Una causa sólida a la espera de la sentencia
El juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz ha quedado visto para sentencia. Las defensas, incluida la Fiscalía –que de facto ha ejercido como tal en otra de esas anomalías que han agudizado la degradación de la democracia con el sanchismo– han demandado de forma unánime la absolución para los once acusados, mientras que las acusaciones populares han aumentado hasta los seis años de prisión para el músico por prevaricación y tráfico de influencias por su supuesto enchufe en la administración provincial gobernada por los socialistas. A pocas fechas de conocer la sentencia sobre el caso Mascarillas, que ha sentado en el banquillo a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo, la peripecia judicial del conocido como hermanísimo ya ha puesto de manifiesto las conductas al menos irregulares y sin duda inmorales de los cargos y funcionarios socialistas de la Diputación, con el conocimiento de David Sánchez, que hicieron lo posible y lo imposible para que el familiar del presidente ganara una plaza pública y con posterioridad se beneficiara de otras actuaciones arbitrarias y discrecionales con el objetivo de blindarlo en la fantasmal y prefabricada Oficina de Artes Escénicas, sin incompatibilidades que lo perturbaran en el desarrollo de actividades profesionales paralelas. Será el tribunal el que falle la verdad judicial sobre las maniobras de Moncloa, Ferraz y la Diputación de Badajoz con el epílogo favorable a David Sánchez, pero con graves perjuicios a otros aspirantes con currículums suficientes. Serán los jueces quienes dictaminen conforme a los hechos probados y los fundamentos de derecho si se condena o no. Respetaremos la decisión, como lo hemos hecho con la presunción de inocencia. Pero, a nuestro parecer, las investigaciones de la UCO –las mismas que las defensas han intentado desacreditar con ataques personales a los agentes y críticas vacuas–, los mensajes y las comunicaciones intervenidos y el rastro documental que los implicados dejaron sobre sus planes e intenciones han armado una causa sólida. Veremos si la estrategia de los letrados de la defensa ha sido la adecuada, si el haberse abrazado al relato político, que no jurídico, del Gobierno en los casos de la corrupción conocidos, el de la victimización, el discurso de la conjura o el desmentido despectivo que no refuta nada... tampoco los cinco correos vinculados a su puesto en Badajoz enviados por David Sánchez a una cuenta de Gmail personal identificada como pedrosanchez1212@gmail.com. Más allá de que la inmensa mayoría de los testigos que han pasado por la Audiencia Provincial eran cargos del PSOE, algunos promocionados, nos quedamos con una pregunta retórica y concluyente: Si todo era legal, ¿por qué la cloaca del PSOE organizó y desató la guerra sucia contra la jueza instructora Biedma? El sanchismo aguarda otra sentencia, aunque damos por seguro que el presidente seguirá.


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