Vivienda no ha aportado en el plazo legal la documentación solicitada en marzo por el PSPV para conocer el listado de personas o sociedades que se habrían quedado viviendas protegidas, construidas inicialmente en régimen de alquiler entre 2002 y 2005, tal y como hizo la mujer de Luis Barcala
La mujer del alcalde de Alicante cobra el alquiler de una VPO que adquirió en 2006, ya casada, y en la que nunca vivió
En medio de la polémica desatada por las irregularidades en la adjudicación de las viviendas protegidas del residencial Les Naus de Alicante a cargos y personas afines del PP, un caso que ya se investiga en el juzgado, elDiario.es destapó que la mujer del alcalde de la capital alicantina, Luis Barcala (PP), dispone una vivienda protegida que adquirió en 2006 en la que nunca ha vivido y que tiene alquilada en otra urbanización con zonas comunes y piscina denominada Los Lirios.
La fórmula jurídica para poder hacerse con esta casa fue aprobada por el PP a inicios del presente siglo y permitió a los compradores beneficiarse de un negocio redondo. En esta promoción había un total de 12 viviendas protegidas que la promotora podía vender a terceros, previa autorización de la Generalitat Valenciana, que a su vez debían destinarla de forma obligatoria a alquiler con los parámetros establecidos por la administración. De esas 12, una se la quedó la mujer del alcalde y otra su excuñada, como también avanzó esta redacción. La identidad de los otros 10 propietarios de momento se desconoce.
Esto es precisamente lo que el pasado 9 de marzo preguntaron la diputada del PSPV, María José Salvador, y su compañero de partido, el también diputado Benjamín Mompó. En concreto, preguntaron por escrito a la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, por las autorizaciones concedidas por la Generalitat Valenciana entre los años 2002 y 2005 para enajenar viviendas así como la identidad de los beneficiarios.
Sin embargo, transcurrido el plazo legal para dar respuesta a la información solicitada, no han recibido respuesta alguna, motivo por el que el pasado 10 de junio solicitaron amparo a la presidenta de la Mesa de las Corts, Llanos Massó (Vox), a fin de que requiera la documentación al departamento de Camarero.
Al respecto, Salvador ha denunciado que “Camarero oculta la documentación relativa a la VPO de la mujer de Barcala” iy ha recordado que “la solitud de documentación fue registrada en marzo de 2026, la Conselleria pidió prórroga el 28 de abril para entregar la documentación y a fecha de hoy ya ha vencido sobradamente los 20 días naturales y siguen sin entregarla”.
Salvador ha criticado que “claramente Camarero está protegiendo a Barcala y cercenando nuestro derecho como diputados a acceder a esta documentación”, motivo por el que han solicitado a la Mesa de Les Corts les sea entregada esta documentación “fundamental para saber si hubo más viviendas protegidas en alquiler que fueron enajenadas como el caso de la mujer de Barcala”.
Detalles de la operación
La promotora de la promoción de VPO Los Lirios de Alicante, donde al menos hasta febrero tenía su inmueble la mujer del alcalde y su excuñada hasta que esta última la vendió, fue Antares Inmoinvest SA, una conocida empresa alicantina que en la actualidad sigue presentándose a la gestión de viviendas protegidas.
En el caso de Sagrario Martín, mujer del primer edil, se quedó un piso de 90 metros cuadrados, una plaza de garaje y un trastero, además de la parte proporcional de las zonas comunes, donde hay una piscina, mediante la subrogación de un préstamo con Caja Madrid por valor de 68.489,73 euros. Unas condiciones que no debieron ser muy diferentes a las que obtuvo la exmujer de Carlos Barcala, hermano del alcalde.
A cambio de este precio ventajoso, cuando la burbuja inmobiliaria estaba a punto de estallar, y según el decreto en el que se amparaban estas viviendas, se debía mantener la vivienda en alquiler durante un plazo de entre 10 y 25 años a un precio tasado. Después, y según la misma norma, “en el supuesto de que el inquilino no comprase la vivienda, el arrendador podrá optar por continuar con la explotación de la misma en régimen de arrendamiento o venderla, previa autorización del cambio de uso por parte de los servicios territoriales de Arquitectura y Vivienda, coincidiendo con la terminación del plazo del contrato de arrendamiento o de alguna de sus prórrogas”. Sagrario Martín pudo acogerse al plazo de 10 años de limitación del precio del alquiler y a buen seguro también la excuñada del alcalde, ya que de lo contrario no se hubiera cumplido el plazo legal para poder ponerla en venta.
De esta manera, mientras se cobra el alquiler se va pagando la hipoteca subrogada y una vez liquidada y liberado el inmueble de la protección, se puede alquilar o vender en el mercado de renta libre. El procedimiento que se siguió para elaborar listas de posibles adjudicatarios para estas viviendas y para su adjudicación es una incógnita, más allá de lo señalado por Barcala cuando se hizo público el caso de su mujer: “La compradora se entera porque el plan parcial de Benisaudet fue una actuación en la que el entonces Instituto Valenciano de Vivienda promovió suelo para varios edificios de viviendas protegidas y fue muy conocido en todo Alicante”.
Según la norma de 2002 por la que se rigen estas VPO, “en caso de venta por cualquiera de los supuestos indicados, el precio máximo de la vivienda, que figurará en el visado del contrato de compraventa expedido por los servicios territoriales de Arquitectura y Vivienda, no podrá superar, por metro cuadrado de superficie útil, 1,25 veces el precio básico a nivel nacional vigente en el momento de la transacción. Si la vivienda tuviera garaje o trastero, será de aplicación el porcentaje establecido en el párrafo b) del artículo 14 del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, a efectos del cálculo del precio de los mismos”.
Así pues, en el caso de la mujer del alcalde Luis Barcala, si quisiera vender la vivienda hoy podría aspirar a 1,25 veces el precio básico a nivel nacional vigente en el momento de la transacción, que el pasado mes de febrero era de 2.230 euros por metro cuadrado, según el Instituto Nacional de Estadística. Si se multiplica por 90 metros, en ese momento el piso VPO podría haberse traspasado por hasta 250.875 euros, siempre que el cambio fuese autorizado por la Conselleria de Vivienda.
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