Un collar de perlas "sin valor", otro de 500 euros y un reloj de 150, entre las piezas ahora en poder de los investigadores que la esposa del ex presidente llevó en público Leer
Un collar de perlas "sin valor", otro de 500 euros y un reloj de 150, entre las piezas ahora en poder de los investigadores que la esposa del ex presidente llevó en público
Las imágenes de los casi 19 millones de euros emparedados en la vivienda de Óscar Sánchez, El Anodino, el inspector jefe de Policía investigado por colaborar con el narco, eran, hasta ahora, casi una leyenda. Uno de los últimos informes del caso, en manos de la Audiencia Nacional, incluye una decena de fotografías que han resuelto ese misterio. Con ellas, los miembros de Asuntos Internos de la Policía dan cuenta de todos los escondites que el policía investigado utilizó para ocultar la ingente cantidad de dinero en efectivo que estaba ganando.
Viga exterior de la vivienda de segunda residencia en Denia (Alicante), en la que intervinieron 270.000 euros en paquetes de billetes (2.300 billetes de 100 euros y 800 billetes de 50 euros).
Doble fondo del armario de la segunda residencia, en Denia, que albergaba 76.650 euros (1.375 billetes de 50 euros, siete billetes de 500 euros, 12 billetes de 200 euros y 20 billetes de 100 euros), según el informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía.
Falso techo del garaje de la vivienda del policía Óscar Sánchez y paquetes de dinero que los agentes de la Unidad de Asuntos Internos intervinieron en su interior
Con una rápida imputación por fraude fiscal, el magistrado entierra la posibilidad de que la defensa del ex presidente hiciese una regularización exprés ante la Agencia Tributaria Leer
Con una rápida imputación por fraude fiscal, el magistrado entierra la posibilidad de que la defensa del ex presidente hiciese una regularización exprés ante la Agencia Tributaria
El fallo marcará el camino al Tribunal Constitucional, que debe resolver el recurso de amparo de Puigdemont en una decisión que puede ser fundamental para su regreso a España Leer
El fallo marcará el camino al Tribunal Constitucional, que debe resolver el recurso de amparo de Puigdemont en una decisión que puede ser fundamental para su regreso a España
Desde baratijas “sin valor” hasta un collar de 278.000 euros de oro blanco con “diamantes” y “dos esmeraldas naturales” de “Zambia”. El informe pericial realizado por la joyería Ansorena y el Instituto Gemológico Español detalla cada una de las alhajas —entre pendientes, collares, colgantes, sortijas y relojes— halladas en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que han sido valoradas en 1.323.915 euros. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, ha llevado al juez de la Audiencia Nacional a cargo del caso Plus Ultra a abrir una pieza separada para investigar al socialista por un supuesto delito fiscal y otro de contrabando, al margen de la investigación principal en la que indaga en el presunto tráfico de influencias que habría ejercido para que el Gobierno concediera en 2021 un rescate de 53 millones de euros a la aerolínea.
Collar en oro blanco
Collar realizado en oro blanco de 18 kilates compuesto por diamantes y dos esmeraldas naturales. Precio estimado: 278.000 euros
Collar en oro blanco
Collar realizado en oro blanco de 18 kilates con 13 zafiros. Precio estimado: 220.000 euros
Collar en oro blanco
Collar realizado en oro blanco de 18 kilates con bandas de diamantes en forma de V y cinco rubíes naturales acompañados de diamantes talla brillante. Precio estimado: 155.000 euros
Pulsera en oro blanco
Pulsera en oro blanco de 18 kilates con tres esmeraldas naturales con origen Zambia. Precio estimado: 95.000 euros
Sortija oro blanco
Sortija realizada en oro blanco de 18 kilates con una esmeralda natural de Zambia coronada con diamantes talla brillante. Precio estimado: 85.000 euros
Pulsera oro blanco
Pulsera en oro blanco de 18 kilates con siete zafiros origen Tailandia. Precio estimado: 80.000 euros
Pendientes de oro blanco
Pendientes largos de dos cuerpos de oro blanco de 18 kilates formados por cuatro esmeraldas naturales con origen Zambia acompañadas de diamantes talla brillante. Precio estimado: 80.000 euros
Pulsera oro blanco
Pulsera de oro blanco de 18 kilates con dos rubíes naturales y diamantes talla brillante. Precio estimado: 72.000 euros
Pendientes oro blanco
Pendientes de oro blanco de 18 kilates con ocho zafiros naturales de origen Tailandia, acompañados por diamantes talla brillante. Precio estimado: 70.000 euros
Pendientes oro blanco
Pendientes de oro blanco de 18 kilates con cuatro rubíes naturales acompañados de diamantes talla brillante. Precio estimado: 60.000 euros
Brazalete de oro
Brazalete de oro amarillo de 22 kilates con rosetón central y dos laterales con centros de rubíes y decorados con diamantes talla rosa holandesa. Precio estimado: 11.800 euros
Collar con medallón de oro
Collar formado por hilos de cuentas de aventurina verde unidas con tres entrepiezas en forma de medallón de oro amarillo de 22 kilates. Precio estimado: 4.000 euros
Collar con esmeraldas de Zambia
Collar formado por cuentas de esmeralda de Zambia en bruto pulidas con manos de Fátima de oro. Precio estimado: 3.000 euros
Reloj Omega
Reloj Omega de oro de 18 kilates para mujer. Precio estimado: 3.000 euros
Reloj Lorenz
Reloj para caballero marca Lorenz modelo Theatro Fase lunar. Precio estimado: 1.500 euros
Collar con amazonitas pulidas
Collar de tres hilos de amazonitas pulidas con entrepiezas de oro caladas. Precio estimado: 1.200 euros
Collar de Jenny Polanco
Collar diseñado por Jenny Polanco (República Dominicana) formado por un ámbar central y acompañado de gemas semipreciosas. Precio estimado: 500 euros
Reloj Dogma
Reloj de caballero marca Dogma. Precio estimado: 100 euros
Cruz
Cruz de la Sagrada Familia realizada en plata y partes con baño de oro. Precio estimado: 50 euros
Reloj Kronos
Reloj marca Kronos de señora realizado en metal chapado en oro. Precio estimado: 50 euros
Sortija de oro blanco
Sortija de oro blanco de 18 kilates con perla japonesa (mabe). Precio estimado: 1.000 euros
Pendientes de metal chapado
Pendientes de metal chapado y perlas de imitación. Sin valor
Alfiler con iniciales
Alfiler de metal dorado con iniciales. Sin valor
Cadena de plata
Cadena de plata de 1ª ley de eslabón tipo veneciano. Precio estimado: 50 euros
Pendientes oro blanco
Pendientes de oro blanco de 18 kilates con dos diamantes talla brillante. Precio estimado: 3.500 euros
Pendiente con piedras de imitación
Pendiente de metal chapado en oro con piedras de imitación. Sin valor
Collar de perlas de imitación
Collar de perlas de imitación. Sin valor
Collar de perlas de imitación
Collar de perlas de imitación y motivos textiles. Sin valor
Cruz de plata con baños de oro
Cruz de la Sagrada Familia realizada en plata y con partes bañadas en oro. Precio estimado 100 euros
La segunda de las piezas de más valor en el ajuar intervenido al ex presidente del Gobierno es otro collar en oro blanco de 18 kilates rematado por "13 zafiros" originarios de Tailandia Leer
La segunda de las piezas de más valor en el ajuar intervenido al ex presidente del Gobierno es otro collar en oro blanco de 18 kilates rematado por "13 zafiros" originarios de Tailandia
Para el magistrado de la Audiencia Nacional, "en estos momentos no está justificado" el origen de las mismas, cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros Leer
Para el magistrado de la Audiencia Nacional, "en estos momentos no está justificado" el origen de las mismas, cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros
El juez del caso Plus Ultra ha abierto una pieza separada de la investigación principal contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para indagar en un supuesto delito fiscal y otro de contrabando por las joyas “cuyo origen en estos momentos no está justificado” y que fueron halladas en el registro de su oficina el pasado 19 de mayo. El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama recibió una tasación exhaustiva de las joyas este jueves, que valora el más de un centenar de piezas incautadas por la Policía en un montante total de 1.323.915 euros. En concreto, solo un juego de tres collares, tres pulseras, tres sortijas y tres pendientes —con oro blanco y zafiros y esmeraldas con origen en Zambia o Tailandia— está tasado en 1,2 millones de euros. Este nuevo movimiento judicial complica el futuro del expresidente, que pasa de tener una acusación principal por tráfico de influencias —derivada de la supuesta intervención con el Gobierno para el rescate millonario de la aerolínea Plus Ultra— a enfrentarse a una causa con otros delitos.
El juez considera que las manifestaciones de la líder de Podemos sobre el ex magistrado de la Audiencia Nacional cuando se jubiló le generaron "un daño moral que debe ser indemnizado" Leer
El juez considera que las manifestaciones de la líder de Podemos sobre el ex magistrado de la Audiencia Nacional cuando se jubiló le generaron "un daño moral que debe ser indemnizado"
El presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, que ha actuado como portavoz informal del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido perdón este viernes por “haber inducido a error” sobre el valor de las joyas que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional halló en una caja fuerte en el despacho del socialista. “Él dará explicaciones ante el juez, también sobre eso”, ha manifestado en un mensaje publicado en la red social X. El asesor de comunicación se ha pronunciado después de que el jueves trascendiera que la tasación del ajuar alcanzaba los 1,3 millones de euros, según confirmaron a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación. Se trata de una cifra superior a la horquilla de 30.000 a 50.000 euros que él atribuyó al lote de joyas en un primer momento.
El presidente del Ateneo de Madrid, próximo al ex líder socialista, aseguró que el valor de las mismas era de "entre 30.000 y 50.000 euros" cuando la tasación supera los 1,3 millones Leer
El presidente del Ateneo de Madrid, próximo al ex líder socialista, aseguró que el valor de las mismas era de "entre 30.000 y 50.000 euros" cuando la tasación supera los 1,3 millones
La batalla judicial que Santa Bárbara ha emprendido contra Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por los milmillonarios contratos de artillería que les adjudicó Defensa el año pasado vive un pequeño alto el fuego mientras que el entorno laboral y el cumplimiento de los contratos se le complica a la empresa bajo el paraguas de la estadounidense General Dynamics. Tras la salida de Ángel Escribano de la presidencia de Indra el pasado 1 de abril —por el enfrentamiento del directivo con La Moncloa por el conflicto de interés que la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) observó en la operación entre Indra y su empresa familiar—, la compañía cotizada en el Ibex 35 ha intentado mejorar su relación con Santa Bárbara con el objetivo de estudiar una colaboración industrial en distintos proyectos y, a la vez, conseguir que el fabricante de armas abandone la vía judicial.
La exmilitante socialista Leire Díez lo anotaba todo. Así se desprende de la veintena de agendas y libretas que la Guardia Civil le intervino en el marco del caso bautizado con su nombre que sigue su curso en la Audiencia Nacional. Todas ellas han sido incorporadas al sumario de la investigación, al que ha tenido acceso El Independiente, y recogen la ofensiva desplegada por la supuesta 'fontanera' del PSOE contra jueces, fiscales y mandos policiales que investigaban las causas que afectaban al entorno del Gobierno. Entre ellos el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, pero también encargado de un procedimiento que salpicaba a Nervis Villalobos, el exviceministro chavista vinculado a la trama de las presuntas 'cloacas'.
En una de las agendas intervenidas a Leire figura una anotación bajo el epígrafe "Acción política" en la que se hacía referencia a dos agentes de la UDEF identificados por sus números profesionales: el 111.129 y el 127.263. El primero de ellos fue destinado en 2021 como agente de enlace en Europol, con sede en La Haya, tras ser condecorado por el Ministerio del Interior, según apuntó en febrero de 2025 el propio Gobierno tras la comparecencia en el Congreso de Villalobos.
El "policía de Grinda"
Justamente, en uno de los documentos localizados por la Guardia Civil en el ordenador de la 'fontanera', el agente 111.129 aparece descrito como el "policía de Grinda", en referencia al fiscal Anticorrupción José Grinda, uno de los principales objetivos de la trama. El texto atribuye a ambos la elaboración de informes policiales presuntamente falsos en diversas investigaciones y sitúa el caso de Nervis Villalobos como una de las piezas centrales de esa estrategia.
Según ese relato, la investigación contra el exviceministro venezolano habría estado sustentada en informes elaborados por ese agente de la UDEF y utilizados posteriormente por Anticorrupción en distintos procedimientos abiertos contra Villalobos. La documentación sostiene que dichos informes contenían "datos falsos o erróneos" y que formaban parte de una supuesta "persecución" impulsada tras la negativa del exalto cargo chavista a colaborar con la Fiscalía y aportar información sobre distintos objetivos políticos y empresariales.
El 'relato' de Leire también insiste en que las investigaciones contra el empresario venezolano se impulsaron siempre "por los mismos fiscales, los mismos agentes policiales y las mismas unidades especializadas". Según esa versión, las tres causas judiciales en las que Villalobos se encontraba inmerso en la Audiencia Nacional y los Juzgados de Madrid se habrían apoyado en informes elaborados por la misma estructura.
El vínculo con Peinado
Las notas intervenidas revelan además cuál era el objetivo final de esa estrategia. En uno de los documentos se recoge expresamente que "si cae el [agente] 111.129, se cae su causa", en referencia a los procedimientos que afectaban a Villalobos. A continuación, la anotación añade que el exviceministro iniciaría una "querella o denuncia a Peinado por detención ilegal", ya que el instructor había decretado su ingreso en prisión provisional —a petición de la Fiscalía— y el bloqueo de sus cuentas bancarias.
La referencia conecta directamente con la resolución del Tribunal Constitucional que declaró vulnerado el derecho fundamental a la libertad personal de Villalobos por una de las decisiones adoptadas durante la instrucción dirigida por el magistrado. La documentación señala incluso que la sentencia del Constitucional sería entregada el día 12, lo que podría apuntar a que la estrategia contemplaba utilizar ese fallo como base para una ofensiva posterior contra el juez.
De este modo, la caída de la credibilidad del agente de la UDEF podría servir, según el esquema reflejado en los documentos, para cuestionar las investigaciones policiales que sustentaron las causas contra Villalobos y abrir posteriormente una vía de actuación contra Peinado.
Begoña Gómez
Justamente, este magistrado fue quien impulsó la causa contra Begoña Gómez, que encara ahora su fase final. El próximo lunes, 15 de junio, la esposa de Pedro Sánchez, su exasesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés están citados para la audiencia previa, en la que se decidirá si los tres investigados acaban yendo a juicio con jurado popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción, malversación y apropiación indebida.
El juez encargado de investigar el 'caso Leire', Santiago Pedraz, fechó precisamente el inicio de esta presunta 'trama de las cloacas' el mismo día que se conoció la imputación de Gómez. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, mientras Sánchez permanecía apartado del foco público, se puso en marcha la red destinada a hacer frente a las investigaciones judiciales que afectaban al entorno del Gobierno y el PSOE. Una estrategia que habría estado coordinada por Leire, pero en la que el entonces 'número tres' del partido, Santos Cerdán, habría tenido un "papel superior".
La tasación final del lote de joyas intervenidas por la Policía en la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cifra el valor total en unos 1,3 millones de euros, según han confirmado a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación. La valoración ha corrido a cargo de la joyería Ansorena, después de que el instructor del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ordenara realizar este análisis exhaustivo de las piezas. La casa joyera envió las piedras más valiosas para que fueran certificadas por el Instituto Gemológico Español, que ha colaborado en la tasación de los zafiros, rubíes y esmeraldas auténticas.
El caso Leire Díez apenas ha echado a rodar. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ya dictó un primer auto en el que dibujaba cómo operaba una presunta red criminal en Ferraz que tenía a la cabeza al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y a la ya exmilitante Leire Díez como mano ejecutora, como fontanera. El magistrado levantó parcialmente el secreto de la causa y ayer ordenó el libramiento de varios oficios y la citación de hasta 22 testigos entre el 26 de junio y el 13 de julio. Entre ellos, la presidenta del partido, Cristina Narbona. Y al día siguiente tendrá que declarar como imputada ante él la abogada Leticia de la Hoz, por presuntamente haber sobornado a la empresaria Carmen Pano para que cambiara su versión respecto a que había entregado 90.000 euros en efectivo en el cuartel general de los socialistas a petición del comisionista Víctor de Aldama.
Quedan por practicar muchas diligencias pero es verdad que en el partido, como ya publicó este diario, se teme que el caso escale más y pueda acabar suponiendo una imputación del PSOE como persona jurídica. Algo que sería letal para los ánimos de una formación hundida anímicamente también por otro caso, el que mantiene investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pero la puntilla definitiva podría ser la imputación del propio Pedro Sánchez. No sería sencilla, porque para que esa circunstancia se diera, Pedraz tendría que hallar indicios que le condujeran hasta él que justificasen elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo. Este sería el competente para decidir si investiga o no al jefe del Ejecutivo, dado que este es aforado, y en caso de que determinara proceder contra él, tendría que solicitar el suplicatorio al Congreso.
Sin embargo, fuentes la Moncloa aseguran no ver "motivo alguno" ni para la imputación del PSOE ni para la de Sánchez. Tampoco creen justificado que Pedraz pudiera llamar a declarar al presidente del Gobierno y secretario general del partido ni siquiera como testigo. "Es que no hay indicio ninguno de que Sánchez conociera a Leire. Ni hay una prueba de que operara la trama como tal ni mucho menos que implicara al partido", esgrimen. La tesis de la dirección socialista es que Cerdán pudo montarse su propia red para taparse a sí mismo, para esconder sus chanchullos, y que para ello tiró de la ayuda de Díez.
El juez tiene imputada a la gerente actual, Ana Fuentes, y la UCO descubrió que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, se reunió al menos tres veces con Díez. Citas que ella ratificó
Pero el juez tiene imputada a la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes —promovida al cargo por Cerdán en 2021—, y además en el sumario de la causa los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelaron que Díez se había reunido en al menos tres ocasiones con la directora general del cuerpo, Mercedes González. Encuentros que ella al final tuvo que reconocer después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska hubiera negado esa posibilidad apenas unos días de conocerse el sumario. El PSOE no ha abierto ningún tipo de expediente a Fuentes y el Ejecutivo, empezando por el propio Sánchez y siguiendo por Marlaska, han manifestado su respaldo pleno a la jefa de la Guardia Civil.
Este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, reiteró que Sánchez nunca supo nada de la fontanera del PSOE: "El presidente nunca ha conocido, ni avalado ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado". Repitió prácticamente palabra por palabra aquello que el propio jefe del Ejecutivo respondió a los periodistas el pasado viernes en Tivat (Montenegro).
#EnDirecto | El Gobierno desmiente "rotundamente" cualquier encuentro entre Pedro Sánchez y Leire Díez: "Nunca ha conocido ni avalado ni ha sido informado de sus andanzas. Nunca lo hubiera tolerado" pic.twitter.com/oG1tnnWPp7
Los informadores preguntaron a la portavoz por qué ahora el partido y el Gobierno no actúan como en el pasado, cuando pidió sus actas y echó a los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Ahora no se ha adoptado ningún tipo de medida contra Zapatero, ni contra la gerente del partido, ambos imputados en la Audiencia. La ministra reivindicó que la posición es "absolutamente coherente". "Somos el Gobierno de la tolerancia cero contra la corrupción, de la colaboración con la Justicia, de respetar los tiempos de la Justicia, de confiar en la Justicia", remachó, recordando de nuevo el plan de medidas anticorrupción que Sánchez presentó en julio del año pasado ante el Congreso. El problema es que la norma estrella, el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, aún no ha llegado al Congreso y se antojan muy complicados sus apoyos parlamentarios.
El Ejecutivo mantiene la confianza en González y también en Narbona. La presidenta del PSOE "tiene una moralidad intachable". "Jamás ha intervenido en nada ilícito o impresentable", apuntan
En el Gobierno mantienen toda la confianza en González —no se plantea de ningún modo su cese, y menos aún después de que Sánchez le explicitara su respaldo— y también en Narbona. En su caso, la UCO describe en su informe que la presidenta del PSOE mantuvo una conversación por WhatsApp con Díez el 24 de abril de 2024, cuando Sánchez publicó su Carta a la ciudadanía, en la que abría un periodo de reflexión de cinco días en el que se planteó dimitir. La exmilitante le habló de "reconducir" los ataques al presidente, de dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín". "[Esto] se lo habías contado a Santos el otro día", respondió ella. Narbona deberá comparecer como testigo ante Pedraz el 10 de julio. Ni Saiz ni el ministro de Transportes, Óscar Puente, presente en la rueda de prensa de este martes, quisieron hacer referencia a la citación de la presidenta del PSOE, pero fuentes de la Moncloa mostraron su "pleno respaldo" a la dirigente.
"Cristina tiene una moralidad intachable. Estamos seguros de que jamás ha intervenido en nada ilícito o impresentable. Es la persona más seria del mundo", señala un miembro del Ejecutivo que confía en que no obstante el caso Leire se vaya desactivando, porque no le ve recorrido. "Leire sería lo que en derecho se llama una tentativa inidónea, que es como elegir un medio incapaz de provocar el resultado buscado. Ella no tenía capacidad de influir en nada. Habría que darle la medalla de Isabel la Católica. Desde Mata Hari no se conocería nada igual", bromea este alto mando.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha requerido información sobre el destino del fiscal Anticorrupción José Grinda en Bolivia, según ha podido confirmar El Independiente. La petición se enmarca en la causa que investiga una presunta trama liderada por la exmilitante Leire Díez para "desestabilizar" los casos que afectasen al entorno del PSOE, y uno de sus "objetivos de interés" habría sido este fiscal. Según se recoge en uno de los informes de la Guardia Civil, la organización habría llegado a ofrecerle un destino en el extranjero y 300.000 euros a cambio de información sensible sobre el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y sobre procedimientos vinculados al Gobierno.
Según confirman fuentes jurídicas a este periódico, Grinda se encuentra desde noviembre de 2025 destinado en Bolivia dentro de un programa de cooperación internacional de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), con una estancia prevista de aproximadamente tres años en la escuela de jueces y fiscales del país andino. A la convocatoria para este puesto concurrieron otros dos aspirantes, aunque uno de ellos no reunía finalmente los requisitos exigidos y el otro acabó retirando su candidatura.
Una de las líneas desarrolladas por las presuntas 'cloacas' del PSOE tenía como objetivo al fiscal Grinda, por lo que habrían intentado ganarse su colaboración a cambio de ciertas contraprestaciones. Entre ellas, un puesto de trabajo en el extranjero o incluso un pago de 300.000 euros. En una de las agendas intervenidas por las autoridades a la supuesta 'fontanera' del PSOE, los investigadores hallaron una anotación manuscrita que recoge: "300.000 euros para ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor".
Ese "problema" hace referencia a la denuncia por delitos sexuales que una joven jienense, Miriam Serrano, interpuso contra Grinda por unos hechos que ocurrieron cuando ella era menor. De hecho, los investigadores sostienen que la 'trama Leire' llevó a esta joven a la sede federal del PSOE en Madrid. Según relató la propia Miriam en su declaración a la Unidad Central Operativa (UCO), fue la propia Díez quien la acompañó a Ferraz en octubre de 2024.
Las ofertas de la trama a Grinda
El citado informe de la UCO recoge una lista de objetivos presuntamente elaborada por el excomisario José Manuel Villarejo, fechada el 26 de agosto de 2024, en la que aparece el nombre del fiscal aparece recogido en bajo la expresión:"fiscales, sobre todo Grinda". El 4 de septiembre de ese mismo año, en una conversación con la periodista Patricia López, Díez fue aún más directa: "A mí me hace mucha falta arrear a Grinda".
La operación de captación de Grinda alcanzó su punto álgido el 27 de febrero de 2025. Según recoge el juez Pedraz, ese día, Díez recurrió a un periodista conocido suyo, Pere Rusiñol, para que contactase con el fiscal. Ambos se encontraron en la terraza del mercado de Barceló en Madrid, donde Rusiñol le entregó una hoja que recogía una propuesta: un destino en el extranjero y la retirada de la demanda que Miriam Serrano mantenía contra él, a cambio de información confidencial sobre el fiscal jefe Luzón y el archivo de varios casos que interesaban a la trama.
Grinda rechazó la oferta. Tras el encuentro, Rusiñol remitió un mensaje a la exmilitante socialista utilizando un lenguaje en clave: "No había agua, al menos de momento".
"Te quieres ir a Bolivia de enlace"
La trama no se dio por vencida. Semanas después del fracaso con Rusiñol, Sandro Rosell —el exdirigente del FC Barcelona absuelto en 2021 del caso de blanqueo de capitales en el que Grinda había tenido un papel relevante— habría comenzado a mediar entre el fiscal y el grupo, según se desprende de los informes policiales incorporados al sumario. El 10 de marzo de 2025, Rosell escribió a Leire y a Dolset en un grupo de WhatsApp denominado "Mas Martí-Girona" para comunicarles que "G" le había contactado y preguntarles si debía quedar con él. Leire respondió afirmativamente: "siiiii".
Las instrucciones que Díez transmitió a Rosell para esa reunión dan cuenta de la sofisticación operativa del grupo: "Recuerda, escuchar más que hablar. Proponerle salida, pero sin nombrarnos a Santos o a mí. Hemos hablado mucho este finde e igual hay que preservarme un poco porque tengo que estar en otros frentes. Mandaríamos a un abogado". El propio Rosell, siguiendo el guión, le anticipó a Leire lo que le diría a Grinda: "Pepe, estás jodido, te interesa negociar con el Gobierno, ya te diré con quién".
En respuesta a este mensaje, Leire hizo varias anotaciones sobre con "cosas a decirle". Entre ellas: "tú ya has trasladado a terceras personas que tienes documentación de Luzón y que te quieres ir a Bolivia de enlace", "el juicio con la chica empieza en menos de un mes". También: "Pepe, tus vídeos y la operación Telémaco la tiene ya hasta el bedel del Bernabéu. Solo hace falta que llegue a tus jefes" o "también sabemos que te crees protegido por Mauricio Casals y Ferreras, pero créeme que no estás protegido porque no lo puedes estar".
El juez que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha pedido permiso a Estados Unidos para utilizar como prueba el teléfono del accionista de facto de la aerolínea, Rodolfo Reyes, en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Así se desprende de un auto, al que ha tenido acceso El Independiente, por el que el magistrado solicita cooperación a las autoridades estadounidenses para que le autoricen a utilizar el material extraído del móvil de este empresario venezolano, dada su "relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados".
Precisamente, el contenido de este teléfono es uno de los elementos centrales de la causa. La investigación abierta por Estados Unidos a este empresario acabó llevando al Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS) a remitir información a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional tras detectar la aparición de personas políticamente expuestas y movimientos financieros vinculados al entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Según el documento policial, al que ha tenido acceso este periódico, la información llegó a España a través de los canales de cooperación internacional de la Policía Nacional desde la oficina en Madrid de Homeland Security Investigations (HSI). El organismo investigaba a Reyes por el presunto blanqueo de capitales que habría desarrollado a través de diversas sociedades, entre las que se encontraba Plus Ultra.
En ese contexto, el organismo estadounidense realizó en 2021 una extracción completa del teléfono móvil de Reyes. La agencia norteamericana consideró que el contenido del dispositivo podía resultar de interés para las autoridades españolas y servir para "sustentar la presentación de cargos penales contra las personas en España implicadas en estas actividades financieras ilícitas", por lo que obtuvo autorización judicial y remitió el material a la Policía española.
Situó a Zapatero en el radar de la UDEF
De las conversaciones extraídas del terminal nacen, precisamente, los principales indicios que sustentan la imputación de Zapatero acordada esta semana por el juez Calama, como ya informó El Independiente. Es a partir de los mensajes de Reyes que la investigación reconstruye el recorrido de los directivos de Plus Ultra para intentar acceder a las ayudas públicas en los meses iniciales de la pandemia.
La primera alusión que se hace al expresidente socialista data de una conversación del 30 de marzo de 2020 entre Rodolfo Reyes y el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá. Según recoge la UDEF, Reyes le pregunta: "¿Tienes idea cómo llegamos a los hilos políticos, tema ayudas, financiamiento etc etc etc?". Martínez Solá responde entonces que el CEO de la compañía, Roberto Roselli, ya le había trasladado esa necesidad y que había activado "dos vías" para intentarlo: "Delcy que llame a Ábalos" o "alguien con Zapatero".
"¿Sirve pa algo ese señor?", pregunta Reyes. "Es pro Sánchez", responde el presidente de la aerolínea. "Y pro Maduro", añade el accionista, a lo que Martínez Solá responde, para zanjar: "El fin justifica los medios". Ese mismo día, Reyes contacta además con el diplomático venezolano Ramón Gordils para explorar directamente un acercamiento al exlíder socialista. "¿Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero?", pregunta. Gordils le contesta: "Vayan recorriendo la ruta formal, yo busco como llegarle a ZP".
El juez que investiga el 'caso Plus Ultra' mantiene secretas dos piezas separadas en el marco de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por el rescate público de la aerolínea. Según han confirmado fuentes jurídicas a El Independiente, una de ellas se centra en el rastreo de cuentas y movimientos financieros de la trama en el extranjero, mientras que la segunda abordaría operaciones vinculadas al tráfico de materias primas como el oro y el petróleo.
Ambas líneas de investigación fueron desgajadas de la causa principal el pasado 18 de mayo por decisión del magistrado José Luis Calama, que encabeza el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia. El juez acordó formar estas dos piezas a partir de tres atestados elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, al apreciar la posible existencia de "otros ilícitos penales" atribuibles a terceras personas ajenas a la trama investigada hasta ese momento, según fuentes del caso consultadas por este periódico.
Estas ramificaciones avanzan de manera paralela a la matriz del 'caso Plus Ultra', en la que están implicados, entre otros, varios directivos de la aerolínea —el presidente, Julio Martínez Solá; el CEO, Roberto Roselli; y el abogado Santiago Fernández Lena— así como el empresario Julio Martínez Martínez y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El exdirigente socialista está llamado a declarar como investigado los días 17 y 18 de junio por los presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Aunque el contenido de ambas piezas permanece bajo secreto —según inciden las citadas fuentes— las pesquisas encajan con dos de las líneas que han ido aflorando en la investigación principal. En el sumario del caso, al que ha tenido acceso este medio, el juez Calama sostiene que la organización presuntamente liderada por Zapatero no limitó su actividad a influir en el rescate de Plus Ultra, sino que también se extendió a "operaciones internacionales de alto valor económico" relacionadas con el comercio de oro, petróleo, petcoke (producto derivado del proceso de refinación del petróleo crudo), compraventa de acciones y mercado de divisas.
En el auto por el que se conoció el pasado mes la imputación del expresidente, el juez constata que la organización presenta "ramificaciones de carácter internacional" con indicios de "transferencias de fondos al extranjero". En este sentido, puso el foco en el papel de los hermanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Ambos son administradores solidarios de la mercantil Inteligencia Prospectiva, considerada por el juez como una de las sociedades instrumentales de la supuesta organización. Pese a declarar ingresos mínimos —inferiores a 35.000 euros anuales y nulos en los ejercicios de 2020 y 2021— la compañía llegó a mover más de 2,6 millones de euros a través de sus cuentas bancarias. De ellos, habrían pagado más de medio millón a la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav SL.
En un informe incorporado al sumario, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) concluía que Inteligencia Prospectiva era utilizada como 'pantalla' para introducir fondos en España procedentes del extranjero y redistribuirlos mediante contratos ficticios de asesoría hacia la red organizada liderada por Zapatero y operada por su amigo Julio Martínez. Este último es administrador de la sociedad Análisis Relevante, que también se halla en el foco de las pesquisas. Esta empresa habría remitido unos 240.000 euros a la empresa de las hijas del expresidente, según los investigadores.
Una red "transnacional" de lavado de dinero
La causa que hoy instruye la Audiencia Nacional nació a finales de 2024 tras las alertas remitidas a España por las fiscalías de Suiza y Francia. La documentación enviada a Anticorrupción describía la existencia de una presunta organización dedicada al blanqueo de dinero supuestamente procedente de tramas de corrupción vinculadas a Venezuela, y que también estaría vinculada a operaciones relacionadas con el comercio internacional de oro.
La red operaba como una especie de "pseudobanco", y estaba liderada por el empresario peruano Luis Felipe Baca y el neerlandés Simon LeendertVerrhoeven, investigado por traficar, precisamente, con oro venezolano. El entramado controlaba grandes cantidades de dinero de origen ilícito y operaba mediante inversiones en bolsa para posteriormente reintegrar los fondos como aparentemente lícitos a sus clientes, según apunta el propio juez Calama. A esta estructura "transnacional", Plus Ultra habría desviado casi 16 de los 53 millones de euros del rescate que le concedió el Gobierno en 2021.
Las informaciones remitidas por Suiza y Francia sitúan el origen de parte de los fondos en Venezuela. En concreto, en el presunto desvío de dinero público procedente de los programas Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y en operaciones vinculadas a la venta internacional de oro del Banco de Venezuela, canalizada a través de sociedades interpuestas y estructuras financieras en terceros países, incluida la sociedad emiratí Noor Capital PSC. La investigación apunta a los posibles delitos de malversación y cohecho.
Entre los nombres que aparecían en esa documentación remitida por Francia y Suiza figuraba el empresario venezolano Rodolfo Reyes, máximo accionista de Plus Ultra en el momento del rescate a través de la sociedad Snip Aviation. Según la información trasladada por el Parquet National Financier francés, Reyes habría participado en conversaciones con el empresario Luis Felipe Baca sobre el transporte de "cinco u ocho toneladas de oro" desde Caracas a Dubái "por cuenta del Banco Central de Venezuela".
La investigación también ha identificado un entramado de sociedades radicadas fuera de España que, según la UDEF, habría servido para canalizar pagos internacionales. Entre ellas figuran Landside Dubai FZCO, Landside Middle East FZCO y Landside Holding LTD, constituidas en Dubái y vinculadas a Idella Consulenza Strategica.
Hoy comienza en la Audiencia Nacional el juicio contra 17 personas acusadas de presuntos delitos de enaltecimiento del terrorismo y que tiene previsto continuar los próximos días 15, 18, 24, 25 y 26 de junio.
En marzo de 2022, decenas de personas se congregaron para dar la bienvenida a un ex-preso de ETA. El coche en el que viajaba se dirigía al frontón de Berango (Vizcaya), donde tendría lugar el acto, convocado para el mediodía bajo el nombre de 'ongi etorri' —bienvenido en euskera—, en el que se homenajeaba al ya sentenciado por pertenencia al grupo terrorista ETA, que salía de la cárcel 19 años después, en reconocimiento a "su firmeza en la defensa de la legitimidad de la lucha". Los asistentes se reunieron en un frontón blindado y las ventanas se taparon para impedir la visibilidad del desarrollo del acto.
Convocados a través de las redes sociales, los asistentes fueron recibidos con octavillas bajo el mensaje: "¡No seas perro! ¡Y el móvil en el bolsillo! Viendo la realidad diaria y para no ayudar a los 'txakurras' —forma despectiva de referirse a los agentes—, ¡apaga el móvil! ¡No grabes! ¡No saques fotos! Y si le ves al de al lado, ¡dilo!", según narra el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press.
De las aproximadamente 250 personas asistentes, según datos del Ministerio Público, 17 están acusadas de presuntos delitos de enaltecimiento del terrorismo. Durante el acto, algunos participantes aseguraron que el exrecluso "había sido secuestrado casi 19 años por el Estado español". Entre vítores, aplausos, banderas ondeadas y consignas coreadas en apoyo a los presos de ETA, el homenajeado es recibido por los asistentes.
El acto transcurrió sin incidentes y concluyó con referencias a otros condenados: dedicó "un increíble abrazo a los presos políticos". Según el escrito de acusación de la Fiscalía, varios de los intervinientes también se dirigieron al público y habrían pronunciado frases como "has estado 21 años echando un pulso al enemigo" o "en febrero de 1998 los cipayos le detuvieron, esta detención no le acojonó y siguió en la militancia".
La jornada se clausuró con el miembro abandonando el frontón "con un ramo de flores y otros objetos que introdujo en el interior de su furgoneta" y "sacó diversas banderas que habían sido utilizadas en el evento", junto con algunos de sus seguidores, con los que acudió a una 'herriko taberna' —un foro social donde habitualmente acuden miembros de la izquierda abertzale para debatir de forma distendida sobre ideas políticas—.
17 acusados
La Audiencia Nacional juzga esta semana a 17 de los asistentes al acto por la presunta comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo de ETA. Los acusados se enfrentan a penas de prisión de hasta dos años y nueve meses, así como a multas económicas de hasta 5.100 euros y a la inhabilitación absoluta e inhabilitación especial para profesión u oficio educativo en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un máximo de 15 años.
Todo ello con el presunto objetivo de "mantener viva la idea de que los métodos violentos de dicha organización terrorista siguen siendo válidos". Europa Press, que ha tenido acceso al escrito, señala que este recoge que "en algunos comunicados de las entidades convocantes del homenaje" se aludía al exmiembro como "un preso político comunista vasco".
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