Tras la denuncia de su propia jefa, Juan Carlos, funcionario de 56 años, recibió un baño de masas de parte de sus vecinos en repudio a la amenaza de la burocracia del SEPE: podrían darle una baja sin sueldo por seis meses y forzarlo a un traslado Leer
Tras la denuncia de su propia jefa, Juan Carlos, funcionario de 56 años, recibió un baño de masas de parte de sus vecinos en repudio a la amenaza de la burocracia del SEPE: podrían darle una baja sin sueldo por seis meses y forzarlo a un traslado
El magistrado José Antonio Patrocinio preside, campanita plateada al lado, el tribunal que se enfrenta al juicio más mediático en lustros de la Audiencia Provincial de Badajoz. Y ello a pesar de que el caso parece menor: las presuntas irregularidades en la adjudicación de dos puestos de trabajo en la diputación pacense. O, como se dice coloquialmente, dos supuestos enchufes, un tipo de conducta que, en caso de denunciarse, suele acabar en la jurisdicción contencioso-administrativa, pero que en esta ocasión se dilucida en la vía penal con acusaciones de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, y peticiones de pena de hasta seis años de cárcel.
La cooperación internacional extremeña, considerada durante décadas una de las señas de identidad de la comunidad autónoma y un referente nacional en solidaridad, atraviesa su momento más delicado. La Junta de Extremadura ha anunciado la decisión de recortar casi nueve millones de euros de los fondos destinados a cooperación al desarrollo para 2026, pasando de 11 a 2,7 millones de euros, además de no sustituir a la directora general de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid), Isabel Belloso, tras anunciar su renuncia por la falta de apoyos a este tipo de políticas.
El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, durante un acto del partido en Zafra.
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