Alrededor de las dos de la tarde del miércoles, Jacqueline Aramayo abraza a varios de los casi 50 activistas que se han plantado en la puerta de su casa para impedir el desahucio de su familia. La comitiva judicial, que ha estado reunida cerca de una hora, ha decidido finalmente aplazar el lanzamiento. Por ahora, Aramayo ha ganado tiempo. “Una semana, pero esperamos que se convierta en algo más”, anuncia Jordi Galí, su marido, a los vecinos que esperaban el veredicto de la comisión. La pareja, que reside en Barcelona con su hijo, se había beneficiado desde la pandemia del escudo social desplegado por el Gobierno para evitar desahucios en tiempos difíciles. Pero después de que el Congreso tumbara esa moratoria con los votos de PP, Vox y Junts, Aramayo y Galí se ven amenazados ahora con tener que dejar su casa en plena crisis de la vivienda ante la nueva orden fijada para el próximo día 26 de junio.

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Se han cumplido 15 años del estallido del 15-M. Fue una explosión de indignación y hartazgo con la situación económica y política del país que tuvo resonancia mundial. Los jóvenes acamparon en las plazas de las principales ciudades españolas. La opinión pública se puso de su lado. Una mayoría abrumadora apoyaba la demanda de una democracia más sólida y profunda, que no estuviera sujeta a los vicios de los dos grandes partidos. La gente pensó que a través de una democracia mejor se podrían corregir las injusticias producidas por las políticas de ajuste que se llevaron a cabo tras la gran crisis de 2008.

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