Las imágenes de los casi 19 millones de euros emparedados en la vivienda de Óscar Sánchez, El Anodino, el inspector jefe de Policía investigado por colaborar con el narco, eran, hasta ahora, casi una leyenda. Uno de los últimos informes del caso, en manos de la Audiencia Nacional, incluye una decena de fotografías que han resuelto ese misterio. Con ellas, los miembros de Asuntos Internos de la Policía dan cuenta de todos los escondites que el policía investigado utilizó para ocultar la ingente cantidad de dinero en efectivo que estaba ganando.

Seguir leyendo

© policia

© Policia

© Policia

© Policía Nacional

© Policía Nacional

José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en una “mina de fragmentación tanto o más dañina que Leire Díez” para el PSOE. La reflexión de uno de los principales secretarios generales autonómicos socialistas tras la tasación de las joyas incautadas al expresidente del Gobierno, valoradas en unos 1,3 millones de euros, coloca a los socialistas “entre la espada y la pared” a la espera de su declaración la próxima semana en la Audiencia Nacional. Zapatero fue imputado inicialmente por tráfico de influencias por el rescate de la aerolínea Plus Ultra, pero el valor de las alhajas con diamantes, zafiros, esmeraldas y rubíes que el referente socialista guardaba en su despacho han llevado al juez José Luis Calama a abrir una pieza separada por delito fiscal y contrabando. “Necesitamos creerle pero a cada día que pasa te surgen más dudas. Lo nuestro es un acto de fe, porque mientras tanto Ferraz no nos dice nada, tan solo nos remite a sus futuras explicaciones”, ironiza un barón territorial después de la gira del papa León XIV.

Seguir leyendo

© Chema Moya (EFE)

El expresident valenciano Carlos Mazón tuvo en su móvil a primera hora del 29 de octubre de 2024 un informe de la Generalitat que alertaba de la gravedad de la dana, según los wasaps entregados al juzgado de Catarroja por la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero. Los mensajes forman ya parte del sumario que investiga la instructora Nuria Ruiz Tobarra sobre las 230 muertes que dejó la riada. El dirigente recibió en su teléfono a las 10.40 horas, a través de un chat de la aplicación de mensajería con altos cargos, un documento que advertía, entre otros puntos, de inundaciones, rescates y la decisión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de decretar la alerta roja, la máxima en la escala, en el litoral. “Se han producido rescates en la comarca de la Ribera Alta, mayoritariamente por coches varados o personas que solicitaban ayuda para salir de sus domicilios”, apuntaba el documento”. El reporte se tituló Episodio meteo dana Comunidad Valenciana y fue elaborado por la autonómica Agencia de Seguridad y Emergencias 25 minutos antes de ser compartido por WhatsApp. La consejera responsable de la emergencia, Salomé Pradas, que hoy es la principal investigada en la causa, colgó el archivo PDF en el grupo del que formaba parte la plana mayor de la Generalitat con Mazón a la cabeza.

Seguir leyendo

Un juzgado de Madrid ha condenado a la secretaria general de Podemos y diputada Ione Belarra a pagar 9.000 euros al juez jubilado Manuel García-Castellón al considerar que perjudicó su honor al llamarle corrupto en septiembre de 2024. En la sentencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el juez Juan Antonio Lara sostiene que las manifestaciones que vertió en la red social X generaron “un daño moral” que “debe ser indemnizado”, aunque rebaja la cifra de 350.000 euros que había reclamado el que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional. Belarra ha reaccionado este viernes con una publicación en la misma red social en la que vuelve a emplear el término “corrupto” contra García-Castellón: “Nos perseguirán, pero no conseguirán que nos callemos”.

Seguir leyendo

© ZIPI (EFE)

El presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, que ha actuado como portavoz informal del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido perdón este viernes por “haber inducido a error” sobre el valor de las joyas que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional halló en una caja fuerte en el despacho del socialista. “Él dará explicaciones ante el juez, también sobre eso”, ha manifestado en un mensaje publicado en la red social X. El asesor de comunicación se ha pronunciado después de que el jueves trascendiera que la tasación del ajuar alcanzaba los 1,3 millones de euros, según confirmaron a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación. Se trata de una cifra superior a la horquilla de 30.000 a 50.000 euros que él atribuyó al lote de joyas en un primer momento.

Seguir leyendo

© EFE

La batalla judicial que Santa Bárbara ha emprendido contra Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por los milmillonarios contratos de artillería que les adjudicó Defensa el año pasado vive un pequeño alto el fuego mientras que el entorno laboral y el cumplimiento de los contratos se le complica a la empresa bajo el paraguas de la estadounidense General Dynamics. Tras la salida de Ángel Escribano de la presidencia de Indra el pasado 1 de abril —por el enfrentamiento del directivo con La Moncloa por el conflicto de interés que la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) observó en la operación entre Indra y su empresa familiar—, la compañía cotizada en el Ibex 35 ha intentado mejorar su relación con Santa Bárbara con el objetivo de estudiar una colaboración industrial en distintos proyectos y, a la vez, conseguir que el fabricante de armas abandone la vía judicial.

Seguir leyendo

© Alejandro Ruesga

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha emitido un informe desfavorable a la concesión del indulto al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por un delito de revelación de datos reservados el pasado diciembre. Los magistrados consideran que no concurren "razones de justicia, equidad o utilidad pública" que justifiquen la medida de gracia, y subrayan que su actuación afectó de manera "importante" a la Fiscalía como institución.

"Los hechos fueron graves, han producido una afectación importante de la institucionalidad del ministerio público por la relevancia de su función, como promotor de la justicia, garante de la independencia judicial y del ejercicio de los derechos de los ciudadanos de acuerdo a la legalidad", señalan los magistrados en su escrito, al que ha tenido acceso El Independiente.

El indulto parcial

La resolución supone un revés para García Ortiz después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo se pronunciara el mes pasado a favor de un indulto parcial respecto de la pena de inhabilitación que aún tiene pendiente de cumplimiento. El organismo consideraba que la sentencia que le condenó por la filtración de datos sobre la causa del empresario Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso—, generó "consecuencias extrapenales intensas y desproporcionadas".

García Ortiz fue condenado por la Sala de lo Penal a una multa de 12 meses —a razón de 20 euros diarios—, el pago de 10.000 euros de indemnización por daños morales y la pena de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado durante dos años. El tribunal le atribuyó un delito de revelación de datos reservados, después de que "él o una persona de su entorno inmediato" filtrasen el correo en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía que "ciertamente" su cliente había cometido dos delitos de fraude fiscal.

En ese informe que se remitió entonces a la Sala de lo Penal, la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, defendía que la medida de gracia debería aplicarse exclusivamente sobre la pena de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado, que aún se encuentra en ejecución y que, de mantenerse íntegra, se prolongaría hasta diciembre de 2027. Así, recordó que la indemnización y había sido abonada y la multa se encontraba consignada, mientras que la inhabilitación continúa en ejecución.

"No se advierten razones de justicia"

Sin embargo, la Sala de lo Penal se ha posicionado en contra. Los magistrados recuerdan que el indulto es una medida excepcional y concluyen que los solicitantes no han aportado motivos suficientes para justificarlo. "No se advierten razones de justicia, equidad o utilidad pública que permitan dar fundamento a la petición deducida", afirman.

El tribunal también rechaza que la escasa relevancia práctica de la pena pendiente sea motivo para conceder la gracia. A su juicio, la conducta por la que fue condenado el exfiscal general afectó a uno de los pilares básicos del Ministerio Público: el deber de confidencialidad. "La contravención de la norma referida al mantenimiento del secreto y confidencialidad de sus actuaciones es un hecho grave, que, declarado en sentencia firme, debe ser ejecutado", sostienen los magistrados.

El titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha requerido a 16 bancos que entreguen a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil toda la información bancaria del empresario Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso— desde el año 2024 hasta la actualidad, en el marco de la causa en la que se le investiga por los presuntos delitos de corrupción y administración desleal.

Según consta en un auto, al que ha tenido acceso El Independiente, el juez Antonio Viejo ha requerido a bancos como Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Deutsche Bank, Openbank o Kutxabank que remitan directamente a la UCO información sobre "movimientos, saldos, productos financieros y cuentas" vinculadas a González Amador y a las sociedades investigadas.

La diligencia se enmarca en la pieza separada abierta para investigar si, al margen de los presuntos delitos fiscales y de falsedad documental que ya se investigan en otro procedimiento, pudieron cometerse los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.

La participación de la UCO fue acordada hace casi un año, cuando la entonces titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, decidió incorporar a los especialistas en delincuencia económica de la Guardia Civil al considerar que la investigación presentaba una especial "complejidad y un carácter interprovincial".

Tras analizar la documentación, los agentes solicitaron autorización judicial para acceder a la información bancaria y societaria de González Amador. Esa petición se confirmó el 9 de abril de este año, y es la que ha sido ahora avalada por el magistrado Antonio Viejo.

Investigación específica

La pieza separada tiene su origen en una decisión adoptada por la jueza Iglesias el 23 de octubre de 2024. Entonces, la magistrada acordó abrir una investigación específica para determinar si la utilización de la mercantil Masterman S.L. como receptora de parte de un contrato firmado entre Maxwell Cremona —empresa de González Amador— y Quirón Prevención pudo encubrir conductas delictivas aparte de las ya investigadas por fraude fiscal.

Según investiga el juzgado, Maxwell Cremona cedió parte de ese contrato a Masterman en diciembre de 2021. Un día después, la pareja de Ayuso adquirió la totalidad de las participaciones de esta última sociedad y pasó a convertirse en su administrador y socio único, tal y como se recoge en el citado escrito.

La exmilitante socialista Leire Díez lo anotaba todo. Así se desprende de la veintena de agendas y libretas que la Guardia Civil le intervino en el marco del caso bautizado con su nombre que sigue su curso en la Audiencia Nacional. Todas ellas han sido incorporadas al sumario de la investigación, al que ha tenido acceso El Independiente, y recogen la ofensiva desplegada por la supuesta 'fontanera' del PSOE contra jueces, fiscales y mandos policiales que investigaban las causas que afectaban al entorno del Gobierno. Entre ellos el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, pero también encargado de un procedimiento que salpicaba a Nervis Villalobos, el exviceministro chavista vinculado a la trama de las presuntas 'cloacas'.

En una de las agendas intervenidas a Leire figura una anotación bajo el epígrafe "Acción política" en la que se hacía referencia a dos agentes de la UDEF identificados por sus números profesionales: el 111.129 y el 127.263. El primero de ellos fue destinado en 2021 como agente de enlace en Europol, con sede en La Haya, tras ser condecorado por el Ministerio del Interior, según apuntó en febrero de 2025 el propio Gobierno tras la comparecencia en el Congreso de Villalobos.

El "policía de Grinda"

Justamente, en uno de los documentos localizados por la Guardia Civil en el ordenador de la 'fontanera', el agente 111.129 aparece descrito como el "policía de Grinda", en referencia al fiscal Anticorrupción José Grinda, uno de los principales objetivos de la trama. El texto atribuye a ambos la elaboración de informes policiales presuntamente falsos en diversas investigaciones y sitúa el caso de Nervis Villalobos como una de las piezas centrales de esa estrategia.

Según ese relato, la investigación contra el exviceministro venezolano habría estado sustentada en informes elaborados por ese agente de la UDEF y utilizados posteriormente por Anticorrupción en distintos procedimientos abiertos contra Villalobos. La documentación sostiene que dichos informes contenían "datos falsos o erróneos" y que formaban parte de una supuesta "persecución" impulsada tras la negativa del exalto cargo chavista a colaborar con la Fiscalía y aportar información sobre distintos objetivos políticos y empresariales.

El 'relato' de Leire también insiste en que las investigaciones contra el empresario venezolano se impulsaron siempre "por los mismos fiscales, los mismos agentes policiales y las mismas unidades especializadas". Según esa versión, las tres causas judiciales en las que Villalobos se encontraba inmerso en la Audiencia Nacional y los Juzgados de Madrid se habrían apoyado en informes elaborados por la misma estructura.

El vínculo con Peinado

Las notas intervenidas revelan además cuál era el objetivo final de esa estrategia. En uno de los documentos se recoge expresamente que "si cae el [agente] 111.129, se cae su causa", en referencia a los procedimientos que afectaban a Villalobos. A continuación, la anotación añade que el exviceministro iniciaría una "querella o denuncia a Peinado por detención ilegal", ya que el instructor había decretado su ingreso en prisión provisional —a petición de la Fiscalía— y el bloqueo de sus cuentas bancarias.

La referencia conecta directamente con la resolución del Tribunal Constitucional que declaró vulnerado el derecho fundamental a la libertad personal de Villalobos por una de las decisiones adoptadas durante la instrucción dirigida por el magistrado. La documentación señala incluso que la sentencia del Constitucional sería entregada el día 12, lo que podría apuntar a que la estrategia contemplaba utilizar ese fallo como base para una ofensiva posterior contra el juez.

De este modo, la caída de la credibilidad del agente de la UDEF podría servir, según el esquema reflejado en los documentos, para cuestionar las investigaciones policiales que sustentaron las causas contra Villalobos y abrir posteriormente una vía de actuación contra Peinado.

Begoña Gómez

Justamente, este magistrado fue quien impulsó la causa contra Begoña Gómez, que encara ahora su fase final. El próximo lunes, 15 de junio, la esposa de Pedro Sánchez, su exasesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés están citados para la audiencia previa, en la que se decidirá si los tres investigados acaban yendo a juicio con jurado popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción, malversación y apropiación indebida.

El juez encargado de investigar el 'caso Leire', Santiago Pedraz, fechó precisamente el inicio de esta presunta 'trama de las cloacas' el mismo día que se conoció la imputación de Gómez. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, mientras Sánchez permanecía apartado del foco público, se puso en marcha la red destinada a hacer frente a las investigaciones judiciales que afectaban al entorno del Gobierno y el PSOE. Una estrategia que habría estado coordinada por Leire, pero en la que el entonces 'número tres' del partido, Santos Cerdán, habría tenido un "papel superior".

Los testimonios que ponen en el foco a Gustavo Fuentes, el CEO de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), una de las principales productoras de Canal Sur, investigado por agredir sexualmente a una reportera, no paran de crecer. Este jueves se ha conocido que en la primavera de 2024, representantes de la sección sindical de CC OO en RTVA empezaron a recibir los primeros testimonios de trabajadoras de la productora en los que relataban episodios de supuestas agresiones y acoso sexual cometidas por Fuentes, además de las situaciones continuas de acoso laboral a las que eran sometidas en su lugar de trabajo.

Seguir leyendo

© María José Lopéz (Europa Press/Getty Images)

El Tribunal Supremo se opone al indulto a Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado al que el alto tribunal condenó en noviembre pasado por un delito de revelación de secretos. La Sala Penal ha hecho pública este jueves su postura sobre la medida de gracia que tramita el Ministerio de Justicia. Y los magistrados que condenaron a García Ortiz han emitido un informe desfavorable al indulto al entender que no hay razones de justicia, de equidad ni de utilidad pública, los tres requisitos en los que la ley permite justificar esta medida. La opinión del Supremo es preceptiva para conceder el indulto, pero no es vinculante para la decisión que tome el Gobierno.

Seguir leyendo

© J.J. Guillén (EFE)

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha requerido información sobre el destino del fiscal Anticorrupción José Grinda en Bolivia, según ha podido confirmar El Independiente. La petición se enmarca en la causa que investiga una presunta trama liderada por la exmilitante Leire Díez para "desestabilizar" los casos que afectasen al entorno del PSOE, y uno de sus "objetivos de interés" habría sido este fiscal. Según se recoge en uno de los informes de la Guardia Civil, la organización habría llegado a ofrecerle un destino en el extranjero y 300.000 euros a cambio de información sensible sobre el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y sobre procedimientos vinculados al Gobierno.

Según confirman fuentes jurídicas a este periódico, Grinda se encuentra desde noviembre de 2025 destinado en Bolivia dentro de un programa de cooperación internacional de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), con una estancia prevista de aproximadamente tres años en la escuela de jueces y fiscales del país andino. A la convocatoria para este puesto concurrieron otros dos aspirantes, aunque uno de ellos no reunía finalmente los requisitos exigidos y el otro acabó retirando su candidatura.

Una de las líneas desarrolladas por las presuntas 'cloacas' del PSOE tenía como objetivo al fiscal Grinda, por lo que habrían intentado ganarse su colaboración a cambio de ciertas contraprestaciones. Entre ellas, un puesto de trabajo en el extranjero o incluso un pago de 300.000 euros. En una de las agendas intervenidas por las autoridades a la supuesta 'fontanera' del PSOE, los investigadores hallaron una anotación manuscrita que recoge: "300.000 euros para ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor".

Ese "problema" hace referencia a la denuncia por delitos sexuales que una joven jienense, Miriam Serrano, interpuso contra Grinda por unos hechos que ocurrieron cuando ella era menor. De hecho, los investigadores sostienen que la 'trama Leire' llevó a esta joven a la sede federal del PSOE en Madrid. Según relató la propia Miriam en su declaración a la Unidad Central Operativa (UCO), fue la propia Díez quien la acompañó a Ferraz en octubre de 2024.

Las ofertas de la trama a Grinda

El citado informe de la UCO recoge una lista de objetivos presuntamente elaborada por el excomisario José Manuel Villarejo, fechada el 26 de agosto de 2024, en la que aparece el nombre del fiscal aparece recogido en bajo la expresión: "fiscales, sobre todo Grinda". El 4 de septiembre de ese mismo año, en una conversación con la periodista Patricia López, Díez fue aún más directa: "A mí me hace mucha falta arrear a Grinda".

La operación de captación de Grinda alcanzó su punto álgido el 27 de febrero de 2025. Según recoge el juez Pedraz, ese día, Díez recurrió a un periodista conocido suyo, Pere Rusiñol, para que contactase con el fiscal. Ambos se encontraron en la terraza del mercado de Barceló en Madrid, donde Rusiñol le entregó una hoja que recogía una propuesta: un destino en el extranjero y la retirada de la demanda que Miriam Serrano mantenía contra él, a cambio de información confidencial sobre el fiscal jefe Luzón y el archivo de varios casos que interesaban a la trama.

Grinda rechazó la oferta. Tras el encuentro, Rusiñol remitió un mensaje a la exmilitante socialista utilizando un lenguaje en clave: "No había agua, al menos de momento".

"Te quieres ir a Bolivia de enlace"

La trama no se dio por vencida. Semanas después del fracaso con Rusiñol, Sandro Rosell —el exdirigente del FC Barcelona absuelto en 2021 del caso de blanqueo de capitales en el que Grinda había tenido un papel relevante— habría comenzado a mediar entre el fiscal y el grupo, según se desprende de los informes policiales incorporados al sumario. El 10 de marzo de 2025, Rosell escribió a Leire y a Dolset en un grupo de WhatsApp denominado "Mas Martí-Girona" para comunicarles que "G" le había contactado y preguntarles si debía quedar con él. Leire respondió afirmativamente: "siiiii".

Las instrucciones que Díez transmitió a Rosell para esa reunión dan cuenta de la sofisticación operativa del grupo: "Recuerda, escuchar más que hablar. Proponerle salida, pero sin nombrarnos a Santos o a mí. Hemos hablado mucho este finde e igual hay que preservarme un poco porque tengo que estar en otros frentes. Mandaríamos a un abogado". El propio Rosell, siguiendo el guión, le anticipó a Leire lo que le diría a Grinda: "Pepe, estás jodido, te interesa negociar con el Gobierno, ya te diré con quién".

En respuesta a este mensaje, Leire hizo varias anotaciones sobre con "cosas a decirle". Entre ellas: "tú ya has trasladado a terceras personas que tienes documentación de Luzón y que te quieres ir a Bolivia de enlace", "el juicio con la chica empieza en menos de un mes". También: "Pepe, tus vídeos y la operación Telémaco la tiene ya hasta el bedel del Bernabéu. Solo hace falta que llegue a tus jefes" o "también sabemos que te crees protegido por Mauricio Casals y Ferreras, pero créeme que no estás protegido porque no lo puedes estar".

El juez que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha pedido permiso a Estados Unidos para utilizar como prueba el teléfono del accionista de facto de la aerolínea, Rodolfo Reyes, en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Así se desprende de un auto, al que ha tenido acceso El Independiente, por el que el magistrado solicita cooperación a las autoridades estadounidenses para que le autoricen a utilizar el material extraído del móvil de este empresario venezolano, dada su "relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados".

Precisamente, el contenido de este teléfono es uno de los elementos centrales de la causa. La investigación abierta por Estados Unidos a este empresario acabó llevando al Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS) a remitir información a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional tras detectar la aparición de personas políticamente expuestas y movimientos financieros vinculados al entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Según el documento policial, al que ha tenido acceso este periódico, la información llegó a España a través de los canales de cooperación internacional de la Policía Nacional desde la oficina en Madrid de Homeland Security Investigations (HSI). El organismo investigaba a Reyes por el presunto blanqueo de capitales que habría desarrollado a través de diversas sociedades, entre las que se encontraba Plus Ultra.

En ese contexto, el organismo estadounidense realizó en 2021 una extracción completa del teléfono móvil de Reyes. La agencia norteamericana consideró que el contenido del dispositivo podía resultar de interés para las autoridades españolas y servir para "sustentar la presentación de cargos penales contra las personas en España implicadas en estas actividades financieras ilícitas", por lo que obtuvo autorización judicial y remitió el material a la Policía española.

Situó a Zapatero en el radar de la UDEF

De las conversaciones extraídas del terminal nacen, precisamente, los principales indicios que sustentan la imputación de Zapatero acordada esta semana por el juez Calama, como ya informó El Independiente. Es a partir de los mensajes de Reyes que la investigación reconstruye el recorrido de los directivos de Plus Ultra para intentar acceder a las ayudas públicas en los meses iniciales de la pandemia. 

La primera alusión que se hace al expresidente socialista data de una conversación del 30 de marzo de 2020 entre Rodolfo Reyes y el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá. Según recoge la UDEF, Reyes le pregunta: "¿Tienes idea cómo llegamos a los hilos políticos, tema ayudas, financiamiento etc etc etc?". Martínez Solá responde entonces que el CEO de la compañía, Roberto Roselli, ya le había trasladado esa necesidad y que había activado "dos vías" para intentarlo: "Delcy que llame a Ábalos" o "alguien con Zapatero".

"¿Sirve pa algo ese señor?", pregunta Reyes. "Es pro Sánchez", responde el presidente de la aerolínea. "Y pro Maduro", añade el accionista, a lo que Martínez Solá responde, para zanjar: "El fin justifica los medios". Ese mismo día, Reyes contacta además con el diplomático venezolano Ramón Gordils para explorar directamente un acercamiento al exlíder socialista. "¿Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero?", pregunta. Gordils le contesta: "Vayan recorriendo la ruta formal, yo busco como llegarle a ZP".

El juez que investiga el 'caso Plus Ultra' mantiene secretas dos piezas separadas en el marco de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por el rescate público de la aerolínea. Según han confirmado fuentes jurídicas a El Independiente, una de ellas se centra en el rastreo de cuentas y movimientos financieros de la trama en el extranjero, mientras que la segunda abordaría operaciones vinculadas al tráfico de materias primas como el oro y el petróleo.

Ambas líneas de investigación fueron desgajadas de la causa principal el pasado 18 de mayo por decisión del magistrado José Luis Calama, que encabeza el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia. El juez acordó formar estas dos piezas a partir de tres atestados elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, al apreciar la posible existencia de "otros ilícitos penales" atribuibles a terceras personas ajenas a la trama investigada hasta ese momento, según fuentes del caso consultadas por este periódico.

Estas ramificaciones avanzan de manera paralela a la matriz del 'caso Plus Ultra', en la que están implicados, entre otros, varios directivos de la aerolínea —el presidente, Julio Martínez Solá; el CEO, Roberto Roselli; y el abogado Santiago Fernández Lena— así como el empresario Julio Martínez Martínez y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El exdirigente socialista está llamado a declarar como investigado los días 17 y 18 de junio por los presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Aunque el contenido de ambas piezas permanece bajo secreto —según inciden las citadas fuentes— las pesquisas encajan con dos de las líneas que han ido aflorando en la investigación principal. En el sumario del caso, al que ha tenido acceso este medio, el juez Calama sostiene que la organización presuntamente liderada por Zapatero no limitó su actividad a influir en el rescate de Plus Ultra, sino que también se extendió a "operaciones internacionales de alto valor económico" relacionadas con el comercio de oro, petróleo, petcoke (producto derivado del proceso de refinación del petróleo crudo), compraventa de acciones y mercado de divisas.

En el auto por el que se conoció el pasado mes la imputación del expresidente, el juez constata que la organización presenta "ramificaciones de carácter internacional" con indicios de "transferencias de fondos al extranjero". En este sentido, puso el foco en el papel de los hermanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Ambos son administradores solidarios de la mercantil Inteligencia Prospectiva, considerada por el juez como una de las sociedades instrumentales de la supuesta organización. Pese a declarar ingresos mínimos —inferiores a 35.000 euros anuales y nulos en los ejercicios de 2020 y 2021— la compañía llegó a mover más de 2,6 millones de euros a través de sus cuentas bancarias. De ellos, habrían pagado más de medio millón a la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav SL.

En un informe incorporado al sumario, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) concluía que Inteligencia Prospectiva era utilizada como 'pantalla' para introducir fondos en España procedentes del extranjero y redistribuirlos mediante contratos ficticios de asesoría hacia la red organizada liderada por Zapatero y operada por su amigo Julio Martínez. Este último es administrador de la sociedad Análisis Relevante, que también se halla en el foco de las pesquisas. Esta empresa habría remitido unos 240.000 euros a la empresa de las hijas del expresidente, según los investigadores.

Una red "transnacional" de lavado de dinero

La causa que hoy instruye la Audiencia Nacional nació a finales de 2024 tras las alertas remitidas a España por las fiscalías de Suiza y Francia. La documentación enviada a Anticorrupción describía la existencia de una presunta organización dedicada al blanqueo de dinero supuestamente procedente de tramas de corrupción vinculadas a Venezuela, y que también estaría vinculada a operaciones relacionadas con el comercio internacional de oro.

La red operaba como una especie de "pseudobanco", y estaba liderada por el empresario peruano Luis Felipe Baca y el neerlandés Simon Leendert Verrhoeven, investigado por traficar, precisamente, con oro venezolano. El entramado controlaba grandes cantidades de dinero de origen ilícito y operaba mediante inversiones en bolsa para posteriormente reintegrar los fondos como aparentemente lícitos a sus clientes, según apunta el propio juez Calama. A esta estructura "transnacional", Plus Ultra habría desviado casi 16 de los 53 millones de euros del rescate que le concedió el Gobierno en 2021.

Las informaciones remitidas por Suiza y Francia sitúan el origen de parte de los fondos en Venezuela. En concreto, en el presunto desvío de dinero público procedente de los programas Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y en operaciones vinculadas a la venta internacional de oro del Banco de Venezuela, canalizada a través de sociedades interpuestas y estructuras financieras en terceros países, incluida la sociedad emiratí Noor Capital PSC. La investigación apunta a los posibles delitos de malversación y cohecho.

Entre los nombres que aparecían en esa documentación remitida por Francia y Suiza figuraba el empresario venezolano Rodolfo Reyes, máximo accionista de Plus Ultra en el momento del rescate a través de la sociedad Snip Aviation. Según la información trasladada por el Parquet National Financier francés, Reyes habría participado en conversaciones con el empresario Luis Felipe Baca sobre el transporte de "cinco u ocho toneladas de oro" desde Caracas a Dubái "por cuenta del Banco Central de Venezuela".

La investigación también ha identificado un entramado de sociedades radicadas fuera de España que, según la UDEF, habría servido para canalizar pagos internacionales. Entre ellas figuran Landside Dubai FZCO, Landside Middle East FZCO y Landside Holding LTD, constituidas en Dubái y vinculadas a Idella Consulenza Strategica.

El juez que investiga el 'caso Leire' ha acordado este lunes citar a testificar el 10 de julio ante la Audiencia Nacional a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, así como a otra veintena de testigos que habían sido propuestos por el Ministerio Fiscal. Además, el magistrado Santiago Pedraz ha requerido a la Fiscalía General del Estado (FGE) que informe sobre las reuniones mantenidas en su sede con la exmilitante socialista Leire Díez, su socio Javier Pérez Dolset y los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver entre abril de 2024 y junio de 2025.

En el escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, el juez Pedraz ha acordado una batería de diligencias para avanzar en su investigación de la presunta trama liderada por la supuesta fontanera del PSOE para "desestabilizar" las causas judiciales y actuaciones policiales que afectasen al entorno del Gobierno y del partido.

Entre ellas, también se encuentra un requerimiento para que la UCO acuda al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños. Concretamente, el magistrado ha solicitado a la Subdirección General de Nacionalidad que informe sobre el estado actual de la solicitud de nacionalidad del exviceministro chavista Nervis Villalobos, así como que identifiquen a los funcionarios encargados de tramitarla. Los agentes tramitarán in situ el registro y acceso a la plataforma.

Según la investigación judicial, Díez y Oliver —letrado de Villalobos e investigado en la causa—, habrían desplegado distintas gestiones destinadas a desbloquear la situación administrativa y financiera de este ciudadano venezolano en España. A petición del abogado, Leire habría intentado utilizar sus contactos para acelerar el expediente de nacionalidad española del exviceministro y facilitarle la apertura o recuperación de sus cuentas bancarias.

Imputada la abogada de Koldo

Entre estas diligencias también se encuentra la imputación de Leticia de la Hoz, abogada del exasesor ministerial Koldo García. Deberá declarar como investigada el 14 de julio a las 10.00 horas. Según los documentos incorporados al sumario —a los que tuvo acceso El Independiente—, los investigadores la sitúan como la persona que habría ofrecido 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano para que cambiase su testimonio ante el juez del Tribunal Supremo, que investigaba entonces el 'caso Koldo'.

La supuesta oferta a Pano se habría realizado una semana antes de su declaración en el Supremo durante una reunión en el despacho de De la Hoz junto a su socio Ángel Fernández, según la declaración de la propia empresaria ante la Guardia Civil. Pano afirma que ambos le propusieron que, en lugar de sostener que había entregado dinero en metálico en la sede del PSOE en Ferraz, debía afirmar que se trató de documentación y atribuir al comisionista Víctor de Aldama la responsabilidad de recibir el efectivo procedente de la trama de hidrocarburos. "Era para salvar el culo a Ábalos [exministro de Transportes] y Koldo", afirma Pano que le dijo la abogada durante aquella conversación.

A cambio, se le habrían ofrecido 2.500 euros mensuales para el pago de su vivienda durante siete años, 25.000 euros para la boda de su hija y otros 15.000 euros para la compra de un vehículo para su acompañante en la entrega de dinero, Álvaro Gallego. La testigo rechazó la propuesta tras consultarlo con su abogado Javier Gómez Bermúdez.

Fechas de las declaraciones

El día 26 de junio será el primer día de declaraciones. En esta jornada, el juez escuchará desde las 10.00 a tres agentes de la Guardia Civil, así como al general jefe del Estado Mayor, Teodoro Esteban López Calderán.

Unos días más tarde, el 29 de junio, se sentarán ante el magistrado Carmen Pano, Álvaro Gallego, Miriam Serrano —la joven que denunció al fiscal José Grinda—, y Juan Manuel Villar Funes, pareja de esta última.

Ya en julio prestarán declaración la periodista Patricia Espinar, el excomandante de la Guardia Civil Rubén Villalba y el que fuera escolta entre 2003 y 2011 en Navarra y País Vasco, Francisco Ortega (7 de julio); el abogado del excomisario Villarejo, Antonio José García Cabrera, y el empresario sevillano Joaquín Parra Páez (8 de julio); el confidente de la Guardia Civil, José Luis Caramés, y los empresarios Antonio Rodríguez Estepa y Claudio Rivas (9 de julio).

El día 10 de ese mismo mes, el juez oirá al abogado José Norberto Uzal, a Cristina Narbona y al policía Rafael Salvador. Tres días más tarde, el 13, se sentarán ante la Audiencia el abogado Aníbal Álvarez —ex abogado de exministro José Luis Ábalos— y el periodista Daniel Mateo.

El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha acordado abrir diligencias por el rescate de la compañía Air Europa e investigar al vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, por un presunto delito de prevaricación administrativa. En un escrito al que ha tenido acceso El Independiente, el órgano ha admitido a trámite la querella presentada por el Partido Popular, y Vox, y ha citado a declarar a Lora el próximo 3 de julio, a las 9.30 horas.

El magistrado titular, José María Escribano, considera que hay indicios suficientes como para iniciar una investigación judicial. En concreto, la querella atribuye a este alto cargo de la SEPI una posible responsabilidad en la gestión del expediente del rescate público concedido a la aerolínea en 2020.

En su auto, el instructor acuerda una batería de diligencias de investigación dirigidas a la SEPI y al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), con el objetivo de reconstruir el proceso de toma de decisiones sobre la operación. Entre la documentación requerida figuran el expediente íntegro del rescate de Air Europa, actas, borradores y anexos de las reuniones del Consejo Gestor y listados de asistentes.

Asimismo, el magistrado ha requerido al Consejo Gestor que identifique a su secretario, vocales, técnicos instructores y asesores jurídicos implicados en el procedimiento. Todo ello a fin de ser citados "en la forma que corresponda" una vez el instructor haya tomado declaración a Lora.