La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado este miércoles su Segunda opinión sobre los riesgos fiscales a los que se ha enfrentado la economía española en las últimas décadas. Entre ellos, los riesgos climáticos, que han un coste fiscal acumulado de 65.085 millones de euros para las arcas públicas entre 2005 y 2025, una factura que incluye desde indemnizaciones por inundaciones, incendios o sequías hasta ayudas extraordinarias para hacer frente a la pandemia de Covid-19.

Concretamente, los más de 65.000 millones se desglosan en 16.500 millones de euros destinados a obras de emergencia y ayudas a damnificados, otros 12.800 millones en indemnizaciones abonadas por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) por riesgos hidrológicos, meteorológicos y geofísicos, así como más de 35.000 millones asociados a costes de respuesta extraordinaria, entre ellos los derivados de la pandemia.

De hecho, del documento de la AIReF se extrae que los mayores desembolsos se han efectuado en el último lustro. Por un lado, la pandemia representa por sí sola más de 35.745 millones de euros, cerca del 55% de toda la factura fiscal asociada a desastres naturales y eventos excepcionales analizados por el organismo. Y en segundo lugar figura la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana en octubre de 2024, cuyo impacto económico superó los 12.200 millones de euros, tras movilizar más de 8.000 millones en ayudas y actuaciones públicas y otros 4.200 millones en indemnizaciones abonadas por el Consorcio de Compensación de Seguros. Es decir, entre ambos episodios concentran cerca de tres de cada cuatro euros del coste fiscal identificado por la AIReF.

A la vista de estos resultados, la institución considera necesario reforzar el análisis de los riesgos climáticos dentro de la planificación fiscal del Estado. Entre otras recomendaciones, propone mejorar las fuentes de información disponibles, crear una base de datos específica sobre el coste fiscal de los desastres naturales, incorporar de forma explícita estos riesgos en los presupuestos públicos y desarrollar estrategias de gestión tanto en la Administración General del Estado como en las comunidades autónomas.

Riesgos macroeconómicos

Junto a los riesgos climáticos, la AIReF incluye otro tipo de riesgos. Entre ellos, los macroeconómicos, donde advierte de que perturbaciones como el endurecimiento de las condiciones financieras (es decir, la subida de los tipos de interés anunciada por el Banco Central Europeo la semana pasada), el deterioro del entorno internacional y el repunte de los precios de la energía tendrán un impacto significativo sobre las cuentas públicas. Además, el organismo concluye que estos shocks han sido determinantes en el pasado para explicar la evolución de la economía y reclama que la planificación fiscal incorpore análisis de sensibilidad y escenarios alternativos que permitan anticipar posibles desviaciones respecto a las previsiones oficiales.

Sentencias contra el Estado y empresas públicas

Asimismo, la institución presidida por Inés Olóndriz también alerta del creciente coste de las acciones legales contra el Estado. Solo las sentencias dictadas en 2024 y 2025 tuvieron un impacto superior a 14.400 millones de euros sobre el déficit público, de los que más de 11.200 millones se concentraron en 2024.

Además, la AIReF pone el foco por primera vez en las empresas públicas y alerta de que algunas podrían acabar incorporándose a las cuentas de las Administraciones Públicas. De producirse esa reclasificación, sus deudas pasarían a contabilizarse como deuda pública. En este sentido, el organismo recuerda que más del 60% de las entidades reclasificadas durante los últimos quince años acabaron integrándose en el perímetro de las administraciones.

El Fondo de Contingencia pierde su función original

Por último, la AIReF concluye que el Fondo de Contingencia, concebido para atender gastos imprevistos y no discrecionales, sigue destinando una parte relevante de sus recursos a financiar partidas recurrentes. De hecho, en 2025 el gasto considerado no imprevisible representó más del 71% del total utilizado. Por ello, el organismo reclama restringir su uso a auténticas emergencias y preservar su función como principal instrumento presupuestario para responder a acontecimientos extraordinarios.

Jaén recupera la normalidad tras la tromba de agua caída la tarde del martes, que provocó más de un centenar de incidencias, entre ellas anegaciones en varias vías urbanas, garajes y comercios locales. El ayuntamiento decretó anoche la fase de preemergencia minutos después de que una fuerte tormenta sorprendiera a los jiennenses, con precipitaciones de entre 25 y 50 litros por metro cuadrado en apenas veinte minutos en distintos puntos de la capital.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido este miércoles de un aumento generalizado y “muy intenso” de las temperaturas tanto diurnas como nocturnas a partir del sábado en la mayoría de la España peninsular y Baleares. “Dadas las altas temperaturas que se esperan, la persistencia del episodio y la extensión geográfica afectada, es probable que nos encontremos ante la primera ola de calor de este verano", ha señalado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

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Son las 9 de la mañana y los termómetros dentro del aula de 1°A, para escolares de 5 y 6 años, ya marcan 27 grados. Los más pequeños de Primaria del colegio público Héroes del Dos de Mayo en Colmenar Viejo (Madrid) acaban de llegar y el resto del día el termómetro solo marcará más y más calor. Las ventanas llevan abiertas desde antes de que entraran los niños, pero el aire que entra no ayuda. Las cristaleras que recorren la fachada —grandes, luminosas, diseñadas para que la luz natural inunde las aulas— funcionan, a partir del inicio de la primavera, como un invernadero.

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“¿Se imagina que Flávio gana y también ganamos el Mundial?”. Sentada en uno de los bancos del restaurante del mercado para comerse un plato combinado, a la mujer le brillaban los ojos al mostrar las imágenes de la visita a su ciudad del precandidato de extrema derecha en las elecciones presidenciales de Brasil. Dos mujeres pobres, a ambos lados del mostrador, dos miradas llenas de esperanza. “Flávio” es el hijo mayor de Jair Bolsonaro, actualmente encarcelado por intento de golpe de Estado. También es hoy la principal oposición a la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT). Esta pequeña escena resume el dilema de quienes saben que la extrema derecha tiene posibilidades reales de volver al poder en Brasil, al igual que avanza en la mayoría de los países de Latinoamérica, como evidencian las recientes elecciones de Colombia y Perú. Una de las preguntas es: si las condiciones de vida mejoraron durante los gobiernos del PT, ¿por qué eso no se traduce en una aprobación holgada? O también: ¿por qué una parte de los más pobres se adhieren a las fuerzas responsables de perpetuar la desigualdad?

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En el amanecer de esta década, sobre todo a partir de 2022, España vivió un bum renovable que disparó la instalación de paneles fotovoltaicos y, en menor medida, de aerogeneradores. Sirvió, aunque menos de lo deseable, para atenuar algo el impacto de la crisis energética desatada por la invasión rusa de Ucrania. Y está sirviendo, ahora sí a gran escala, como escudo protector frente a las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo y el peligrosísimo cierre del estrecho de Ormuz, que solo hoy parece tocar a su fin.

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La sentencia del juicio por la acción climática que manchó por segunda vez de rojo la fachada del Congreso de los Diputados el 30 de marzo de 2023 considera que se cometió un delito contra el patrimonio histórico, pero descarta las penas de cárcel que pedía la fiscalía. El Juzgado de lo Penal n.º 10 de Madrid ha impuesto una multa (de 1.400 euros) a cuatro activistas que arrojaron directamente la pintura (témpera diluida en agua) y absuelto a los otros cinco que participaron en la protesta sin teñir el edificio.

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