Las siete jornadas de la vista oral celebrada desde el 28 de mayo en la Audiencia Provincial de Badajoz para juzgar si David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, fue contratado de manera irregular por la diputación pacense, se pueden resumir en los pocos segundos que duró el cruce de reproches entre el abogado Juan José Torres, defensor del exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo y también acusado, y el teniente coronel Antonio Balas, el alto mando de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se encargó de las pesquisas que han sentado a 11 personas en el banquillo, entre ellos el familiar de Pedro Sánchez y el político socialista. Torres preguntó al teniente coronel si habían encontrado “algún correo más relevante” que los esgrimidos para afirmar que el puesto de alta dirección adjudicado a David Sánchez en el organismo público en 2017 estaba “predeterminado” para él cuando se creó unos meses antes y que la “responsabilidad máxima” de todo ello era de Gallardo. “¿Le parece poco?”, fue la respuesta del guardia civil, en referencia los informes que aportó el instituto armado a la causa con el análisis de miles de correos electrónicos.

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Es alcalde de un pueblo cacereño de 500 vecinos (Salorino). Y la voz del PSOE en Extremadura desde el pasado 11 de abril. Álvaro Sánchez Cotrina (Cáceres, 39 años) lanzó este martes un discurso contundente y fuera de lo común en tiempos muy polarizantes. Cotrina ofreció al Partido Popular aprobar los Presupuestos de 2026 de la región, que se debaten estos días en la Asamblea de Mérida, a cambio de que cese a los miembros de Vox que integran el Gobierno de la presidenta María Guardiola. “Llega tarde”, zanjó después la portavoz y consejera de Hacienda, Elena Manzano.

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A partir del verano, los cementerios de Cáceres (96.651 habitantes) y Conquista de la Sierra (193) acogerán trabajos para intentar exhumar e identificar los restos de más de 300 víctimas de la represión franquista enterradas en fosas comunes. Estas intervenciones, promovidas por la Diputación de Cáceres, contarán con una dotación de 100.000 euros procedente de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Pueden extenderse durante más de año y medio y apuntan a ser unas de las mayores en materia de memoria democrática realizadas en Extremadura en los últimos años.

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