Desde la caída del muro de Berlín, nunca la socialdemocracia europea había bajado tanto en las urnas ni había visto cuestionada como en este momento su credibilidad. Pero a la vez nunca ha sido tan necesaria como ideología política que fue artífice, junto a la democracia cristiana y el liberalismo, de la unidad europea, ahora amenazada por fuerzas radicales dispuestas a destruir el legado de 80 años de proyecto común. Ante el ataque extremista a los derechos individuales, el incremento de las desi­gualdades y el reparto del mundo entre superpotencias depredadoras, toma especial relieve la respuesta que la socialdemocracia ha ofrecido históricamente, y que debe estar en condiciones de ofrecer hoy y en el futuro: la lucha contra la desigualdad, la defensa de los más vulnerables y la construcción de la UE como un espacio de derecho, democracia y libertad.

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No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Eso afirmó Martin Luther King en su lucha por la dignidad humana y eso recuerda Baltasar Garzón al analizar las situaciones de la justicia en España y en el panorama internacional. Resulta muy peligrosa la estrategia que confunde el respeto a la justicia con el silencio, la indiferencia y el cerrar los ojos ante el comportamiento de algunos jueces y de las administraciones judiciales que deberían velar por la ciudadanía, no por los intereses más turbios de los ámbitos de poder. La literatura suele entrar en el interior de las vidas para preguntarse por los sentimientos de los seres humanos ante los hechos públicos. El nuevo libro de Baltasar Garzón, La democracia amenazada (Planeta, 2026), hace el camino contrario. Parte de las situaciones vividas por él, por Dolores Delgado o por Álvaro García Ortiz, para reflexionar con una detallada sabiduría profesional sobre los deterioros de la convivencia democrática y las responsabilidades de los poderes que manipulan la justicia. Tenía mucha razón Eugenio Raúl Zaffaroni, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando afirmaba que el poder punitivo no es un fenómeno exclusivamente jurídico, sino esencialmente político.

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