La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía incorporará tres nuevos robos Da Vinci de precisión quirúrgica en otros tantos hospitales de Sevilla y Cádiz, con lo que aumenta a 16 la cifra de estos ingenios en funcionamiento en suelo andaluz. En un comunicado, el consejero, Antonio Sanz, ha señalado que funcionarán en el Hospital Universitario de Jerez, el Universitario Virgen Macarena y el Virgen de Valme, en Sevilla.
La implantación de esta tecnología impulsará en Andalucía la cirugía avanzada y consolidará la estrategia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para extender la cirugía robótica a todos los hospitales de referencia. El presupuesto base de licitación para este contrato de suministro en régimen de arrendamiento sin opción de compra alcanzará los 7,6 millones de euros al año en cinco años.
Actualmente, el SAS cuenta con 13 robots Da Vinci distribuidos por centros de toda la comunidad (dos en Almería, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla y uno en Cádiz, Huelva y Jaén). Con estas futuras incorporaciones, Andalucía continúa el despliegue de la cirugía robótica, desarrollando nodos territoriales, garantizando la equidad en el acceso y aumentando el número de procedimientos robóticos anuales, que actualmente supera los 2.000 en el conjunto de la comunidad.
El futuro equipo de Jerez podrá realizar al año superior a 540 procedimientos; el Macarena, más de 530, y el Valme, cerca de 370. “Estamos cumpliendo el compromiso de ampliar la cirugía robótica a todos los hospitales de referencia de Andalucía, formando a nuestros profesionales y generando más calidad, más seguridad y mejores resultados para los pacientes”, ha afirmado Sanz.
La Guardia Civil ha trasladado en la madrugada de este sábado al Puerto de Motril (Granada) a quince personas de origen marroquí, entre ellos un menor, que habían llegado a una playa de Polopos La Mamola (Granada) a bordo de una embarcación de alta potencia en la que viajaban un número indeterminado de personas. Los 15 migrantes detenidos en la playa de La Mamola han sido trasladados al puerto de Motril, donde han sido atendidas por la Cruz Roja que les ha dispensado una primera atención médica, precisando uno de ellos ser trasladado al Hospital de Motril, donde permanece ingresado, al presentar una ligera hipotermia.
El resto de las personas atendidas se encuentran en buenas condiciones, según han confirmado a EFE fuentes de la organización humanitaria. La embarcación llegó sobre la 1,30 horas de este sábado a una zona cercana a la playa de La Mamola, en el término municipal de Polopos, y los migrantes se lanzaron al agua antes de llegar a la orilla para que después la embarcación se diera a la fuga mar adentro.
Los migrantes han pasado esta madrugada a disposición de la Policía Nacional, que los ha trasladado al centro de Acogida Temporal de Emigrantes (CATE) que dispone en el puerto de Motril.
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha anunciado el impulso de la Unidad Sócrates (Servicio Operativo Contra las Reiteradas Agresiones a Trabajadores y Especialistas Sanitarios), el dispositivo específico de la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad andaluza destinado a la prevención y actuación frente a las agresiones a profesionales sanitarios. Antonio Sanz ha incidido en que se trata de “cuidar a quienes nos cuidan, por eso trabajaremos en desarrollar este dispositivo Sócrates con los objetivos de minimizar y prevenir las agresiones al personal del sistema sanitario público de Andalucía, incrementar esa percepción de seguridad entre centros sanitarios y hospitalarios y establecer canales de cooperación permanente con el sistema sanitario público y los interlocutores sanitarios”.
Tras la celebración de la Junta Regional de Coordinación de la Unidad de Policía Adscrita a la comunidad autónoma, Antonio Sanz ha explicado que “la incorporación desde el pasado 1 de junio de 186 nuevos agentes de la Policía Nacional Adscrita nos van a permitir ampliar de forma progresiva estos efectivos reservados y dedicados a la unidad Sócrates”, reforzando así su capacidad de actuación preventiva, coordinada y continuada en todo el territorio andaluz. Un impulso que puede hacerse “gracias a la incorporación de los nuevos agentes, algo que no se hacía desde hace 13 años”, ha apuntado.
“Queremos trabajar junto a los profesionales sanitarios, junto a la seguridad privada, junto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que también hacen una gran labor de protección de nuestros profesionales sanitarios en identificar esos centros con mayor conflictividad y priorizar esa presencia policial preventiva fundamental”, ha recalcado el consejero.
El dispositivo tiene como objetivo minimizar y prevenir las agresiones a los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, incrementar la percepción de seguridad en centros de salud y hospitales, detectar de forma temprana situaciones de riesgo y fortalecer los canales de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud y con los Interlocutores Sanitarios de Policía Nacional y Guardia Civil.
La Unidad Sócrates cuenta con un análisis dinámico de riesgos para identificar aquellos centros con mayor incidencia de conflictos y priorizar en ellos la presencia preventiva de las patrullas de la Policía Adscrita. Asimismo, mantiene un contacto continuo con equipos directivos, profesionales sanitarios y servicios de vigilancia privada para conocer las necesidades existentes, recopilar información sobre incidencias y mejorar la planificación de las actuaciones.
Entre sus funciones se encuentran también el seguimiento de incidentes, el intercambio de información con el Observatorio de Agresiones y el apoyo a los profesionales víctimas de episodios violentos, facilitando la tramitación de denuncias a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes y reforzando la respuesta institucional frente a estas conductas.
El consejero ha incidido en que “queremos trabajar en detectar de forma temprana situaciones de riesgo o de conflictividad; mejorar el registro y seguimiento de incidentes; priorizar la presencia preventiva en centros con recurrencia de agresiones; y apoyar y canalizar a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes la tramitación de denuncias de las personas profesionales agredidas”.
Desde su puesta en marcha, la Unidad Sócrates ha realizado ya 694 entrevistas con directores y responsables de centros sanitarios y 304 contactos con vigilantes de seguridad, además de activar actuaciones preventivas ante situaciones de riesgo detectadas.
Con este refuerzo, la Junta de Andalucía consolida una estrategia integral de protección de los profesionales sanitarios basada en la prevención, la coordinación interinstitucional y la actuación policial especializada, con el objetivo de garantizar entornos de trabajo más seguros para quienes cada día velan por la salud de los andaluces.
“Trabajamos para proteger a nuestro personal sanitario, para proteger al sistema público sanitario andaluz de las agresiones y creo que con este paso que hoy damos con el impulso de la Unidad Sócrates volvemos a dar otro ejemplo de compromiso y de clara decisión de tolerancia cero frente a las agresiones a nuestros sanitarios”, ha recalcado Antonio Sanz.
La Unidad Sócrates desarrolla su actividad en el marco del Decreto 141/2025, de 2 de septiembre, por el que se crea y regula el Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias. En este órgano participa la Unidad de Policía Adscrita, cuyo comisario jefe forma parte de su composición como vocal, reforzando así la coordinación institucional en materia de prevención y protección.
Un total de 16.676 personas han solicitado cursar un grado el próximo año académico 2026/2027 en las universidades públicas andaluzas en las primeras 24 horas de plazo, de las que 10.625 corresponden a mujeres y 6.051 a hombres, según datos recopilados por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, tomando como referencia todas las peticiones registradas, las enseñanzas más demandadas por los jóvenes que desean iniciar estudios universitarios el próximo curso son Enfermería, con 11.656 peticiones; Medicina, con 8.044; Psicología, con 4.595; y Educación Primaria, con 4.087. A estas carreras se suman Derecho (3.849), Fisioterapia (3.839), Educación Infantil (2.807), Administración y Dirección de Empresas (2.475), Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (1.894) e Ingeniería Informática (1.781).
En función del sexo de los solicitantes, los hombres se decantan por Medicina, Enfermería, Ingeniería Informática, Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Por su parte, las mujeres optan más en sus preferencias por Enfermería, Medicina, Psicología, Educación Primaria y Derecho. En esta línea, la admisión se realiza mediante la cumplimentación del formulario electrónico disponible en el Distrito Único Andaluz (DUA). Dicha solicitud es única y contempla por orden de preferencia todas las peticiones de los títulos que el estudiantado desee cursar. Ese orden será vinculante durante todo el proceso de admisión, por lo que "es fundamental que la persona incluya el suficiente número de peticiones y en el orden que desee con el fin de evitar problemas por no rellenar correctamente o en un número insuficiente".
Teniendo en cuenta esto, esas 16.676 solicitudes inscritas en el sistema llevan asociadas un total de 95.201 peticiones, de las que 62.380 pertenecen a las inscripciones realizadas por alumnas y 32.812 por alumnos.
Si se toma en consideración las distintas universidades públicas que componen el sistema de educación superior andaluz y el total de peticiones, se concluye que en todas las universidades públicas andaluzas Medicina y Enfermería son "las dos principales enseñanzas con más demanda de estudiantes", salvo en el caso de la Pablo de Olavide, que no cuenta con este grado. En su caso, las titulaciones que más se repiten en las solicitudes son Derecho y Ciencias de la Educación Física y el Deporte. Quienes desean estudiar en la de Almería (UAL) prefieren Medicina (911 peticiones), Enfermería (829), Psicología (491), Fisioterapia (416) y Educación Primaria (316). En la Universidad de Cádiz (UCA), destacan Enfermería (2.802), Medicina (1.007), Psicología (488), Derecho (465) y Fisioterapia (459).
En la Universidad de Córdoba se relacionan en los cinco primeros puestos Medicina (952), Enfermería (879), Educación Primaria (483), Fisioterapia (459) y Psicología (448). En la Universidad de Granada se clasifican Enfermería (2.109), Medicina (1.117), Educación Primaria (894), Psicología (801) y Fisioterapia (779). Por su parte, en la Universidad de Huelva copan esos primeros lugares en la clasificación Medicina (917), Enfermería (874), Psicología (451), Educación Primaria (310) y Educación Infantil (208). En la Universidad de Jaén se encuentran Medicina (920), Enfermería (876), Psicología (454), Fisioterapia (395) y Educación Primaria (323) y en la Universidad de Málaga Enfermería (1.389), Medicina (1.057), Psicología (710), Educación Primaria (587) y Fisioterapia (499).
Asimismo, en la Pablo de la Olavide las que tienen más demanda son Derecho (420) Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (322), Ingeniería Informática (265), Administración y Dirección de Empresas (251) y el doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho (221). La Universidad de Sevilla sitúa entre los cinco primeros títulos Enfermería (1.898), Medicina (1.163), Educación Primaria (755), Psicología (752) y Fisioterapia (737). Concretamente, el periodo de inscripción se abrió el 11 de junio, el mismo día en el que se conocían las calificaciones obtenidas por los alumnos presentados a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Andalucía y termina el 22 de junio. Así, los jóvenes andaluces tendrán de plazo hasta el próximo 22 de junio para realizar sus peticiones.
Con carácter general, podrán pedir una plaza de grado universitario en el sistema público andaluz quienes hayan superado esta prueba. Si se ha realizado la PAU en una universidad andaluza "no es necesario presentar documentación alguna en sus instituciones académicas". Para participar en el procedimiento de admisión, la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía advierte a todo el alumnado que es necesario formular la preinscripción, aun estando suspenso, en previsión de que tras las oportunas revisiones consigan superar la prueba.
Al tratarse de un procedimiento de los denominados "de concurrencia competitiva", en el que no se pueden incluir peticiones fuera del plazo establecido, el programa informático permite consignar una calificación inferior a cinco puntos, que será actualizada automáticamente cuando la universidad otorgue una nueva calificación, y si ésta es igual o superior a cinco puntos, dicha solicitud será atendida en el procedimiento con todos los derechos. Además, "es muy importante recordar que el alumnado incluya todas las vías de acceso que disponga (PAU y Ciclo Formativo de Grado Superior) en su solicitud, ya que después no lo podrá hacer". La publicación de la primera adjudicación de plazas tendrá lugar el 3 de julio. En esta fecha comenzará, además, el plazo de matrícula, confirmación o reserva, que se prolongará hasta el 9 de julio.
La segunda adjudicación se producirá el 16 de julio y se prolongará hasta el 20 de julio. En cada adjudicación, todo aspirante deberá consultar su solicitud y tendrá que interactuar obligatoriamente con el sistema según la situación concreta en que se encuentre, ya que en caso de no hacerlo quedará excluido del procedimiento de admisión. Para facilitar la elección de titulaciones, se pueden consultar las notas de corte de años anteriores, disponibles en la página del Distrito Único Andaluz, a título meramente informativo u orientativo. "Las notas de corte no las fijan las universidades, sino que se corresponden con la calificación del último alumno matriculado en cada grado, universidad y vía de acceso y pueden variar de un curso a otro".
Los interesados quedan vinculados por el orden de preferencia establecido en la solicitud, de forma que al efectuarse la adjudicación se le asignará la plaza correspondiente a la titulación y centro de mayor predilección en el que resulte admitido por su nota de acceso.
La jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos en la tarde del domingo 18 de enero, ha pedido a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil que "a la mayor brevedad" informe e identifique a los mantenedores del tren Alvia e Iryo implicados --agentes, empresas, técnicos y/o trabajadores de las mismas-- que "han de concurrir en unidad de acto para llevar a cabo el análisis interpretativo de los datos obtenidos de los registradores jurídicos de los trenes siniestrados". Así lo reclama la jueza en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, a la vista de un escrito presentado por la mercantil de las cajas negras, en cumplimiento de un requerimiento efectuado, por el que se informa al órgano judicial de que "el análisis interpretativo y el informe técnico destinado a explicar lo sucedido deben de realizarse por el fabricante/integrador y el mantenedor de cada una de las dos unidades de tren implicadas".
En concreto, la empresa de las cajas negras ha presentado el referido escrito al pedirle el juzgado que informe "si el perito designado para la instalación de la licencia o software posee los conocimientos necesarios para la interpretación y sincronización de los datos contenidos en los registradores jurídicos de los trenes Iryo y Alvia y, en caso contrario, indicar qué actores resultan necesarios para la práctica de la diligencia en unidad de acto". Ante ello, el documento lo formula la entidad "con ánimo de máxima colaboración con la investigación judicial y con el propósito de delimitar, de forma clara y comprensible para personal jurídico no necesariamente técnico, el alcance de la colaboración que puede prestar la empresa como fabricante del registrador jurídico, así como los límites técnicos naturales de dicha colaboración respecto de un análisis interpretativo, operativo o causal de los datos registrados".
Al hilo, la empresa explica que es "el fabricante y proveedor tecnológico de los sistemas de registro instalados en las unidades afectadas". Por ello, asevera que dispone del "conocimiento específico sobre el registrador jurídico, sus herramientas de software y el modo en que los datos pueden ser cargados y representados gráficamente para facilitar su consulta técnica".
En una oferta previamente remitida se propuso un soporte técnico especializado para cargar los registros, verificar que puedan visualizarse correctamente y asistir a los usuarios autorizados en la identificación de señales, eventos, parámetros y su significado funcional dentro del sistema de registro, pero "dicha propuesta excluía expresamente cualquier análisis interpretativo, pericial o conclusivo de los datos, así como la determinación de causas, factores contribuyentes o responsabilidades del accidente", indican desde la entidad.
La Guardia Civil, en colaboración con la Gendarmería Real Marroquí, ha intervenido 121 fardos de hachís que suman aproximadamente 4.777 kilos, después de perseguir una embarcación que navegaba a "gran velocidad" por aguas del Estrecho de Gibraltar, según ha informado este sábado. La actuación, que implicó la coordinación de medios marítimos, terrestres y aéreos, se inició tras la detección de una embarcación "sospechosa", semirrígida tipo 'go fast', de las habitualmente empleadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico, que navegaba por el entorno del Estrecho, publica la Guardia Civil en un comunicado.
Esta navegaba cargada de fardos de hachís, realizaba maniobras "evasivas" para dificultar el seguimiento policial y empezó a arrojar parte de la carga de hachís al mar, que fue localizada por el Servicio Aéreo de la Guardia Civil, mientras las unidades terrestres de la Guardia Civil cubrían posibles puntos de llegada a la costa.
Así, en un primer momento se recuperaron 32 fardos de hachís, con un peso aproximado de 1.200 kilos arrojados al mar. Posteriormente, tras activarse los canales de cooperación internacional con la Gendarmería Real Marroquí, las autoridades marítimas marroquíes recuperaron 89 fardos de hachís, con un peso de unos 3.577 kilos, señala la Dirección General de la Guardia Civil.
Un hombre, de 80 años, y una mujer, de 75 años, han sido hallados fallecidos este pasado viernes en una playa del municipio malagueño de Torrox. Los hechos tuvieron lugar sobre las 19,30 horas en la zona de la playa de Las Lindes, en la citada localidad malagueña. El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió avisos alertando, en primer lugar, de persona flotando en el mar y, después, también de otra.
De inmediato, hasta el lugar se trasladaron efectivos de los servicios sanitarios del 061, de la Policía Local y de la Guardia Civil. Por el momento, se desconocen las circunstancias del suceso.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería ha condenado a seis años de prisión y al pago de multas millonarias a cinco hombres por un delito agravado contra la salud pública, tras ser sorprendidos con un alijo de 13,7 toneladas de resina de cannabis que intentaron camuflar, en parte, utilizando falsas patatas de plástico. La resolución judicial, a la que ha tenido acceso EFE, señala que el cargamento ilícito, valorado en más de 25 millones de euros, llegó al puerto de Almería el 19 de junio de 2025 en un camión procedente de Nador (Marruecos).
Cuando los agentes de la Policía Nacional accedieron al interior del remolque en una nave industrial, descubrieron que tras unos palés de sandías se ocultaban fardos de arpillera y sacos que aparentaban contener patatas. Sin embargo, la sentencia detalla que dichos tubérculos eran en realidad reproducciones de plástico rígido, diseñadas específicamente para albergar en su interior dos tabletas de hachís cada una. A pesar de este elaborado camuflaje y de simular una operación de comercio internacional, el plan fracasó debido a la desorientación del conductor del camión, N. A., quien tras salir del recinto portuario deambuló por zonas residenciales y permaneció estacionado durante horas en un descampado y una gasolinera.
Ante las fundadas sospechas, la Policía Judicial instaló de urgencia un dispositivo de geolocalización en el remolque y estableció un operativo de seguimiento. El trayecto concluyó en el polígono industrial de Huércal de Almería, a donde el camión llegó guiado por un vehículo lanzadera, ocupado por H. El H. y M. A.. Una vez allí, S. B. D. y M. M. R. se aproximaron en otro automóvil para entregar las llaves de la nave número 21 y realizar labores de vigilancia perimetral mientras se introducía el vehículo pesado con la droga.
El tribunal ha considerado a los cinco procesados autores de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daño, aplicando la agravante de extrema gravedad al superar la cantidad incautada de 13.700.755,49 gramos con creces el límite de la notoria importancia. Además de los seis años de cárcel, cada condenado deberá hacer frente a dos multas de 50.000.000 de euros, sin que proceda la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago por exceder la pena principal de los cinco años de prisión.
La sentencia decreta asimismo el decomiso y destrucción de la droga intervenida, así como la confiscación de los vehículos y los teléfonos móviles empleados por la red. Por último, la Audiencia ha dictaminado que los cuatro ciudadanos de nacionalidad extranjera implicados (H. El H., S. B. D., N. A. y M. A.) cumplan en España las tres cuartas partes de su condena, sustituyendo el resto por su expulsión del territorio nacional, al que tendrán prohibido regresar durante un periodo de siete años.
El fallo no es firme y cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El conocido artista onubense Manuel Carrasco arranca este sábado con el primero de los cuatro conciertos programados por el artista durante este mes en La Cartuja de Sevilla. Concretamente, este llevará por título 'Viento Salvaje', si bien el próximo domingo, 14 de junio, se celebrará bajo el lema ' La Cruz Salvaje'.
Ya el próximo fin de semana, 19 y 20 de junio, presentará el viernes una cita que ha sido titulada como 'Corazón Salvaje' y, posteriormente, el sábado, se encontrará por última vez este mes con la capital andaluza en el escenario con un encuentro bajo el lema 'Pueblo Salvaje'. Carrasco pretende con estos cuatro conciertos ofrecer una propuesta "inédita" y ser el primer artista español que " convierte un estadio en residencia de cuatro noches, cada una dedicada a un álbum diferente lanzado durante esta última década", estos son 'Bailar el viento', 'La cruz del mapa', 'Corazón y flecha' y 'Pueblo salvaje'.
El artista nacido en Isla Cristina e Hijo Adoptivo de Sevilla ofrecerá de esta forma una serie de espectáculos independientes con un denominador común: 'Salvaje desde la Raíz'. Recuperará antiguas canciones, revisitará visuales, incorporará elementos iconográficos y vestuarios de cada etapa... entre otras cuestiones. Su intención es que todo sea "igual, pero diferente a la vez". Este año ya actuó en Sevilla, el pasado 17 de mayo, en un concierto que sirvió de arranque de su gira, bautizada con el nombre 'Pueblo Salvaje II', su noveno disco, en el que logró congregar a 70.000 personas. Las entradas, que salieron a la venta meses atrás, en diciembre, se agotaron a los pocos minutos.
Manuel Carrasco sacó a la luz el día 9 de mayo su noveno trabajo discográfico, 'Pueblo Salvaje II', un álbum en el que el artista se "empoderaba" con canciones como 'Mi dignidad', 'Tengo el poder' o 'El grito del niño' y que ha sido compuesto con su guitarra.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado avisos de nivel amarillo por viento que podrá alcanzar entre los 70 y 80 kilómetros por hora en las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz, donde en esta última también se activará el aviso amarillo por fenómenos costeros. Según ha indicado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, Cádiz contará con el aviso amarillo por viento en varias partes de la provincia; en concreto, desde las 11,00 horas hasta las 15,00 horas se activará en la zona de Grazalema; y desde las 21,00 horas de este viernes a 15,00 horas del sábado tanto en la campiña y litoral gaditano, en todas ellas se esperan rachas de viento máximas de hasta 70 km/h. No obstante, en la zona del Estrecho estará activado desde esta medianoche hasta las 15,00 horas del sábado con rachas máximas de hasta 80 km/h.
Además de este tipo de aviso, la Aemet ha informado que tanto en el Estrecho como litoral gaditano permanecerá activo el nivel amarillo por oleaje a partir de las 16,00 horas de este viernes hasta las 15,00 horas del sábado. En el Estrecho, al oeste de Tarifa, y principalmente al sur de Trafalgar, habrá viento de Levante de 50 a 61 km/h. Por otro lado, en las provincias de Sevilla y Málaga estarán vigentes los avisos amarillos por fuertes vientos tanto en la Sierra Sur de Sevilla como en la zona malagueña de Ronda hasta las 10,00 horas, donde se esperan rachas máximas de 70 km/h.
En cuanto al resto de Andalucía, la jornada del sábado se presenta con cielos poco nubosos o despejados, con polvo en suspensión en el litoral mediterráneo oriental y en el área del Estrecho. Asimismo, las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios; mientras que las máximas estarán en ascenso en el tercio oriental, con pocos cambios o localmente en descenso en el resto. Además, soplarán vientos flojos variables, ocasionalmente moderados de componente este y con rachas ocasionalmente muy fuertes en las sierras Béticas occidentales. Habrá un Levante fuerte en Cádiz, con rachas muy fuertes.
El Guadalquivir vuelve a situarse en el centro de una creciente controversia ambiental. El río más emblemático de Andalucía, eje vertebrador de buena parte de la actividad económica del suroeste peninsular y puerta de entrada al espacio natural de Doñana, se enfrenta a una nueva polémica vinculada a los vertidos procedentes de explotaciones mineras. La autorización de nuevos vertidos asociados a la mina de Cobre Las Cruces y la futura reapertura de Los Frailes, en Aznalcóllar, ha activado una movilización de colectivos ecologistas, organizaciones científicas, pescadores y representantes de municipios ribereños.
La preocupación ha trascendido incluso el ámbito andaluz. Coincidiendo con la reciente celebración del Mundial de Remo en Sevilla, Greenpeace quiso advertir a la comunidad internacional sobre los riesgos de contaminación que, a su juicio, amenazan al río que acogía la competición. La organización ecologista denunció públicamente que los vertidos con metales pesados previstos por la reapertura de Aznalcóllar y por la continuidad de la actividad de Cobre Las Cruces representan una seria amenaza para los ecosistemas del estuario y para la salud de las personas.
El debate enfrenta dos visiones contrapuestas. Por un lado, las administraciones y las compañías mineras defienden proyectos que prometen actividad económica y generación de empleo. Por otro, los colectivos que se oponen a las autorizaciones alertan de posibles consecuencias irreversibles para el estuario del Guadalquivir y para las actividades tradicionales que dependen de su buen estado ecológico.
La principal preocupación de los colectivos críticos se centra en la posible acumulación de metales pesados en uno de los ecosistemas más complejos y sensibles del sur de Europa. Isidoro Albarreal, responsable del área de minería de Ecologistas en Acción, sostiene que los procedimientos de evaluación ambiental no han tenido suficientemente en cuenta las características específicas del estuario, donde las partículas en suspensión favorecen que elementos como arsénico, cadmio, mercurio, plomo, níquel, zinc o selenio queden atrapados en los sedimentos del fondo.
Según explica, el problema no se limita a la presencia de esos contaminantes en el agua o en el lecho del río. El riesgo radica en que puedan incorporarse progresivamente a la cadena trófica a través de peces, crustáceos y mariscos consumidos tanto por la fauna como por las personas. «Estamos hablando de una contaminación que puede acabar afectando a todo el estuario», advierte.
Los ecologistas recuerdan además que diversos estudios científicos realizados durante los últimos años han detectado contaminación por metales pesados en el tramo final del Guadalquivir. Greenpeace sostiene que esos trabajos ya han identificado efectos ecotóxicos sobre distintas especies del estuario, entre ellas los albures, un pescado tradicionalmente consumido en numerosas localidades ribereñas. La organización considera que estos resultados demuestran que el problema no pertenece únicamente al futuro, sino que ya existe una situación de deterioro ambiental que podría agravarse con los nuevos vertidos autorizados.
La inquietud aumenta ante las previsiones de incremento de las descargas procedentes de la actividad minera. Antonia Herrero, portavoz de la plataforma Salvemos el Guadalquivir, asegura que la suma de los vertidos asociados a ambos proyectos podría multiplicar por diez la carga contaminante actual sobre el estuario. Según los datos manejados por la plataforma, las cantidades de agua afectadas alcanzarían volúmenes de enorme magnitud durante los próximos años, con la consiguiente llegada de toneladas de metales pesados al sistema fluvial. Ante este escenario, las organizaciones ecologistas reclaman una moratoria inmediata de las autorizaciones concedidas. Tanto Ecologistas en Acción como Greenpeace exigen la paralización cautelar de los vertidos previstos y la constitución de un comité científico-técnico independiente que evalúe de forma rigurosa y transparente las posibles consecuencias para el medio ambiente, la seguridad alimentaria y la salud pública. Los colectivos recuerdan además el precedente del dragado de profundización del Guadalquivir. A pesar de que aquel proyecto contaba con informes favorables, un comité de expertos constituido en el ámbito de Doñana concluyó que existían riesgos ambientales incompatibles con su ejecución. Aquellos informes terminaron siendo decisivos para que la actuación no llegara a materializarse.
Más allá del debate científico, la preocupación también tiene una dimensión económica. Los opositores a los vertidos consideran que la discusión pública suele centrarse en los puestos de trabajo asociados a la minería, mientras que apenas se analizan los posibles perjuicios sobre actividades que ya generan riqueza a lo largo del estuario. Agricultura, ganadería, pesca, marisqueo, restauración y turismo forman parte de una compleja red económica que depende directamente de la calidad ambiental del río. Entre los sectores más atentos a la evolución de este asunto se encuentra la pesca profesional. José Carlos Macías, portavoz de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, evita los mensajes alarmistas, pero reconoce la inquietud existente entre los profesionales del mar. Los pescadores reclaman información clara y garantías suficientes para seguir desarrollando su actividad con normalidad y mantener la confianza de los consumidores en los productos procedentes del Guadalquivir.
«No queremos crear alarma», insiste Macías. «Lo que queremos es saber exactamente qué riesgos existen y tener la seguridad de que podremos seguir pescando como lo hemos hecho siempre». La preocupación del sector no afecta únicamente a los recursos pesqueros, sino también a la imagen de calidad asociada a las capturas que llegan cada día a lonjas y mercados.
Desde Greenpeace, Luis Berraquero, doctor en Medio Ambiente y Sociedad, considera que las consecuencias potenciales de estos vertidos podrían resultar especialmente graves para el estuario y para espacios protegidos tan sensibles como Doñana. Por ello, la organización insiste en la necesidad de que cualquier decisión futura esté respaldada por evaluaciones científicas independientes y exhaustivas.
El conflicto llega además en un momento especialmente delicado para el Guadalquivir. El estuario acumula desde hace décadas problemas relacionados con la turbidez de sus aguas, la alteración de los sedimentos y la pérdida progresiva de biodiversidad. Sobre ese escenario se proyecta ahora una controversia que trasciende el ámbito ambiental y que plantea una cuestión de fondo sobre el equilibrio entre desarrollo económico y conservación de los recursos naturales.
La Fundación Santamaría (más conocida por su acrónimo SM) acaba de publicar los resultados de la décima edición de su estudio sobre la juventud española. Se trata de una extensa encuesta sobre cuestiones diversas (valores, creencias, integración social, relaciones personales, educación u ocio) que SM viene haciendo, con este mismo formato, desde hace más de treinta años. En este caso el trabajo de campo se realizó a principios de la primavera del año pasado, preguntándose a casi 1700 jóvenes de entre 15 y 29 años. El informe preparado por SM no solo incluye los resultados de la encuesta, sino una detallada e interesante interpretación de las tendencias observadas. Cómo son nuestros jóvenes hoy no solo permite aventurar qué características tendrá la España de mañana, sino juzgar los méritos y deméritos de la manera en que estamos educando a quienes habrán de reemplazarnos. Porque, en buena medida, la forma de ser de los jóvenes es una reacción a lo mejor y a lo peor de la sociedad que hemos construido los adultos. Y es importante que tal reacción no se limite al rechazo de lo menos bueno del mundo que hemos preparado para ellos, sino que entrañe una mejora efectiva de los aspectos indeseables.
Lo fundamental de lo contenido en las casi 200 páginas de este prolijo estudio podría resumirse como sigue. En lo que se refiere a los valores, se constata que los jóvenes dan hoy más importancia al dinero y al ocio que al trabajo o a la educación. Se muestran, asimismo, menos comprometidos con la defensa del medioambiente (por percibir, acaso, un exceso de catastrofismo en las actuales políticas o, por el contrario, por haberse abandonado a cierto fatalismo, ante la aparente imposibilidad de revertir su deterioro) y más interesados, en cambio, por la religión (en general, por el catolicismo, si bien complementado por creencias de orígenes diversos, desde la reencarnación al karma), a la que recurren no solo en momentos de adversidad, sino también cuando han de tomar decisiones importantes. Por lo demás, aunque muchos de nuestros jóvenes opinan que sigue habiendo desigualdad entre hombres y mujeres, piensan también que ambos sexos se enfrentan a dificultades parecidas a la hora de conciliar trabajo y familia, y que los dos dedican el mismo tiempo a las tareas domésticas (poco, en realidad). Finalmente, de cara al futuro, las principales preocupaciones de los jóvenes pasan por conseguir una vivienda, ser independientes económicamente y trabajar en algo que les satisfaga. En el plano político, la juventud de hoy sigue siendo bastante participativa (aunque menos que en otros países), pero se observa un sentimiento creciente de rechazo del actual sistema (lo que incluye no solo una escasa confianza en las instituciones, sino cierta proclividad a aceptar soluciones autoritarias para resolver los problemas), así como una derechización creciente de su posicionamiento político. Los jóvenes parecen también preferir una sociedad hasta cierto punto homogénea, de modo que quienes lleguen se adapten a nuestras costumbres. Consideran también que la inmigración ha alcanzado niveles difícilmente aceptables, si bien parecen asumir que los inmigrantes son necesarios para la buena marcha de la economía. Junto con los amigos o la familia, las redes sociales son, como cabría esperar, un entorno importante para socializar, pero también para obtener información y procurarse formación (muy por encima de la escuela o los libros). Constituyen además una herramienta fundamental de ocio, el cual incluye también la convivencia con amigos y familiares, mientras que se han vuelto menos frecuentes actividades recreativas tradicionales (como ir a bares o discotecas) y, sobre todo, las participativas (como el voluntariado). Los jóvenes siguen leyendo bastante, aunque lo hacen fundamentalmente por placer, no para formarse. Para terminar, el estudio de SM se interesa por la educación de las nuevas generaciones (y especialmente, por el impacto que, en su opinión, tiene en sus vidas). En cuanto al rendimiento académico, parecen persistir diferencias debidas a factores sociales, en el sentido de que el nivel educativo de los padres sigue condicionando el alcanzado por los hijos. Pero también se observan diferencias ligadas al sexo, si bien son hoy los hombres (especialmente los de clase baja) quienes obtienen peores resultados académicos.
Como cualquier otro organismo, somos el producto de un complejo diálogo entre nuestra biología (especialmente, la herencia genética que nos han legado nuestros padres) y el ambiente en que crecemos. Nuestros genes determinan un esquema básico de organización de nuestro cerebro, así como pautas generales de respuesta al medio circundante. Pero los ajustes últimos de tales circuitos y, por consiguiente, las capacidades de las que finalmente estamos dotados dependen de nuestra interacción con el entorno. Y en tanto que primates sociales, dicho entorno lo constituyen, ante todo, las personas que nos rodean. Son de ellas de quienes lo aprendemos casi todo, bien de modo directo (como resultado de instrucciones explícitas), bien indirectamente (cuando emulamos su modo de proceder). Decía Séneca que «longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla», lo que, traducido con cierta libertad, viene a decir que se aprende mejor del ejemplo que de la prédica. El estudio de SM demuestra que nuestros jóvenes hacen justo eso: imitarnos a nosotros. Hemos creado una sociedad cuyo progreso se mide fundamentalmente en términos de crecimiento económico, en la que casi todo se compra y se vende, y que sigue explotando sin freno los recursos naturales para alimentar una insensata carrera consumista. No es de extrañar, por tanto, que los jóvenes de hoy tengan puestas en el dinero casi todas sus esperanzas, si de garantizarse una vida satisfactoria se trata, estén poco dispuestos a participar en actividades altruistas o sientan como hipócritas (o inútiles) casi todas las políticas medioambientales que venimos diciendo defender desde hace décadas. Ahora bien, en sus respuestas (y en su comportamiento) hay también bastante de reacción, posiblemente inconsciente, ante lo inconsecuente (cuando no incongruente) de nuestro proceder y, sobre todo, ante lo extremo de muchas de nuestras decisiones. En este sentido, lo que puede parecer un retroceso, habría que interpretarlo más bien como una necesaria corrección. Así, por ejemplo, el incremento del sentimiento religioso es, a buen seguro, una respuesta al materialismo extremo al que ha llevado nuestra reduccionista apuesta por la ciencia y la tecnología como únicas herramientas para comprender la realidad (y a nosotros mismos) y modificarla (y transformarnos también nosotros). Sin duda, ciencia y tecnología nos han permitido alcanzar el elevado grado de bienestar del que disfrutamos y han cambiado, para bien, buena parte de nuestras ideas acerca del mundo y del propio ser humano. Pero el hombre no es solo razón. Es también emoción. Y debemos nutrir igualmente esta otra parte de nosotros. La sed de trascendencia del ser humano se satisface solo en parte mediante la cosmología o la teoría evolutiva. No se trata de volver a creer en cosmogonías primitivas o en relatos creacionistas, pero sí de alimentar la sensación de misterio del mundo, de conexión con el universo, de comunidad con el resto de las personas. La religión (y hasta la ecléctica práctica religiosa de hoy en día) satisface justo eso, como también lo hace el arte o la poesía. Del mismo modo, no hay que ver en la supuesta derechización de los jóvenes, en su rechazo a la inmigración descontrolada o en su aparente hartazgo de las políticas de género, un retorno a posiciones reaccionarias, racistas o machistas, sino una llamada a actuar con mesura en estos ámbitos, aceptando que la estabilidad (y por tanto, el bienestar) del ser humano necesita de vínculos con el entorno, la cultura y la historia, los cuales no pueden establecerse en cualquier parte, con cualquiera y en poco tiempo. Territorio, grupo, memoria siguen siendo componentes fundamentales de nuestra identidad.
En definitiva, deberíamos ver en las respuestas dadas por nuestros jóvenes a las preguntas de este estudio de SM una llamada urgente a volver a colocar la ventana de Overton (esa que deja ver lo que es aceptable o inaceptable para una sociedad) en un punto medio, aristotélico, el único lugar que favorece que «crescat una veritas, floreat fraternitas», como dice también el famoso himno universitario.
En el catálogo de frases insufribles que los andaluces estamos condenados a soportar cuando revelamos nuestra procedencia están las pronunciadas por quienes, supongo que con voluntad empática, nos reciben con un “¡Ozú, de Sevilla!”, o “¡Arsa, de Cádiz!”. Aunque palabras como ozú y arsa son reales y se pueden localizar en contextos concretos de la vida andaluza, ni son frecuentes ni conforman la banda sonora de nuestra existencia. La primera es una evolución desde Jesús dicha admirativamente y con ceceo. La segunda, arsa, proviene de la pronunciación vulgar del imperativo alza. Quizá en un tablao flamenco, genuino o montado para disfrute de turistas ante paellas fluorescentes, podrán sonar ambas voces en una sola velada; en mi día a día apenas las he escuchado. Por eso, suelo responder con una mueca de resignado hartazgo cuando me toca encajarlas como contraseñas de una identidad andaluza otorgada externamente.
España ha duplicado su producción ecológica en la última década y el año pasado alcanzó los 3.250 millones de euros, el doble que diez años atrás, entre la agricultura y la ganadería. Este crecimiento sostenido de los productos con el sello de la hoja verde ha hecho que la superficie también se haya disparado desde los dos millones de hectáreas que ocupaba hace 10 años hasta tres millones de hoy, un 12% del total, incluyendo tierras labradas y pastos permanentes.
“Mi meta es ser la primera figura de la canción española”, escribió Rocío Jurado. Lo logró, a juzgar por los 20 millones de discos vendidos y los 150 discos de oro y 60 de platino atesorados. La seña clave de que lo consiguió es que 20 años después de su muerte —el 1 de junio de 2006, a los 61 años— ya es un mito consagrado. Pero para su primogénita y heredera universal, Rocío Carrasco (Madrid, 49 años), era, sobre todo, su madre, con todo lo que eso conllevaba.
Sobre las 15:00, Jesús Aguirre declaró constituido el Parlamento de la XIII Legislatura. Moreno charlaba con Arenas y Zoido y abrazaba al presidente de la CEA. Entre el público estaba Juan Espadas, ahora senador del PSOE, próximamente posible compañero de bancada de Montero en la Cámara Alta. La portavoz adjunta socialista en el Parlamento, María Márquez, ni confirmó ni desmintió: «El foco debe estar en el atropello de la Mesa del Parlamento». Segundos después se disculpaba ante un reportero porque lo había confundido con el agitador Vito Quiles. «Tengo la vista fatal». Los problemas de visión de la política llamada a que sobre ella recaigan las esperanzas del PSOE-A en un presente futuro –en tanto Montero sólo garantiza ir «partido a partido»– resumen, más allá de la anécdota, el diagnóstico del que fuera el partido hegemónico de Andalucía. El PSOE ha perdido las luces largas y el pulso de la calle. Se cumple un lustro de las primarias en las que Espadas, aupado por Ferraz, consiguió desbancar a Susana Díaz. Dos años y medio antes, el PSOE perdió la Junta tras 36 años de poder y todavía no se ha recuperado.
Espadas empeoró los resultados de Susana Díaz. «Hay quien firmaría ganar como en 2018», dijo en su momento la ex presidenta. Ante la falta de pulso en el Congreso Federal de Sevilla, Pedro Sánchez optó por Montero para sustituir al ex alcalde. La ex vicepresidenta volvió a empeorar los resultados de Espadas. El PSOE, desde el 2-D de 2018, como Jack Sparrow, tiene una brújula que marca lo que desea pero no tiene rumbo.
Espadas pasó de la victoria en las primarias al estancamiento electoral. Comenzó a recorrer las provincias orientales, donde su nombre apenas sonaba, y los barones se conjuraban para «la remontada». Antes de las elecciones de 2022 de la mayoría absoluta de Moreno, Espadas lamentaba que el PSOE iba ahora «sin el aparato» de la Junta. El parche precedió a la herida. En el intento de salvar el suelo del millón de votos, el PSOE-A recurrió a los bots telefónicos. Este año, con Montero, se han denunciado llamadas de supuesto personal del SAS pidiendo el voto contra «la privatización». El suelo del PSOE se ha hecho más profundo: Escuredo sacó 66 escaños (1982); De la Borbolla, 60 (1986); Chaves, 62 (1990), 45 (1994), 52 dos veces (1996 y 2000), 61 y 56 (2004 y 2008); Griñán, 47 (2012), igual que Susana Díaz en 2015; en 2018, Díaz sacó los citados 33; Espadas, 30 (2022); y Montero se quedó en 28 (2026). En este tiempo, Ferraz se ha impuesto del todo ante la pérdida de poder local. Atrás quedaron los tiempos en los que el pulgar de Griñán se posicionaba en contra del aparato apostando por Carme Chacón frente a Rubalcaba, bajo el tamiz de la llamada «neutralidad activa». El partido en Andalucía ha dejado de gestionar más de 1.200 millones con la pérdida de las diputaciones, más allá de Sevilla y Jaén. Lo que antes era una voz de peso en Ferraz, se ha diluido entre decisiones impuestas, liderazgos transitorios y un creciente descrédito territorial.
El PSOE perdió la Junta pero antes había perdido el discurso. Sus banderas históricas cayeron: la de los servicios públicos (que motivó junto a los ERE su fin en la Junta) y el andalucismo ya como hecho compartido, sobre todo tras la reforma del Estatuto a partir de 2004, cuando Arenas salió indemne del sortilegio con el error histórico del 28-F. La mercadotecnia y el olfato –dos elementos infalibles en el partido históricamente– se atrofiaron. La elección de las fechas electorales, cuyo máximo exponente lo protagonizó Griñán salvando la Junta en 2012 con el retraso de los comicios, tampoco fue acertada. El duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a una pérdida. Psicológicamente, tiene cinco fases. El PSOE ya ha pasado la negación, la ira y la negociación. Los socialistas, que ya han pedido comparecencias en el Parlamento y plantearán una oposición dura con las izquierdas sin una abstención que obligue a Moreno a pactar con Vox, arrancan la XIII Legislatura entre la depresión y, por fin, la aceptación.
Miguel Ángel Figueroa Teva ha dimitido como interventor general de la Junta, cargo para el que fue nombrado por el Consejo de Gobierno andaluz el 8 de enero del pasado año 2025, y que depende orgánicamente de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social.
Con anterioridad a su nombramiento como interventor general de la Junta, Miguel Ángel Figueroa trabajó en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en la etapa en la que la presidía Vicente Fernández, actualmente investigado en el marco de la presunta trama vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez, que supuestamente intentaba desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.
Fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social han confirmado este viernes a Europa Press que la dimisión se ha producido esta semana alegando "motivos personales", y que fue aceptada por dicho departamento desde el primer momento.
Miguel Ángel Figueroa fue director de Participadas III, en la División de Desarrollo Rural, Alimentación y Medio Ambiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en la etapa en la que dicha entidad estaba presidida por Vicente Fernández Guerrero.
En concreto, Vicente Fernández fue nombrado como presidente de la SEPI en junio de 2018, tras el cambio de Gobierno de España motivado por la moción de censura que el PSOE de Pedro Sánchez presentó contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) y la llegada de María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda.
Vicente Fernández era interventor general de la Junta en el momento en que fue nombrado como presidente de la SEPI, cargo del que cesó en octubre de 2019 tras poner su puesto a disposición del Gobierno, y ello después de que la Audiencia Provincial de Sevilla reabriera el caso sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), por el que volvió a ser imputado por su anterior cargo como secretario general de Innovación, Industria y Turismo de la Junta de Andalucía.
Miguel Ángel Figueroa es funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada, y cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la gestión administrativa y financiera.
Así, fue interventor delegado de la Consejería de Educación (2005-2009); interventor delegado de la Consejería de Hacienda y Administración (2009-2013); interventor de Control Financiero (2013-2017), y director de la División de Control de Gasto Público Sanitario de la Intervención General de la Junta de Andalucía e interventor central del SAS, entre los años 2017 y 2018.
Tras ello, asumió el referido cargo de director de Participadas III, en la División de Desarrollo Rural, Alimentación y Medio Ambiente, de la SEPI, puesto que desempeñó hasta su incorporación a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) como director general, cargo para el que fue nombrado en agosto de 2022 y que ocupaba hasta el momento de su nombramiento como Interventor General de la Junta en enero de 2025.
El Consejo de Gobierno andaluz en funciones tiene previsto abordar la dimisión del interventor general, de la que ha informado ya este viernes el diario 'ABC', y su sustitución en su próxima reunión semanal, prevista para el miércoles que viene, 17 de junio, según han apuntado a Europa Press las mismas fuentes de la Consejería de Hacienda, departamento del que depende el nombramiento y el cese de dicho cargo.
El pasado mes de enero, el nombre de Miguel Ángel Figueroa salió a colación de una comparecencia en el Senado de la entonces vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien el PP pidió explicaciones por presuntas ilegalidades en la SEPI durante la presidencia de Vicente Fernández.
La también secretaria general del PSOE de Andalucía acusó al PP de haber montado una campaña en su contra porque en aquel momento era la candidata del PSOE a las elecciones autonómicas que se acabaron celebrando el pasado 17 de mayo, y replicó que "la mano derecha" del expresidente de la SEPI era el interventor general de la Junta, Miguel Ángel Figueroa, quien además había ocupado varios cargos de responsabilidad en la administración andaluza.
"Yo podría decir que den ustedes explicaciones del señor Figueroa", espetó Montero a los representantes del PP en aquella comparecencia en el Senado el pasado 15 de enero.
El interventor general de Andalucía, Miguel Ángel Figueroa, ha dimitido tras los vínculos con la supuesta trama de la exmilitante socialista Leire Díez, que presuntamente se habría beneficiado de información facilitada por Figueroa durante su etapa en el Gobierno central. Figueroa aterrizó en 2022 en la Agencia Idea de la Junta andaluza procedente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adonde llegó de la mano de su expresidente y amigo Vicente Fernández, detenido por la Guardia Civil el pasado diciembre y acusado de malversación y pertenencia a organización criminal, entre otros delitos.
Un hombre de 41 años y una mujer de 28 años de nacionalidad británica han sido condenados a una pena de 16 meses de prisión por un delito de abandono de menores. Ambos son padres de tres niños de seis meses, un año y cuatro años, a los que dejaron solos en un hotel de Benalmádena (Málaga) el pasado miércoles. Tras ser alertados, agentes de la Policía Nacional arrestaron a la pareja, que se encontraba en otra zona del complejo turístico. Los niños fueron trasladados a un centro hospitalario, donde dos de ellos dieron positivo por cocaína. Todos han quedado bajo la tutela de los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, que tramitará su traslado hasta Reino Unido.
Los miembros del clan de 'Los Saúles' que han declarado este viernes como testigos ante el crimen que tuvo lugar hace más de un año en la barriada de Puente del Río de Adra (Almería) en el que murió un joven de 23 años vinculado al clan de 'Los Lateros' han asegurado que el disparo se produjo desde un tejado y por parte del menor que se identificó en un vídeo de TikTok como autor material de los hechos.
La versión ofrecida por los familiares ante el juez instructor que investiga el caso ha desvinculado de los hechos a Antonio Santiago Muñoz, conocido como 'Saúl el Viejo' y persona que está en busca por parte de la Guardia Civil, que descartó la participación del adolescente en el tiroteo basándose en su propia investigación.
El abogado de la familia, Alejandro Cóndor, ha señalado ante los medios la versión "contudente, clara y sin ambajes" que habrían mantenido tanto la mujer de 'Saúl el Viejo' como uno de los dos hijos que fueron llamados a declarar como testigos, ya que uno de ellos al final no ha comparecido. También se ha suspendido la declaración de un cuarto citado, quien se ha acogido a su derecho a no declarar al estar investigado por homicidio en tentativa.
Así, han asegurado que el disparo que acabó con la vida del joven se habría producido desde un "terrado" cercano, con una trayectoria "de arriba a abajo" y a una distancia que, según el letrado, sería compatible con el análisis del informe criminalístico que consta en las actuaciones.
"'Saúl del Viejo' no fue quien efectuó el disparo", ha apuntado el abogado basándose en las declaraciones de los testigos quienes advirtieron que fue su nieto, que lo acompañaba en una azotea, quien habría sido visto apretando el gatillo. No obstante, y pese a tal versión, no ha podido confirmar si el sospechoso de la Guardia Civil hará aparición pública o no.
La defensa ha rechazado así la versión dada hace apenas dos semanas por la madre de la víctima, quien advirtió que el disparo fue realizado a muy corta distancia por parte de 'Saúl el viejo' después de que irrumpiera en la vivienda en la mañana del 2 de junio de 2025 ante una supuesta disputa por el volumen de la música. "Ellos han venido a contar la verdad", ha manifestado Cóndor ante la declaración los familiares a los que representa.
Las partes han distanciado este caso de los acontecimientos que tuvieron lugar hace algunas semanas en Huelma (Jaén), donde dos hijos de 'Saúl el Viejo' --entre ellos uno de los que ha declarado este viernes-- fueron tiroteados cuando estaban en la puerta de su vivienda junto a unos vecinos.
Tras estos hechos, fueron detenidos y puestos en libertad por las amenazas vertidas en redes sociales hacia quienes creen los autores de dichos disparos, que se encuadrarían, según la investigación, en un ajuste de cuentas por lo ocurrido en la pedanía abderitana.
Por su parte, la acusación ejercida por el abogado Francisco Ferre considera que la versión dada por los testigos en la que se incrimina al menor de edad "no se sostiene" frente a la explicación que pudo ofrecer la madre de la víctima mortal, por lo que se ha mostrado esperanzado en la próxima detención del principal sospechoso.
"La mejor versión que pueda haber es la de él mismo", ha valorado Ferre a su salida de los juzgados de Berja donde se ha remitido a las pruebas practicadas en cuanto a la trayectoria y distancia de los disparos --en horizontal, según ha apostillado-- que sufrió el fallecido, lo que se correspondería con la versión dada por la madre de la víctima, según ha dicho.
La prueba forense que obra en autos señalaba como causa de la muerte el shock hipovolémico por herida de arma de fuego a través de un disparo que se habría efectuado a una distancia de entre 60 centrímetros y un metro y medio de distancia, si bien dichas estimaciones quedaron pendientes de los estudios criminalísticos.
En este sentido, las heridas mostrarían una dirección de dispar de derecha a izquierda con un ángulo en diagonal en la cavidad abdominal que afectó a varios órganos vitales, lo que provocó una herida mortal de necesidad.
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