La señal es mala: el programa europeo insignia de cazas de combate, un proyecto conjunto desarrollado por Francia y Alemania, con la participación de España, fracasa por las desavenencias entre las empresas Airbus, la representante alemana, y Dassault, la francesa. Era el proyecto europeo más ambicioso en una UE que dice querer aumentar su gasto militar y coordinarlo para desarrollar tecnología, programas y modelos de defensa conjuntos como el que ha naufragado este lunes después de que Alemania y Francia hayan decidido cancelarlo. En Bruselas se confía en que el golpe —otro más a la cooperación franco-alemana en un motor cada vez peor engrasado— no desvíe a la UE del objetivo: “Aumentar las inversiones en nuestra industria y nuestras empresas de defensa. Tenemos una meta para 2030”, responde un portavoz de la Comisión Europea, en referencia a iniciativas como el desarrollo conjunto de drones, de tanques o el programa SAFE (Security Action for Europe), 150.000 millones en créditos para que los Estados miembros colaboren en este tipo de proyectos.

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La Unión Europea quiere ir más allá de castigar bancos rusos o multimillonarios cercanos al Kremlin. Ahora apunta a algo más difícil de definir —y mucho más difícil de controlar—: el ecosistema cripto. Ese esquema financiero digital permite a Rusia seguir moviendo dinero pese a las sanciones occidentales, dice Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha presentado este martes un nuevo paquete de sanciones contra Moscú —el 21— por su guerra contra Ucrania en el que se incluirán medidas contra esa estructura. En un momento clave en el campo de batalla y cuando Vladímir Putin está intensificando su guerra híbrida del Kremlin contra Europa, la UE quiere atenazar la economía rusa para que tenga menos combustible que le permita seguir manteniendo la invasión.

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La carrera ya ha comenzado. Mientras Bruselas avanzaba esta semana en el acuerdo político que abre la puerta a la creación de campos de deportación para migrantes fuera del territorio comunitario, varios gobiernos europeos se movían en paralelo, discretamente, para encontrar países dispuestos a albergarlos. Países Bajos, Dinamarca, Austria, Italia y otros socios favorables a una línea dura quieren pasar de la arquitectura legal a la geografía real y localizar cuanto antes un país donde enviar a quienes han visto rechazadas sus solicitudes de asilo o han recibido una orden de expulsión. Centros lejos de Europa.

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“The era of deportations has begun.” A few months ago, this line from far‑right Swedish MEP Charlie Weimers sounded like a provocation. Now, after the agreement on the EU’s new Return Regulation between Parliament, the member states and the Commission, it reads more like an accurate description of the European Union’s political direction. With the legal framework for sending migrants to deportation camps outside Europe nearly complete, several member states — Germany, Austria, the Netherlands, Denmark and Greece — have intensified their search for countries willing to host them, mainly in Africa, far from the European continent, according to diplomatic sources. The political battle is over; the geographical one is just beginning.

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