugal vai pedir a ativação da cláusula de salvaguarda.

© EDUARDO COSTA/LUSA

El Tribunal Supremo se opone al indulto a Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado al que el alto tribunal condenó en noviembre pasado por un delito de revelación de secretos. La Sala Penal ha hecho pública este jueves su postura sobre la medida de gracia que tramita el Ministerio de Justicia. Y los magistrados que condenaron a García Ortiz han emitido un informe desfavorable al indulto al entender que no hay razones de justicia, de equidad ni de utilidad pública, los tres requisitos en los que la ley permite justificar esta medida. La opinión del Supremo es preceptiva para conceder el indulto, pero no es vinculante para la decisión que tome el Gobierno.

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© J.J. Guillén (EFE)

50% da atividade das empresas de segurança têm a ver com o Estado. Mas são estas empresas que acabam por ter que financiar o Estado, às vezes por mais de 6 meses.

VTM

“Com honestidade, o Estado e as empresas têm de reconhecer que o mercado de trabalho ainda não aprendeu a recompensar adequadamente o conhecimento e a inovação. E isso é inaceitável e temos de o alterar”, considerou, no seu discurso do 10 de Junho, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, nos Açores.

O chefe de Estado defendeu que Portugal precisa “de políticas que fixem talento em vez de o exportar, de salários que reflitam a produtividade e a qualificação dos trabalhadores portugueses, de um mercado de habitação que permita aos jovens construir uma vida no país onde nasceram ou estudaram, de um Estado que simplifique em vez de complicar, que antecipe em vez de reagir, que planeie além do mandato em vez de gerir apenas a urgência do presente”.

Na parte final da sua intervenção na cerimónia militar comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, realizada em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, nos Açores, António José Seguro falou da necessidade das “palavras do meio”, que “se abrem como convite ao diálogo”, nestes “tempos de trincheiras”.

“As ansiedades que sentimos na economia, na geopolítica, na segurança das cidades, na proteção dos mais desfavorecidos, nas questões muito concretas da vida das pessoas reais, criam esse impulso de fechar fileiras, de escolher um lado, de erguer muros”, declarou.

O Presidente da República apelou, por isso, à tolerância e à criação de pontes, contra “o vírus da polarização, que tende a substituir a argumentação, o debate e a negociação”, referindo que a sua eleição “foi marcada pelo desejo de unir os portugueses e de unir Portugal”.

Segundo António José Seguro, este é também um tempo que “pede coragem” para “fazer escolhas difíceis sem ceder ao populismo”, para “dizer a verdade mesmo quando é desconfortável” e decidir em função do “interesse de longo prazo mesmo quando o ciclo eleitoral empurra para o curto prazo”, e que “exige ambição”.

Ao falar da emigração de jovens qualificados, o chefe de Estado sustentou que “o problema não é o talento”, contrapondo: “O que se ganhou em qualificação não tem sido acompanhado em remuneração. A habitação é praticamente inacessível e esgota qualquer orçamento familiar”.

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Comissão Europeia está a analisar a transposição das novas regras sobre transparência salarial por Portugal e outros Estados-membros. Pode abrir um processo de infração por incumprimento.

© OLIVIER HOSLET/EPA

É dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, mas são anos de quem vive da imigração para Portugal, do Estado a tapar os olhos à baderna e das crescentes Comunidades Portuguesas lá fora.

 El expresidente del Gobierno Felipe González ha recordado este martes durante un acto en la Universidad Autónoma de Madrid que él, cuando no logró aprobar los presupuestos en el año 1995, convocó elecciones y ha bromeado con que “ahora eso no se lleva”.

“Esto es una antigualla porque ahora ya no se lleva, no he podido aprobar presupuestos, por lo tanto, voy a convocar elecciones y creo que las voy a perder porque hasta yo estoy harto de mí mismo”, ha dicho González al contar una anécdota sobre Fidel Castro.

El expresidente español se ha referido a una reunión que mantuvieron en 1995 con Castro en Argentina para cerrar un acuerdo comercial entre la Unión Europa y Cuba y que, en su opinión, no prosperó porque el mandatario cubano no quería asumir el respeto a las libertades individuales que exigía la delegación europea, según EFE.

Esta declaración ha surgido en un conversatorio con el expresidente de la República Dominicana y presidente de Funglode, Leonel Fernández, y el periodista y académico Juan Luis Cebrián, donde han analizado el futuro de Iberoamérica.

Así pues, González también se ha hecho eco de la situación en Venezuela y ha explicado su punto de vista con la expresión de que lo normal es que “el perro mueva el rabo y no al revés” y que, siguiendo esta analogía, “el perro es Trump y el rabo es Delcy y el ‘Rodrigato’, pero desde Estados Unidos no se dan cuenta -quizás solo Marco Rubio- que el rabo es una serpiente de cascabel”.

Por eso, ha lamentado que a pesar de la detención de Nicolás Maduro, la conversación principal sea la explotación del petróleo y ha pedido compromiso con la democracia, la cual pide que vuelva “antes de que se frustre la población, porque la libertad vale más que el negocio”. 

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha defendido este martes la posición del Gobierno sobre la polémica generada por el uso del Ministerio de Hacienda de 2.389 millones de euros procedentes de los fondos europeos para financiar el pago de las pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos en 2024. Durante su comparecencia en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Chicano ha rechazado que el informe de la Cuenta General del Estado, elaborado por su organismo, concluyera que se hubieran utilizado fondos europeos para pagar pensiones y ha atribuido la situación a la prórroga presupuestaria.

"La controversia no es si se pagaron pensiones con fondos europeos", ha afirmado, "la controversia es si, en un ejercicio de prórroga presupuestaria, las limitaciones aplicables permitían o no utilizar créditos excedentarios del servicio 50 para financiar modificaciones dirigidas a otras necesidades".

Asimismo, la presidenta también ha denunciado lo que considera una utilización política del informe. "La instrumentalización política ha querido elevar una advertencia interna a la categoría de fraude con malversación de fondos europeos", ha asegurado, lamentando la "distorsión en la percepción pública y en el debate mediático" generada en torno a un documento.

La clave: la prórroga presupuestaria

La explicación de la presidenta se ha centrado en el origen de estos 2.389 millones de euros. Según ha detallado, el Gobierno español decidió concentrar las inversiones vinculadas al Plan de Recuperación en el denominado servicio 50, una clasificación presupuestaria específica creada para gestionar los créditos asociados a los fondos europeos. Entonces, al prorrogarse los Presupuestos Generales del Estado de 2023 en 2024, también se prorrogaron los créditos vinculados a dicho servicio. "Lo que hace que existan más fondos de los necesarios en el año siguiente para realizar las inversiones del plan", ha matizado durante su intervención.

Una interpretación que, sin embargo, no comparten todos los miembros del organismo. La Declaración de la Cuenta General fue aprobada con un voto particular discrepante y cinco votos concurrentes que defendían un tratamiento más severo de esta cuestión, aunque Chicano ha restado dramatismo a la situación al recordar que los votos particulares en este tipo de informes se han producido hasta en cinco ocasiones desde que empezó la democracia en España.

No obstante, la controversia ha reabierto el debate sobre los efectos de gobernar con presupuestos prorrogados. Ante ello, Chicano ha avanzado que el Tribunal de Cuentas estudia "la posibilidad de hacer un estudio jurídico-técnico sobre las consecuencias en la gestión presupuestaria de las prórrogas" sobre los recursos públicos.