El presidente de la Generalitat de Cataluña y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha cerrado filas este sábado en torno al Gobierno de Pedro Sánchez y ha lanzado un mensaje de resistencia política frente a quienes consideran agotada la legislatura. "A los socialistas no nos doblegan ni nos callan", ha asegurado durante un acto con alcaldes socialistas celebrado en Terrassa, donde ha defendido la gestión del Ejecutivo y se ha mostrado convencido de que el PSOE volverá a competir con opciones de victoria en las próximas elecciones generales.
Ante cientos de cargos municipales reunidos en el encuentro "La força dels municipis", Illa ha reivindicado el balance de los últimos años de gobierno y ha pedido a la militancia socialista sentirse "orgullosa" tanto de la labor desarrollada por el Ejecutivo central como del liderazgo de Pedro Sánchez.
A un año del plazo límite para la convocatoria de las próximas elecciones generales, el dirigente catalán ha considerado que ha llegado el momento de hacer balance de una etapa marcada, ha recordado, por acontecimientos extraordinarios como la pandemia de la Covid-19, la erupción volcánica de La Palma o los conflictos internacionales que han condicionado la economía europea. "Es el momento de hacer balance, sin sacar pecho pero para decir las cosas claras claritas: es excelente", ha afirmado Illa.
El líder del PSC ha aprovechado también para confrontar el modelo socialista con el de sus adversarios políticos. Según ha sostenido, las políticas impulsadas por el Ejecutivo han estado orientadas a mejorar la situación de los ciudadanos y no a favorecer intereses económicos concretos.
"Por más que os empeñéis, los números cuadran, y nosotros hacemos los números en los ciudadanos, no hacemos números pensando en los fondos de inversión ni pensando en los que más tienen. Esa es la diferencia", ha apuntado.
Durante su intervención, Illa ha reivindicado además uno de los principales argumentos políticos del socialismo catalán en los últimos años: la recuperación de la convivencia institucional y social en Cataluña tras el periodo más intenso del conflicto independentista.
A su juicio, el reconocimiento de la pluralidad territorial de España ha contribuido a rebajar la tensión política y a reconstruir espacios de entendimiento. "Debemos estar orgullosos de haber recuperado la convivencia", ha afirmado.
"En un mundo que esta cambiando", ha dicho, "en el que se usa la fuerza militar en vez de la fuerza de los argumentos" algunos pensaron que era mejor quedarse "en un rincón callados", pero frente a ellos sonó "la voz de la dignidad del Partido Socialista, la voz que reclama un mundo en paz y sin guerras".
En un discurso cargado de referencias ideológicas, Illa ha contrapuesto además las preocupaciones de la ciudadanía con los grandes titulares económicos. En este sentido, ha restado importancia a las informaciones sobre grandes fortunas internacionales y ha asegurado que la prioridad de los socialistas sigue siendo mejorar las condiciones de vida de la mayoría social.
"¿Qué me importa si hay aun billonario en el mundo? A los socialistas nos importan los ciudadanos corrientes, la gente que saca adelante el país. Esa es la gente para la que trabajamos".
Pese al tono optimista de su intervención, el presidente de la Generalitat también ha hecho una referencia implícita a los procedimientos judiciales que afectan a dirigentes vinculados al PSOE. Sin citar casos concretos, ha asegurado que los socialistas son conscientes de la situación política y ha defendido el respeto a las decisiones judiciales.
"No estamos ciegos ni somos ingenuos", ha afirmado, antes de reivindicar la presunción de inocencia como uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho.
El presidente catalán ha acabado su referencia a la política nacional alertando de que son "muchos" los que "dan el partido por ganado" pero "os equivocáis: lo vamos a jugar, tenemos muy buenos jugadores y vamos a ganar, y no justitos".
© EFE
El vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha asistido este sábado a las pruebas del nuevo sistema de señalización y comunicaciones de las Líneas 4, 6 y 8 del tranvía de Metrovalencia, una vez finalizada la actuación, que ha supuesto una inversión de 15 millones de euros.
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha completado este mes la instalación de estos nuevos sistemas ATP (Protección Automática de Trenes) y SAE-CT, que supervisa y controla la velocidad de los tranvías a través de la geometría de vía y la señalización y que cuenta con "la tecnología más avanzada de España" y sólo presente en algunas ciudades francesas o en Bruselas, según ha informado la Generalitat en una nota de prensa.
Los trabajos han sido financiados por la Unión Europea, a través de los Fondos MRR-Digitalización, han añadido desde FGV.
Según ha explicado Martínez Mus, tras realizar un recorrido en tranvía desde talleres Tarongers a la parada de Neptú, se trata de una inversión estratégica, incluida en el Plan de Actuación FGV 2026-2030, que refuerza la seguridad, mejora la calidad del servicio y "sitúa a nuestra red tranviaria entre las más avanzadas desde el punto de vista tecnológico, preparada para la llegada de los nuevos tranvías y próximas mejoras de servicio".
De esta forma, se modernizan las líneas que contarán con nuevos tranvías fabricados por Stadler, que se incorporarán a Metrovalencia a lo largo de 2027 y permitirán sustituir las unidades más antiguas, en servicio desde 1994, y aumentar y mejorar la oferta de servicio ya que se trata de unidades más grandes y accesibles con capacidad para más de 280 viajeros.
"Este nuevo sistema de apoyo a la conducción supervisa permanentemente el cumplimiento de las condiciones de circulación, controla las limitaciones de velocidad y proporcionan una protección adicional frente a posibles errores humanos y a su vez ofrece una mayor capacidad de respuesta ante cualquier incidencia, una mejor coordinación de la explotación y una gestión más eficiente de todo el sistema tranviario", ha destacado el vicepresidente.
Los trabajos iniciados en 2025 han contemplado la renovación de los enclavamientos de estas líneas, hasta un total de 15, la señalización lateral luminosa tranviaria; y los sistemas de detección de tren.
El proyecto ha incluido la instalación de un sistema automático de protección de tren (ATP) para supervisión y control de velocidades por geometría de vía y aspectos de la señalización. De esta forma, si el tren detecta que hay que frenar en una intersección lo hará automáticamente sin necesidad de que lo ejecute de forma manual el conductor.
Como parte del proyecto, ha sido necesaria también la construcción de diez cuartos técnicos para albergar los sistemas de señalización y comunicaciones necesarios para el correcto funcionamiento de la red.
Con la renovación y actualización de estos sistemas estas tres líneas de tranvía, con algunos tramos en servicio desde 1994, se equipararán en materia de comunicaciones y señalización con la Línea 10, en servicio desde mayo de 2022.
Las Líneas 4, 6 y 8 prestan servicio a lo largo de cerca de 20 kilómetros distribuidos entre Valencia, Paterna y Burjassot, con 43 paradas y un total de 15 enclavamientos.
De manera paralela, FGV ha adjudicado también la redacción del proyecto y ejecución de las obras de instalación de un enclavamiento electrónico para el depósito y los Talleres Naranjos de la Línea 4 de Metrovalencia, actuación susceptible de ser financiada por la Unión Europea a través del Programa Comunitat Valenciana FEDER 2021-2027, y presupuestada en cerca de dos millones de euros.
La ejecución de este proyecto está incluido en el Plan de Actuación de FGV 2026-2030 que tiene como finalidad mejorar las condiciones del servicio de Metrovalencia y TRAM d’Alacant y dotado con un presupuesto de 830 millones de euros.
Esta actuación forma parte de los más de 275 millones de euros destinados a la modernización y renovación de la red de Metrovalencia y en concreto del apartado relativo a la implantación de nuevos sistemas de señalización y comunicación, al igual que se está haciendo en los tramos en superficie de las Líneas 1 y 2 de metro, según la Generalitat.
© LA RAZÓN
En un nuevo giro de guion en la política española, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha anunciado este sábado su disposición a encabezar la candidatura del partido a la Comunidad de Madrid en las autonómicas de 2027. “El PSOE no pone más que candidatos de cuarta. Y Mónica García dice cosas que suenan bien, pero unos y otros han renunciado a ganarle a la señora [Isabel Díaz] Ayuso. Esta pelea hay que darla con más fuerza. Ayuso es el corazón ideológico de este país”, ha argumentado la también diputada en el Congreso durante el acto central de la Fiesta de la Primavera de la formación. “En Madrid se va a dar una batalla central para el conjunto del país y el futuro de nuestros hijos. No me resigno”, ha señalado ante unos 350 militantes en el Círculo de Bellas Artes de la capital hacia el final de su discurso.
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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado este sábado que encabezará la candidatura de la formación morada a las próximas elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, previstas para mayo de 2027, con el objetivo de disputar el liderazgo político a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
El anuncio se ha producido durante el acto central de la Fiesta de la Primavera, una de las principales citas políticas y programáticas de Podemos, donde Belarra ha confirmado su intención de liderar personalmente la batalla electoral en una comunidad que el partido considera estratégica para su futuro político.
"He decidido encabezar una candidatura para la Comunidad de Madrid porque creo que es lo que hay que hacer, porque creo que tenemos que dar esta pelea con toda la fuerza (...) torcerle de una vez por todas el brazo a esa mala persona insufrible que es la señora Ayuso", ha dicho.
Belarra ha cargado duramente contra la gestión del Gobierno regional y ha asegurado sentirse cansada de los actuales dirigentes políticos de la comunidad. "Tengo mucha rabia de que todo el mundo se haya rendido en esta comunidad", ha afirmado la dirigente de Podemos, que ha añadido que está harta de la "mierda de gobernantes".
El anuncio supone el primer gran movimiento de la formación morada de cara al próximo ciclo electoral autonómico y sitúa a Belarra como la principal apuesta del partido para recuperar espacio político en una comunidad donde Podemos ha sufrido una importante pérdida de representación institucional en los últimos años.
El movimiento de Belarra se asemeja al que hizo el exlíder de Podemos Pablo Iglesias en 2021, cuando decidió dejar su cargo de vicepresidente del Gobierno y presentarse como candidato de la formación morada ante el adelanto electoral en Madrid. Tras esos comicios, dejó la política activa.
La líder de Podemos ha subrayado que da el paso al ver que el PSOE "no pone más que candidatos de cuarta" en la Comunidad y que sus dirigentes se pelean por "no ir a Madrid". A su vez, ha apostillado que tampoco convence la opción de la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, pese a que dicen cosas que "están bien".
"Unos y otros ya han renunciado. Se nota, se siente que han renunciado. Por eso yo creo que esta pelea hay que darla con mucha más fuerza", han agregado para defender que la izquierda alternativa tiene que ofrecer una alternativa a la actual presidenta autonómica, la 'popular' Isabel Díaz Ayuso.
Castilla y León ya tiene su nueva Junta. El presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha anunciado este sábado a mediodía los miembros de su gabinete, el tercero desde que entró a gobernar en 2019 en sendas coaliciones, primero con Ciudadanos y las dos últimas con Vox. La extrema derecha asume tres consejerías y una vicepresidencia y entre los elegidos por Mañueco destaca que Juan Carlos Suárez-Quiñones, su habitual consejero de Medio Ambiente y muy criticado por su gestión de los incendios, sigue en la Junta pero a cargo de Empleo e Industria. Vox ha seleccionado a perfiles técnicos para sus departamentos: el vicepresidente, Carlos Pollán, dirigirá además el área de Desregularización y Familia mientras que Joaquín Antonio Pino liderará Agricultura y Ganadería y José Alberto Díaz Pico dirigirá Cultura y Deporte. Mañueco, que ha incorporado a su programa la “prioridad nacional” exigida por sus socios, ha reivindicado a su equipo como “personas preparadas, con criterio, capacidad de trabajo, experiencia que van a conformar un gobierno sólido y con la fuerza necesaria para impulsar el futuro de Castilla y León”.
© EUROPA PRESS (EUROPA PRESS)
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche (Alicante) a un hombre de 31 años de edad relacionado con el robo en una vivienda de la pedanía de Torrellano de numerosas piezas de coleccionista de Lego y otras marcas valoradas en más de 10.000 euros, y que luego revendía.
La investigación policial permitió recuperar casi la totalidad de los artículos de colección sustraídos, tanto los que el detenido había vendido en dos tiendas de compra venta de efectos como otros que aún conservaba en su propio domicilio, según ha informado la Policía Nacional.
Los hechos ocurrieron durante el último fin de semana del mes de mayo, cuando un hombre denunció un robo en su domicilio, una vivienda unifamiliar situada en la pedanía de Torrellano, donde rompieron una de las ventanas y sustrajeron del interior gran cantidad de artículos de coleccionista de este juego de construcción, que almacenaba allí, como propietario de una tienda de venta de estos artículos ubicada en la provincia.
La víctima detallaba en su denuncia con exactitud cada una de estas piezas de colección, cuyo valor total estimaba en más de 10.000 euros, indicando incluso que la posesión variada de algunas de estas piezas era tan exclusiva que era inviable que un particular en España las pudiera tener.
De la investigación se hicieron cargo los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Elche, quienes detectaron la venta masiva de varios de estos artículos por parte de un mismo individuo en una tienda de compra venta de efectos de segunda mano de la ciudad.
De otra parte, los agentes también chequearon otros canales de venta de segunda mano, averiguando que este mismo individuo había vendido también más objetos que podían estar relacionados con el robo en otra tienda de compra venta, de la ciudad de Alicante en este caso.
Así, los investigadores intervinieron estos artículos de manera cautelar a la espera de determinar si el perjudicado los reconocía como los mismos que le sustrajeron del domicilio, resultando que, tras mostrárselos los reconoció plenamente como suyos, por lo que le fueron devueltas.
Además, el acusado de las ventas de los efectos robados resultó ser un vecino de la víctima, por lo que los agentes iniciaron las pesquisas tendentes a la localización y detención del investigado, a que detuvieron en el momento en el que se disponía a vender más efectos procedentes del robo en una de estas tiendas de compra venta, concretamente, once sets más de la colección de la víctima que fueron igualmente recuperados y devueltos a su propietario.
Finalmente, tras realizarse un registro en el domicilio del detenido, se pudo recuperar otra gran parte de artículos de la colección robados a la víctima, junto con otros artículos también sustraídos de su domicilio.
Los agentes continúan las gestiones para localizar el resto de efectos robados, no descartándose incluso más detenciones.
El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elche.
© Difoosion
La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha reclamado este sábado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que ofrezca explicaciones detalladas sobre las circunstancias que rodean su investigación en el caso Plus Ultra y, especialmente, sobre la procedencia de las joyas valoradas en más de un millón de euros que le han sido intervenidas en el marco de las pesquisas.
Durante un acto celebrado en Madrid, García quiso marcar distancias con cualquier sospecha de opacidad y defendió que su formación ha exigido aclaraciones desde el primer momento en que trascendió la situación judicial del exdirigente socialista.
"Nosotros somos una izquierda transformadora que viene limpia, que viene sin el apoyo de ningún lobby y de ningún empresario, ni tampoco de ningún poder fáctico, mediático y ni jurídico. No nos van a pillar por ahí, pero el señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo", ha manifestado García.
En ese contexto, consideró necesario que Zapatero detalle el origen de las joyas incautadas, cuyo valor supera el millón de euros, al tiempo que extendió la exigencia de explicaciones a otros responsables políticos.
García señaló directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien pidió aclaraciones sobre el ático que posee y sobre una futura adquisición inmobiliaria que, según sostuvo, también debería ser explicada públicamente.
"Queremos explicaciones porque efectivamente consideramos que el ejercicio de la política ha sido honesto y que el esfuerzo del día a día de los ciudadanos no puede irse por el vertedero o por el coladero de las peores políticas neoliberales", ha dicho.
Pese a reclamar aclaraciones inmediatas, la líder de Más Madrid insistió en que respeta el principio de presunción de inocencia de Zapatero y evitó adelantar conclusiones sobre el procedimiento judicial que afecta al expresidente socialista.
Por tanto, Más Madrid, ha insistido, espera "todas las explicaciones de Zapatero porque, aunque cree en la presunción de inocencia, quieren tener todos los datos porque no se conforma con las "elucubraciones" del PP, "que son absolutamente partidistas y absolutamente cínicas".
El Partido Popular ha llevado al Congreso una iniciativa para impulsar una reforma del sistema de prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil mediante la creación de delegados específicos encargados de velar por la seguridad y salud de los agentes en todo el territorio nacional.
La propuesta, registrada en forma de Proposición No de Ley (PNL), plantea que estos representantes sean designados por las asociaciones profesionales con representación en el Consejo de la Guardia Civil y cuenten con presencia directa en las distintas estructuras territoriales del Instituto Armado.
Los populares consideran que el modelo actual presenta importantes carencias debido a su elevado grado de centralización y sostienen que resulta insuficiente para atender las necesidades de una organización que supera los 80.000 efectivos distribuidos en más de 2.200 unidades repartidas por toda España.
Por ello, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo propone que exista al menos un delegado de prevención en cada zona de la Guardia Civil y otro en cada comandancia, además de habilitar representantes adicionales en función del número de agentes destinados en cada plantilla.
Según recoge la iniciativa parlamentaria, estos delegados tendrían entre sus funciones la vigilancia y el control de las condiciones de trabajo de los guardias civiles, con el objetivo de detectar riesgos, trasladar incidencias y colaborar en la mejora de las medidas de protección laboral.
El PP considera que el sistema vigente limita la participación efectiva de los agentes en la Comisión Permanente sobre Prevención de Riesgos Laborales del Consejo de la Guardia Civil, órgano encargado actualmente de canalizar estas cuestiones.
A juicio de la formación, la estructura existente dificulta una respuesta ágil y cercana a los problemas que pueden surgir en el día a día de las distintas unidades, especialmente teniendo en cuenta la amplia dispersión territorial del cuerpo.
La propuesta también incorpora medidas destinadas a reforzar la capacidad de actuación de estos representantes. En concreto, reclama que dispongan de un crédito horario suficiente para desarrollar sus funciones y plantea un mínimo de ocho horas semanales, ampliables en función de las necesidades del servicio o de las circunstancias específicas de cada destino.
Además, sostienen que su planteamiento no supone una novedad dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino que sigue modelos ya implantados en otros organismos. Como ejemplo, citan el sistema vigente en la Policía Nacional, donde la normativa contempla la existencia de delegados de prevención distribuidos en distintos niveles organizativos.
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Il centrocampista del Ghana Thomas Partey non può giocare la prima partita della sua nazionale ai Mondiali, in programma a Toronto contro Panama il prossimo 18 giugno. Il Canada infatti gli ha negato il visto, impedendo il suo ingresso nel Paese. Questa volta però le stringenti misure di sicurezza anti-immigrazioni, che riguardano le frontiere Usa, non centrano nulla. Il motivo del respingimento infatti riguarda la situazione giudiziaria di Partey, in attesa di processo: ha sette capi d’accusa per stupro e uno per violenza sessuale, relativi a denunce presentate da quattro donne diverse tra il 2020 e il 2022.
Partey, che oggi compie 33 anni, gioca nel Villareal ed è il vice capitano del Ghana. Nonostante le pesantissime accuse nei suoi confronti, il ct Carlos Queiroz ha scelto di non rinunciare alla colonna del suo centrocampo. Una decisione formalmente non contestabile, ma che crea un certo imbarazzo alla Fifa e al Mondiale in generale. La scelta del governo canadese, che ha respinto la sua richiesta di visto, crea il primo precedente. La Fifa continua a ripetere la solita formula: “Non è coinvolta nelle procedure di immigrazione dei paesi ospitanti, compresa la concessione dei visti. È il governo del paese ospitante a determinare in ultima analisi chi riceve un visto e chi viene ammesso nel paese”. Ma è evidente il problema: Partey potrà giocare tutte le altre partite senza contestazioni?
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La prima denuncia per stupro nei confronti di Partey fa scattare le indagini della polizia londinese nel febbraio 2022. Il centrocampista, all’epoca in forza all’Arsenal, continua a giocare nel club di Londra per altre tre stagioni, pur rimanendo sotto inchiesta. A giugno 2025 Partey viene formalmente accusato di stupro e violenza sessuale: i reati sarebbero avvenuti a casa sua, tra il 2020 e il 2022, nei confronti di tre donne. Interrotto il rapporto con l’Arsenal, ad agosto il tribunale gli concede la libertà su cauzione, permettendogli così di firmare con il Villareal, con cui disputa questa stagione. A febbraio però emergono nuove accuse di una quarta donna.
Partey si è sempre dichiarato non colpevole per tutti i capi d’accusa. L’inizio del processo a suo carico è atteso per novembre: “Il mio cliente non vede l’ora che si arrivi al processo per poter avere finalmente l’opportunità di ripulire il suo nome”, dice il suo avvocato.
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Partey sarà processato appunto da un tribunale inglese. E il suo Ghana giocherà il secondo match dei Mondiali, il 23 giugno a Boston, proprio contro l’Inghilterra. La FA, la federazione inglese, starebbe addirittura valutando se imporre ai suoi giocatori di non stringere la mano a Partey durante la cerimonia prepartita. Il centrocampista ghanese è stato riempito di fischi durante l’ultima amichevole giocato contro il Galles a Cardiff. Lo stesso trattamento potrebbe venirgli riservato dai tifosi inglesi che saranno presenti a Boston. Una situazione che in Premier si è già vista per molto tempo: anche se il suo nome non era mai emerso pubblicamente, tutti i tifosi sapevano delle accuse di stupro. E non hanno mai smesso di ricordargliele.
L'articolo Mondiali, il Canada vieta a Partey di entrare nel Paese: il centrocampista del Ghana ha 7 capi d’accusa per stupro proviene da Il Fatto Quotidiano.
Después de que esta semana comenzaran los sondeos en Cuelgamuros, con la máquina perforadora saboteada el martes, un día después, con pintadas de "Franco" y "Sánchez HP", una convocatoria en redes sociales ha llamado a una cita que promete ser multitudinaria, esta mañana.
Una larga hilera de vehículos puede verse ahora mismo en los accesos al recinto del Valle de los Caídos, en cuya explanada central ya hay numerosos visitantes, según ha podido comprobar LA RAZÓN, hasta el punto de que se ha ampliado el horario de entrada antes de la misa.
El llamamiento cuenta con un grupo de WhatsApp en el que los interesados, jóvenes en su mayoría, han ido "calentando los ánimos", en palabras de uno de sus miembros, aunque se ha pedido respeto y que se mantenga la calma.
Parte de los convocados ha hecho incluso noche en la Hospedería del complejo, instalación hostelera desconocida, por cierto, entre algunos participantes del chat.
La Abadía se ha desmarcado con un comunicado de este emplazamiento que parte de Triana Fernández, una joven que ha grabado un vídeo en su perfil de Facebook con el objetivo de evitar "la destrucción del Valle", convocando "a las 10:00 de la mañana" de hoy. Asegura que ha informado de la protesta a la Delegación del Gobierno.
Los benedictinos explican que "ante las informaciones difundidas sobre la convocatoria de una concentración o manifestación" la comunidad benedictina aclara que "la Basílica y los espacios vinculados directamente a su actividad religiosa constituyen un lugar de culto y oración destinado al ejercicio de la libertad religiosa y al desarrollo de las actividades propias de la Iglesia Católica. En consecuencia, no corresponde a la comunidad benedictina promover, respaldar o autorizar actos de carácter político o ideológico en dicho ámbito".
Sigue el escrito en estos términos: "La Abadía desea asimismo poner de manifiesto que los numerosos fieles que acuden semanalmente al Valle para participar y acompañar a la comunidad benedictina en las celebraciones litúrgicas y actos de piedad que se desarrollan a lo largo del año lo hacen habitualmente dando un ejemplo admirable de respeto, recogimiento, silencio y oración. La comunidad considera que su derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto debe ser plenamente respetado y preservado".
"Del mismo modo, los numerosos visitantes que acuden diariamente al Valle tienen derecho a disfrutar de este lugar en un clima de normalidad, respeto y serenidad, sin verse importunados por actos, concentraciones o manifestaciones ajenos a la finalidad religiosa y cultural propia del recinto y que no hayan sido convocados ni autorizados por la comunidad monástica en el ámbito de sus competencias".
© La Razón
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Varios vehículos han sufrido daños de diversa consideración en el incendio registrado esta madrugada en un garaje con 51 vehículos aparcados en el municipio alicantino de Xixona (Alicante), en un suceso sin heridos.
Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, a las 02:19 horas de esta madrugada ha recibido el aviso de un incendio en un garaje ubicado en la calle Ausias Carbonell de Xixona (Alicante).
Al lugar de los hechos se han trasladado dos vehículos de jefatura, 3 autobombas de los parques de San Vicente e Ibi y un vehículo nodriza del parque de San Vicente.
Tras detectarse humo y explosiones en el interior de un garaje con 51 vehículos, se movilizaron cuatro dotaciones de bomberos del Parque de San Vicente y una dotación del Parque de Ibi.
En el incendio, "múltiples vehículos" han sufrido daños de distinta consideración por el fuego y el humo, según el Consorcio.
Las labores se han centrado en la extinción de los vehículos afectados y en la posterior ventilación del garaje, lleno de humo, y la intervención, sin heridos, ha finalizado a las 7:27 horas.
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El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, ha elevado este sábado la presión sobre los socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez y les ha instado a decidir si continúan sosteniendo un Ejecutivo que considera "infestado de corrupción".
Durante una visita a Barcelona para reunirse con representantes de organizaciones de trabajadores autónomos, Nadal ha asegurado que la situación política del Gobierno atraviesa un momento crítico y ha defendido que, en una democracia consolidada, las acusaciones y escándalos que afectan al Ejecutivo deberían tener consecuencias políticas inmediatas.
"Cada vez queda más claro que la situación de este Gobierno es absolutamente insostenible", ha afirmado el dirigente popular ante los medios de comunicación, antes de señalar directamente a las formaciones que garantizan la mayoría parlamentaria de Sánchez. "Corresponde a aquellos que siguen manteniendo a este Gobierno infestado de corrupción decidir si siguen haciéndolo", ha añadido.
Nadal ha insistido en que el PP continuará trabajando para propiciar un cambio político en España y ha vuelto a reclamar que sean los ciudadanos quienes decidan en las urnas el futuro del Ejecutivo.
Durante el acto, el responsable económico del PP ha centrado buena parte de su intervención en la situación de los trabajadores por cuenta propia, a quienes definió como una pieza fundamental del tejido productivo español.
Según Nadal, los autónomos afrontan actualmente un escenario especialmente complicado debido al aumento de la presión fiscal y al peso creciente de las obligaciones administrativas. "Tienen una carga fiscal creciente e insoportable", ha asegurado, al tiempo que ha denunciado la acumulación de requisitos regulatorios que, en su opinión, dificultan el desarrollo de pequeños negocios y actividades profesionales.
Ante esta situación, el dirigente popular ha defendido las propuestas que su partido plantea para el colectivo. Entre ellas ha destacado la adaptación de las cotizaciones sociales a la realidad de los ingresos obtenidos por cada autónomo, una mayor flexibilidad en el sistema y un incremento de la capacidad de gestión sobre sus propias cuentas y actividad económica.
El dirigente popular también ha sido preguntado por la reciente visita del Papa a España, un acontecimiento que ha calificado como un éxito por la acogida recibida en los distintos territorios que ha recorrido.
A su juicio, el pontífice ha trasladado un mensaje centrado en la unidad, el entendimiento y la búsqueda del bien común, valores que, según ha dicho, deberían inspirar la actual etapa política.
El Ministerio del Interior ha salido al paso de las críticas del Partido Popular sobre la concesión de una medalla de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a Víctor de Aldama, el empresario investigado en el denominado 'caso Koldo', y ha defendido que el procedimiento seguido para otorgar estas distinciones cuenta con suficientes garantías de control, publicidad y transparencia.
La controversia ha resurgido después de que el PP denunciara el supuesto "oscurantismo" que, a su juicio, rodeó la concesión de la condecoración a Aldama en 2022, cuando el empresario mantenía una estrecha relación con distintos ámbitos de la Administración y antes de verse implicado en diversas investigaciones judiciales.
En una respuesta parlamentaria remitida a la Cámara Baja, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska rechaza las acusaciones de falta de transparencia y sostiene que la normativa vigente ya incorpora mecanismos destinados a garantizar la adecuada supervisión de las condecoraciones otorgadas por la Guardia Civil.
Según Interior, el procedimiento contempla distintas fases de control, entre ellas la propuesta de concesión, la instrucción del expediente, la emisión de informes, la resolución final y su publicación oficial. Además, recuerda que la legislación prevé incluso la apertura de expedientes para impedir el uso de una medalla cuando concurran circunstancias posteriores que cuestionen la idoneidad de quien la recibió.
La respuesta del Gobierno llega después de que el PP comparara la regulación de la Guardia Civil con la reciente reforma impulsada en la Policía Nacional para reforzar los criterios de ejemplaridad profesional exigidos a los condecorados. Los populares consideran llamativo que no se hayan introducido modificaciones similares en la Orden del Mérito de la Guardia Civil.
En sus preguntas parlamentarias, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo señalaba expresamente el caso de Aldama y advertía de que sobre esta condecoración se había extendido "un manto de oscurantismo", al tratarse de una persona actualmente investigada por su presunta participación en distintas tramas de corrupción.
Sin embargo, Interior sostiene que la normativa de la Guardia Civil ya incorpora requisitos de conducta y mecanismos de control suficientes. Entre ellos destaca que las propuestas de concesión deben estar respaldadas por hechos concretos, informes justificativos y la correspondiente valoración jerárquica.
Asimismo, recuerda que la concesión puede ser denegada cuando la persona propuesta esté inmersa en procedimientos judiciales o disciplinarios, o mantenga antecedentes desfavorables que no hayan sido cancelados.
El Ministerio también pone el foco en una circunstancia que considera relevante para el debate político abierto en torno a esta medalla. Según recuerda, ya se ha iniciado un procedimiento para impedir que Víctor de Aldama pueda hacer uso de la distinción que recibió en 2022.
De hecho, el propio Marlaska defendió esta actuación durante una comparecencia en el Senado celebrada a finales del pasado año. Entonces explicó que el expediente para retirar la posibilidad de utilizar la condecoración ya estaba en marcha y subrayó además que la relación de Aldama con la Guardia Civil era anterior a la llegada del PSOE al Gobierno.
El ministro recordó que la colaboración del empresario con el Instituto Armado se remontaba, al menos, a 2017, durante el mandato de Mariano Rajoy. Según sostuvo, los contactos y actuaciones que sirvieron de base para la posterior concesión de la medalla comenzaron en una etapa en la que gobernaba el Partido Popular.
© Europa Press
El cielo estará este sábado en la Comunitat Valenciana poco nuboso y con intervalos de nubes altas, y las temperaturas mínimas ascenderán en el interior norte de Castellón y cambiarán ligeramente en el resto, mientras que las máximas ascenderán, aunque ligeramente en el interior de Valencia.
Además, el viento soplará flojo y de dirección variable, tendiendo a este y sureste flojo por la tarde, con aumentos ocasionales de intensidad en el sur de Alicante, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Por lo que respecta a mañana domingo, se espera cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, desarrollándose nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde, temperaturas en ligero ascenso, más acusado en el caso de las máximas en el interior de Valencia, y viento flojo variable por la mañana, tendiendo al mediodía a sureste flojo, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central.
Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes: Castellón: 28,6 y 18,5 grados; Valencia: 27,1 y 18,4 grados; y
Alicante: 27,6 y 17,4 grados.
© EFE/Manuel Bruque
© Devin Oktar Yalkin for The New York Times
El Congreso tiene previsto reactivar esta semana la reforma de su Reglamento con la que pretende ordenar de forma específica las relaciones de la Cámara con los grupos de interés y reforzar el régimen sancionador para los diputados que incumplan las obligaciones fijadas. Este paso se produce justo después de que el pasado jueves se aprobara la toma en consideración de otra modificación reglamentaria destinada a permitir la suspensión temporal y la imposición de multas de hasta 2.000 euros a los parlamentarios que alteren el orden y sean expulsados del Pleno.
Esta última revisión fue registrada por el PSOE tras la expulsión a mediados de abril del diputado de Vox José María Sánchez, a quien se obligó a abandonar el hemiciclo después de subir a la tribuna donde se sitúa la Mesa del Congreso y encararse con una letrada y con el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que actuaba entonces como presidente de la sesión.
Ahora se reactivará la otra reforma, promovida también por el PSOE hace un año, orientada a regular la relación con los 'lobbies' y a endurecer el sistema de sanciones internas. Para ello, el martes se ha convocado la ponencia encargada de analizar las enmiendas presentadas por los distintos grupos a esta proposición de ley.
La propuesta contempla que se pueda actuar frente a los diputados o grupos parlamentarios que vulneren las obligaciones derivadas del Reglamento y del Código de Conducta de las Cortes Generales, especialmente contra quienes no registren sus declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos, omitan datos relevantes o incluyan información falsa.
Las infracciones podrán ser puestas en conocimiento de la Comisión del Estatuto de los Diputados por un grupo parlamentario, la Mesa del Congreso, una comisión o la Secretaría General de la Cámara. Este órgano decidirá si abre o no un procedimiento. En caso de rechazarlo, deberá comunicarlo a la Mesa, que dispondrá de un mes para revocar esa decisión si lo considera oportuno.
Si la Comisión aprecia motivos para investigar, deberá escuchar al denunciado, practicar las pruebas que estime necesarias y cerrar la instrucción en un plazo máximo de cuatro meses. En función de la gravedad, podrá proponer sanciones graduadas desde el simple apercibimiento y la publicación de la infracción en la web del Congreso hasta la retirada de cargos internos y de complementos retributivos.
La última palabra sobre la sanción corresponderá al Pleno del Congreso. En el supuesto de la medida más severa, un diputado podría quedar percibiendo únicamente su asignación constitucional básica.
Aunque el esquema de sanciones apenas ha recibido enmiendas de calado, varios grupos sí han planteado cambios en la parte de la iniciativa socialista dedicada a la regulación de los grupos de interés. ERC y Bildu proponen que los ex altos cargos del Gobierno y los exdiputados y exsenadores no puedan representar a grupos de interés en el Congreso hasta transcurridos cuatro años desde que abandonan sus puestos, con el objetivo de evitar las conocidas "puertas giratorias" entre la Administración y el sector privado.
El texto del PSOE fija actualmente un periodo de dos años de incompatibilidad para quienes hayan sido miembros de las Cortes o hayan ocupado altos cargos gubernamentales. Sin embargo, ERC y Bildu consideran que ese plazo es insuficiente y plantean duplicarlo.
En su enmienda, recogida por Europa Press, argumentan que así se reforzarán "las garantías de integridad y se prevén posibles conflictos de interés", se avanzará hacia "un marco más ético y transparente en la relación entre el sector público y los grupos de interés", se atenderá la demanda social de frenar las "puertas giratorias" y se dará cumplimiento a las recomendaciones internacionales en materia de buen gobierno y lucha contra la corrupción.
El PNV, por su parte, no discute el plazo de dos años que figura en la propuesta socialista, pero sí pretende ensanchar el ámbito de quienes no podrán ejercer labores de lobby en el Congreso, abarcando a todo el "personal público subceptible de influencia", en línea con el proyecto de ley sobre los grupos de interés que permanece paralizado en la Cámara.
En concreto, el artículo 3 de esa Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés considera influenciables a los miembros de gabinetes que desempeñan funciones de confianza o asesoramiento especial al Gobierno, al personal directivo público y al resto de empleados de la Administración General del Estado y de su sector público institucional que participen en la toma de decisiones públicas, en la elaboración de normas o en la ejecución de políticas.
De este modo, los nacionalistas vascos quieren impedir que todos ellos, además de los exdiputados y exsenadores, puedan realizar actividad lobista en el Congreso durante los dos años posteriores al cese en sus cargos.
El PP ha presentado otra enmienda centrada en los exdiputados que se dediquen a actividades de representación de intereses o de carácter general directamente vinculadas con el proceso de decisión parlamentaria.
Su propuesta exige que informen a la Cámara de estas tareas y que no puedan beneficiarse, "a los exclusivos efectos de la actividad de influencia" y mientras la desarrollen, de "las prerrogativas concedidas a los antiguos diputados de conformidad con la normativa establecida al efecto por la Mesa y sin perjuicio de lo establecido en el periodo de incompatibilidad".
Junts ha planteado enmiendas para precisar que la actividad de influencia que se pretende regular en el ámbito parlamentario debe llevarse a cabo "de manera profesional".
A su vez, PNV, ERC, Bildu y BNG han registrado propuestas para perfilar la proposición de ley y excluir de esta regulación a las entidades del tejido social y asociativo sin ánimo de lucro, de forma que puedan seguir manteniendo contactos con los grupos parlamentarios sin necesidad de inscribirse en el futuro Registro de 'lobbies' que se quiere poner en marcha.
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Emergencias de la Comunitat Valenciana ha comunicado este sábado que el incendio forestal declarado ayer en Serra, en el interior de Valencia y en pleno parque natural de la Calderona, está estabilizado. En esta situación se mantiene, por tanto, la Situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana.
El precio de la vivienda en la Comunitat Valenciana batió su récord histórico en el primer trimestre del año, en el que se superaron los valores de la burbuja al alcanzar los 1.898 euros el metro cuadrado, con un aumento del precio del 17,2 %.
El precio de la vivienda también batió su récord histórico en los primeros tres meses de 2026 en Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y Madrid, que fue la única comunidad que superó los 4.000 euros/m2.
Por el contrario, no se rebasaron los máximos alcanzados durante la 'burbuja' inmobiliaria en Aragón; Asturias; Cantabria; Castilla y León; Castilla-La Mancha; Murcia; La Rioja y Extremadura, que es la única comunidad en la que el metro cuadrado no llega a los 1.000 euros, según la estadística de valor tasado del Ministerio de Vivienda, que arranca en 1995.
En los tres primeros meses del año, la Comunidad de Madrid no solo batió su récord si no que fue la más cara de toda España al alcanzar los 4.075 euros/m2. Este importe es un 16,4 % superior al registrado un año antes y un 3,7 % más alto que el del trimestre previo.
La segunda más cara fue Baleares, que se aproxima a los 4.000 euros (3.885,6 euros), el 13 % más que un año antes. El precio en las islas no superaba los 3.000 euros/m2 desde 2004.
El 'top 3' lo cierra País Vasco, que supera los máximos del 'boom' con 3.036 euros/m2, el 12 % más. Con este precio, la vivienda vuelve a batir los 3.000 euros por primera vez desde el tercer trimestre de 2008.
La siguiente comunidad más cara fue Cataluña con 2.749 euros/m2, el valor más alto de toda la serie histórica. Este importe arroja una subida interanual del 12 %.
Andalucía también registró entre enero y marzo valores récord con 2.316 euros, el 14 % más que un año antes. Canarias, por su parte, marcó máximos con 2.234 euros/m2, y encadenó tres trimestres por encima de los 2.000 euros. Frente a un año antes la subida registrada en el archipiélago superó el 13,6 %.
Completan la clasificación de valores máximos por encima de los 2.000 euros/m2 Ceuta y Melilla, con 2.162 euros, el 10 % más que un año antes. Desde mediados de 2025 este importe se mantiene por encima de 2.000 euros.
La Comunitat Valenciana, Galicia y Navarra también superaron los valores de la burbuja al alcanzar los 1.898 euros, 1.627 y 1.934 euros/m2, respectivamente. El precio en estas tres comunidades creció un 17,2 %, un 13,3 % y un 12,5 % con respecto al mismo trimestre de 2025.
Aunque no batió récord histórico este primer trimestre, el precio en el resto de comunidades españolas subió entre enero y marzo a doble dígito.
En Cantabria se encareció un 17,4 % y superó los 2.081 euros/m2, el valor más alto desde mediados de 2007. En Asturias subió un 15,4 %, hasta los 1.752 euros, máximos desde finales de 2008 y en Aragón el aumento fue del 15,6 %, hasta los 1.728 euros. En La Rioja se elevó un 10,5 %, hasta los 1.440 euros; en Murcia alcanzó los 1.330 euros, el 13,4 % más; en Castilla y León la subida fue del 13 % hasta los 1.290 euros, mientras que en Castilla-La Mancha se encareció otro 13 %, hasta los 1.172 euros.
Solo en Extremadura el metro cuadrado vale menos de 1.000 euros (970,5 euros) y su récord lo marcó en 2008 con 1.027 euros. La falta de vivienda para atender la demanda sigue presionando al alza los precios, agravando los problemas de acceso de jóvenes y aquellos con menores recursos.
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Dos hombres se enfrentan a una petición de condena de 13 años de prisión por un delito de violación, acusados de agredir sexualmente a una joven en el hotel en el que ambos se alojaban tras dar un concierto de rap en una sala de Mislata (Valencia).
El próximo jueves está previsto en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia el juicio contra estos dos músicos por unos hechos que sucedieron el 4 de noviembre de 2023, cuando la víctima, junto a una amiga, acudió a una actuación musical en la sala en la que actuaban los procesados.
El Ministerio Fiscal sostiene que las amigas fueron al hotel de los artistas y una de ellas subió a una de las habitaciones, donde el cantante le pidió mantener relaciones sexuales; esta se negó pero, pese a ello, el encausado insistió y la mujer accedió ante el temor de que le ocurriera algo al estar sola.
Cuando la víctima logró salir del cuarto, se dirigió a la habitación que ocupaba el otro encausado, quien la habría forzado sexualmente, según el relato de la acusación pública.
También el jueves, en la Sección Quinta de esta Audiencia provincial, está previsto el juicio contra un hombre acusado de agredir a seis mujeres, una de ellas agente de la Policía Nacional y otra médico, debido al "manifiesto desprecio y animadversión que tenía al género femenino", según el Ministerio público.
La Fiscalía mantiene que el 20 de enero de 2025 el encausado se cruzó con cuatro mujeres en varias calles de València con las que no había tenido ningún incidente ni conversación previa, les propinó patadas en las piernas, en el glúteo y tirones de pelo, al igual que hizo con la agente que lo arrestaba y la doctora que le atendió en el centro de salud.
El Ministerio Fiscal pide para él una pena de dos años y dos meses de prisión por un delito de odio y dos delitos de atentado, uno a agente de la autoridad y otro contra sanitario, y a una pena de multa de 1.800 euros por seis delitos leves de lesiones.
El martes, en la Sección Cuarta, un hombre se enfrenta a una pena de multa de 3.000 euros acusado de darle un puñetazo a un menor que salió en defensa de una mujer a la que el encausado pretendía agredir el 6 de mayo de 2017 en el municipio valenciano de Estivella.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la Fiscalía relata que el menor de 16 años intervino y cogió de la cintura al acusado cuando este intentó golpear a la mujer tras una discusión, por lo que el hombre se giró y le golpeó en la nariz, provocándole un traumatismo que tardó ocho días en sanar.
En la Sección Tercera, el viernes se juzgará a seis personas acusadas de formar parte de una banda de Paterna especializada en realizar fraudes masivos mediante el uso de datos personales de más de 80 perjudicados, que usaban para contratar líneas de teléfono o pedir créditos bancarios y financiación en la adquisición de productos.
El Ministerio Fiscal sostiene que dos de los encausados actuaban como captadores de víctimas y solicita inicialmente 11 años y medio de prisión para cada uno de ellos por los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa agravada y falsedad en documento oficial.
Además, en la Sección Segunda, el martes comenzará un juicio que durará hasta el viernes 19 de junio, según se prevé, en el que se juzgará a un asesor fiscal para el que la Fiscalía pide 12 años de prisión por los delitos continuados de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y delito societario.
Según el escrito fiscal, el acusado se habría quedado con dinero de la empresa de la que era administrador único, al hacer uso de mecanismos societarios de manera fraudulenta, en detrimento del resto de socios, entre los años 2014 y 2017.
© Kike Taberner
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