El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que dirige el caso Plus Ultra, ha decidido citar como investigadas a las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, un día después de que este declarara en el procedimiento acusado de delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros. El magistrado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ha decidido este jueves que Alba y Laura Rodríguez Espinosa también sean investigadas en la causa, así como la secretaria del político Gertrudis Alcázar. Además, ha rechazado pedir de momento más información a Estados Unidos sobre cómo obtuvo el contenido del móvil del exdirectivo de la aerolínea Rodolfo Reyes.
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El Partido Popular intensifica su ofensiva contra el veto de la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, a la votación de las enmiendas de PP y Junts para instar al presidente Pedro Sánchez a que convoque elecciones anticipadas. Este jueves, la formación de Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional dicha decisión, que tachan de “cacicada”, al sostener que se cercena su derecho al debate parlamentario. El líder de los populares cargó ya el miércoles por este asunto contra el presidente del Gobierno, de quien dijo que “no es un demócrata”. Y, un día después, sus portavoces elevan aún más los decibelios. “Vivimos una democracia secuestrada”, ha sentenciado el secretario general, Miguel Tellado.
El Partido Popular ha confirmado este jueves que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Congreso, de mayoría de PSOE y Sumar, de impedir que se debatan y voten este jueves las enmiendas de PP y Junts a una moción de los populares para pedir al presidente del Gobierno que disuelva las Cortes y convoque elecciones anticipadas. La Mesa alegó en su veto que la convocatoria de elecciones es prerrogativa del jefe del Ejecutivo y que la iniciativa se asimilaba a una cuestión de confianza. Además del recurso ante el órgano de garantías, los populares llevarán al Senado, donde tienen mayoría absoluta, el próximo miércoles, la misma votación. El portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado que usarán “todas las vías para denunciar este atropello”. “¿En qué se ha convertido el Congreso? Está bloqueado y no se habla de los problemas de los ciudadanos. Mientras tanto, asistimos a una agenda política marcada por los tribunales y ni siquiera podemos debatir sobre disolver las Cortes y convocar elecciones”, ha criticado Sémper en una entrevista en Telecinco.
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La controversia inesperada por el abono de transportes se ha colado este jueves en la Asamblea de Madrid, y por todos los frentes. Mientras PSOE y Más Madrid criticaban en el pleno que Isabel Díaz Ayuso les exija ahora a los inmigrantes el empadronamiento para tener la ayuda al transporte, su equipo distribuía el programa electoral y un vídeo en los que los partidos de la izquierda defendían el empadronamiento como mecanismo para acceder a las ayudas. El choque habitual se ha convertido hoy en una guerra de guerrillas.
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La declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional marca un hito en la historia política reciente de España. Es la primera vez que un expresidente del Gobierno comparece como investigado ante un juez, en una jornada que transcurrió a puerta cerrada y sin acceso público a sus palabras. A pesar del carácter reservado de la comparecencia, el magistrado ha decidido mantener las sospechas que pesan sobre él, dejando abierto un escenario judicial que sigue sin despejarse tras su testimonio.
La investigación que dirige el juez José Luis Calama sobre los presuntos delitos cometidos por el expresidente Zapatero continuará, pero sin que se hayan adoptado medidas restrictivas de sus derechos, como pedían las acusaciones. Son los dos aspectos más importantes de lo sucedido tras la primera declaración del exjefe del Gobierno en relación con el rescate de la compañía aérea Plus Ultra y con la aparición de una serie de joyas de desconocida procedencia en la caja fuerte del despacho oficial del investigado. Cuando se dice que hay que dejar trabajar a la justicia, y que hay que respetar sus tiempos para aclarar los hechos, se está hablando de esto, de lo ocurrido ayer, del respeto a una serie de actuaciones y trámites procesales en los que se escucha a las partes legítimamente personadas en un proceso. En sede política hay otros ritos y otros ritmos. En sede judicial hay menos espacio para la pasión y el interés partidista, y más garantías de respeto a los derechos de todos, en los términos establecidos por la legislación.
El origen y antigüedad de las joyas halladas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero pueden ser tan importantes y decisivos como su valor. Mientras la investigación judicial trata de determinar la procedencia de unas piezas tasadas inicialmente en más de 1,3 millones de euros, la hipótesis de que las recibió como regalo cuando era presidente sería la más favorable para él desde el punto de vista penal. Con independencia de la valoración moral de esa conducta, si esa versión terminara siendo acreditada, los posibles delitos tributarios y aduaneros que se han venido planteando durante la última semana no habrían existido o estarían ya prescritos, lo que daría un vuelco al caso.
José Luis Rodríguez Zapatero llegó este miércoles a la Audiencia Nacional siendo plenamente consciente de que sus palabras tendrían eco mucho más allá de la sala donde el juez instructor José Luis Calama iba a interrogarlo. El expresidente del Gobierno, que estuvo en el poder desde 2004 a 2011 y ha sido un referente indiscutible en la izquierda en esta última legislatura de Pedro Sánchez, salió con la impresión de que había sido un “interrogatorio exigente”, pero con la tranquilidad de haber contestado a prácticamente todas las cuestiones, según exponen fuentes de su entorno. Sabía que no solo el magistrado del caso Plus Ultra esperaba sus explicaciones. Y, durante más de tres horas, defendió su inocencia: “Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso”, añadió en un comunicado enviado a los medios de comunicación tras la declaración. Sin embargo, para el juez aún quedan muchas incógnitas por despejar, averiguaciones por hacer y sospechas que no se han disipado.
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Era el momento más esperado y a la vez más temido, y la sensación que se trasladó en La Moncloa y en el PSOE tras las primeras informaciones es que al menos la situación no empeoró. Ni hubo medidas cautelares —el juez rechazó la petición de la Fiscalía Anticorrupción de retirar el pasaporte a José Luis Rodríguez Zapatero— ni el expresidente del Gobierno incurrió aparentemente en ninguna contradicción significativa que haga dudar de su palabra. “Hay tranquilidad después de lo primero que vamos sabiendo. No hubo cautelares. Mantenemos nuestra confianza en su inocencia”, resumía un ministro en las primeras horas tras una comparecencia decisiva para el Ejecutivo en el caso tal vez con más efecto electoral, porque Zapatero ha sido clave en las últimas campañas y es un referente en el mundo progresista, que recibió un mazazo enorme con su imputación.
En muchos países de nuestro entorno el Gobierno ya habría caído. El día que no se amanece con un sumario, salta una nueva investigación, y las habituales acusaciones de que “todo es lawfare” cada vez resultan menos verosímiles incluso entre las filas del progresismo. Por más que el presidente del Gobierno hable de presentar unos presupuestos, socios clave como el PNV y Junts ya dan por liquidada la legislatura. Cabe preguntarse si estamos asistiendo ya a una fase que podríamos tildar de tardosanchismo. No parece casual que algunos socialistas se hayan atado al mástil en los últimos tiempos, abonándose a las teorías de que hay un supuesto complot judicial, policial, o internacional contra el Gobierno. De un lado, esos relatos son útiles para restarle gravedad a las presuntas tramas que se investigan y sembrar sospechas sobre la Justicia con tal de que no pasen factura. Del otro, que figuras como Óscar Puente denuncien formas “antidemocráticas” para derribar al Ejecutivo rinde cuenta de una lógica aún más profunda: en toda organización política, quien aspire a heredar necesita partir de un relato fundacional que excite las pasiones de su militancia, siempre más escorada que el ciudadano medio o la cúpula. Así como Sánchez llegó a lomos de la narrativa antiélites, tras haberse enfrentado al aparato del partido, quién sabe si otros eventuales aspirantes querrán llegar a lomos del ilegitimismo. Es decir, instilando el recelo de que el Gobierno no cayó por su agonía y parálisis, sino porque había poderes oscuros entre bambalinas.
© Luis Almódovar
El magistrado José Luis Calama Teixeira ha rechazado la imposición de medidas cautelares contra José Luis Rodríguez Zapatero, tras su declaración en calidad de investigado el pasado 16 de junio. El auto judicial desestima las peticiones del Ministerio Fiscal y de diversas acusaciones populares —que solicitaban la retirada del pasaporte, comparecencias quincenales e incluso la prisión provisional requerida de forma subsidiaria por Vox, Hazteoir, Liberum y Iustitia Europa— al concluir que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de fuentes de prueba.
En la resolución, el juez subraya que, aunque la declaración del investigado no logró desvirtuar los indicios racionales de criminalidad, no concurre el riesgo procesal necesario para justificar una restricción de sus derechos fundamentales. El magistrado argumenta que la "visibilidad pública" y el "manifiesto arraigo" de Zapatero dificultan de manera evidente que pueda sustraerse de la acción de la justicia de forma discreta. Como única condición, el tribunal le ha requerido que facilite en el plazo de una audiencia un número de teléfono móvil y un correo electrónico que garanticen su inmediata localización.
La investigación, calificada en el auto de "carácter embrionario", se sustenta en diversas fuentes de prueba, entre las que destaca el registro de su oficina en la calle Ferraz de Madrid, donde se produjo el hallazgo de piezas de joyería tasadas en más de 1,3 millones de euros, cuyo origen y correspondiente liquidación tributaria aún no han sido acreditados. El documento judicial también detalla que existen indicios basados en la trazabilidad de transferencias bancarias vinculadas a fondos procedentes de la ayuda pública concedida a la mercantil Plus Ultra, pagos que presuntamente se habrían canalizado a través de múltiples sociedades instrumentales.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado imponer medidas cautelares al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su declaración como investigado en el 'caso Plus Ultra'. En un auto, al que ha tenido acceso El Independiente, el magistrado descarta tanto la retirada del pasaporte como la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado, medidas que habían sido solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción y respaldadas por las acusaciones populares.
La decisión se ha conocido después de que Zapatero compareciera durante casi tres horas ante el instructor para responder por los presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales relacionados con el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante la pandemia, así como por la pieza separada abierta a raíz de las joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros halladas en su despacho de la calle Ferraz. En esta última se investiga al exdirigente por un presunto delito contra la Hacienda Pública y otro de contrabando.
En el auto, Calama recuerda que la adopción de medidas cautelares exige un examen "especialmente riguroso", ya que supone una "restricción anticipada de derechos fundamentales" que solo puede justificarse cuando concurren indicios suficientes de criminalidad y un "riesgo procesal acreditado".
No obstante, el magistrado subraya que la declaración prestada por Zapatero "no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad" que ya expuso en el auto de imputación del pasado 18 de mayo. Entre esos elementos menciona el contenido de los dispositivos electrónicos intervenidos durante los registros practicados en la causa, la trazabilidad de diversas transferencias vinculadas a fondos procedentes del rescate público concedido a Plus Ultra y la utilización de varias sociedades mercantiles que, indiciariamente, habrían servido para canalizar esos pagos.
El instructor también incorpora como elemento indiciario el análisis preliminar del teléfono del empresario venezolano Rodolfo Reyes remitido a España por las autoridades estadounidenses, así como el hallazgo en el despacho de Zapatero de joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros, cuyo origen y regularización fiscal y aduanera todavía no han sido acreditados.
Sin embargo, el juez considera que no concurren los presupuestos necesarios para acordar medidas cautelares personales. En este sentido, recuerda que Zapatero es una persona de "pública notoriedad", una circunstancia que dificulta "de manera evidente" que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento. Su visibilidad pública, unida a su "manifiesto arraigo" en territorio nacional y a la ausencia de indicios de intención evasiva, excluyen a juicio del instructor un riesgo de fuga "real y actual".
"Tampoco se aprecia riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba, pues los elementos relevantes ya han sido intervenidos y la investigación no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar", explica la resolución.
Por ello, concluye que la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional o la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado "no resultan necesarias". "Su adopción supondría una restricción injustificada de derechos fundamentales y sería incompatible con el principio de proporcionalidad y con la prohibición de configurar las medidas cautelares como una pena anticipada", argumenta el magistrado.
Las peticiones de medidas cautelares fueron formuladas una vez finalizado el interrogatorio. La Fiscalía solicitó la comparecencia quincenal ante el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar España. A esa petición se adhirió la acusación popular unificada, ejercida por el Partido Popular. Además, Hazte Oír, Vox, Liberum e Iustitia Europa reclamaron de forma subsidiaria el ingreso en prisión provisional del expresidente. Por el contrario, ni el PP ni Ciudadanos solicitaron esa medida.
Durante su comparecencia ante la Audiencia Nacional, Zapatero negó haber intervenido para favorecer el rescate a Plus Ultra y rechazó haber mantenido contactos con funcionarios o autoridades con el objetivo de impulsar la concesión de la ayuda pública. Según fuentes jurídicas consultadas por El Independiente, el expresidente aseguró que jamás contactó con directivos de la aerolínea para abordar el rescate y que únicamente conoció a su presidente, Julio Martínez Solá, años después de la concesión de las ayudas, en 2024.
Asimismo, negó haber mantenido relación alguna con Rodolfo Reyes, también investigado en el procedimiento. Precisamente, parte de los principales indicios que sustentan la imputación de Zapatero proceden de las conversaciones extraídas del teléfono de Reyes, intervenido por las autoridades estadounidenses y posteriormente remitido a España a través de los mecanismos de cooperación internacional.
El expresidente también defendió la actividad de la empresa Whathefav SL, administrada por sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, y aseguró que nunca ha tenido sociedades en el extranjero. Del mismo modo, se desvinculó del entramado societario que los investigadores relacionan con el empresario Julio Martínez Martínez, aunque reconoció mantener una buena relación personal con él y que le realizaba encargos profesionales.
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