El expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha aprovechado el derecho a la última palabra para reiterar su “inocencia” en la causa en la que le piden cuatro años de cárcel por su presunta participación en las supuestas irregularidades en la contratación en el organismo público en 2017 de David Sánchez, hermano del presidente. Gallardo, que ya durante su declaración del jueves de la semana pasada había tildado a las acusaciones ―ejercidas por Manos Limpias, PP, Vox y otras cuatro asociaciones del ámbito ultra― de “políticas”, ha insistido este martes en que su “única culpabilidad” es “no tener las mismas ideas que la acusación popular”. “Ya han ganado el juicio social, independientemente de lo que salga en esta sala. Está claro que nos han condenado socialmente”, ha manifestado.

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“¿Se va a condenar a un señor por un chascarillo?”. La frase pronunciada por el abogado Emilio Cortés, letrado de David Sánchez, en la sesión del juicio de este lunes en la Audiencia Provincial de Badajoz resume la postura de la Fiscalía y de las defensas para pedir la absolución del hermano del presidente del Gobierno, del exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo y de las otras nueve personas que se sientan en el banquillo. Todas ellas han coincidido al presentar sus escritos de conclusiones definitivas en que no existen pruebas de los delitos de tráfico de influencias y prevaricación que las acusaciones ven en la creación y adjudicación de un puesto de alta dirección en 2017 a David Sánchez, en el cambio de nombre de dicha plaza en 2022 y en la adjudicación de otro puesto en 2023 a Luis Carrero, amigo del hermano del jefe del Ejecutivo han centrado.

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El magistrado José Antonio Patrocinio preside, campanita plateada al lado, el tribunal que se enfrenta al juicio más mediático en lustros de la Audiencia Provincial de Badajoz. Y ello a pesar de que el caso parece menor: las presuntas irregularidades en la adjudicación de dos puestos de trabajo en la diputación pacense. O, como se dice coloquialmente, dos supuestos enchufes, un tipo de conducta que, en caso de denunciarse, suele acabar en la jurisdicción contencioso-administrativa, pero que en esta ocasión se dilucida en la vía penal con acusaciones de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, y peticiones de pena de hasta seis años de cárcel.

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