El Congreso ha vivido este jueves un giro inesperado en la tramitación del proyecto de ley que permitirá a los mutualistas —principalmente abogados, procuradores, arquitectos e ingenieros— trasladar las cotizaciones acumuladas en sus respectivas mutualidades al Régimen de Autónomos (RETA) de la Seguridad Social. Esta pasarela, que es como se ha denominado a la fórmula de conversión de los periodos cotizados, les daría acceso a una pensión pública, previsiblemente más alta que la que obtendrían en sus mutualidades (que ronda los 400 euros en muchos casos).

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Los empleados públicos con categoría de personal laboral (es decir, que no son funcionarios de carrera) en la Administración General del Estado están en pie de guerra. La negociación de su convenio lleva un año y medio en vía muerta, por lo que tienen pendiente de desarrollo muchas de sus condiciones laborales. Entre ellas, la carrera profesional horizontal; la equiparación salarial con el personal funcionario o la agilización de los procesos selectivos. Por ello, los principales sindicatos que los representan (CC OO, UGT y CSIF) ya han dado el paso esta semana de convocar distintas protestas y manifestaciones contra el Ministerio de Función Pública, que es su empleador.

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Los trabajadores de la la Administración General del Estado con categoría de personal laboral fijos, sujetos al IV Convenio Único, ya pueden solicitar, desde este miércoles, la jubilación parcial y la jubilación parcial anticipada, que es la más común dentro de esta modalidad. Este tipo de retiro permite reducir la jornada laboral del trabajador, que recibe la parte proporcional del salario por el tiempo de trabajo que sigue haciendo y por resto empieza a cobrar también proporcionalmente la pensión. Así lo establece la nueva instrucción de gestión de esta modalidad de retiro, que fue publicada por la Secretaría de Estado de Función Pública en el BOE este martes.

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El 27% de las empresas en España cuentan con al menos un plan de pensiones para sus empleados entre los beneficios sociales que les ofrecen. Así lo indica el estudio Situación de las pensiones en España, elaborado por la consultora KPMG con la participación de 80 empresas, que muestra que se trata de un porcentaje que lleva prácticamente estancado desde que se comenzó a realizar este análisis que suma ya nueve ediciones. A pesar de que en los últimos años han mejorado los incentivos fiscales para los planes de ahorro para la jubilación en el seno de las compañías (oficialmente denominados planes de empleo), estas culpan al incremento de los costes laborales del estancamiento en el desarrollo de la previsión social empresarial. Y apuntan más específicamente como causas a las mejoras del salario mínimo y del resto de los sueldos en general; así como al alza de las cotizaciones sociales por las medidas adoptadas en las últimas reformas de pensiones.

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La Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato CC OO ha convocado una concentración ante el Ministerio de Hacienda en Madrid para este martes con una sola exigencia: la creación de un salario mínimo para todos los trabajadores de la Administración General del Estado de 1.500 euros netos al mes. Se trata de la primera vez que se materializa una reclamación de este tipo, muy común en los convenios sectoriales del sector privado.

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