“Ilegalidad”, “discriminación inaceptable”, “injusticia” y “agravio territorial”. Los representantes de los gobiernos autonómicos y organizaciones empresariales de Galicia, Asturias y Castilla y León han encadenado reproches este jueves contra los peajes que siguen pagando quienes conducen por la AP-9 y la AP-66, dos vías de comunicación cruciales para el noroeste de España. Estas tres comunidades llevan casi un año esperando a que se ejecute el dictamen de la Comisión Europea que cuestionó estos cobros porque las prórrogas que el popular José María Aznar otorgó en 2000 a las empresas que gestionan las dos autopistas vulneraron la normativa comunitaria. Los tres ejecutivos, en manos de PP y PSOE, cargan contra el Gobierno del socialista Pedro Sánchez por no acatar ya la decisión de Bruselas, negarles información y dilatar el procedimiento.

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Hace medio siglo, el auge del coche borró del mapa de Barcelona la mayoría de las líneas de tranvía convencional y en los noventa, con los Juegos Olímpicos como escaparate al mundo, se volvió a redefinir la manera de transitarla. La ciudad se encamina ahora hacia un modelo que prima la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente, el transporte público y los desplazamientos a pie y en bicicleta.

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