Las familias de la escuela pública llegan a la Asamblea de Madrid para mostrar su desesperación por las altas temperaturas que alcanzan las aulas en los centros educativos de la región. Mientras 30 madres acceden al pleno con la esperanza de escuchar alguna solución, una marea carmesí les muestra su apoyo desde fuera. Son padres y vecinos que acuden a la llamada de la Plataforma Aprender Sin Calor, compuesta por más de 150 asociaciones de familias del alumnado. El rojo, el color que han elegido para su protesta, se apodera de la calle y los silbatos no paran de sonar. “No es Riviera Maya, mi hijo se desmaya”, corean una y otra vez. Algunos vehículos pitan desde la carretera para mostrarles su apoyo. Acuden a su encuentro la portavoz socialista, Mar Espinar, y el responsable de Educación en su partido, Esteban Álvarez, además de su homóloga en Más Madrid, María Pastor, y la concejala del grupo municipal de su formación, Lucía Lois. Esta agrupación propone en el pleno reformar la legislación sobre la infancia para garantizar unas instalaciones educativas con temperaturas por debajo de 27 grados y por encima de 17, algo ya establecido en la normativa de prevención de riesgos laborales en espacios interiores.

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“Por favor, no usen estos urinarios, utilicen los de la pista deportiva. Gracias y disculpen las molestias”, se lee en los carteles del Instituto Cardenal Cisneros que pega un trabajador del centro mientras tranquiliza a las madres de los alumnos. “Esto se va a quedar cerrado, los peregrinos solo van a utilizar las duchas del gimnasio, donde se han habilitado unos baños portátiles y unos cubos de basura. Algunos dormirán bajo techo y otros al raso”, les explica. Mientras ultima los preparativos, ellas se reúnen para organizar una bienvenida a las nuevas familias que llegarán el curso que viene. Pocos metros las separan del lugar donde dormirán 400 personas emocionadas por la llegada del Papa León XIV a Madrid, según datos facilitados por el equipo coordinador de la acogida, y este tema se convierte en el centro de la conversación. “Su estancia aquí no ha pasado por consejo escolar, no se ha preguntado a la comunidad educativa, es algo que se ha impuesto, cuando se debería haber votado”, protesta Beatriz Sánchez, madre de 51 años.

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