Vicenta Pellicer, de 60 años, profesora de Valenciano en un instituto público de Castellón, ha perdido 3.600 euros con la huelga indefinida que empezó el 11 de mayo y ha quedado suspendida este miércoles. Pellicer tenía previsto reformar el baño de su casa y cambiar el ordenador, pero ha aplazado ambos gastos y planea, además, unas vacaciones austeras. “Es una cantidad muy grande”, dice, “y evidentemente afecta a mis planes a corto y medio plazo”. El impacto en el hogar de Ismene Baños, maestra de Primaria en Mislata (Valencia), de 39 años, será mayor. Su pareja también es docente, han hecho 22 días de huelga, y calculan que la factura se acercará a los 7.000 euros. “Tenemos una reducción de jornada para cuidar de nuestra hija de año y medio, pero el curso que viene estamos pensando en renunciar a ella”, afirma. Y Cristina Arroyo, educadora infantil en una escuela del barrio de Aluche, en Madrid, acumula 28 jornadas de huelga desde abril, lo que reducirá, calcula, a casi la mitad su exiguo sueldo de 1.300 euros, y le ha obligado a volver a vivir a casa de sus padres a sus 40 años. “Si normalmente me cuesta llegar a fin de mes, imagina ahora”.

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Lustros de postergación de la educación pública han acabado por estallar, convirtiendo el final de curso en el más convulso que se recuerda en años. La Comunidad Valenciana entró ayer en su quinta semana de huelga indefinida del profesorado, que afecta a 629.470 estudiantes de la enseñanza pública, con la Generalitat intentando llegar a un acuerdo con los sindicatos tras haber utilizado hasta ahora una táctica dilatoria en la negociación que ha llevado al sistema al límite. En Cataluña, el Govern sí alcanzó un pacto con los sindicatos, pero los docentes lo rechazaron en votación al considerarlo insuficiente, lo que ha creado una situación de gran incertidumbre mientras el territorio se dispone a comenzar, este martes, la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Y en Madrid, los sindicatos han anunciado huelgas para el inicio de curso, además de la huelga que desde abril protagonizan las profesoras de Infantil hasta tres años. En esas tres comunidades autónomas trabajan casi cuatro de cada diez docentes de la red pública.

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Es mediodía, pero en la clase de tercero de Primaria del colegio público Santa Teresa, ubicado en el corazón de Valencia, parece de noche. Las lamas de la persiana están bajadas para impedir que entre el sol. 24 chavales trabajan en grupos bajo la luz blanca de las lámparas fluorescentes. Una fina película de sudor seco cubre la frente de la mayoría. Por un defecto de diseño que no es raro en el sistema educativo español, el aula carece de ventilación cruzada. Hace calor, el aire parece gastado y no se mueve. La Asociación de Familias de Alumnado (AFA) acaba de comprar 10 ventiladores de torre para intentar aliviar una situación que se vive en buena parte del centro. “Decidimos hacer algo porque los niños salen como tomates”, dice Mar Peralta, presidenta de la asociación. En escuelas de toda España se repiten en las últimas semanas protestas por la falta de reacción de las administraciones. Y con frecuencia, son los padres quienes instalan toldos y tratan de paliar de su bolsillo un problema que resulta más incomprensible cada año, a medida que las temperaturas suben antes y con más fuerza.

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