Esperando a Zapatero

©

©

José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en una “mina de fragmentación tanto o más dañina que Leire Díez” para el PSOE. La reflexión de uno de los principales secretarios generales autonómicos socialistas tras la tasación de las joyas incautadas al expresidente del Gobierno, valoradas en unos 1,3 millones de euros, coloca a los socialistas “entre la espada y la pared” a la espera de su declaración la próxima semana en la Audiencia Nacional. Zapatero fue imputado inicialmente por tráfico de influencias por el rescate de la aerolínea Plus Ultra, pero el valor de las alhajas con diamantes, zafiros, esmeraldas y rubíes que el referente socialista guardaba en su despacho han llevado al juez José Luis Calama a abrir una pieza separada por delito fiscal y contrabando. “Necesitamos creerle pero a cada día que pasa te surgen más dudas. Lo nuestro es un acto de fe, porque mientras tanto Ferraz no nos dice nada, tan solo nos remite a sus futuras explicaciones”, ironiza un barón territorial después de la gira del papa León XIV.

© Chema Moya (EFE)

Desde baratijas “sin valor” hasta un collar de 278.000 euros de oro blanco con “diamantes” y “dos esmeraldas naturales” de “Zambia”. El informe pericial realizado por la joyería Ansorena y el Instituto Gemológico Español detalla cada una de las alhajas —entre pendientes, collares, colgantes, sortijas y relojes— halladas en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que han sido valoradas en 1.323.915 euros. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, ha llevado al juez de la Audiencia Nacional a cargo del caso Plus Ultra a abrir una pieza separada para investigar al socialista por un supuesto delito fiscal y otro de contrabando, al margen de la investigación principal en la que indaga en el presunto tráfico de influencias que habría ejercido para que el Gobierno concediera en 2021 un rescate de 53 millones de euros a la aerolínea.






El presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, que ha actuado como portavoz informal del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido perdón este viernes por “haber inducido a error” sobre el valor de las joyas que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional halló en una caja fuerte en el despacho del socialista. “Él dará explicaciones ante el juez, también sobre eso”, ha manifestado en un mensaje publicado en la red social X. El asesor de comunicación se ha pronunciado después de que el jueves trascendiera que la tasación del ajuar alcanzaba los 1,3 millones de euros, según confirmaron a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación. Se trata de una cifra superior a la horquilla de 30.000 a 50.000 euros que él atribuyó al lote de joyas en un primer momento.
















© EFE



Las anotaciones de las libretas intervenidas por la Guardia Civil a Leire Díez reflejan que la exmilitante socialista se interesó por el funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) inmediatamente después de la aprobación del rescate de Plus Ultra. Según la documentación incorporada al sumario, a la que ha tenido acceso El Independiente, Díez anotó con detalle la estructura interna de la SEPI y el procedimiento de concesión de estas ayudas apenas unos días después de que el Gobierno autorizara en marzo de 2021 una inyección de 53 millones de euros a la aerolínea. Aquel rescate terminó judicializado y dio lugar a una causa en la que actualmente está investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Los apuntes contienen referencias directas al procedimiento seguido por el fondo, a sus asesores externos y a la situación de la compañía beneficiaria de las ayudas públicas. En una de las páginas, encabezada bajo el epígrafe "Fondo Solvencia", se recogen observaciones realizadas apenas días después de la aprobación del rescate de la aerolínea.
Entre ellas figura una referencia al flujo de información sensible entre las empresas solicitantes y los consultores contratados por la SEPI. "Se les está pasando información de las compañías a los 40 asesores antes de subastar las operaciones", puede leerse en una de las anotaciones. A continuación, el texto añade una advertencia sobre las posibles implicaciones legales de esa práctica: "En el caso de las cotizadas, podría estar incurriendo en un delito al revelar información confidencial".
El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado en 2020 para sostener a compañías afectadas por la crisis del COVID-19, movilizó miles de millones de euros y articuló su funcionamiento mediante la participación de consultoras y despachos externos encargados de analizar la viabilidad de las empresas solicitantes. Las notas atribuidas a Díez se detienen precisamente en ese punto, el papel de los asesores y la trazabilidad de la información que manejaban.
En otra de las hojas se recoge una referencia al encaje jurídico del sistema utilizado por la SEPI para articular el apoyo técnico externo. "SEPI contrató los servicios de apoyo externo cuando el procedimiento estaba impugnado", señala la supuesta 'fontanera', y atribuye a un tal "J. L." la explicación de que la contratación se realizó "al amparo de lo dispuesto en el apartado 9 del artículo 2 del RDL 25/20 de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo que establece el funcionamiento del fondo de solvencia".
Este real decreto-ley fue la base normativa del instrumento de rescate utilizado durante la pandemia y regulaba el funcionamiento del fondo, incluyendo la posibilidad de apoyo técnico en la evaluación de operaciones.
Las anotaciones también reflejan interés por la situación concreta de Plus Ultra. En una de las páginas aparece una referencia directa al contexto del fondo y el posible miedo de la trama por el "anuncio de Vox de querellas a los gestores del Fondo de Solvencia”". A continuación, se añade una reflexión: "Si la Justicia lo admite a trámite se puede dar la situación de que B. Lora esté en la misma situación que Vicente".
Estas referencias parecen aludir a Bartolomé Lora, entonces vicepresidente de la SEPI y presidente en funciones del organismo durante la aprobación de algunas de estas operaciones, y a Vicente Fernández, expresidente del holding público. Lora presidía el Consejo Gestor encargado de elevar las operaciones al Consejo de Ministros y actualmente está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 49 de Madrid por el rescate de Air Europa.
En otra anotación se formulan preguntas de carácter político-institucional: "¿Y qué pretende sacar adelante el Fondo con alguien que ha mostrado su posición al frente de SEPI o de Bartolomé Lora imputado?" o "¿Por qué el PP pide que se nombre a Bartolomé Lora?". También aparece una referencia a una "excusa de haber pasado meses desde la presentación de la solicitud de Plus Ultra".
El rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado el 9 de marzo de 2021, ascendió a 53 millones de euros mediante un préstamo participativo y otro ordinario. La operación se justificó por la supuesta relevancia estratégica de la aerolínea en determinadas rutas entre España y América Latina, así como por su papel en el mantenimiento del empleo.
Sin embargo, desde el primer momento surgieron dudas políticas y mediáticas sobre si la compañía cumplía los requisitos exigidos para ser considerada "estratégica", dado su reducido peso en el mercado aéreo español y su situación financiera previa a la pandemia. Estas controversias derivaron en denuncias e iniciativas judiciales para analizar el procedimiento seguido.
En este contexto, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga actualmente las circunstancias del rescate y la posible existencia de una trama de influencias supuestamente liderada por Zapatero para facilitar la concesión de esta ayuda a la compañía.

El juez que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha pedido permiso a Estados Unidos para utilizar como prueba el teléfono del accionista de facto de la aerolínea, Rodolfo Reyes, en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Así se desprende de un auto, al que ha tenido acceso El Independiente, por el que el magistrado solicita cooperación a las autoridades estadounidenses para que le autoricen a utilizar el material extraído del móvil de este empresario venezolano, dada su "relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados".
Precisamente, el contenido de este teléfono es uno de los elementos centrales de la causa. La investigación abierta por Estados Unidos a este empresario acabó llevando al Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS) a remitir información a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional tras detectar la aparición de personas políticamente expuestas y movimientos financieros vinculados al entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Según el documento policial, al que ha tenido acceso este periódico, la información llegó a España a través de los canales de cooperación internacional de la Policía Nacional desde la oficina en Madrid de Homeland Security Investigations (HSI). El organismo investigaba a Reyes por el presunto blanqueo de capitales que habría desarrollado a través de diversas sociedades, entre las que se encontraba Plus Ultra.
En ese contexto, el organismo estadounidense realizó en 2021 una extracción completa del teléfono móvil de Reyes. La agencia norteamericana consideró que el contenido del dispositivo podía resultar de interés para las autoridades españolas y servir para "sustentar la presentación de cargos penales contra las personas en España implicadas en estas actividades financieras ilícitas", por lo que obtuvo autorización judicial y remitió el material a la Policía española.
De las conversaciones extraídas del terminal nacen, precisamente, los principales indicios que sustentan la imputación de Zapatero acordada esta semana por el juez Calama, como ya informó El Independiente. Es a partir de los mensajes de Reyes que la investigación reconstruye el recorrido de los directivos de Plus Ultra para intentar acceder a las ayudas públicas en los meses iniciales de la pandemia.
La primera alusión que se hace al expresidente socialista data de una conversación del 30 de marzo de 2020 entre Rodolfo Reyes y el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá. Según recoge la UDEF, Reyes le pregunta: "¿Tienes idea cómo llegamos a los hilos políticos, tema ayudas, financiamiento etc etc etc?". Martínez Solá responde entonces que el CEO de la compañía, Roberto Roselli, ya le había trasladado esa necesidad y que había activado "dos vías" para intentarlo: "Delcy que llame a Ábalos" o "alguien con Zapatero".
"¿Sirve pa algo ese señor?", pregunta Reyes. "Es pro Sánchez", responde el presidente de la aerolínea. "Y pro Maduro", añade el accionista, a lo que Martínez Solá responde, para zanjar: "El fin justifica los medios". Ese mismo día, Reyes contacta además con el diplomático venezolano Ramón Gordils para explorar directamente un acercamiento al exlíder socialista. "¿Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero?", pregunta. Gordils le contesta: "Vayan recorriendo la ruta formal, yo busco como llegarle a ZP".

El juez que investiga el 'caso Plus Ultra' mantiene secretas dos piezas separadas en el marco de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por el rescate público de la aerolínea. Según han confirmado fuentes jurídicas a El Independiente, una de ellas se centra en el rastreo de cuentas y movimientos financieros de la trama en el extranjero, mientras que la segunda abordaría operaciones vinculadas al tráfico de materias primas como el oro y el petróleo.
Ambas líneas de investigación fueron desgajadas de la causa principal el pasado 18 de mayo por decisión del magistrado José Luis Calama, que encabeza el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia. El juez acordó formar estas dos piezas a partir de tres atestados elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, al apreciar la posible existencia de "otros ilícitos penales" atribuibles a terceras personas ajenas a la trama investigada hasta ese momento, según fuentes del caso consultadas por este periódico.
Estas ramificaciones avanzan de manera paralela a la matriz del 'caso Plus Ultra', en la que están implicados, entre otros, varios directivos de la aerolínea —el presidente, Julio Martínez Solá; el CEO, Roberto Roselli; y el abogado Santiago Fernández Lena— así como el empresario Julio Martínez Martínez y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El exdirigente socialista está llamado a declarar como investigado los días 17 y 18 de junio por los presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Aunque el contenido de ambas piezas permanece bajo secreto —según inciden las citadas fuentes— las pesquisas encajan con dos de las líneas que han ido aflorando en la investigación principal. En el sumario del caso, al que ha tenido acceso este medio, el juez Calama sostiene que la organización presuntamente liderada por Zapatero no limitó su actividad a influir en el rescate de Plus Ultra, sino que también se extendió a "operaciones internacionales de alto valor económico" relacionadas con el comercio de oro, petróleo, petcoke (producto derivado del proceso de refinación del petróleo crudo), compraventa de acciones y mercado de divisas.
En el auto por el que se conoció el pasado mes la imputación del expresidente, el juez constata que la organización presenta "ramificaciones de carácter internacional" con indicios de "transferencias de fondos al extranjero". En este sentido, puso el foco en el papel de los hermanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Ambos son administradores solidarios de la mercantil Inteligencia Prospectiva, considerada por el juez como una de las sociedades instrumentales de la supuesta organización. Pese a declarar ingresos mínimos —inferiores a 35.000 euros anuales y nulos en los ejercicios de 2020 y 2021— la compañía llegó a mover más de 2,6 millones de euros a través de sus cuentas bancarias. De ellos, habrían pagado más de medio millón a la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav SL.
En un informe incorporado al sumario, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) concluía que Inteligencia Prospectiva era utilizada como 'pantalla' para introducir fondos en España procedentes del extranjero y redistribuirlos mediante contratos ficticios de asesoría hacia la red organizada liderada por Zapatero y operada por su amigo Julio Martínez. Este último es administrador de la sociedad Análisis Relevante, que también se halla en el foco de las pesquisas. Esta empresa habría remitido unos 240.000 euros a la empresa de las hijas del expresidente, según los investigadores.
La causa que hoy instruye la Audiencia Nacional nació a finales de 2024 tras las alertas remitidas a España por las fiscalías de Suiza y Francia. La documentación enviada a Anticorrupción describía la existencia de una presunta organización dedicada al blanqueo de dinero supuestamente procedente de tramas de corrupción vinculadas a Venezuela, y que también estaría vinculada a operaciones relacionadas con el comercio internacional de oro.
La red operaba como una especie de "pseudobanco", y estaba liderada por el empresario peruano Luis Felipe Baca y el neerlandés Simon Leendert Verrhoeven, investigado por traficar, precisamente, con oro venezolano. El entramado controlaba grandes cantidades de dinero de origen ilícito y operaba mediante inversiones en bolsa para posteriormente reintegrar los fondos como aparentemente lícitos a sus clientes, según apunta el propio juez Calama. A esta estructura "transnacional", Plus Ultra habría desviado casi 16 de los 53 millones de euros del rescate que le concedió el Gobierno en 2021.
Las informaciones remitidas por Suiza y Francia sitúan el origen de parte de los fondos en Venezuela. En concreto, en el presunto desvío de dinero público procedente de los programas Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y en operaciones vinculadas a la venta internacional de oro del Banco de Venezuela, canalizada a través de sociedades interpuestas y estructuras financieras en terceros países, incluida la sociedad emiratí Noor Capital PSC. La investigación apunta a los posibles delitos de malversación y cohecho.
Entre los nombres que aparecían en esa documentación remitida por Francia y Suiza figuraba el empresario venezolano Rodolfo Reyes, máximo accionista de Plus Ultra en el momento del rescate a través de la sociedad Snip Aviation. Según la información trasladada por el Parquet National Financier francés, Reyes habría participado en conversaciones con el empresario Luis Felipe Baca sobre el transporte de "cinco u ocho toneladas de oro" desde Caracas a Dubái "por cuenta del Banco Central de Venezuela".
La investigación también ha identificado un entramado de sociedades radicadas fuera de España que, según la UDEF, habría servido para canalizar pagos internacionales. Entre ellas figuran Landside Dubai FZCO, Landside Middle East FZCO y Landside Holding LTD, constituidas en Dubái y vinculadas a Idella Consulenza Strategica.
Those were turbulent times. It was November 2024 and Nicolás Maduro was holed up inside Miraflores Palace, the Venezuelan presidential residence. When any foreign leader hinted to him that it might be time to leave power, he answered with a single word: “Never.” The police and intelligence services under his command detained thousands of people who had taken to the streets to protest the electoral fraud that Chavismo had perpetrated in plain view of the world. Protesters had pulled down bronze statues of Hugo Chávez across the country. Prisons were overflowing. The nation was on the brink of rebellion or a bloodbath — or both.

© OEA/EUROPA PRESS