El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, en el 'caso Plus Ultra'. Según han confirmado fuentes jurídicas a El Independiente, sobre ambas sobrevuelan indicios de participación en los presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias que se investigan en este causa, y por los que el magistrado acordó investigar al exdirigente socialista.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado esta semana que ambas prestaran declaración en calidad de investigadas. En un auto dictado este jueves, el juez Calama acepta esta petición y sostiene que la mercantil administrada por las hijas del expresidente,Whathefav SL, aparece "vinculada indiciariamente al entramado investigado". Además, el instructor recuerda que cuando autorizó el registro de sus oficinas había apreciado indicios de que la sociedad habría desempeñado un papel relevante en la supuesta trama de influencias que habría favorecido el rescate público de la aerolínea Plus Ultra en 2021.

La decisión llega apenas un día después de la comparecencia de Zapatero ante la Audiencia Nacional. Durante más de tres horas, el expresidente respondió a las preguntas del juez sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante la pandemia y negó cualquier participación en las gestiones que desembocaron en la concesión de las ayudas. Sin embargo, el magistrado concluyó posteriormente que sus explicaciones no habían logrado "desvirtuar los indicios racionales de criminalidad" que sustentan su imputación y mantuvo intacta la tesis de que habría desempeñado un papel central en la presunta trama investigada.

Entre los extremos sobre los que se pronunció el exdirigente socialista figuraba precisamente la actividad de Whathefav SL, la sociedad administrada por sus hijas. Según fuentes jurídicas consultadas por El Independiente, Zapatero defendió que la mercantil desarrollaba una actividad real y efectiva y negó cualquier vinculación con estructuras societarias instrumentales o con el entramado empresarial que los investigadores atribuyen al empresario Julio Martínez Martínez, aunque reconoció mantener una relación personal con él y haberle realizado distintos encargos profesionales. No obstante, el juez mantiene que existen indicios de que Whathefav desempeñó un papel relevante dentro del entramado que investiga desde este marzo.

Whathefav, pieza "finalista y funcional" de la trama

Según recoge la resolución, la investigación atribuye a Whathefav un papel "instrumental" en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones económicas relacionadas con los hechos investigados. El magistrado llega a definirla como un "elemento finalista y funcional" de la supuesta trama y considera que existen indicios de que habría actuado como vehículo para la generación de facturación ad hoc, la redistribución de fondos y la dotación de cobertura formal a determinadas operaciones.

El auto describe una estrecha relación operativa entre Whathefav y Análisis Relevante SL, sociedad vinculada al empresario Julio Martínez Martínez, amigo íntimo de Zapatero y también investigado en la causa. Entre los elementos analizados figuran contratos, facturas emitidas entre ambas sociedades durante varios años y diversos flujos económicos que, según el instructor, presentan características incompatibles con una actividad empresarial ordinaria.

"La única vía compatible"

Además, el juez destaca que Whathefav habría actuado como centro de redistribución de fondos procedentes de distintas sociedades y personas vinculadas al entorno investigado. Entre otros extremos, menciona transferencias cruzadas con Análisis Relevante y pagos procedentes de empresas que la investigación relaciona con Zapatero.

Para Calama, la condición de Alba y Laura Rodríguez Espinosa como administradoras solidarias de la mercantil justifica por sí misma su llamada al procedimiento penal. "La investigación atribuye a dicha sociedad un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento", señala el auto, que añade que esa circunstancia sitúa a sus administradoras "en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación".

El instructor subraya además que citarlas como testigos habría sido incompatible con sus derechos fundamentales, ya que podría obligarlas a declarar sobre hechos que eventualmente pudieran serles atribuidos. Por ello considera que la condición de investigadas constituye "la única vía compatible con las garantías constitucionales".

También investiga a la secretaria de Zapatero

Junto a las hijas del expresidente, el magistrado también ha acordado investigar a Gertrudis Alcázar, secretaria de Rodríguez Zapatero. El juez Calama considera que existen indicios de una participación directa en la operativa investigada y recuerda que ya expuso esos extremos en el auto que autorizó el registro del despacho del expresidente en la calle Ferraz.

Según la investigación, Alcázar habría desempeñado un papel relevante en la gestión documental y en la elaboración de facturas relacionadas con las sociedades bajo sospecha, actuando desde la oficina utilizada por Rodríguez Zapatero.

La comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional no ha alterado, por el momento, el criterio del juez que le investiga. El magistrado José Luis Calama ha concluido que lo declarado por el expresidente del Gobierno no ha logrado desvirtuar los "indicios racionales de criminalidad" que expuso en su auto de imputación del 18 de mayo, resolución en la que le situó en el "vértice" de una presunta trama criminal dedicada al tráfico de influencias y al blanqueo de capitales.

Así consta en el auto dictado este miércoles por el instructor del 'caso Plus Ultra' —al que ha tenido acceso El Independiente—, en el que el juez rechazó imponer medidas cautelares a Rodríguez Zapatero tras su comparecencia como investigado en la causa. La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares habían solicitado la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y comparecencias quincenales del exdirigente socialista ante el juzgado.

Además, cuatro de las acusaciones —Hazte Oír, Vox, Iustitia Europa y Liberum— llegaron a reclamar su ingreso en prisión provisional. El juez descartó todas esas medidas al no apreciar "un riesgo de fuga real y actual", y señaló que la "notoriedad" de Zapatero dificulta "de manera evidente" que pueda sustraerse "discretamente" del procedimiento.

La decisión llega después de casi tres horas de interrogatorio en las que el expresidente respondió sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra por la SEPI durante la pandemia. También estaba citado para declarar por la pieza separada abierta tras el hallazgo de joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros en una caja fuerte de su despacho de Ferraz, aunque, según explicaron fuentes jurídicas a este periódico, no contestó sobre este último asunto.

Una investigación todavía "embrionaria"

Tras tomar declaración a Zapatero, el juez Calama considera que los elementos que sustentaron su imputación permanecen vigentes y que el expresidente no ha conseguido neutralizar los indicios recopilados durante la instrucción y procedentes de "diversas y distintas fuentes de prueba"

Entre ellos, el magistrado menciona el contenido de los dispositivos electrónicos intervenidos durante los registros practicados en la causa; la trazabilidad de transferencias vinculadas a fondos procedentes del rescate público de Plus Ultra; el uso de varias sociedades que los investigadores consideran presuntamente instrumentales para canalizar pagos; y el análisis preliminar del teléfono del empresario venezolano Rodolfo Reyes, remitido a España por las autoridades estadounidenses.

A estos elementos suma también el hallazgo de las joyas intervenidas en el despacho del expresidente, cuyo valor supera los 1,3 millones de euros y cuyo origen, así como la correspondiente regularización fiscal y aduanera, "no se ha acreditado" hasta la fecha, según recoge el auto.

No obstante, señala que la investigación es todavía "embrionaria" y puede evolucionar hacia consolidar o disipar tales indicios. "Todo lo expuesto puede evolucionar en el sentido de consolidar tales indicios —de por sí suficientes en en este momento procesal para continuar la investigación en orden a la determinación de todos los elementos típicos que constituyen los ilícitos penales a los que apuntan los hechos investigados—, o bien para disiparlos", recoge el auto.

No aprecia riesgo de fuga

Con todo, el instructor considera que esos indicios no son suficientes para justificar medidas cautelares personales. "La mera existencia de indicios no habilita por sí sola la adopción de medidas restrictivas. Es imprescindible que concurra además un riesgo procesal concreto, no hipotético ni meramente posible, que haga necesaria la intervención cautelar (...) El riesgo debe ser actual, específico y acreditado, no una inferencia genérica basada en la gravedad del delito o en la alarma social", argumenta el magistrado.

Calama subraya que Rodríguez Zapatero es una persona de "pública notoriedad", una circunstancia que dificulta "de manera evidente" que pueda ponerse a sí mismo en una posición de "ilocalización". Asimismo, señala que su visibilidad y arraigo en España excluyen "razonablemente" la existencia de un riesgo de fuga real, además de que no existe ningún indicio de "intención evasiva".

Por otra parte, el magistrado tampoco observa peligro de destrucción de pruebas, al entender que los principales elementos relevantes para la investigación ya han sido intervenidos y asegurados por los investigadores. Por ello, concluye que la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España o la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado constituirían una restricción desproporcionada de derechos fundamentales de Zapatero y una suerte de "pena anticipada" incompatible con la naturaleza de las medidas cautelares.

Sin embargo, el juez sí ha requerido al expresidente que facilite un número de teléfono y un correo electrónico que permitan "su inmediata localización" por parte del juzgado. Ambos serán incorporados a una pieza reservada que, según detallan fuentes jurídicas a este periódico, está destinada a custodiar información de carácter personal. 

Niega haber influido en el rescate

Durante su declaración, Zapatero negó haber realizado gestión alguna para favorecer a Plus Ultra en la obtención de las ayudas públicas aprobadas por el Gobierno durante la pandemia. Según detallaron fuentes presentes en la comparecencia a El Independiente, el exdirigente socialista aseguró que jamás contactó con funcionarios o autoridades para influir en la concesión del rescate y rechazó haber mantenido relación con los directivos de la aerolínea en las fechas investigadas.

Zapatero también ha negado cualquier vínculo con Rodolfo Reyes, accionista de facto de la compañía y una de las piezas clave de la investigación, ya que de su teléfono móvil —intervenido por autoridades estadounidenses y remitido a España por vías de cooperación internacional— proceden parte de los principales indicios del procedimiento. De hecho, el juez Calama pidió permiso a EEUU la semana pasada para usar como prueba este material.

Asimismo, ha defendido la actividad de la sociedad Whathefav SL, administrada por sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, y ha insistido en que nunca ha tenido estructuras societarias en el extranjero. También ha rechazado formar parte del entramado empresarial atribuido por los investigadores al empresario Julio Martínez Martínez, si bien ha reconocido mantener con él una relación personal y que le ha realizado encargos profesionales en el pasado.

Presunto líder de una organización criminal

La investigación de Calama sostiene que el expresidente habría desempeñado un papel central en una supuesta trama que utilizaba su red de contactos institucionales para favorecer intereses empresariales a cambio de contraprestaciones económicas. En el auto de imputación, el magistrado llegó a describirle como la persona que ejercía el "liderazgo estratégico" de una organización "estable y jerarquizada" dedicada presuntamente al tráfico de influencias y al blanqueo de capitales.

"Zapatero es quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel", recoge el auto de imputación de juez Calama. Por ello, según precisan fuentes jurídicas a este periódico, sobre Zapatero sobrevuelan además otros dos supuestos delitos por los que el magistrado podría acordar investigarle. En concreto, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

Zapatero llegó a la Audiencia Nacional triste, digno, forrado por dentro de punzadas, puntaditas y arrugas, como una folclórica con problemas judiciales y de vestuario (él es una folclórica). Pero ni siquiera le salían al expresidente aquellos dientes de la Pantoja, blancos o grises como perlas de la abuela o del propio Zapatero, sino una mueca como la del cómico o el mendigo, o el cómico mendigo. Zapatero había guardado silencio, luto o ayuno casi un mes, como el probe Miguel en la montaña, que la pobreza material y de espíritu se acredita y se refuerza mucho si uno se retira por ahí, bíblica o sólo cobardemente (la santidad puede ser indistinguible de la huida). Los creyentes de estampita, el socialismo estamental y los socios limosneros de Sánchez esperaban que Zapatero pudiera aclarar ante el juez los graves indicios en su contra, pero no. Después de un mes en el que parece que sólo estuvo reconcentrando su chi o dejándose la barba y las uñas para recortárselas luego ritualmente, expiatoriamente, Zapatero no pudo explicar ni rebatir nada. Se limitó a negarlo todo, como la morena clara de los jamones o de la peseta, que era Lola Flores en ambos casos. Calama, nada folclórico, decía que “no había logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad”. En su comunicado, Zapatero pedía “confianza” y sonaba, claro, a peseta rubia de Lola Flores.

Pedir confianza es pedir fe, pero la fe es lo último que se pide, que se pierde y que se saca, cuando ya no hay otra cosa que pedir, perder o sacar. O sea, Zapatero ya está en las últimas cuando acaba de conocer al juez como a la suegra. Zapatero pidió aplazar su declaración para poder prepararla, pero no parece que hubiera demasiado que preparar, salvo ese lento campaneo de cabeza ante el juez, como ante la suegra en el sofá de tapetillo, y esa apelación a la confianza que no suele servir de nada ante las suegras y, tal como está el asunto, tampoco creo que sirva ante la parroquia amoscada, desmoralizada, desengañada. Digo la parroquia porque Zapatero, con rezo, mantilla y broche de lágrima como un camafeo, no se dirige al sanchismo, al que por supuesto le da igual todo, la verdad, la mentira, la moral y la justicia, sino al creyente, al progre de suscripción y misa de la Ser, el que aún es capaz de hacer una vigilia por la persecución a Sánchez, por la virginidad de Begoña o por la santidad del amigo de Delcy, de Maduro y de la China de Jinping.

Mucha gente confiaba en que este día Zapatero sacaría un papel, un gráfico, quizá hasta un microfilm, antiguo y quemado como esos relojes de su caja fuerte, que eran como marcos de espejo o relojes todavía de sol. Algo, lo que fuera, deslumbrantes informes redactados por él con sabiduría y caligrafía china, más valiosos aún que sus joyas como conseguidas o robadas entre cobras; los trabajos de publicidad o comunicación de nivel internacional de sus hijas, equiparables por lo menos a los de Nike o a los de Begoña; la transferencia, el asiento, la factura que rompiera la trazabilidad del dinero de Plus Ultra, o de los otros dineros que siempre le caían encima a la familia, como esas joyas que caían como higos bajo la higuera; la empresita de algún señor desconocido y desconectado que desmonta el entramado societario… Mucha gente esperaba algo así desde que Rufián, con su cara de “jodido”, o de envidar, o de amenazar, que es la misma, como la de una sota, agitó el auto del juez Calama en el Congreso diciendo que eso no era lawfare y que había que explicarlo. Pero Zapatero no lo ha explicado. Ni siquiera ha despejado una sola duda, ni siquiera ha acallado una sola sospecha. No es tan sencillo, no es tan inmediato. A lo mejor no es ni posible.

Zapatero pide confianza porque cualquier evidencia pierde ante la fe; porque, pase lo que pase, siempre quedará el complot de la fachosfera o de Trump, que le tiene ganas a Sánchez

No, no ha bastado con que Zapatero se haya presentado, bajando de su montaña entre nubes de ovejas y nubes de nubes. De momento, no ha sido capaz de dar la explicación definitiva del mundo que suelen dar los descendidos y los aparecidos. O sea que la cosa sigue, que es lo que suponíamos porque los indicios eran graves y sólidos, y porque Zapatero enseguida contrató a un especialista en derecho procesal, dando por hecho un largo proceso, un litigio de litigantes y unas leguleyerías de leguleyo, que uno no hace eso si puede desmontarlo todo con una fotocopia o un monólogo, si uno es tan inocente que le va rezumar la inocencia como requesón. Zapatero se dice inocente, sí, pero para llegar a esa inocencia seguramente habrá un juicio y mucha guerra, y no será una guerra moral sino legal. Pronto, en realidad, no importará tanto la inocencia como la nulidad o cualquier otra palabreja que salve el cuello sin salvar la decencia. En el caso de las joyas de Drácula, ya se sienten satisfechos con el delito prescrito, que no es menos inmoral que el delito enterrado. Mientras, Zapatero pide confianza, que a uno le parece una palabra nada insignificante. Esa confianza es como el papel del fondo del cajón o de la gaveta, ya después de eso no hay nada, ni informes ni croquis, ni tabaco ni revólver. Si uno llega ahí, lo más probable es que el cajón esté vacío y todo haya acabado.

Zapatero nos pide confianza, qué el es inocente y honrado como dicen todos, aunque, como suele pasar, sobre todo si no lo eres, esa inocencia no es ni mucho menos evidente. Pide confianza y ya digo que la palabra no es ni intrascendente ni arbitraria. Otra cosa hubiera sido pedir paciencia, tiempo para ordenar los papeles o traducir del mandarín. Pero la confianza se refiere más a algo que no está todavía presente, y puede que nunca lo esté. Aunque su comunicado menciona que “costará más o menos tiempo” demostrar esa inocencia, ese tiempo, y las pruebas que se consigan en ese tiempo, parecen secundarios o incluso descartados al lado de lo que él pide antes que nada, que es apoyo, sostén, por supuesto incondicional. Zapatero pide confianza porque cualquier evidencia pierde ante la fe; porque, pase lo que pase, siempre quedará el complot de la fachosfera o de Trump, que le tiene ganas a Sánchez como una bruja de caldero. Zapatero puede ser inocente, aunque, con lo que sabemos ahora mismo, eso implicaría un cúmulo de casualidades grotescas y cósmicas. De momento, no tiene explicaciones, no tiene casi defensa. Sólo una pena, penita, pena, y una mano como una cazoletita que pide la peseta o el milagro.

La controversia generada por las joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros que se hallaron al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en su despacho ha reabierto el debate sobre los límites que deben existir en torno a los regalos que reciben los cargos públicos. A raíz de este caso, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) han reclamado una reforma legislativa para fijar de forma objetiva qué obsequios pueden aceptar políticos, jueces, funcionarios y otros responsables públicos.

En un comunicado al que ha tenido acceso El Independiente, la organización considera que la normativa actual deja un amplio margen de interpretación al apoyarse en conceptos como los "usos habituales, sociales y de cortesía", una redacción que, a su juicio, genera inseguridad jurídica y dificulta la aplicación homogénea de los criterios de transparencia.

Por ello, GESTHA propone establecer legalmente un umbral máximo de 150 euros para los regalos que puedan recibir los responsables públicos. La cifra se inspira en el Código de Conducta de las Cortes Generales, aprobado en 2020, que prohíbe a diputados y personal institucional aceptar "obsequios, regalos, favores, invitaciones o viajes" por un valor superior a esa cantidad.

Una "laguna informativa"

Los técnicos sostienen que la investigación que afecta al expresidente socialista ha puesto de manifiesto una "laguna normativa" que convendría corregir. Según argumentan, un regalo considerado protocolario o habitual en determinados entornos internacionales puede alcanzar un valor económico muy elevado desde la perspectiva española, lo que dificulta determinar cuándo existe un riesgo para la integridad institucional o la apariencia de independencia de quien lo recibe.

"La transparencia no puede descansar exclusivamente sobre conceptos abiertos o valoraciones subjetivas", afirman desde la organización. En su opinión, "la mejor garantía" para proteger la integridad institucional es "establecer reglas claras, objetivas y verificables" que permitan a los ciudadanos conocer con exactitud "qué regalos reciben sus representantes y cuál es el destino final de los mismos".

Regalos al patrimonio público

La principal propuesta de GESTHA pasa por modificar la Ley de Transparencia y Buen Gobierno para introducir un límite económico expreso. De acuerdo con la reforma planteada, cualquier regalo, obsequio o cortesía recibido por un cargo público que supere los 150 euros debería incorporarse automáticamente al patrimonio de la administración correspondiente.

La medida se aplicaría con independencia de la procedencia del regalo o de las costumbres protocolarias del país de origen de quien lo entrega. El objetivo es evitar interpretaciones subjetivas y establecer un criterio uniforme para todos los responsables públicos.

Además, los técnicos reclaman que toda la información relativa a los obsequios recibidos sea pública y fácilmente accesible. Para ello proponen la creación de registros en las páginas web de las distintas instituciones estatales, autonómicas y locales donde se detalle la fecha de recepción, el valor estimado del regalo, la identidad de la persona o entidad que lo entrega y su destino final, ya sea personal o integrado en el patrimonio público.

Jueces y funcionarios

La propuesta no se limita a los representantes políticos. GESTHA plantea también modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para incorporar de forma expresa principios similares a los recogidos actualmente en el Código Ético para la Carrera Judicial.

En la actualidad, dicho código recomienda que jueces y magistrados no acepten regalos o atenciones que excedan las convenciones sociales o puedan comprometer su apariencia de imparcialidad. Sin embargo, los técnicos consideran que esas referencias deberían trasladarse al ámbito legal y complementarse con límites cuantificables.

Del mismo modo, reclaman reformar el Estatuto Básico del Empleado Público para fijar el mismo umbral de 150 euros en el caso de funcionarios y trabajadores de cualquier administración.

A juicio de la organización, el establecimiento de reglas comunes para políticos, jueces y empleados públicos contribuiría a reforzar la confianza ciudadana en las instituciones y a prevenir posibles conflictos de interés.

La cuestión fiscal

GESTHA recuerda además que la recepción de regalos de elevado valor no plantea únicamente cuestiones éticas o de transparencia, sino también implicaciones tributarias. En esta línea, los técnicos señalan que los regalos relevantes deben incluirse en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones cuando procedan de personas sin vínculo de parentesco. La tributación puede alcanzar importes significativos dependiendo del valor económico del bien recibido y de la normativa aplicable en cada comunidad autónoma.

Asimismo, recuerdan que la obligación de declarar existe respecto de cada donante individual y que las administraciones tributarias autonómicas disponen de un plazo de cinco años para revisar y liquidar estas operaciones.

Más control sobre las relaciones de influencia

La propuesta se enmarca en una reivindicación más amplia de GESTHA para reforzar los mecanismos de integridad pública. Los técnicos vienen reclamando desde hace años una regulación más estricta de las actividades de representación de intereses y una mayor transparencia en las relaciones entre responsables públicos y grupos económicos.

Según sostienen, el problema no radica exclusivamente en la existencia de actividades de lobby, sino en la falta de información pública sobre determinadas relaciones y en la insuficiencia de los mecanismos de supervisión.

Por ello, defienden ampliar las obligaciones de transparencia, reforzar los órganos de control y mejorar los sistemas de fiscalización tanto internos como externos.

La polémica surgida a raíz de las informaciones sobre las joyas vinculadas al expresidente Zapatero ha servido así para reactivar un debate recurrente sobre la necesidad de fijar límites claros y verificables a los regalos que reciben quienes ejercen funciones públicas. Para GESTHA, la solución pasa por sustituir criterios interpretables por reglas concretas: un máximo de 150 euros y publicidad completa de cualquier obsequio recibido en el ejercicio del cargo.

358 regalos. Perfectamente documentados con la fecha de entrega, el destinatario y la entidad o persona que los entregó. Desde lo más pequeño, por ejemplo, una foto; a lo más grande, como podría ser una alfombra. Zarzuela registra, desde el 1 de enero de 2015, todos los regalos que reciben los miembros de la Familia Real, cuyo destino final es Patrimonio Nacional. Al mismo tiempo que el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero intenta acreditar el origen de las joyas de lujo encontradas en la caja fuerte de su despacho, valoradas en 1,3 millones de euros, la Casa Real hace cada año un listado exhaustivo de cada objeto que les es entregado.

La última rendición de cuentas de Zarzuela corresponde al año 2024. La de 2025 no terminará de cerrarse hasta finales de este mes, pero da una idea muy aproximada de la naturaleza de los regalos que reciben. El Rey es el más obsequiado, con 203. Destaca una alfombra enmarcada de 'El árbol de la vida", que le entregó el embajador de Irán en la presentación de las cartas credenciales; una escultura de una tortuga sobre una peana del gobierno de Ecuador; un bordado tradicional bosnio de la embajadora de Bosnia-Herzegovina; un tapiz de Cabo Verde; una escultura por el centenario de Telefónica; una manta para pie de cama de El Salvador; una bombonera de la reina de Tailandia, alguna guayabera además de libros, -muchos, para llenar varias bibliotecas- gemelos conmemorativos, corbatas y camisetas, también muchas.

El disco que Serrat regaló a la Reina también es de Patrimonio

En 2024 el listado de los regalos destinados a la Reina Leticia incluye una mantelería del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, yun vinilo que le dio el cantautor Joan Manuel Serrat en la entrega de los Premios Princesa de Asturias. También hay bolsos artesanales, ponchos, vestidos típicos, pulseras solidarias como la que le obsequió Bomberos unidos sin fronteras; abanicos, alguna cartera de mano. Tampoco faltan los obsequios recibidos con motivo de sus viajes de cooperación, como el que hizo en junio de ese año a Guatemala. El alcalde de La Antigua le regalo un collar y juego de pendientes, falta saber si eran como los de Zapatero, aunque en ese contexto es muy improbable. También recibió un juego de pendientes durante la Cumbre Iberoamericana en Ecuador. No se dan detalles de los mismos, pero se constata su existencia. Y también libros, decenas de ellos. La lista, en definitiva, declara todos y cada uno de los presentes, sean más o menos valiosos.

Si Zapatero, que ayer declaró ante la Audiencia Nacional, asegura que ese triple y costosísimo ajuar lo recibió siendo inquilino de la Moncloa, bien es cierto que en aquella época no existía una norma con rango de ley respecto a qué hacer en caso de recibir determinados presentes, pero sí conculcó el Código de Buen Gobierno aprobado por su propio ejecutivo en 2005.

Zapatero se saltó su propio Código de Buen Gobierno si recibió las joyas siendo presidente

Aunque carecía de capacidad sancionadora y lo confiaba todo a la autoregulación, establecía taxativamente en su artículo 3.6 que "se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal". Además, en el caso "de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado, en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente".

A este Código se acogió, por ejemplo, quien fuera ministro de Industria, Turismo y Comercio entre 2008 y 2011, Miguel Sebastián. Estos días ha hecho una tourné por varios medios de comunicación para explicar que él también recibió joyas saudíes, así como muchos otros miembros del Gobierno. Si lo que pretendía era poner el ventilador y ser exculpatorio hacia Zapatero, no se puede decir que lo consiguiera, puesto que él no se quedó con las alhajas y el presidente del Gobierno sí.

No fue hasta 2013, gobernando Mariano Rajoy, que se aprobó una Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En su artículo 26 resumía el redactado del Código de 2005: "No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente".

Silencio sobre el origen de las joyas

Y si las joyas las recibió Zapatero estando ya fuera de Moncloa, las tendría que haberlas declarado y pagado los preceptivos impuestos. El ex presidente se negó ayer a responder ante el juez Calama nada que tuviera que ver con las joyas de lujo encontradas en la caja fuerte de su despacho el pasado 19 de mayo. Su abogado, el procesalista Víctor Moreno Catena, había pedido un aplazamiento para esta pieza separada al objeto de poder documentar el origen de las mismas. Ante la negativa del magistrado, recomendó a su defendido callar ante lo que tuviera que ver sobre esas aparatosas alhajas. La explicación sigue, pues, pendiente.

El presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, persona próxima a José Luis Rodríguez Zapatero que ejerce como portavoz autorizado, ha asegurado que el expresidente del Gobierno "está satisfecho" tras su declaración ante el juez José Luis Calama porque le ha permitido "empezar a constatar que es absolutamente inocente" y "desmontar las insinuaciones".

El exjefe del Ejecutivo ha negado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional haber ejercido influencia para que el Gobierno de Pedro Sánchez concediera el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

Lo ha defendido en una declaración como investigado que se ha prolongado tres horas, en la que sólo ha respondido a preguntas del magistrado y de su abogado, al tiempo que ha declinado hablar acerca de las joyas que le fueron intervenidas en su despacho, tasadas preliminarmente en 1,3 millones de euros, según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas.

En una entrevista en Cadena Ser, Arroyo ha asegurado que Zapatero está "satisfecho" por poder verificar que "no tiene absolutamente nada fuera de España", recogida por Europa Press

"Satisfecho en general, dentro de las dificultades, porque ha podido empezar a constatar que es estrictamente inocente y que las cuestiones que se le atribuyen están equivocadas, son errores", ha reiterado Arroyo, que a su vez ha defendido que Zapatero "en absoluto es un delincuente".

Asimismo, el portavoz ha destacado que "no lograr desvirtuar los indicios racionales de criminalidad" --como ha alegado el magistrado en un auto-- "es una jerga que lo que viene a decir es que el asunto continúa, que no se archiva y es relativamente normal que así sea".

Arroyo también ha recordado que Zapatero fue imputado el viernes pasado, por lo que "ha tenido dos días" para poder verificar el origen de las joyas y cuál es su valor. "Lo único que hizo fue pedir tiempo", ha agregado.

Preguntado por una posible imputación de las hijas de Zapatero, se ha limitado a responder que ellas "tenían una empresa con su nómina, varios trabajadores, con sus gastos mensuales, con muchas pequeñas empresas, con su actividad, con un número determinado de clientes que poco a poco se irá constatando según vaya avanzando la investigación".

Il caso di riciclaggio che ha coinvolto l’ex capo del governo socialista spagnolo, José Luis Rodríguez Zapatero, ora rischia di travolgere anche la sua famiglia. Il giudice José Luis Calama che guida le indagini sul caso Plus Ultra ha deciso di convocare in qualità di indagate anche le figlie del politico accusato, tra le altre cose, di traffico di influenze e riciclaggio di denaro. Così nel registro degli indagati sono finite Alba e Laura Rodríguez Espinosa, insieme anche alla segretaria dell’ex leader socialista, Gertrudis Alcázar, che gestiva la sua posta elettronica.

Il coinvolgimento delle due figlie di Zapatero dipende direttamente dalla decisione di Calama di allargare l’inchiesta anche alla società di famiglia Whathefav, gestita dalle due donne, che secondo l’accusa ha svolto un ruolo determinante nelle operazioni di movimento di denaro, occultazione e agevolazione di operazioni per mettere in piedi il sistema per il quale il padre è stato indagato. Zapatero, sentito dagli inquirenti, ha dichiarato che la società è estranea ai fatti e che si occupava solo della redazione di report di consulenza o dello sviluppo di piani di comunicazione per alcune delle aziende con cui collaborava. Versione che non ha convinto però la Procura Anticorruzione secondo cui la società veniva usata per trasferire denaro a Zapatero. Convinzione che potrebbe essere maturata dopo la perquisizione della sede societaria e il sequestro di materiali del 19 maggio scorso.

Ciò che ha fatto insospettire chi indaga è il fatto che le fatture emesse dalla società Análisis Relevante, controllata dall’imprenditore amico di Zapatero, Julio Martínez Martínez, a quella gestita dalle figlie dell’ex capo di governo socialista riportino una dicitura generica senza specificare i servizi realmente forniti. Un modo, sostiene chi indaga, per coprire il fatto che si trattava di semplice trasferimento di denaro.

Per quanto riguarda la posizione della segretaria, Gertrudis Alcázar, la procura sostiene che la donna faccia parte del meccanismo che permetteva al sistema corruttivo di funzionare. Proprio come Cristóbal Cano, dipendente di Julio Martínez Martínez. In alcune email intercettate in cui una persona identificata come “Gertru” si consulta con Cristóbal in merito all’emissione di una fattura di 20mila euro “chiedendo espressamente se emettere un’unica fattura o più fatture e richiedendo indicazioni sulle voci da includere”.

L'articolo Plus Ultra, indagate anche le due figlie di Zapatero: “Gestivano una società che facilitava i flussi di denaro” proviene da Il Fatto Quotidiano.

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Apenas unos meses después de abandonar La Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero declaró 500 regalos recibidos como presidente del Gobierno de España para que se incorporaran al patrimonio nacional. Así consta en un acta de marzo de 2012 del Ministerio de Hacienda a la que accedió EL PAÍS, que fue validada por fuentes gubernamentales, y que lógicamente no contiene las joyas intervenidas por la Policía en el despacho del expresidente y tasadas en 1,3 millones de euros por la joyería Ansorena. Lo que sí figura en la lista son regalos de Abdala Bin Abdulaziz Al-Saud, rey de Arabia Saudí y Custodio de las dos Mezquitas (una representación del desierto en oro y plata); de Mohamed VI, rey de Marruecos (plato de cerámica con incrustaciones de oro); de Hamad Bin Khalifa al Thani, emir de Qatar (figura de madera con gacelas del desierto bajo árboles de oro y plata); de Alí Abdullah Saleh, presidente de la República de Yemen (cimatarra de plata); o de Dmitri Medvedev, presidente de Rusia (una botella de vodka y un machete). Unos objetos que ahora deben decorar dependencias oficiales.

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© César Vallejo Rodríguez - Euro (Europa Press)

El magistrado José Luis Calama toma esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular Leer

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que dirige el caso Plus Ultra, ha decidido citar como investigadas a las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, un día después de que él declarara en el procedimiento acusado de delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros. El magistrado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ha decidido este jueves que Alba y Laura Rodríguez Espinosa también sean investigadas en la causa, así como la secretaria del político, Gertrudis Alcázar, que era la que gestionaba su correo electrónico. Además, ha rechazado pedir de momento más información a Estados Unidos sobre cómo se obtuvo el contenido del móvil del exdirectivo de la aerolínea Rodolfo Reyes.

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© FERNANDO VILLAR (EFE)

El Partido Popular intensifica su ofensiva contra el veto de la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, a la votación de las enmiendas de PP y Junts para instar al presidente Pedro Sánchez a que convoque elecciones anticipadas. Este jueves, la formación de Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional dicha decisión, que tachan de “cacicada”, al sostener que se cercena su derecho al debate parlamentario. El líder de los populares cargó ya el miércoles por este asunto contra el presidente del Gobierno, de quien dijo que “no es un demócrata”. Y, un día después, sus portavoces elevan aún más los decibelios. “Vivimos una democracia secuestrada”, ha sentenciado el secretario general, Miguel Tellado.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su “respaldo, empatía y apoyo” del PSOE al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su declaración del miércoles ante la Audiencia Nacional. Tras el comunicado en el que Zapatero proclamó su inocencia, Sánchez ha destacado la petición de “confianza” del expresidente, ha pedido ”respeto a la acción de la justicia” y ha expresado su deseo de que “todo se pueda aclarar” y de que finalmente “se pueda proclamar lo que él defiende, y es su inocencia”. Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este jueves de “injusta e ilegal” la decisión de la Mesa del Congreso, de mayoría de PSOE y Sumar, de impedir que se debatan y voten este jueves las enmiendas de PP y Junts a una moción de los populares para pedir al presidente del Gobierno que disuelva las Cortes y convoque elecciones anticipadas. El Partido Popular ha confirmado esta mañana que recurrirá el veto ante el Tribunal Constitucional.

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© Laia Ros (REUTERS)

La controversia inesperada por el abono de transportes se ha colado este jueves en la Asamblea de Madrid, y por todos los frentes. Mientras PSOE y Más Madrid criticaban en el pleno que Isabel Díaz Ayuso les exija ahora a los inmigrantes el empadronamiento para tener la ayuda al transporte, su equipo distribuía el programa electoral y un vídeo en los que los partidos de la izquierda defendían el empadronamiento como mecanismo para acceder a las ayudas. El choque habitual se ha convertido hoy en una guerra de guerrillas.

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La declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional marca un hito en la historia política reciente de España. Es la primera vez que un expresidente del Gobierno comparece como investigado ante un juez, en una jornada que transcurrió a puerta cerrada y sin acceso público a sus palabras. A pesar del carácter reservado de la comparecencia, el magistrado ha decidido mantener las sospechas que pesan sobre él, dejando abierto un escenario judicial que sigue sin despejarse tras su testimonio.

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La investigación que dirige el juez José Luis Calama sobre los presuntos delitos cometidos por el expresidente Zapatero continuará, pero sin que se hayan adoptado medidas restrictivas de sus derechos, como pedían las acusaciones. Son los dos aspectos más importantes de lo sucedido tras la primera declaración del exjefe del Gobierno en relación con el rescate de la compañía aérea Plus Ultra y con la aparición de una serie de joyas de desconocida procedencia en la caja fuerte del despacho oficial del investigado. Cuando se dice que hay que dejar trabajar a la justicia, y que hay que respetar sus tiempos para aclarar los hechos, se está hablando de esto, de lo ocurrido ayer, del respeto a una serie de actuaciones y trámites procesales en los que se escucha a las partes legítimamente personadas en un proceso. En sede política hay otros ritos y otros ritmos. En sede judicial hay menos espacio para la pasión y el interés partidista, y más garantías de respeto a los derechos de todos, en los términos establecidos por la legislación.

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El origen y antigüedad de las joyas halladas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero pueden ser tan importantes y decisivos como su valor. Mientras la investigación judicial trata de determinar la procedencia de unas piezas tasadas inicialmente en más de 1,3 millones de euros, la hipótesis de que las recibió como regalo cuando era presidente sería la más favorable para él desde el punto de vista penal. Con independencia de la valoración moral de esa conducta, si esa versión terminara siendo acreditada, los posibles delitos tributarios y aduaneros que se han venido planteando durante la última semana no habrían existido o estarían ya prescritos, lo que daría un vuelco al caso.

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José Luis Rodríguez Zapatero llegó este miércoles a la Audiencia Nacional siendo plenamente consciente de que sus palabras tendrían eco mucho más allá de la sala donde el juez instructor José Luis Calama iba a interrogarlo. El expresidente del Gobierno, que estuvo en el poder desde 2004 a 2011 y ha sido un referente indiscutible en la izquierda en esta última legislatura de Pedro Sánchez, salió con la impresión de que había sido un “interrogatorio exigente”, pero con la tranquilidad de haber contestado a prácticamente todas las cuestiones, según exponen fuentes de su entorno. Sabía que no solo el magistrado del caso Plus Ultra esperaba sus explicaciones. Y, durante más de tres horas, defendió su inocencia: “Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso”, añadió en un comunicado enviado a los medios de comunicación tras la declaración. Sin embargo, para el juez aún quedan muchas incógnitas por despejar, averiguaciones por hacer y sospechas que no se han disipado.

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Era el momento más esperado y a la vez más temido, y la sensación que se trasladó en La Moncloa y en el PSOE tras las primeras informaciones es que al menos la situación no empeoró. Ni hubo medidas cautelares —el juez rechazó la petición de la Fiscalía Anticorrupción de retirar el pasaporte a José Luis Rodríguez Zapatero— ni el expresidente del Gobierno incurrió aparentemente en ninguna contradicción significativa que haga dudar de su palabra. “Hay tranquilidad después de lo primero que vamos sabiendo. No hubo cautelares. Mantenemos nuestra confianza en su inocencia”, resumía un ministro en las primeras horas tras una comparecencia decisiva para el Ejecutivo en el caso tal vez con más efecto electoral, porque Zapatero ha sido clave en las últimas campañas y es un referente en el mundo progresista, que recibió un mazazo enorme con su imputación.

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En muchos países de nuestro entorno el Gobierno ya habría caído. El día que no se amanece con un sumario, salta una nueva investigación, y las habituales acusaciones de que “todo es lawfare” cada vez resultan menos verosímiles incluso entre las filas del progresismo. Por más que el presidente del Gobierno hable de presentar unos presupuestos, socios clave como el PNV y Junts ya dan por liquidada la legislatura. Cabe preguntarse si estamos asistiendo ya a una fase que podríamos tildar de tardosanchismo. No parece casual que algunos socialistas se hayan atado al mástil en los últimos tiempos, abonándose a las teorías de que hay un supuesto complot judicial, policial, o internacional contra el Gobierno. De un lado, esos relatos son útiles para restarle gravedad a las presuntas tramas que se investigan y sembrar sospechas sobre la Justicia con tal de que no pasen factura. Del otro, que figuras como Óscar Puente denuncien formas “antidemocráticas” para derribar al Ejecutivo rinde cuenta de una lógica aún más profunda: en toda organización política, quien aspire a heredar necesita partir de un relato fundacional que excite las pasiones de su militancia, siempre más escorada que el ciudadano medio o la cúpula. Así como Sánchez llegó a lomos de la narrativa antiélites, tras haberse enfrentado al aparato del partido, quién sabe si otros eventuales aspirantes querrán llegar a lomos del ilegitimismo. Es decir, instilando el recelo de que el Gobierno no cayó por su agonía y parálisis, sino porque había poderes oscuros entre bambalinas.

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