La relación entre Junts y José Luis Rodríguez Zapatero siempre fue relativamente buena. El expresidente del Gobierno era el encargado de capitanear por parte del PSOE las conversaciones con Carles Puigdemont y la sintonía entre ambos era buena. Pero eso era antes de la imputación del socialista, ahora toca recalcular afinidades y este jueves se ha visto un ejemplo de ello.
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una iniciativa del PP en la que se urge al Gobierno a revisar el acuerdo del Consejo de Ministros en el que se autorizó el rescate de la aerolínea Plus Ultra, ante las sospechas de que se pudo producir el delito de tráfico de influencias. Dicho rescate es por el que está siendo investigado Zapatero.
El texto del PP ha sido aprobado gracias al apoyo de Vox, UPN, Junts y Coalición Canaria. Estos dos últimos partidos son socios de investidura de Pedro Sánchez y la votación, aunque no obliga al Gobierno a nada, sí ejerce una importante presión sobre el Ejecutivo.
Con esta moción, el Congreso insta al Gobierno a revisar "de manera inmediata y transparente" el acuerdo del Consejo de Ministros, así como aportar todas las actuaciones administrativas, los informes técnicos que se realizaron, los criterios de solvencia y los mecanismos de control vinculados a dicho rescate. El objetivo, según explica el texto, es el de "esclarecer la eventual existencia de irregularidades".
Los populares también ponen el foco en una reunión que tuvieron Zapatero y el entonces ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, en el año 2020. El PP sospecha que la reunión pudo influir en el aplazamiento del pago de deudas con la Seguridad Social por parte de Plus Ultra y la moción aprobada también insta al Gobierno a aportar información sobre ello.
La Armada Española ha dado un paso decisivo para asegurar su futuro tecnológico mediante un acuerdo de colaboración con la empresa de ingeniería Ghenova, una de las firmas más activas en el ámbito naval y de defensa.
El pacto, suscrito por el Almirante General Antonio Piñeiro, Jefe de Estado Mayor de la Armada, y el CEO de la compañía, Francisco Cuervas, establece un marco estable de cooperación en I+D+i, ingeniería avanzada y apoyo técnico especializado.
El objetivo es claro: blindar la capacidad tecnológica de la Armada en un escenario internacional marcado por la competencia industrial, la digitalización acelerada y la necesidad de disponer de sistemas propios que garanticen la soberanía operativa.
El acuerdo permitirá compartir conocimiento, desarrollar soluciones conjuntas y fortalecer la relación entre Defensa y el tejido industrial español, considerado un pilar estratégico para la seguridad del país.
Un impulso directo a la innovación naval y a la autonomía tecnológica
El convenio contempla la participación de la Armada en proyectos de análisis, evaluación de sistemas futuros, ingeniería logística y desarrollo de capacidades avanzadas.
Para ello, la institución pondrá a disposición de Ghenova personal, instalaciones y medios, siempre sin interferir en las misiones esenciales de defensa.
Esta colaboración permitirá acelerar la maduración de tecnologías críticas en ámbitos como la guerra electrónica, la ingeniería naval digital, la simulación avanzada y los sistemas de apoyo al ciclo de vida de buques y plataformas.
La alianza se enmarca en la estrategia de la Armada de reforzar su relación con la industria nacional para garantizar que los futuros programas —desde los nuevos buques de superficie hasta los sistemas no tripulados— se desarrollen con una base tecnológica sólida y con participación española.
En un contexto en el que la competencia internacional es feroz, la cooperación con empresas como Ghenova se convierte en un elemento clave para mantener la autonomía y la capacidad de innovación.
Un acuerdo que consolida a Ghenova como socio estratégico de Defensa
La firma del acuerdo coincide con la celebración en Sevilla del Foro Almirante Bonifaz, organizado por Ghenova, que reunió a representantes de las Fuerzas Armadas, instituciones y empresas del sector.
El encuentro se ha consolidado como un espacio de referencia para debatir sobre innovación, investigación y desarrollo tecnológico aplicado a la defensa marítima.
Para la Armada, supone asegurar un flujo constante de innovación y disponer de un socio industrial capaz de responder a los desafíos tecnológicos que marcarán la próxima década.
Europa no piensa renunciar a su futuro aéreo pese al colapso del FCAS. La división alemana de Airbus Defence and Space ha activado una nueva coalición industrial junto a siete empresas tecnológicas para diseñar un caza de sexta generación, concebido como la alternativa real al programa que España compartía con Francia y Alemania.
La iniciativa, que se presentará en el Salón Aeronáutico de Berlín (ILA), busca mantener la autonomía estratégica europea frente al dominio del F‑35 estadounidense y al avance del programa GCAP liderado por Reino Unido, Italia y Japón.
Para España, que había invertido más de 2.000 millones de euros en el FCAS, esta nueva vía representa una oportunidad para no perder su posición industrial, preservar el conocimiento generado y asegurar un asiento en el desarrollo del futuro sistema de combate europeo.
Airbus toma el control del futuro aéreo europeo tras el colapso del FCAS
El nuevo proyecto nace como respuesta directa a la ruptura con Dassault Aviation, que bloqueó durante meses el avance del FCAS. Alemania ha decidido mover ficha y respaldar a Airbus en la creación de un programa propio, más flexible y con un reparto industrial más equilibrado.
La alianza incluye a compañías clave como Hensoldt, MTU Aero Engines, MBDA Deutschland, Diehl Defence, Liebherr, Autoflug y Rohde & Schwarz, todas ellas con experiencia en sensores, motores, misiles, aviónica y sistemas de misión.
El objetivo es desarrollar un avión con capacidad furtiva avanzada, conectividad total, operación integrada con drones acompañantes y una nube de combate que permita coordinar plataformas aéreas, terrestres y navales.
Este enfoque mantiene la esencia tecnológica del FCAS, pero bajo un liderazgo industrial más claro y sin los bloqueos políticos que paralizaron el programa original.
Fuentes del sector consideran que la entrada de España sería “estratégica”, tanto por su peso industrial como por su papel dentro de la OTAN.
La decisión final dependerá del Ministerio de Defensa y de la capacidad de la industria española para integrarse en el nuevo ecosistema tecnológico.
España busca no quedarse atrás en la carrera por la sexta generación
Aunque el FCAS ha muerto como avión de combate, España mantiene vivos sus programas de I+D a través de los PEM gestionados por Indra y Airbus, que suman 700 millones de euros.
Estos proyectos permiten seguir desarrollando tecnologías críticas como sensores furtivos, sistemas de misión, comunicaciones seguras y capacidades de guerra electrónica.
La alternativa alemana encaja con la necesidad española de sustituir los Eurofighter a partir de 2040 y de mantener una industria aeronáutica competitiva.
Además, el precedente del acuerdo con Airbus para el Eurofighter Halcón demuestra que España puede integrarse en grandes programas europeos si el reparto industrial es equilibrado.
El nuevo caza de sexta generación se perfila como el proyecto que marcará el futuro de la defensa aérea europea. Y España, tras la caída del FCAS, debe decidir si se suma a la nueva alianza liderada por Airbus o si apuesta por un camino propio, más arriesgado y costoso.
El Consejo de Ministros autorizó el pasado martes una nueva inyección de 374 millones de euros procedentes del Fondo de Contingencia, destinada a cubrir los gastos operativos de las misiones internacionales del Ejército español.
Con esta partida, el Ejecutivo eleva a 1.714 millones de euros el total desembolsado en apenas seis meses, consolidando el mayor esfuerzo financiero en operaciones exteriores de los últimos años.
El mecanismo extraordinario, regulado por el artículo 50.2 de la Ley General Presupuestaria, permite atender “necesidades inaplazables” no previstas en los presupuestos anuales, como los costes derivados de despliegues sobre el terreno.
La decisión responde al aumento de la participación española en misiones de mantenimiento de la paz, gestión de crisis y diplomacia militar en África, Oriente Medio, Europa del Este e Iberoamérica.
Despliegues rápidos, la UME y la diplomacia militar
El paraguas económico y legal prorrogado por el Gobierno no solo cubre los contingentes regulares, sino también la capacidad de reacción rápida ante crisis imprevisibles.
En este marco, se autorizan despliegues de corta duración en el exterior de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otras unidades operativas, capaces de intervenir ante catástrofes naturales, calamidades o situaciones de grave riesgo en países aliados.
El Ejecutivo fija un límite máximo de 400 efectivos operando simultáneamente como observadores, monitores, oficiales de enlace o asesores militares hasta finales de 2026.
Este personal, desplegable a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, es clave para misiones de diplomacia, consolidación de la paz y canalización de ayuda humanitaria.
Además, los fondos financian actividades de seguridad cooperativa y bilateral que buscan fortalecer las capacidades defensivas de países socios y prevenir conflictos en regiones estratégicas para España.
El coste real de proyectar fuerzas a miles de kilómetros
El primer gran desembolso de 2026 se produjo el 10 de febrero, con 698,5 millones de euros destinados al arranque de las misiones.
Tres meses después, el 5 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó otro paquete de 641,8 millones, y ahora se suma el tercero, de 374 millones, para mantener la operatividad de las fuerzas desplegadas.
De los 641,8 millones de mayo, 75 millones se destinaron a gastos de personal, 176,6 millones a gastos corrientes en bienes y servicios, y 391 millones se catalogaron como inversiones reales.
Este último concepto refleja el alto coste material, de infraestructura y logística que implica proyectar fuerzas militares a miles de kilómetros.
El Gobierno insiste en que estas operaciones no son misiones aisladas, sino parte de una estrategia alineada con tres pilares: seguridad internacional, diplomacia militar y cooperación con aliados.
Politics occupies an increasingly oppressive sphere in the United States, and the national team cannot escape it. After two decades of disappointment, the host team of the biggest World Cup in history faces the dual challenge of winning over a tense country and competing successfully on a historically unfavorable stage. Leading the operation is Mauricio Pochettino (Murphy, Argentina; 54), arguably the national team coach with the most complex mission of all.
El Ministerio de Defensa ha decidido mantener activo el FCAS a través de dos Programas Especiales de Modernización (PEM) valorados en 700 millones de euros, adjudicados a Indra y Airbus.
Aunque el caza conjunto europeo no saldrá adelante, España preserva la inversión en I+D para madurar tecnologías críticas:nube de combate, sensores furtivos y remote carriers.
El objetivo es evitar que los 2.000 millones de euros ya invertidos en la fase 1b se pierdan y consolidar una base industrial nacional capaz de sostener el salto tecnológico hacia la próxima generación de sistemas aéreos. Los PEM —el CTN NGWS y el FCAS Nacional— se integran bajo el proyecto Siagen, que busca un sistema aéreo integral de última generación.
Indra y Airbus sostienen el núcleo tecnológico del programa
Los dos programas, impulsados en 2025, están enfocados en investigación y desarrollo y tienen carácter nacional. Indra, líder del FCAS en España, coordina el Contrato Tecnológico Nacional (CTN NGWS) con un presupuesto de 540 millones de euros, mientras que una UTE formada por Indra y Airbus gestiona el Futuro Avión de Combate Nacional, dotado con 160 millones.
Ambos proyectos cuentan con financiación adicional del Ministerio de Industria, que ya ha transferido 278 millones a las empresas implicadas. El propósito es mantener la maduración de tecnologías clave que puedan integrarse en el futuro avión de combate que España elija como sustituto del FCAS.
Desde Defensa se insiste en que el programa “no puede morir”, y que las capacidades desarrolladas —desde la nube de combate hasta los sistemas furtivos y los sensores avanzados— son esenciales para la autonomía tecnológica del país.
La industria española se reorganiza tras el golpe al caza conjunto
La cancelación del FCAS como avión de combate afecta especialmente a ITP Aero, líder en el desarrollo del motor, que ve truncado uno de sus grandes proyectos.
Sin embargo, el impacto se compensa con la activación de nuevos consorcios como Satnus, formado por GMV, Grupo Oesía y Sener, que ya ha completado vuelos de demostración con remote carriers.
La industria nacional se reorganiza para mantener el impulso tecnológico y la autonomía industrial. En palabras de fuentes del sector, la cancelación del programa “supone un alivio tras un año de bloqueo”, pero también abre la puerta a una nueva etapa centrada en proyectos propios y colaboraciones bilaterales.
Defensa apuesta por mantener el desarrollo de capacidades críticas y por reforzar la posición de España como potencia tecnológica dentro de la OTAN y Europa, con una estrategia que prioriza la independencia industrial y la continuidad de los programas de modernización.
España ha entrado en una fase de modernización acelerada de sus capacidades militares. En lo que va de 2026, el Consejo de Ministros ha autorizado el uso de 1.714 millones de euros del Fondo de Contingencia para sostener las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas, una cifra récord que refleja el esfuerzo por mantener presencia operativa en escenarios estratégicos y avanzar hacia el objetivo de inversión del 2 % del PIB en Defensa.
El Ejecutivo ha aprobado tres grandes inyecciones económicas en apenas seis meses —698,5 millones en febrero, 641,8 millones en mayo y 374 millones en junio— destinadas a cubrir los costes operativos de los despliegues en el exterior.
Este mecanismo extraordinario, regulado por la Ley General Presupuestaria, se ha convertido en la herramienta clave para garantizar los compromisos internacionales de España y sostener su papel en la defensa europea.
Despliegues rápidos, diplomacia militar y guerra electrónica
El nuevo marco financiero no solo cubre los contingentes regulares, sino también la capacidad de reacción rápida ante crisis imprevisibles.
El Gobierno ha autorizado despliegues de corta duración en el exterior de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otras unidades operativas, capaces de intervenir ante catástrofes naturales, conflictos o amenazas híbridas.
El plan incluye un límite de 400 efectivos operando simultáneamente como observadores, monitores, oficiales de enlace o asesores militares hasta finales de 2026.
Este personal especializado, desplegable a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, es esencial para misiones de diplomacia militar, gestión de crisis y consolidación de la paz.
En paralelo, los fondos financian actividades de seguridad cooperativa y bilateral con países aliados, especialmente en África, Oriente Medio e Iberoamérica, regiones consideradas estratégicas para la defensa y la política exterior española.
El coste de la nueva estrategia militar europea
El esfuerzo económico subraya el alto coste material y logístico que implica proyectar fuerzas militares a miles de kilómetros. Solo en mayo, 391 millones de euros se catalogaron como inversiones reales, destinadas a infraestructura, transporte y sistemas de apoyo.
El Ejecutivo insiste en que estas operaciones no son misiones aisladas, sino parte de una estrategia alineada con tres objetivos:proporcionar estabilidad en zonas de tensión, combatir el terrorismo transnacional y disuadir agresores para proteger territorio aliado.
En este contexto, España busca reforzar su papel en la defensa europea ante la nueva guerra de drones y guerra electrónica que redefine el equilibrio militar en el continente.
La inversión en capacidades EW (Electronic Warfare) y plataformas de interferencia y supresión de defensas enemigas (SEAD) se considera prioritaria para mantener interoperabilidad con los aliados y responder a los desafíos tecnológicos que ya dominan los conflictos modernos.
Colombian President Gustavo Petro had planned to meet New York City Mayor Zohran Mamdani, a democratic socialist, during his trip to the United States this week. Petro traveled to the U.S. on Wednesday to assume the presidency of the United Nations Security Council. In the days that followed, he intended to hold a private meeting with Mamdani, a rising progressive figure who, like him, is a staunch opponent of Donald Trump. The photo of the two left-wing leaders carried great symbolic weight: for Mamdani it would have been his first meeting with a head of state; for Petro it would have meant sealing an alliance with Democrats on the eve of decisive elections for Colombia. The meeting never took place. The reason: the White House made sure of it.
A estas aguas ya revueltas se ha sumado ahora Elizabeth Duval, que fue secretaria de Comunicación del partido, uno de sus rostros más visibles, y que también dimitió hace un año. En un artículo publicado este jueves, Duval desvela que los comportamientos de Lara Hernández fueron los que la llevaron a tomar la decisión de abandonar la formación, algo que no había hecho público hasta ahora por "respeto y lealtad, tanto a Yolanda Díaz como a otra mucha gente".
Según explica Duval en una publicación en el digital Artículo 14, Hernández pasó a tener comportamientos tóxicos con ella cuando fue nombrada una de las cuatro integrantes de la coordinadora interina que sustituyó a Díaz, puesto en el que también recayó Hernández. "Pasó a tratarme como a una enemiga, pese a que yo intentara hacerle llegar, incluso por personas interpuestas, que no tenía ambición ni interés en competir con ella, ni por los puestos de salida de unas listas que no me interesaban", explica.
Duval asegura que el mal trato no fue solo con ella, sino también con personas de su equipo, a las que llegó a gritar, y que no puso ninguna denuncia interna porque el departamento de Hernández habría sido el encargado de tramitarla.
"Cuando ese trato alcanzó a una trabajadora a mi cargo, consideré que se había cruzado una línea roja, y a partir de ahí prácticamente no hubo comunicación entre nosotras", asegura Duval. Cuenta que esa trabajadora dejó el partido por otros motivos, pero animada por el trato de Hernández.
"Cuando todo esto sucedió, trasladé que lo más probable era que la siguiente en marcharme fuera yo: por la tensión insostenible con mi departamento y porque no estaba dispuesta, por principios, a votar una lista que mantuviera a Hernández al frente de la organización", añade. "Hernández aplaudía a menudo mis intervenciones en la ejecutiva o recogía después mis argumentos; lo que parecía preocuparle era conservar su poder", apuntala.
La crisis abierta en Sumar tras la dimisión de Laura Moreno, exsecretaria de Organización, ha provocado una cascada de reacciones en el espacio político de la izquierda.
Entre ellas, destaca la del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ha publicado un mensaje en la red social X advirtiendo a la formación de Lara Hernández y Yolanda Díaz sobre el riesgo de fractura interna. “La mejor manera de reventar a la derecha es no reventar a otras izquierdas”, escribió el diputado catalán, en una clara alusión al conflicto que atraviesa el movimiento.
El comentario llega después de que Moreno denunciara en una carta pública un proceso de aislamiento político dentro del partido, episodios de ansiedad crónica y la existencia de una investigación interna por presunto acoso laboral contra la cocoordinadora general, Lara Hernández.
La exdirigente describe un deterioro progresivo de su salud mental y acusa a la dirección de haber vulnerado los acuerdos democráticos aprobados por la militancia.
Rufián, que ha mantenido una relación de cooperación con Sumar en el Congreso, aprovechó el momento para lanzar un mensaje de advertencia sobre la necesidad de preservar la unidad de la izquierda. “Por muchas facturas y ganas de rajar que tengas.
Que de eso tenemos todos (y no interesan a nadie)”, añadió en su publicación, que rápidamente se viralizó entre dirigentes y militantes de distintas formaciones progresistas.
La crisis interna de Sumar y el mensaje de unidad de Rufián
La dimisión de Laura Moreno ha destapado tensiones acumuladas en la estructura de Sumar desde su proceso constituyente. En su carta, la exsecretaria relata enfrentamientos con Hernández por la gestión territorial en Andalucía, Euskadi y la Comunidad Valenciana, donde denuncia un “fraude sin precedentes” en la elección de los órganos de dirección.
También menciona presiones para alterar acuerdos electorales y un clima de desconfianza que, según su versión, derivó en su marginación política.
El mensaje de Rufián se interpreta como una llamada a la contención en un momento en que el espacio de la izquierda alternativa atraviesa una fase de desgaste.
El diputado de ERC ha insistido en que la prioridad debe ser “evitar que las diferencias internas se conviertan en munición para la derecha”, en referencia al impacto mediático que la crisis de Sumar ha tenido en los últimos días.
La publicación del portavoz republicano contrasta con el silencio de la dirección de Sumar, que se ha limitado a atribuir la salida de Moreno a motivos personales.
Sin embargo, el contenido de la carta y las reacciones posteriores han reavivado el debate sobre el liderazgo de Lara Hernández y la falta de cohesión en el proyecto impulsado por Yolanda Díaz.
Un espacio político en riesgo de fragmentación
La crisis llega en vísperas de la asamblea extraordinaria del 11 de julio, donde Sumar deberá redefinir su estructura y su estrategia política.
La salida de Moreno se suma a las de Íñigo Errejón, Elizabeth Duval, Carlos Martín Urriza y David Comas, en apenas dos años, lo que evidencia un patrón de inestabilidad interna.
El mensaje de Rufián, aunque breve, resume el temor compartido por buena parte de la izquierda: que las divisiones internas acaben debilitando el bloque progresista frente a una derecha en ascenso.
Su advertencia, “no reventar a otras izquierdas”, se ha convertido en una frase que sintetiza el momento político y la necesidad de recomponer puentes antes de que la crisis de Sumar se convierta en una fractura irreversible.
El alto tribunal inadmite un recurso del club presidido por Florentino Pérez y da luz verde a que la Justicia investigue a fondo si su actual permiso municipal deja celebrar actuaciones musicales en un recinto con licencia deportiva
La Justicia da la razón a los vecinos del Bernabéu en su empeño por aclarar si el Real Madrid tiene licencia para conciertos
Primer revés judicial para Florentino Pérez después de su reelección como presidente del Real Madrid. El Tribunal Supremo ha inadmitido un recurso del club blanco contra una sentencia del pasado otoño dentro de la pelea judicial para conseguir celebrar conciertos en el Santiago Bernabéu.
Los vecinos consiguieron hace unos meses que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) les diera la razón en su empeño por aclarar si la licencia que actualmente ostenta el estadio le permite albergar conciertos, al tratarse de un recinto deportivo. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 31 de Madrid había rechazado este intento inicial pero el recurso de la Asociación de Vecinos Perjudicados por el Bernabéu volvió a activar el caso. Por eso el Real Madrid, a su vez, recurrió.
Ahora, según una providencia a la que ha tenido acceso este periódico, el Supremo tumba el recurso merengue por “falta de fundamentación suficiente”, al considerar que el Real Madrid no ha argumentado de forma adecuada el caso, y por ausencia de “interés casacional objetivo” para que el caso fuera objeto de jurisprudencia.
“Tras la inadmisión del recurso de casación preparado por el Real Madrid Club de Fútbol, las actuaciones vuelven al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 31 de Madrid, que tendrá que decidir sobre la desestimación presunta de la consulta planteada”, concluye el fallo. Además, obliga a pagar 2.000 euros en costas judiciales a los de Florentino Pérez.
Vecinos: “El asunto de los conciertos está muy lejos de haber terminado”
El varapalo del Supremo al Real Madrid llega después de varias declaraciones del presidente blanco anunciando la vuelta de los conciertos al Bernabéu cuando el Ayuntamiento y la Comunidad terminen de perfilar unas “normas especiales” para permitirlos, que no detalló.
La Asociación de Vecinos Perjudicados por el Bernabéu celebra la última decisión judicial, que es firme, y asegura que “demuestra que el asunto de los conciertos del Bernabéu está muy lejos de haber terminado. Quedan todavía cuestiones muy importantes por resolver y esperamos que ahora pueda analizarse el fondo del asunto”. Es decir, “si este estadio puede celebrar conciertos, cuando la calificación urbanística del estadio es solo para eventos deportivos privados”.
Además, los demandantes consideran que “esta resolución tiene una importancia que va más allá del caso concreto del Bernabéu. Las administraciones públicas tienen la obligación de responder a las demandas y solicitudes que plantean los vecinos y las asociaciones vecinales”.
La demanda es la tercera vía de agua judicial que tiene que achicar el Real Madrid por las molestias ocasionadas a sus vecinos. La primera, en la que sigue enfangado, se llevó por delante la construcción de dos aparcamientos municipales junto al estadio, al quedar anulado el concurso a medida que le entregó el Ayuntamiento de Madrid, por falta de interés público. La segunda, de momento taponada, estuvo a punto de llevar al banquillo a la mano derecha de Florentino Pérez, José Ángel Sánchez, por el ruido atronador que emitieron las actuaciones musicales programadas allí durante el año 2024. Quedó eximido de responsabilidad el pasado mes de mayo, in extremis, aunque los vecinos recurrieron y el Tribunal Supremo tendrá que decidir sobre este caso.
El Real Madrid se compara con los conciertos en el Metropolitano
Por su parte, el club de Chamartín ha emitido un comunicado aclarando algunos puntos sobre la decisión judicial, explicando que “la decisión conocida hoy se refiere exclusivamente a una cuestión procesal y supone que el procedimiento judicial promovido por una asociación vecinal continuará su tramitación ante el juzgado correspondiente”.
El comunicado también resalta que la celebración de conciertos en el Bernabéu “está sometida al mismo régimen de autorizaciones y controles administrativos que resulta aplicable a otros grandes recintos deportivos, como el estadio Metropolitano”, en alusión a las actuaciones de Bad Bunny que acoge estos días. En este caso y a diferencia de los eventos celebrados en el coso blanco, no se han detectado superaciones de ruido por encima de los niveles máximos permitidos por el Ayuntamiento de Madrid.
The largest FIFA World Cup in history kicks off on Thursday, June 11, at the Estadio Azteca. The opening match between Mexico and South Africa will be the starting gun for a tournament also hosted by Canada and largely staged in the United States, where 78 of the 104 matches will be played, including the final on July 19. FIFA president Gianni Infantino said last May at the United Nations headquarters in New York, an organization founded in 1945 to prevent armed conflict, that “the eyes of the world will be focused on North America.” “We spend so much time in discussing what divides us, but actually we realize that when we put people together, what happens is that there are many more things that unite us than the things that divide us,” he added. The World Cup, however, will be co-hosted in a country that just over 100 days ago launched a war against Iran, alongside Israel, without any United Nations endorsement, that has an open diplomatic dispute with another co-host, Mexico, and whose anti-immigration policies — policies that frighten many fans — on Monday denied entry to Somali referee Omar Artan, one of the 52 match officials assigned to the tournament.
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