Los testimonios que ponen en el foco a Gustavo Fuentes, el CEO de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), una de las principales productoras de Canal Sur, investigado por agredir sexualmente a una reportera, no paran de crecer. Este jueves se ha conocido que en la primavera de 2024, representantes de la sección sindical de CC OO en RTVA empezaron a recibir los primeros testimonios de trabajadoras de la productora en los que relataban episodios de supuestas agresiones y acoso sexual cometidas por Fuentes, además de las situaciones continuas de acoso laboral a las que eran sometidas en su lugar de trabajo.

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El Congreso ha aprobado este jueves una nueva reforma de su Reglamento interno para reforzar las medidas y sanciones que aseguren un mejor comportamiento de los diputados ante la evidencia del creciente número de incidentes, especialmente contra la Presidencia de la Cámara y contra los servicios técnicos de los letrados. La propuesta del PSOE recabó el respaldo de todos los partidos del bloque de investidura, con 179 votos a favor, pese a llevar distanciados por otros asuntos hace meses. PP y Vox volvieron a unir sus 169 escaños en contra. La diputada popular y vicepresidenta cuarta de la Mesa del Congreso, Marta González, aprovechó su intervención sobre la medida para arremeter contra la presidenta de las Cortes, la socialista Francina Armengol, porque entiende que el problema, que reconoce, ha crecido por su falta de autoridad y moderación. Vox negó sus actuaciones y se retrató como los ofendidos.

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La productora Andalucía Digital Multimedia (ADM) fue condenada el 19 de agosto de 2024 por la Inspección de Trabajo por acoso laboral a una de sus trabajadoras, una infracción administrativa muy grave que llevó aparejada una sanción de 7.501 euros, que fue confirmada por la Viceconsejería de Empleo de la Junta de Andalucía en septiembre del año pasado. Esta es la empresa que más programas produce para Canal Sur y cuyo consejero delegado, Gustavo Fuentes, está siendo investigado por un Juzgado de Violencia contra la Mujer de Sevilla por delitos de agresión y acoso sexual sobre una de sus reporteras. En su denuncia, la víctima también incluyó el delito de acoso laboral, pero el instructor determinó que ese tipo penal quedaba fuera de sus competencias, indican fuentes conocedoras del caso. La sección sindical de CC OO en RTVA, que fue quien impulsó la investigación de la inspección de trabajo contra la empresa ―no contra sus responsables―, puso en conocimiento de la dirección de la entidad pública la sanción y le trasladó el malestar por el clima laboral dentro de la productora, instando a que adoptara medidas, pero no respondió a su petición.

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