Heidi, Marco y hasta Calimero o La abeja Maya nos dieron grandes lloros y alegrías a los boomers más bobalicones, hay que reconocerlo. Pero en el podio de la infancia hay varias películas que cíclicamente asomaban en esas televisiones sin plan B que desataban las pasiones más vibrantes: las que conformaban la saga de Sissi Emperatriz. Quien no se haya enamorado de Francisco José y quien no se haya arrebatado cuando trepaba por riscos alpinos para ofrecer una flor de ¡edelweiss! a Isabel de Baviera que tire la primera piedra. Por aquí, con suerte, solo teníamos tréboles y margaritas.
El Partido Popular ha anunciado este viernes que va a citar con urgencia al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para que comparezcan en la comisión de Justicia del Senado. Peramato deberá comparecer el próximo viernes y, según la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, tendrá que explicar “cuándo se enteró de las reuniones que tuvo la mano derecha de Álvaro García Ortiz con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo, quien le ordenó que lo escondiera hasta que se ha visto obligada a contárselo al juez y cuál fue el contenido de esas reuniones”. García también ha asegurado que Marlaska tendrá que volver a “rendir cuentas” en la comisión del caso Koldo en la Cámara alta.
Los populares despliegan una operación de "cerco total a la corrupción del sanchismo" con un calendario repleto de comparecencias: desde el ministro del Interior y la secretaria de Zapatero al ex comisario de Barajas Leer
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El mando investigado en el 'caso Koldo' reflejó, por ejemplo, que tras citarse en un par de ocasiones en un bar de Leganés en marzo de 2025, "estaban impacientes desde arriba" Leer
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Las anotaciones de las libretas intervenidas por la Guardia Civil a Leire Díez reflejan que la exmilitante socialista se interesó por el funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) inmediatamente después de la aprobación del rescate de Plus Ultra. Según la documentación incorporada al sumario, a la que ha tenido acceso El Independiente, Díez anotó con detalle la estructura interna de la SEPI y el procedimiento de concesión de estas ayudas apenas unos días después de que el Gobierno autorizara en marzo de 2021 una inyección de 53 millones de euros a la aerolínea. Aquel rescate terminó judicializado y dio lugar a una causa en la que actualmente está investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Los apuntes contienen referencias directas al procedimiento seguido por el fondo, a sus asesores externos y a la situación de la compañía beneficiaria de las ayudas públicas. En una de las páginas, encabezada bajo el epígrafe "Fondo Solvencia", se recogen observaciones realizadas apenas días después de la aprobación del rescate de la aerolínea.
40 asesores
Entre ellas figura una referencia al flujo de información sensible entre las empresas solicitantes y los consultores contratados por la SEPI. "Se les está pasando información de las compañías a los 40 asesores antes de subastar las operaciones", puede leerse en una de las anotaciones. A continuación, el texto añade una advertencia sobre las posibles implicaciones legales de esa práctica: "En el caso de las cotizadas, podría estar incurriendo en un delito al revelar información confidencial".
El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado en 2020 para sostener a compañías afectadas por la crisis del COVID-19, movilizó miles de millones de euros y articuló su funcionamiento mediante la participación de consultoras y despachos externos encargados de analizar la viabilidad de las empresas solicitantes. Las notas atribuidas a Díez se detienen precisamente en ese punto, el papel de los asesores y la trazabilidad de la información que manejaban.
El real decreto-ley
En otra de las hojas se recoge una referencia al encaje jurídico del sistema utilizado por la SEPI para articular el apoyo técnico externo. "SEPI contrató los servicios de apoyo externo cuando el procedimiento estaba impugnado", señala la supuesta 'fontanera', y atribuye a un tal "J. L." la explicación de que la contratación se realizó "al amparo de lo dispuesto en el apartado 9 del artículo 2 del RDL 25/20 de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo que establece el funcionamiento del fondo de solvencia".
Este real decreto-ley fue la base normativa del instrumento de rescate utilizado durante la pandemia y regulaba el funcionamiento del fondo, incluyendo la posibilidad de apoyo técnico en la evaluación de operaciones.
De Plus Ultra a Air Europa
Las anotaciones también reflejan interés por la situación concreta de Plus Ultra. En una de las páginas aparece una referencia directa al contexto del fondo y el posible miedo de la trama por el "anuncio de Vox de querellas a los gestores del Fondo de Solvencia”". A continuación, se añade una reflexión: "Si la Justicia lo admite a trámite se puede dar la situación de que B. Lora esté en la misma situación que Vicente".
Estas referencias parecen aludir a Bartolomé Lora, entonces vicepresidente de la SEPI y presidente en funciones del organismo durante la aprobación de algunas de estas operaciones, y a Vicente Fernández, expresidente del holding público. Lora presidía el Consejo Gestor encargado de elevar las operaciones al Consejo de Ministros y actualmente está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 49 de Madrid por el rescate de Air Europa.
En otra anotación se formulan preguntas de carácter político-institucional: "¿Y qué pretende sacar adelante el Fondo con alguien que ha mostrado su posición al frente de SEPI o de Bartolomé Lora imputado?" o "¿Por qué el PP pide que se nombre a Bartolomé Lora?". También aparece una referencia a una "excusa de haber pasado meses desde la presentación de la solicitud de Plus Ultra".
Un rescate de 53 millones
El rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado el 9 de marzo de 2021, ascendió a 53 millones de euros mediante un préstamo participativo y otro ordinario. La operación se justificó por la supuesta relevancia estratégica de la aerolínea en determinadas rutas entre España y América Latina, así como por su papel en el mantenimiento del empleo.
Sin embargo, desde el primer momento surgieron dudas políticas y mediáticas sobre si la compañía cumplía los requisitos exigidos para ser considerada "estratégica", dado su reducido peso en el mercado aéreo español y su situación financiera previa a la pandemia. Estas controversias derivaron en denuncias e iniciativas judiciales para analizar el procedimiento seguido.
En este contexto, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga actualmente las circunstancias del rescate y la posible existencia de una trama de influencias supuestamente liderada por Zapatero para facilitar la concesión de esta ayuda a la compañía.
Es más que probable que esta legislatura tan cuesta arriba para el Gobierno concluya sin unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). El Ejecutivo no ha llevado a la Cámara ningún proyecto en estos tres años, pese a haberlo prometido insistentemente, por la evidente falta de apoyos. Pero el mandato emboca ya la recta final y las generales, aunque no tengan fecha, están más cerca. Y ahora sí que Pedro Sánchez puede utilizar unas nuevas cuentas como "relato", como creen en su partido, como programa electoral. Por eso el Gobierno quiere lanzar la señal de que irá más rápido con los trámites. Ya publicó el viernes pasado en el Boletín Oficial del Estadola orden de Hacienda para poner en marcha la maquinaria interna y el 23 de junio estará lista otra piedra fundamental, el cuadro macroeconómico, así que julio se aprovechará, previsiblemente, para que las Cámaras debatan y voten los objetivos de déficit y deuda. Y suceda lo que suceda con ellos, el texto con los nuevos PGE llegaría al Congreso en los últimos meses del año para su tramitación parlamentaria.
Sánchez, por tanto, quiere marchar de vacaciones, que este año previsiblemente serán algo más largas —cuatro semanas sin reunión del Consejo de Ministros, todo agosto— con un paso dado hacia los PGE de 2027. Porque para los socialistas es prioritario enviar la señal de que, pese a todos los casos judiciales que les acechan, el Gobierno continúa trabajando, sigue con su labor y no está paralizado. El mensaje, mil y una vez reiterado, es que agotará la legislatura.
Vamos a avanzar para la presentación de los Presupuestos, presentando el cuadro macro el día 23 de junio, se lo dejo anunciado que a lo mejor es incluso de su interés", espeta Cuerpo al PP
La sesión de control de este miércoles en el Congreso estuvo tomada por el caso Leire. El PP percutió una y otra vez con ella, empezando por Alberto Núñez Feijóo. Pero en la respuesta a la portavoz popular, Ester Muñoz, el vicepresidente primero sí avanzó un compromiso del Gobierno. "Como ya dijo el presidente del Gobierno, vamos a avanzar para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, presentando el cuadro macro el día 23 de junio, se lo dejo anunciado que a lo mejor es incluso de su interés", apuntó Carlos Cuerpo.
Es decir, que el Consejo de Ministros aprobará el cuadro de previsiones macroeconómicas en menos de dos semanas, y justo un día antes de la comparecencia en el pleno de la Cámara baja de Sánchez, en la sesión en la que dará cuenta del caso Leire y de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La idea del Ejecutivo, según avanzan fuentes del área económica a este diario, es que los objetivos de déficit y deuda sean aprobados primero por el Consejo de Política Fiscal y Financiera —la reunión del titular de Hacienda, Arcadi España, con los consejeros autonómicos sería por tanto el lunes 22— y luego por el Gobierno —el martes 23—, ya junto con el techo de gasto.
La idea es que el Consejo de Política Fiscal y Financiera pudiera reunirse el 22 de junio, aunque no está cerrado. La senda de estabilidad se votaría así en julio, y casi seguro será tumbada dos veces
Ese es "el escenario central" ahora mismo, indican fuentes del más alto nivel del Ejecutivo. De este modo, los objetivos de déficit y deuda —la llamada senda de estabilidad— serían debatidos y votados por el Congreso en un pleno extraordinario de julio. Si ocurre como en los ejercicios anteriores, serán tumbados por PP, Junts y Vox. En ese caso, el Consejo de Ministros debe remitir la senda de nuevo al Parlamento —si es la misma, no debe pasar previamente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)— para un segundo debate y votación. Y si cae por segunda vez, entonces el Gobierno está obligado a elaborar los nuevos Presupuestos con el marco de déficit anterior, menos flexible para comunidades autónomas y ayuntamientos.
Si se cumplen todos estos pasos, entonces el proyecto de nuevas cuentas aterrizaría en el Congreso ya en el otoño. La Constitución obliga a que se presenten antes del 30 de septiembre, aunque en la pasada legislatura, cuando Sánchez sí disponía de mayoría parlamentaria, se enviaban a la Cámara baja avanzado octubre y conseguía, en todo caso, que acabara su tramitación antes del 31 de diciembre, de tal manera que entraban en vigor el 1 de enero del año siguiente. Así se aprobaron las cuentas de 2021, las de 2022 y las de 2023, las que están todavía vigentes.
Las otras alternativas
No obstante, como advierten en la cúpula del Ejecutivo, no está todo cerrado, de tal manera que no está sellado aún que el CPFF se celebre el 22 de junio y que, en consecuencia, la senda de estabilidad llegue a Congreso —y, si superara esa pantalla, algo poco probable, al Senado— en julio. Podría suceder, continúan estas fuentes, que el 23 de junio el Consejo de Ministros aprobara el cuadro macro y que posteriormentese diera luz verde a los objetivos de déficit y deuda y al techo de gasto, de modo que los tiempos se estirarían.
El Gobierno señala que esta vez, pese a que no ha cumplido con la Constitución en esta legislatura, sí piensa mandar los PGE "en tiempo y forma" al Congreso. El mensaje, "trabajo y normalidad"
Pero la idea del Gobierno es que esta vez sí se cumpla —no ha ocurrido en toda la legislatura— el calendario ordinario, de tal manera que los PGE puedan ser entregados a la Cámara baja en torno a esa fecha límite del 30 de septiembre. Que se presenten, detallan, "en tiempo y forma". Porque el mensaje, pese a todos los nubarrones que rodean a Sánchez, es de "trabajo y normalidad", subraya un ministro de mucho peso.
#EnDirecto | La "reflexión" de Nogueras (Junts): "Que el papa haya hablado más catalán en una hora que Sánchez y Feijóo juntos en toda su carrera política explica muy bien cuánto les importa Cataluña" pic.twitter.com/XoJX15eNld
El vicepresidente había calculado que la guerra de Irán podía restar unas décimas de crecimiento. Ahora también se está hablando con los sectores cómo actualizar el plan de respuesta al conflicto
El pasado 28 de abril, ya con Montero fuera del Gabinete y su sucesor, Arcadi España, en Hacienda, el vicepresidente Cuerpo calculó que el conflicto en Oriente Próximo podría traducirse en una merma de entre 0,1 y 0,4 puntos del crecimiento económico y un punto más de inflación media anual. Esa perspectiva se incluyó en el informe de progreso anual remitido a Bruselas, pero no se introdujeron cambios en el cuadro macro, a la espera de cómo evolucionase la contienda. Tras una primera reunión con los agentes sociales el pasado 25 de mayo, ayer miércoles continuó la ronda de encuentros del Gobierno con los sectores para analizar el impacto de la guerra y hacer seguimiento del funcionamiento del plan de respuesta, "con la vista puesta en su continuidad y adaptación más allá del 30 de junio". El vicepresidente primero despachó con las patronales y asociaciones de los sectores del transporte, la logística y la distribución.
#EnDirecto | El Papa León XIV oficia una misa por el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí y luego bendecirá la Torre de Jesús pic.twitter.com/G3fUCA4Qgr
En caso de que esta vez el Gobierno cumpla con el mandato constitucional y lleve su proyecto de Presupuestos a la Cámara, la siguiente pregunta es qué ocurrirá con ellos. Aunque Sánchez ha prometido diálogo y ha lanzado guiños sobre todo a Junts, insistiendo en que él desea el despliegue efectivo de la ley de amnistía —que depende de lo que resuelva el Tribunal de Justicia de la Unión Europea— y en que su Ejecutivo desea cumplir con lo firmado en Bruselas en 2023, los posconvergentes siguen muy distantes.
Es muy probable que PP, Junts y Vox se opongan a la senda, y se da por casi imposible que los de Puigdemont, que rompieron con el Gobierno en octubre, puedan dar luz verde a los PGE de 2027
La formación de Carles Puigdemont rompió con los socialistas el pasado octubre y desde entonces no se han retomado las negociaciones. Y, como el PNV, pide el adelanto de las generales, aunque ha reiterado, también como el PNV, que no se sumaría nunca a una moción de censura del PP que, para prosperar, requeriría del concurso de Vox. La derecha independentista recuerda siempre que puede que el Ejecutivo no ha cumplido con lo suscrito para la investidura y agita el discurso del agravio constantemente. Este miércoles, la portavoz en la Cámara baja, Míriam Nogueras, volvió a quejarse ante Sánchez de que el Gobierno ha "abandonado" Cataluña y no ha pagado "ni un solo euro" de lo que le corresponde a la comunidad. Junts rechazó la senda de estabilidad en 2024 y 2025 con el argumento de que no concedía la mitad del margen de déficit a las CCAA. Y nunca se prestó a negociar los PGE.
Balance en la última semana de julio
Si el "escenario central" del Ejecutivo es el finalmente elegido, Sánchez podrá cerrar este curso político con la senda de estabilidad llevada al Congreso (y probablemente tumbada por él). La previsión es que la última reunión del Consejo de Ministros tenga lugar el 28 de julio —ese mismo día o en esa semana, previsiblemente, Sánchez hará balance de este año en rueda de prensa—, y dé paso a un largo periodo vacacional. Este año podrían ser cuatro las semanas sin reunión del Gabinete, de modo que el primer Consejo de Ministros de vuelta de vacaciones se celebre el martes 1 de septiembre.
Ahora mismo, la previsión del Ejecutivo es que el último Consejo de Ministros se celebre el 28 de julio, y no tenga lugar la primera reunión del Gabinete hasta el 1 de septiembre, cuatro semanas después
Sánchez, como ocurriera el año pasado, necesita que la temperatura y la tensión política se enfríen. Esta semana, él y su equipo están pudiendo refugiarse en la visita del Papa —ayer, el presidente, su mujer y una buena parte de sus ministros acudieron a la misa en la Sagrada Familia y a la posterior apoteósica inauguración de la Torre de Jesús, y hoy acompañará a León XIV en Gran Canaria— y confía en que el Mundial de fútbol también ayude a desplazar el foco. La competición deportiva comienza precisamente este jueves y se prolongará hasta el 19 de julio.
En la Moncloa esperan que el desempeño de la Selección española, una de las grandes favoritas, contribuya a mitigar el impacto de las noticias en terreno judicial que están por venir en las próximas semanas: la comparecencia en audiencia preliminar de Begoña Gómez (lunes 15), la declaración de Zapatero (miércoles 17 y jueves 18), las sentencias del caso mascarillas y del juicio al hermano del presidente, David Sánchez —en fecha por determinar—, y las declaraciones de varios testigos (entre ellos, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el 10 de julio) por el caso Leire. Elementos que nutrirán la comparecencia del presidente en el Congreso del 24 de junio y ante el comité federal de su partido del sábado 27. Pero el Ejecutivo se agarra sobre todo al efecto verano, a que el parón suponga un reset en la agenda política que le dé el oxígeno suficiente como para intentar recuperar el impulso a la vuelta, en septiembre. Y ahí los PGE jugarán un papel fundamental.
Si las cuentas son devueltas, Sánchez tendrá que decidir si continúa hasta la meta de 2027 o bien adelanta las generales y las sitúa antes que las municipales y autonómicas de mayo
Si la votación de totalidad de las cuentas públicas se produce en octubre, y estas son rechazadas, Sánchez tendrá que decidir si continúa, más debilitado, hasta la meta de julio de 2027, o bien adelanta las generales y las sitúa, como quieren muchos en su partido, antes de las municipales y autonómicas de mayo. Ni él ni los suyos se sitúan en ese punto. Hay varios partidos por jugar antes. Aunque, en realidad, todo el escenario esté embarrado por los distintos casos de presunta corrupción que amenazan a los socialistas y que roban al Gobierno todo el control de la agenda y buena parte de su capacidad de iniciativa. Todo lo devora el fuego de los escándalos.
La exmilitante socialista Leire Díez lo anotaba todo. Así se desprende de la veintena de agendas y libretas que la Guardia Civil le intervino en el marco del caso bautizado con su nombre que sigue su curso en la Audiencia Nacional. Todas ellas han sido incorporadas al sumario de la investigación, al que ha tenido acceso El Independiente, y recogen la ofensiva desplegada por la supuesta 'fontanera' del PSOE contra jueces, fiscales y mandos policiales que investigaban las causas que afectaban al entorno del Gobierno. Entre ellos el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, pero también encargado de un procedimiento que salpicaba a Nervis Villalobos, el exviceministro chavista vinculado a la trama de las presuntas 'cloacas'.
En una de las agendas intervenidas a Leire figura una anotación bajo el epígrafe "Acción política" en la que se hacía referencia a dos agentes de la UDEF identificados por sus números profesionales: el 111.129 y el 127.263. El primero de ellos fue destinado en 2021 como agente de enlace en Europol, con sede en La Haya, tras ser condecorado por el Ministerio del Interior, según apuntó en febrero de 2025 el propio Gobierno tras la comparecencia en el Congreso de Villalobos.
El "policía de Grinda"
Justamente, en uno de los documentos localizados por la Guardia Civil en el ordenador de la 'fontanera', el agente 111.129 aparece descrito como el "policía de Grinda", en referencia al fiscal Anticorrupción José Grinda, uno de los principales objetivos de la trama. El texto atribuye a ambos la elaboración de informes policiales presuntamente falsos en diversas investigaciones y sitúa el caso de Nervis Villalobos como una de las piezas centrales de esa estrategia.
Según ese relato, la investigación contra el exviceministro venezolano habría estado sustentada en informes elaborados por ese agente de la UDEF y utilizados posteriormente por Anticorrupción en distintos procedimientos abiertos contra Villalobos. La documentación sostiene que dichos informes contenían "datos falsos o erróneos" y que formaban parte de una supuesta "persecución" impulsada tras la negativa del exalto cargo chavista a colaborar con la Fiscalía y aportar información sobre distintos objetivos políticos y empresariales.
El 'relato' de Leire también insiste en que las investigaciones contra el empresario venezolano se impulsaron siempre "por los mismos fiscales, los mismos agentes policiales y las mismas unidades especializadas". Según esa versión, las tres causas judiciales en las que Villalobos se encontraba inmerso en la Audiencia Nacional y los Juzgados de Madrid se habrían apoyado en informes elaborados por la misma estructura.
El vínculo con Peinado
Las notas intervenidas revelan además cuál era el objetivo final de esa estrategia. En uno de los documentos se recoge expresamente que "si cae el [agente] 111.129, se cae su causa", en referencia a los procedimientos que afectaban a Villalobos. A continuación, la anotación añade que el exviceministro iniciaría una "querella o denuncia a Peinado por detención ilegal", ya que el instructor había decretado su ingreso en prisión provisional —a petición de la Fiscalía— y el bloqueo de sus cuentas bancarias.
La referencia conecta directamente con la resolución del Tribunal Constitucional que declaró vulnerado el derecho fundamental a la libertad personal de Villalobos por una de las decisiones adoptadas durante la instrucción dirigida por el magistrado. La documentación señala incluso que la sentencia del Constitucional sería entregada el día 12, lo que podría apuntar a que la estrategia contemplaba utilizar ese fallo como base para una ofensiva posterior contra el juez.
De este modo, la caída de la credibilidad del agente de la UDEF podría servir, según el esquema reflejado en los documentos, para cuestionar las investigaciones policiales que sustentaron las causas contra Villalobos y abrir posteriormente una vía de actuación contra Peinado.
Begoña Gómez
Justamente, este magistrado fue quien impulsó la causa contra Begoña Gómez, que encara ahora su fase final. El próximo lunes, 15 de junio, la esposa de Pedro Sánchez, su exasesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés están citados para la audiencia previa, en la que se decidirá si los tres investigados acaban yendo a juicio con jurado popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción, malversación y apropiación indebida.
El juez encargado de investigar el 'caso Leire', Santiago Pedraz, fechó precisamente el inicio de esta presunta 'trama de las cloacas' el mismo día que se conoció la imputación de Gómez. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, mientras Sánchez permanecía apartado del foco público, se puso en marcha la red destinada a hacer frente a las investigaciones judiciales que afectaban al entorno del Gobierno y el PSOE. Una estrategia que habría estado coordinada por Leire, pero en la que el entonces 'número tres' del partido, Santos Cerdán, habría tenido un "papel superior".
Las agendas manuscritas incorporadas a la investigación judicial reflejan que Leire Díez participó en gestiones relacionadas con la empresa pública Mercasa y que, dentro de esas anotaciones, aparecen identificadas tres mercantiles como posibles destinatarias de ofertas vinculadas a contratos menores. Estos contratos menores son las adjudicaciones públicas que eluden los controles más estrictos de la administración.
La documentación intervenida sitúa a Díez dentro de un grupo de trabajo que tenía a Mercasa como uno de sus objetivos. Cabe destacar que Mercasa es una de las 12 empresas que dependen de la SEPI. En una de las páginas de la agenda aparece escrita una relación de nombres formada por "Anxton, Vct (Vicente), Leire" y, justo debajo, marcada con un asterisco, la referencia a "MERCASA". La anotación vincula así a la exmilitante socialista con las gestiones que, según reflejan los manuscritos, se estaban planteando en torno a la empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Contratos menores
Las referencias a Mercasa no son aisladas. En otra de las páginas aparece un apartado específico encabezado con el nombre de la compañía pública. En el margen izquierdo puede leerse la expresión "Contratos menores" y, bajo el título "MERCASA", se detalla lo que el autor de las notas define expresamente como "Nombre de empresas para ofertas".
A continuación figura una relación cerrada de tres compañías. La primera es "Monte Aragón", que podría referirse a Montearagon Canalizaciones SL, empresa de la que es administrador único Jose Francisco Sanchez Gonzalez. La segunda es "Servinabar", acompañada entre paréntesis de la referencia "Mikel". Esta empresa está siendo investigada en la causa de la SEPI. Esta empresa está vinculada a Santos Cerdán. La tercera es "Construcciones Sumelzo", vinculada a la socialista Susana Sumelzo, junto a una anotación adicional difícil de interpretar en su totalidad, aunque se aprecia el nombre "Juan".
La relevancia de este apunte reside en que las tres sociedades aparecen agrupadas bajo el mismo epígrafe y asociadas a las ofertas de contratos menores de Mercasa. El manuscrito no contiene explicaciones adicionales sobre el papel concreto de cada empresa ni sobre si llegaron a presentarse a procedimiento alguno, pero sí refleja que habían sido identificadas como las firmas que debían figurar en las ofertas.
Una operación mediante permuta
Junto a la relación de empresas aparece además una anotación complementaria que dice "Dirección correo electrónico", lo que apunta a que la operativa contemplaba también la gestión práctica de la presentación o intercambio de documentación vinculada a esas ofertas.
Las referencias a Mercasa continúan en los folios siguientes de la agenda. Bajo el encabezado "SEDE" aparecen anotaciones relativas a la futura ubicación de la compañía. Entre ellas figura la expresión "Suelo dotacional público" y una reflexión sobre la posibilidad de articular una operación mediante permuta. El manuscrito recoge literalmente: "¿Se puede valorar como propietario del suelo para poder hacer la permuta?".
Las notas también mencionan conversaciones con terceros en relación con esta operación. El contexto de la página sugiere que la red no sólo estaba interesada en contratos de menor cuantía, sino también en cuestiones relacionadas con las instalaciones y el patrimonio inmobiliario de la empresa pública.
La presencia de Leire Díez en estas anotaciones resulta especialmente significativa porque su nombre aparece asociado de manera directa a Mercasa en una página específica de la agenda. No se trata de una referencia indirecta ni de una simple mención aislada. El apunte identifica expresamente a "Antxon, Vct, Leire" como los interlocutores relacionados con el asunto y sitúa a continuación el objetivo de esas gestiones: "MERCASA".
Entidades públicas y semipúblicas
Las agendas reflejan además un interés continuado por distintas entidades públicas y semipúblicas. En páginas próximas aparecen referencias a compañías como Tragsa o Enagás, así como anotaciones sobre contratación y proveedores. En el caso concreto de Mercasa, sin embargo, la documentación va un paso más allá al consignar un listado concreto de empresas para concurrir a ofertas vinculadas a contratos menores.
La mecánica descrita en los manuscritos adquiere relevancia porque la contratación menor exige habitualmente la solicitud de presupuestos o propuestas para justificar la adjudicación. Las anotaciones intervenidas muestran que, al menos sobre el papel, existía una selección previa de sociedades que debían integrar ese proceso de ofertas.
Los documentos no aclaran si las adjudicaciones llegaron finalmente a producirse ni identifican contratos concretos. Tampoco detallan importes o expedientes determinados. Lo que sí reflejan de forma expresa es la existencia de un apartado específico dedicado a Mercasa, la referencia a "Contratos menores" y la identificación de tres compañías —Monte Aragón, Servinabar y Construcciones Sumelzo— bajo el epígrafe "Nombre de empresas para ofertas".
Las agendas de Leire Díez incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a las que ha tenido acceso El Independiente, recogen una anotación fechada en 2020 en la que aparece mencionada la jurista Silvina Bacigalupo. Bacigalupo, cuñada de la entonces vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera, es catedrática de Derecho Penal y una reconocida especialista en transparencia y delitos económicos.
En una de las páginas de las notas manuscritas atribuidas a Díez, fechada el 17 de noviembre de 2020, figura un listado de asuntos pendientes entre los que aparece la referencia: “Cristina Narbona, gestión Silvina Bacigalupo”.
La anotación se integra en un conjunto de contactos, actuaciones y cuestiones políticas en el que también figuran otras referencias a dirigentes socialistas, responsables institucionales y asuntos vinculados a la actividad del partido. El documento, sin embargo, no especifica cuál era el objeto de esa supuesta gestión ni qué actuación concreta debía realizar la presidenta del PSOE en relación con Bacigalupo.
La mención adquiere relevancia en un momento en el que la jurista se encuentra entre las candidatas a una plaza de jurista en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. De acceder al puesto, culminaría una trayectoria académica y profesional que la ha convertido en una especialista en Derecho Penal económico, transparencia y cumplimiento normativo.
Bacigalupo y Teresa Ribera
Teresa Ribera, actual vicepresidenta de la Comisión Europea y exvicepresidenta del Gobierno de España, está casada con el jurista Mariano Bacigalupo. Este es miembro de una familia con amplia trayectoria en el ámbito jurídico y regulatorio en España. Este ha ocupado distintos cargos en organismos públicos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La familia Bacigalupo constituye una saga de perfil académico y jurídico con una presencia destacada en el ámbito del Derecho en España, especialmente vinculada a la universidad y a instituciones públicas. Sus miembros han desarrollado carreras en campos como el Derecho Administrativo, el Derecho Penal económico y la regulación de sectores estratégicos.
Antes de su acercamiento al Alto Tribunal, la catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid ya había mantenido una relación de colaboración con el PSOE. Más allá del ámbito familiar. De hecho, su nombre apareció oficialmente vinculado al proyecto político de Pedro Sánchez cuando fue incorporada al equipo de expertos encargado de elaborar propuestas de gobierno para los socialistas.
El 23 de junio de 2015, el PSOE anunció la creación de un equipo de especialistas destinado a diseñar medidas para un futuro programa de gobierno. Entre los nombres seleccionados figuraba Silvina Bacigalupo, que fue presentada como responsable del área de Transparencia y Ética Empresarial.
En aquel comunicado, los socialistas destacaban que el grupo estaría integrado por profesionales de reconocido prestigio y experiencia en distintas materias. Ya que el objetivo era reforzar el perfil técnico de su propuesta política. Bacigalupo aparecía entre las incorporaciones elegidas por la dirección de Pedro Sánchez.
La jurista era ya entonces una referencia en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, delitos económicos y prevención de la corrupción. Su participación en aquel equipo suponía una apuesta del PSOE por incorporar especialistas externos a la elaboración de su proyecto político.
La colaboración fue pública y reconocida por el propio partido, por lo que la aparición de su nombre en unas notas internas vinculadas al entorno socialista años después resulta especialmente significativa.
Una anotación sin explicación
La referencia hallada en la documentación atribuida a Leire Díez plantea más preguntas que respuestas. El apunte se limita a consignar la frase “Cristina Narbona, gestión Silvina Bacigalupo”, sin ofrecer detalles adicionales sobre el motivo, el contenido o el alcance de esa eventual gestión.
Tampoco se desprende del documento si la actuación que tenía que realizar Narbona se produjo finalmente. Ni cuál era el contexto concreto en el que se redactó la nota. Lo único acreditado es que el nombre de Bacigalupo figuraba entre los asuntos anotados por Díez en noviembre de 2020 y que aparecía asociado a una posible intervención de Cristina Narbona.
La presidenta del PSOE formaba parte del núcleo dirigente de la organización y era una de las figuras de mayor peso político dentro del partido. Su inclusión en la anotación sugiere que, al menos para quien redactó el documento, podía desempeñar algún papel en relación con la cuestión vinculada a Bacigalupo.
Anotación en la agenda de Leire Díez sobre Cristina Narbona y Silvina Bacigalupo
La falta de contexto impide extraer conclusiones definitivas. Sin embargo, la referencia se enmarca en una documentación en la que se están analizando múltiples anotaciones. Entre ellos contactos políticos, institucionales y empresariales relacionados con el entorno socialista.
Del equipo de expertos al Tribunal Supremo
La trayectoria de Bacigalupo ha estado ligada principalmente al ámbito académico. Hija del jurista Enrique Bacigalupo, ha desarrollado una carrera centrada en el Derecho Penal económico y corporativo, participando en proyectos de investigación nacionales e internacionales y en labores de asesoramiento en materia de cumplimiento normativo.
El proceso de nombramiento para la plaza de jurista en la Sala Segunda del Tribunal Supremo aún no ha concluido. Se trata de un procedimiento en el que los aspirantes son evaluados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en función de sus méritos.
Tras la admisión inicial, la Comisión de Calificación revisa el cumplimiento de los requisitos formales. Después, selecciona a los candidatos que pasan a una fase de entrevista, que puede realizarse por vía telemática y la cual Bacigalupo ya pasó. Posteriormente, la Comisión eleva una propuesta al Pleno del CGPJ, órgano competente para el nombramiento definitivo.
En estos momentos, el proceso se encuentra pendiente de la deliberación final del Pleno, con Bacigalupo entre las candidaturas evaluadas para la plaza. Su eventual acceso al Tribunal Supremo la situaría entre los perfiles de mayor relevancia dentro del sistema judicial español. Precisamente por ello, la aparición de su nombre en una anotación vinculada al entorno socialista adquiere una dimensión política.
El caso Leire Díez apenas ha echado a rodar. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ya dictó un primer auto en el que dibujaba cómo operaba una presunta red criminal en Ferraz que tenía a la cabeza al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y a la ya exmilitante Leire Díez como mano ejecutora, como fontanera. El magistrado levantó parcialmente el secreto de la causa y ayer ordenó el libramiento de varios oficios y la citación de hasta 22 testigos entre el 26 de junio y el 13 de julio. Entre ellos, la presidenta del partido, Cristina Narbona. Y al día siguiente tendrá que declarar como imputada ante él la abogada Leticia de la Hoz, por presuntamente haber sobornado a la empresaria Carmen Pano para que cambiara su versión respecto a que había entregado 90.000 euros en efectivo en el cuartel general de los socialistas a petición del comisionista Víctor de Aldama.
Quedan por practicar muchas diligencias pero es verdad que en el partido, como ya publicó este diario, se teme que el caso escale más y pueda acabar suponiendo una imputación del PSOE como persona jurídica. Algo que sería letal para los ánimos de una formación hundida anímicamente también por otro caso, el que mantiene investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pero la puntilla definitiva podría ser la imputación del propio Pedro Sánchez. No sería sencilla, porque para que esa circunstancia se diera, Pedraz tendría que hallar indicios que le condujeran hasta él que justificasen elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo. Este sería el competente para decidir si investiga o no al jefe del Ejecutivo, dado que este es aforado, y en caso de que determinara proceder contra él, tendría que solicitar el suplicatorio al Congreso.
Sin embargo, fuentes la Moncloa aseguran no ver "motivo alguno" ni para la imputación del PSOE ni para la de Sánchez. Tampoco creen justificado que Pedraz pudiera llamar a declarar al presidente del Gobierno y secretario general del partido ni siquiera como testigo. "Es que no hay indicio ninguno de que Sánchez conociera a Leire. Ni hay una prueba de que operara la trama como tal ni mucho menos que implicara al partido", esgrimen. La tesis de la dirección socialista es que Cerdán pudo montarse su propia red para taparse a sí mismo, para esconder sus chanchullos, y que para ello tiró de la ayuda de Díez.
El juez tiene imputada a la gerente actual, Ana Fuentes, y la UCO descubrió que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, se reunió al menos tres veces con Díez. Citas que ella ratificó
Pero el juez tiene imputada a la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes —promovida al cargo por Cerdán en 2021—, y además en el sumario de la causa los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelaron que Díez se había reunido en al menos tres ocasiones con la directora general del cuerpo, Mercedes González. Encuentros que ella al final tuvo que reconocer después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska hubiera negado esa posibilidad apenas unos días de conocerse el sumario. El PSOE no ha abierto ningún tipo de expediente a Fuentes y el Ejecutivo, empezando por el propio Sánchez y siguiendo por Marlaska, han manifestado su respaldo pleno a la jefa de la Guardia Civil.
Este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, reiteró que Sánchez nunca supo nada de la fontanera del PSOE: "El presidente nunca ha conocido, ni avalado ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado". Repitió prácticamente palabra por palabra aquello que el propio jefe del Ejecutivo respondió a los periodistas el pasado viernes en Tivat (Montenegro).
#EnDirecto | El Gobierno desmiente "rotundamente" cualquier encuentro entre Pedro Sánchez y Leire Díez: "Nunca ha conocido ni avalado ni ha sido informado de sus andanzas. Nunca lo hubiera tolerado" pic.twitter.com/oG1tnnWPp7
Los informadores preguntaron a la portavoz por qué ahora el partido y el Gobierno no actúan como en el pasado, cuando pidió sus actas y echó a los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Ahora no se ha adoptado ningún tipo de medida contra Zapatero, ni contra la gerente del partido, ambos imputados en la Audiencia. La ministra reivindicó que la posición es "absolutamente coherente". "Somos el Gobierno de la tolerancia cero contra la corrupción, de la colaboración con la Justicia, de respetar los tiempos de la Justicia, de confiar en la Justicia", remachó, recordando de nuevo el plan de medidas anticorrupción que Sánchez presentó en julio del año pasado ante el Congreso. El problema es que la norma estrella, el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, aún no ha llegado al Congreso y se antojan muy complicados sus apoyos parlamentarios.
El Ejecutivo mantiene la confianza en González y también en Narbona. La presidenta del PSOE "tiene una moralidad intachable". "Jamás ha intervenido en nada ilícito o impresentable", apuntan
En el Gobierno mantienen toda la confianza en González —no se plantea de ningún modo su cese, y menos aún después de que Sánchez le explicitara su respaldo— y también en Narbona. En su caso, la UCO describe en su informe que la presidenta del PSOE mantuvo una conversación por WhatsApp con Díez el 24 de abril de 2024, cuando Sánchez publicó su Carta a la ciudadanía, en la que abría un periodo de reflexión de cinco días en el que se planteó dimitir. La exmilitante le habló de "reconducir" los ataques al presidente, de dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín". "[Esto] se lo habías contado a Santos el otro día", respondió ella. Narbona deberá comparecer como testigo ante Pedraz el 10 de julio. Ni Saiz ni el ministro de Transportes, Óscar Puente, presente en la rueda de prensa de este martes, quisieron hacer referencia a la citación de la presidenta del PSOE, pero fuentes de la Moncloa mostraron su "pleno respaldo" a la dirigente.
"Cristina tiene una moralidad intachable. Estamos seguros de que jamás ha intervenido en nada ilícito o impresentable. Es la persona más seria del mundo", señala un miembro del Ejecutivo que confía en que no obstante el caso Leire se vaya desactivando, porque no le ve recorrido. "Leire sería lo que en derecho se llama una tentativa inidónea, que es como elegir un medio incapaz de provocar el resultado buscado. Ella no tenía capacidad de influir en nada. Habría que darle la medalla de Isabel la Católica. Desde Mata Hari no se conocería nada igual", bromea este alto mando.
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha confirmado este martes que el exviceministro venezolano de Hugo Chávez, Nervis Gerardo Villalobos, obtuvo finalmente la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personara en sus dependencias para recabar información sobre el expediente del exalto cargo chavista en el marco de la investigación judicial relacionada con el denominado 'caso Leire Díez'.
La actuación de la UCO se produjo por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor de las diligencias que analizan los contactos y gestiones atribuidos a la exmilitante socialista Leire Díez. Los agentes han acudido al Ministerio dirigido por Félix Bolaños para requerir información sobre el estado de la solicitud de nacionalidad de Villalobos y sobre los funcionarios que participaron en su tramitación.
La nacionalidad española
Tras la entrada de los investigadores, fuentes del Ministerio han detallado que el magistrado había solicitado información sobre "un expediente concreto de nacionalidad por residencia de una de las personas que aparecen en el sumario, Nervis Gerardo Villalobos". Ese expediente, explican las mismas fuentes, "aparece en conversaciones de distintos implicados en las que se interesan por que sea aprobado".
La Subdirección General de Nacionalidades y Estado Civil ha entregado este martes la documentación requerida por la Audiencia Nacional. En ella consta que una solicitud de nacionalidad por residencia presentada por Villalobos el 25 de abril de 2024 fue finalmente denegada el 10 de octubre de 2025.
Sin embargo, el departamento de Justicia ha decidido además aportar de forma voluntaria otros dos expedientes relacionados con el exviceministro venezolano al considerar que podrían resultar de interés para la investigación. Entre ellos figura una primera solicitud de nacionalidad por residencia presentada el 20 de febrero de 2017 y rechazada el 17 de julio de 2020.
Ley de Memoria Democrática
El tercer expediente es el que finalmente permitió a Villalobos convertirse en ciudadano español. Se trata de una solicitud de nacionalidad formulada al amparo de la Ley de Memoria Democrática ante el Registro Civil, que fue concedida el 21 de abril de 2025 y quedó inscrita definitivamente el 23 de octubre de ese mismo año.
Desde el Ministerio subrayan que "se denegaron las dos solicitudes de nacionalidad por residencia, al no concurrir los requisitos legales". No obstante, añaden que "se concedió la opción de nacionalidad prevista en la Ley de Memoria Democrática, tras un recurso interpuesto por el interesado, con base en la Instrucción de 25 de octubre de 2022".
Las fuentes defienden que la resolución se adoptó siguiendo criterios exclusivamente jurídicos y administrativos. Según explican, el recurso fue "examinado y estimado con criterios jurídicos por cuatro funcionarios", entre ellos una consejera, el jefe de servicio, el subdirector general y la directora general competente.
Rechazan una intervención política
Asimismo, rechazan cualquier intervención política en el procedimiento y recalcan que "ninguna solicitud de nacionalidad pasa por otras unidades del Ministerio diferentes de la mencionada Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública". El departamento sostiene que todos los expedientes "se tramitan siguiendo estrictamente la ley y se basan únicamente en la comprobación de los requisitos legalmente establecidos".
Para reforzar esa tesis, recuerdan que la estimación de recursos en materia de nacionalidad vinculados a la Ley de Memoria Democrática es una práctica habitual. De hecho, aseguran que durante 2025 la Dirección General resolvió 189 recursos contra decisiones del Registro Civil Central sobre esta modalidad de acceso a la nacionalidad, de los cuales 164 fueron estimados, 20 desestimados, tres archivados y en dos casos se ordenó retrotraer actuaciones.
La revelación de que Villalobos obtuvo finalmente la nacionalidad española llega en un momento de especial sensibilidad política por las investigaciones judiciales sobre las gestiones realizadas en favor de diversas personas vinculadas al entorno de Leire Díez.
La documentación entregada ahora por el Ministerio a la UCO será analizada por los investigadores para determinar si existió algún tipo de actuación irregular en la tramitación de los expedientes o si, por el contrario, el procedimiento seguido se ajustó plenamente a la normativa vigente.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha requerido información sobre el destino del fiscal Anticorrupción José Grinda en Bolivia, según ha podido confirmar El Independiente. La petición se enmarca en la causa que investiga una presunta trama liderada por la exmilitante Leire Díez para "desestabilizar" los casos que afectasen al entorno del PSOE, y uno de sus "objetivos de interés" habría sido este fiscal. Según se recoge en uno de los informes de la Guardia Civil, la organización habría llegado a ofrecerle un destino en el extranjero y 300.000 euros a cambio de información sensible sobre el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y sobre procedimientos vinculados al Gobierno.
Según confirman fuentes jurídicas a este periódico, Grinda se encuentra desde noviembre de 2025 destinado en Bolivia dentro de un programa de cooperación internacional de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), con una estancia prevista de aproximadamente tres años en la escuela de jueces y fiscales del país andino. A la convocatoria para este puesto concurrieron otros dos aspirantes, aunque uno de ellos no reunía finalmente los requisitos exigidos y el otro acabó retirando su candidatura.
Una de las líneas desarrolladas por las presuntas 'cloacas' del PSOE tenía como objetivo al fiscal Grinda, por lo que habrían intentado ganarse su colaboración a cambio de ciertas contraprestaciones. Entre ellas, un puesto de trabajo en el extranjero o incluso un pago de 300.000 euros. En una de las agendas intervenidas por las autoridades a la supuesta 'fontanera' del PSOE, los investigadores hallaron una anotación manuscrita que recoge: "300.000 euros para ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor".
Ese "problema" hace referencia a la denuncia por delitos sexuales que una joven jienense, Miriam Serrano, interpuso contra Grinda por unos hechos que ocurrieron cuando ella era menor. De hecho, los investigadores sostienen que la 'trama Leire' llevó a esta joven a la sede federal del PSOE en Madrid. Según relató la propia Miriam en su declaración a la Unidad Central Operativa (UCO), fue la propia Díez quien la acompañó a Ferraz en octubre de 2024.
Las ofertas de la trama a Grinda
El citado informe de la UCO recoge una lista de objetivos presuntamente elaborada por el excomisario José Manuel Villarejo, fechada el 26 de agosto de 2024, en la que aparece el nombre del fiscal aparece recogido en bajo la expresión:"fiscales, sobre todo Grinda". El 4 de septiembre de ese mismo año, en una conversación con la periodista Patricia López, Díez fue aún más directa: "A mí me hace mucha falta arrear a Grinda".
La operación de captación de Grinda alcanzó su punto álgido el 27 de febrero de 2025. Según recoge el juez Pedraz, ese día, Díez recurrió a un periodista conocido suyo, Pere Rusiñol, para que contactase con el fiscal. Ambos se encontraron en la terraza del mercado de Barceló en Madrid, donde Rusiñol le entregó una hoja que recogía una propuesta: un destino en el extranjero y la retirada de la demanda que Miriam Serrano mantenía contra él, a cambio de información confidencial sobre el fiscal jefe Luzón y el archivo de varios casos que interesaban a la trama.
Grinda rechazó la oferta. Tras el encuentro, Rusiñol remitió un mensaje a la exmilitante socialista utilizando un lenguaje en clave: "No había agua, al menos de momento".
"Te quieres ir a Bolivia de enlace"
La trama no se dio por vencida. Semanas después del fracaso con Rusiñol, Sandro Rosell —el exdirigente del FC Barcelona absuelto en 2021 del caso de blanqueo de capitales en el que Grinda había tenido un papel relevante— habría comenzado a mediar entre el fiscal y el grupo, según se desprende de los informes policiales incorporados al sumario. El 10 de marzo de 2025, Rosell escribió a Leire y a Dolset en un grupo de WhatsApp denominado "Mas Martí-Girona" para comunicarles que "G" le había contactado y preguntarles si debía quedar con él. Leire respondió afirmativamente: "siiiii".
Las instrucciones que Díez transmitió a Rosell para esa reunión dan cuenta de la sofisticación operativa del grupo: "Recuerda, escuchar más que hablar. Proponerle salida, pero sin nombrarnos a Santos o a mí. Hemos hablado mucho este finde e igual hay que preservarme un poco porque tengo que estar en otros frentes. Mandaríamos a un abogado". El propio Rosell, siguiendo el guión, le anticipó a Leire lo que le diría a Grinda: "Pepe, estás jodido, te interesa negociar con el Gobierno, ya te diré con quién".
En respuesta a este mensaje, Leire hizo varias anotaciones sobre con "cosas a decirle". Entre ellas: "tú ya has trasladado a terceras personas que tienes documentación de Luzón y que te quieres ir a Bolivia de enlace", "el juicio con la chica empieza en menos de un mes". También: "Pepe, tus vídeos y la operación Telémaco la tiene ya hasta el bedel del Bernabéu. Solo hace falta que llegue a tus jefes" o "también sabemos que te crees protegido por Mauricio Casals y Ferreras, pero créeme que no estás protegido porque no lo puedes estar".
"Es una nube de verano. Cae la lluvia, refresca el ambiente, te tiene a resguardo durante un tiempo, pero el sol no se ha ido. El calor vuelve". En el Gobierno son perfectamente conscientes de que la visita del Papa a España les da un respiro efímero en plena explosión de casos judiciales por presunta corrupción que afectan y conmocionan al PSOE, y por los que el presidente comparecerá en el Congreso el 24 de junio. Un alivio que se prolongará todo el tiempo que el Pontífice esté en nuestro país —hasta el próximo viernes, día 12—, y que a partir de ahí la actualidad informativa puede seguirles golpeando. Pero, a fin de cuentas, es algo de oxígeno, y los socialistas lo piensan aprovechar.
El Ejecutivo recibió con entusiasmo la elección de Robert Francis Prevost como León XIV hace casi un año, porque entendió que era un pleno continuador de Francisco, aunque con estilo propio. Y su visita apostólica a España, que comenzó el pasado sábado, refuerza esa convicción. El Gobierno ha querido mostrar plena sintonía con el Vaticano, reivindicando los grandes acuerdos alcanzados en los últimos años y sobre todo la convergencia de posiciones en los grandes debates mundiales. La inmigración, el respeto al derecho internacional, la "dignidad" de todas las personas, vengan de donde vengan.
El Ejecutivo recibió con alivio y entusiasmo la elección de Prevost como sucesor de Francisco, y en todo este año ha presumido de sintonía y conexión con el nuevo Pontífice en los asuntos globales
Esos son parte de los temas cardinales que el Papa abordó en su discurso ante las Cortes Generales de este lunes, el primero de un Pontífice en la historia democrática de España. Y el Gobierno puso el acento en ellos, se aferró a ellos, orillando las "diferencias" con él en otras cuestiones mollares, como su crítica al aborto o a la eutanasia. La Moncloa quiere poner de relieve su sintonía evidente con León XIV en los temas que ya son centrales en su papado: su defensa de un orden internacional basado en reglas frente a los caprichos del presidente de EEUU, Donald Trump —Prevost ha emergido, de hecho, como el líder global que ha sabido plantarle cara— y su apoyo a los inmigrantes frente a una derecha y una ultraderecha que se muestra insolidaria y que ha cargado contra la regularización extraordinaria promovida por el Ejecutivo y que la Iglesia sí respalda sin titubeos. Esa conexión con el Papa y su protagonismo absoluto durante esta semana permite a Pedro Sánchez mantener un perfil público más bajo y de paso desplaza los escándalos judiciales a un segundo plano. Un cierto refugio.
El presidente fue recibido en audiencia privada por León XIV el pasado 27 de mayo en el Vaticano, y el pasado sábado fue él quien, junto a los Reyes, le dio la bienvenida a España en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. También asistió a la ceremonia posterior en el Palacio Real junto a buena parte de su Gobierno. En los actos que siguieron el sábado y el domingo distintos ministros del PSOE y de Sumar arroparon al Pontífice: en el centro CEDIA 24 horas de Cáritas, Félix Bolaños y Pablo Bustinduy; en la vigilia en la plaza de Lima, Ana Redondo; en la misa en Cibeles, Milagros Tolón; en el encuentro con la sociedad civil, los vicepresidentes Carlos Cuerpo, Yolanda Díaz y Sara Aagesen.
El presidente acudió a recibir a León XIV a Barajas y asistió a la ceremonia de bienvenida. Este lunes se reunió con él en la Nunciatura y le regaló un bonsái de olivo como símbolo de "paz y diálogo"
Y este lunes, el propio Sánchez se desplazó a la Nunciatura Apostólica a primera hora de la mañana y mantuvo una reunión de una media hora en la que compartieron el "compromiso de defender el valor de las migraciones y los derechos de todas las personas". "España seguirá apostando por el diálogo, el multilateralismo y el entendimiento entre los pueblos", escribió el líder socialista en redes sociales. Allí le regaló un ejemplar bonsái de un olivo de 13 años y de hoja perenne, como "símbolo universal" que es de "paz, diálogo y entendimiento", valores "compartidos" por ambos Estados.
El jefe del Ejecutivo estuvo, con prácticamente todo su Gobierno —menos Óscar Puente (Transportes), de viaje oficial en Luxemburgo—, en el Congreso. Escuchando el histórico discurso del Papa, de media hora y respondido con una larguísima ovación, todo el hemiciclo puesto en pie, de siete minutos, algo que no se recordaba en la carrera de San Jerónimo. El Gobierno y los partidos —acudieron todos, menos Podemos y BNG— se quedaron con lo que más convenía a cada uno.
Rechazo a la prioridad nacional
Todos lanzaron elogios, pese a que León XIV buscó equilibrar a izquierda y derecha. Porque recordó la doctrina de la Iglesia respecto a su rechazo al aborto y la eutanasia —"Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural"— y reivindicó la educación religiosa, pero también, contrariamente a los planteamientos de las derechas, volvió a defender la acogida "respetuosa" a los que vienen de fuera: "La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos". Más aún, cargó contra la discriminación "por su origen nacional, ético, religioso o lingüístico o por su condición económica o social", porque entonces "se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos". Un torpedo al principio de prioridad nacional exigido por Vox y firmado por el PP en sus pactos autonómicos en Extremadura, Aragón y Castilla y León.
El Papa buscó equilibrios a izquierda y derecha en su discurso ante las Cortes. Recordó la doctrina de la Iglesia en aborto y eutanasia, pero defendió la inmigración y el respeto al orden internacional
El Papa también validó el respeto al derecho internacional y la paz y condenó el rearme. Y reclamó el fin de la polarización, una tarea que ponía a todos los partidos y a todos los políticos: "La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario"; "quienes ejercen una responsabilidad pública tienen por eso una obligación de custodiar la palabra para desarmar el lenguaje"; "la firmeza no exige desprecio, la discrepancia no conlleva humillación". Nada dijo de las víctimas de la pederastia, aunque luego, en un acto con sus obispos, sí les pidió responder con "verdad, reparación y justicia" a los que han sido "heridos" por la "plaga" de los abusos del clero. Después, León XIV recibió en privado a seis víctimas muy escogidas, propuestas por el Defensor del Pueblo, las diócesis, la Conferencia Episcopal y el proyecto Repara de atención a afectados del Arzobispado de Madrid. Dejó fuera a las demás asociaciones de afectados que llevan años denunciando este escándalo en el seno de la Iglesia.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el encargado de la interlocución con la Iglesia, calificó de "muy claro" y "muy valiente" el discurso de León XIV. Y subrayó que en los dos "grandes debates" que hay no solo en España y en Europa, sino en el mundo, que son la "defensa de la paz y del derecho internacional y la defensa de la dignidad humana", la posición del Pontífice es "absolutamente concordante, absolutamente coherente con la posición del Gobierno de España". Ambos están "alineados". "Maravilloso el discurso, habla por sí solo. Estamos encantados", se satisfacían en la Moncloa.
Bolaños aplaude el discurso "muy claro" y "muy valiente" de León XIV, "concordante" con el del Ejecutivo en los temas cardinales. También pone en valor la organización "impecable" de la visita
Reconoció Bolaños que hay "diferencias" como con el aborto o la eutanasia, pero el Ejecutivo "respeta todas las posiciones políticas y todas las posiciones que tiene la Iglesia católica". El ministro no quería entrar al choque. Es más, puso en valor los acuerdos alcanzados en estos últimos años —sobre la exhumación de Franco y la resignificación de Cuelgamuros, el fin de la exención del pago de dos impuestos, las inmatriculaciones y, por encima de todos, el consenso para la reparación de las víctimas de los abusos sexuales del clero—, y esos pactos, dijo, pesan más que las discrepancias. Fricciones que se abordan "con respeto al otro, escuchándole e intentando "entenderse". El titular de la Presidencia hizo hincapié asimismo en la organización "impecable" y "milimétrica" de la visita, fruto del trabajo del Gobierno y de su coordinación con distintas administraciones y entidades. Un "éxito" para la imagen del país y un tanto que podrá colgarse Sánchez.
El portavoz socialista en la Cámara baja, Patxi López, admitió que su partido no comparte "al cien por cien" lo afirmado por el Papa, pero sí coincide en lo "fundamental" con él: el "humanismo" y la necesidad de situar a la persona "en el centro de la actuación y de la actividad política, económica y social". López recordó que las palabras de León XIV tienen una doble vertiente, moral y política.
El Pontífice, en suma, es "el representante de la Iglesia católica" y el PSOE, una "organización laica". Y aborto y eutanasia, añadió, informa EFE, son dos cuestiones en las que los gobiernos socialistas han legislado para que sean "posibles" en España. El dirigente sí remarcó las coincidencias en migración y acogida y en la importancia de combatir las mafias y promover la integración de los llegados a España. Los socialistas comparten igualmente que las diferencias en democracia deben abordarse con "diálogo y búsqueda de entendimiento y acuerdos" y no caer "permanentemente" en la "confrontación" y la definición del adversario político "como el enemigo a batir".
Sánchez le acompañará en Gran Canaria
A la salida de la sesión, la sensación que recorría las filas socialistas era la misma. No sorprendió a diputados y senadores que el Papa criticara la legislación del aborto y la eutanasia, porque ese rechazo forma parte de su cuerpo doctrinal. "Los que no estarán contentos son los de la prioridad nacional", afirmaba un parlamentario. "Fue un discurso equilibrado, humanista, que respalda una dinámica de entendimientos —sancionaba otro—. Al Papa lo consideramos como nuestro. Pese a las cuestiones en las que la Iglesia es más conservadora".
Al Papa lo consideramos como nuestro. Pese a las cuestiones en las que la Iglesia es conservadora", señala un parlamentario. "No estarán contentos los de la prioridad nacional", dice otro
El Gobierno continuó acompañando a León XIV en el resto de actos de su agenda. La portavoz, Elma Saiz, estuvo con él en la ofrenda floral en la catedral de la Almudena —junto a la reina Sofía—, y luego le arropó, con la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el encuentro con la comunidad diocesana en el Bernabéu. Este martes, le despide en Barajas la ministra de Defensa, Margarita Robles, y le recibirá en el aeropuerto Josep Tarradellas-El Prat, en Barcelona, el responsable de Hacienda, Arcadi España, quien también le acompañará en el acto de la tarde, la vigilia en el Estadi Olímpic Lluís Companys.
Sánchez volverá a estar con Prevost el miércoles, en la Sagrada Familia, en la misa y la bendición de la torre de Jesús. Y se sumará a la última parada de la visita apostólica: recibirá en la base aérea de Gando (Gran Canaria) al Papa junto a Robles y al titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Y luego le acompañará en su encuentro con migrantes y trabajadores voluntarios que les atienden en el puerto de Arguineguín. A esa cita en el muelle canario se desplazarán también Bolaños y Saiz. Fue la Moncloa quien anunció el pasado jueves que el presidente estará junto al Pontífice en el último tramo de su viaje, algo que no estaba previsto en un principio. Otra prueba más de que el Gobierno busca el contacto con León XIV.
En Moncloa hablan de "tregua", de "refugio" de una semana. "Y luego vendrá la vida real", los posibles mazazos por los casos abiertos y que atravesarán todo junio. Sánchez irá al Congreso el miércoles 24
Es una semana de "paréntesis" para el Ejecutivo, y por eso no la dejará perder. Los socialistas son muy conscientes de que este mes de junio puede ser durísimo para ellos. Probablemente este martes concluya el juicio contra el hermano del presidente, David Sánchez, cuya sentencia no tardará mucho en conocerse. Antes se dictará el fallo del caso mascarillas, que sentó en el banquillo al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. La semana que viene comparecerá en audiencia preliminar Begoña Gómez, la mujer del líder socialista, ante el instructor Juan Carlos Peinado, y será interrogado como imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. El miércoles 24 de junio, Sánchez acudirá al pleno del Congreso para dar cuenta de esta causa y la que instruye otro magistrado de la Audiencia, Santiago Pedraz, el caso Leire. El sábado 27 dará explicaciones ante el comité federal del PSOE. Mes totalmente apretado. Pero en julio ya está agendada, para el día 10, otra cita importante: la comparecencia como testigo, y ante Pedraz, de la presidenta del partido, Cristina Narbona, por su relación con la exmilitante y presunta fontanera Leire Díez.
"Es cierto que el Gobierno ha encontrado refugio en la visita del Papa. Él habla de los grandes temas que mueven el mundo ahora mismo, y estos son la digitalización, los movimimientos migratorios, los derechos y libertades, la defensa de la dignidad humana, y coincide con los grandes temas del Ejecutivo. No es que intentemos sacar rédito", explican fuentes de la Moncloa.
Pero se trata, asumen, de una "tregua pontificia", de un "espejismo". O, como decía ayer un diputado, de una "tregua emocional" en el carrusel de malas noticias en que se ha sumergido el PSOE desde las elecciones andaluzas. "Esto no deja de ser un espejismo y se acabará. Y luego vendrá la vida real". Los siguientes previsibles golpes judiciales para el Ejecutivo, que confía no obstante en poder mitigar parcialmente con el Mundial de fútbol de Canadá, EEUU y México que arranca este jueves y que concluirá el 19 de julio. La visita del Papa es, pues, esa "nube de verano". Eficaz para airear el ambiente unos días, pero no para acabar con el calor que achicharra, muy a su pesar, al Ejecutivo.
El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba dejó por escrito 62 anotaciones sobre dos reuniones mantenidas con Leire Díez en marzo de 2025. Los documentos, elaborados por el propio mando y referidos a encuentros celebrados los días 10 y 26 de marzo, describen una serie de propuestas, ofrecimientos y peticiones de información. Según su relato, se buscaba obtener datos sensibles sobre la Guardia Civil y sus principales responsables para actuar contra la institución y, especialmente, contra la Unidad Central Operativa (UCO).
Las anotaciones recogen conversaciones sobre investigaciones judiciales, maniobras para desacreditar a mandos policiales, ofrecimientos de asistencia jurídica y promesas de restitución profesional a cambio de colaboración.
La primera reunión tuvo lugar el 10 de marzo de 2025. Según dejó reflejado Villalba, Leire Díez se presentó como una persona con acceso al "1 del partido" y al "1 del Gobierno". El comandante anotó que el objetivo expuesto durante aquel encuentro era "intentar desmontar a la GC".
La primera reunión
En aquel momento, Villalba se encontraba investigado por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. De acuerdo con sus notas, Díez le trasladó que disponía de todas las diligencias relacionadas con la trama de los hidrocarburos y con el denominado 'caso Koldo', y que en ambas investigaciones aparecía como elementocomún el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delitos Económicos de la UCO.
Según el documento, Leire le pidió sus propias diligencias para hacérselas llegar. Además, le ofreció cambiar de estrategia jurídica y le planteó tres posibles abogados para asumir su defensa. El abogado de Koldo García, el letrado de la causa de hidrocarburos, Jacobo Teijelo, y el abogado del exministro José Luis Ábalos.
Villalba dejó escrito que se le aseguró que no tendría que asumir el coste de esa nueva defensa y que, si colaboraba, podría recuperar su carrera profesional. Según las anotaciones, incluso se le prometió ser situado en "puestos de máxima responsabilidad" tras una futura "purga" dentro de la Guardia Civil.
Pruebas para "atacar" a la Guardia Civil
Las notas detallan tres fórmulas planteadas para canalizar la información que pudiera aportar sobre la institución. La primera consistía en reunirse con la Fiscalía para explicar el funcionamiento de la Jefatura de Información y de la UCO. La segunda pasaba por ser puesto en contacto con el Cuerpo Nacional de Policía para "destapar todo lo que la UCO-GC no está sacando/contando en todas estas causas judiciales". Según el relato de Villalba, Leire era especialmente partidaria de esta vía e incluso sugirió que declarara como testigo protegido, una opción que el comandante rechazó por considerarla un "atropello" a su persona.
La tercera posibilidad consistía en convertirse en la "mano derecha" de la directora general de la Guardia Civil para informar sobre la dinámica interna del cuerpo y facilitar la adopción de medidas.
Las anotaciones reflejan igualmente que Leire sostenía que ella y "los de arriba en el Gobierno" conocían lo que estaba ocurriendo dentro de la Guardia Civil, aunque necesitaban "pruebas más objetivas para poder atacar". Según el documento, también aseguró que se estaba recopilando información comprometedora sobre distintos mandos. Incluidos oficiales que supuestamente habrían estado "de putas" o a sueldo de empresarios.
Investigación en hidrocarburos
La conversación derivó además hacia la investigación de los hidrocarburos. Villalba dejó escrito que Leire sostenía que dicha causa estaba "manipulada por Repsol" en connivencia con la UCO y con el teniente coronel Balas. Según las notas, también afirmó que éste acabaría siendo contratado por la petrolera como jefe de Seguridad Corporativa.
El documento añade que los "de arriba" conocían el contenido de aquella reunión y respaldaban las gestiones realizadas. Según Villalba, Leire le indicó que trasladaría "novedades hacia arriba".
La segunda reunión
La segunda reunión se celebró el 26 de marzo de 2025 y se prolongó durante aproximadamente tres horas. De acuerdo con las anotaciones, fue nuevamente impulsada por Leire Díez, que le "apremiaba" para que aportara información sobre el fiscal José Grinda, los tenientes coroneles Balas y Bonilla, así como sobre responsables de la Jefatura de Información.
Entre ellos figuraba el teniente coronel Basilio Luis Sánchez Portillo, a quien Leire vinculaba con la denominada 'Operación Cataluña'. Según las notas, sostenía que había participado en la fabricación de pruebas falsas y mantenía una estrecha relación con el fiscal Grinda.
Al inicio del encuentro también se abordó la renovación de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Guardia Civil. Villalba anotó que Leire aseguró que el futuro DAO no sería la persona sobre la que circulaban rumores porque era afín al ministro Fernando Grande-Marlaska y que sería ella quien lo "pondría". Según el comandante, mostró un "rechazo total y absoluto" hacia el ministro, al que responsabilizaban del "desgaste del Gobierno" derivado de las actuaciones de la UCO.
La directora de la Guardia Civil
Durante aquella segunda cita, Leire insistió nuevamente en que Villalba declarara contra la Guardia Civil, la UCO y diversos mandos. La fórmula seguía siendo, según las anotaciones, la de una declaración como testigo protegido ante el Cuerpo Nacional de Policía. El comandante volvió a rechazar la propuesta argumentando que su identidad terminaría trascendiendo. Ante esa negativa, Leire le planteó que facilitara directamente la información al CNP para que fueran ellos quienes la gestionaran.
Las notas reflejan asimismo que volvió a insistir en conseguirle un destino como asesor de la directora general de la Guardia Civil. Villalba rechazó esta propuesta "radicalmente", según las anotaciones.
En otro momento de la conversación, el comandante preguntó por el interés mostrado en la reunión anterior por la trama de los hidrocarburos. Según dejó escrito, Leire respondió que "todo está entrelazado" por la participación de los mismos actores en las operaciones Hidrocarburos, Delorme y Cataluña.
"Puterío mandos UCO"
Villalba anotó que también se insistió en obtener pruebas sobre el supuesto "puterío de mandos de la UCO y otros que estarían a sueldo", así como sobre una presunta "connivencia de Balas y Bonilla con Repsol para actuar contra la competencia". Según el documento, Leire afirmó que habría empresarios dispuestos a declarar y aportar pruebas, además de personal del Ministerio de Industria supuestamente "a sueldo por Repsol".
La reunión concluyó con una nueva petición para que cambiara de abogado y permitiera coordinar su estrategia procesal con la de Ábalos y Koldo.
Sin embargo, las anotaciones de Villalba terminan con un rechazo frontal a todas las propuestas. El comandante dejó escrito que ninguna le resultó convincente y que trasladó a Leire un mensaje para que no volvieran a contactar con él. Según sus propias palabras, únicamente le habían hecho "perder el tiempo sin ninguna propuesta clara más allá de presionarme para que les diera la información sobre mandos de la GC a lo que me negaba".
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