“Ilegalidad”, “discriminación inaceptable”, “injusticia” y “agravio territorial”. Los representantes de los gobiernos autonómicos y organizaciones empresariales de Galicia, Asturias y Castilla y León han encadenado reproches este jueves contra los peajes que siguen pagando quienes conducen por la AP-9 y la AP-66, dos vías de comunicación cruciales para el noroeste de España. Estas tres comunidades llevan casi un año esperando a que se ejecute el dictamen de la Comisión Europea que cuestionó estos cobros porque las prórrogas que el popular José María Aznar otorgó en 2000 a las empresas que gestionan las dos autopistas vulneraron la normativa comunitaria. Los tres ejecutivos, en manos de PP y PSOE, cargan contra el Gobierno del socialista Pedro Sánchez por no acatar ya la decisión de Bruselas, negarles información y dilatar el procedimiento.

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La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha replicado la “prioridad nacional” adoptada por PP y Vox en varias comunidades para insistir en que es prioridad nacional que se acaten las normativas memorialistas en ciudades como Salamanca. El colectivo ha presentado una denuncia ante el Ayuntamiento salmantino (PP) instándole a que retire del callejero nombres franquistas o elimine de la ciudad esculturas de simbología fascista. El grupo incide en una vía, la del ya fallecido alcalde Marcelo Fernández Nieto, regidor durante la dictadura y también juez franquista y gobernador civil de Zamora, además de padre del recién reelegido presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP). “Se trata de elementos en las vías públicas que atentan contra los valores democráticos y humillan a las víctimas de la dictadura y justifican, la violencia de los golpistas de 1936 que en la ciudad de Salamanca cometieron terribles violaciones de derechos humanos”, censura la ARMH.

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