Representantes de Estados Unidos e Irán tendrán el domingo una reunión virtual junto con los mediadores paquistaníes y cataríes para firmar de forma electrónica un acuerdo que ponga fin a la guerra y permita el desbloqueo del estrecho de Ormuz, informó este sábado el diario digital estadounidense Axios.

El llamado memorando de entendimiento extendería el alto el fuego vigente desde abril durante otros 60 días y facilitaría la apertura de negociaciones sobre el programa nuclear iraní, agregó el medio. Fuentes estadounidenses y de los países mediadores citadas por Axios confirmaron que la firma se realizará de forma virtual por razones logísticas.

Esa firma sería el resultado de casi tres meses de negociaciones entre la Administración de Donald Trump y el régimen de los ayatolás, con las mediaciones de Pakistán, Catar, Egipto y Turquía.

El acuerdo pondría fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero contra Irán y podría contribuir a estabilizar los mercados energéticos, afectados por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del petróleo mundial antes del conflicto.

Trump viajará el lunes a Francia para participar en la cumbre del G7, donde espera verse también con los líderes de Egipto, Catar y Emiratos Árabes Unidos, con quienes abordará la situación con Irán. Según fuentes estadounidenses, también fue invitado el príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salmán, quien no puede acudir por problemas de agenda, mientras que no se espera la presencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Trump anunció este sábado que el domingo se firmará el acuerdo y que "inmediatamente después" el estrecho de Ormuz "estará abierto para todos".

Pakistán también anunció que se espera la firma dentro de las próximas 24 horas, pero el Ministerio de Exteriores iraní descartó que la rúbrica tuviera lugar el domingo, aunque dejó abierta la posibilidad de que se concrete en los próximos días.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado este sábado su intención de ser la cabeza de lista de su formación a las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, previstas en mayo de 2027.

"He decidido encabezar una candidatura para la Comunidad de Madrid, porque creo que es lo que hay que hacer, porque creo que tenemos que dar esta pelea con toda la fuerza (...) torcerle de una vez por todas el brazo a esa mala persona insufrible que es la señora Ayuso", ha avanzado en el mitin central la 'Fiesta de la Primavera', uno de los principales foros ideológicos de la formación morada, según recoge Europa Press.

Belarra ha afirmado que está harta de la "mierda de gobernantes" que hay en Madrid y que también tiene "mucha rabia que todo el mundo se ha rendido en esta comunidad", ha apostillado entre vítores de los simpatizantes del partido.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este sábado los miembros de su nuevo Gobierno, el segundo de coalición entre PP y Vox, en el que habrá cuatro mujeres entre sus doce integrantes, con cinco caras nuevas, los tres de Vox, Carlos Pollán, Alberto Díaz Pico y Joaquín Antonio Pino, y Cristina Sanchidrián y María Pardo (PP).

Con respecto al último Gobierno del PP en solitario, desde julio de 2024 cuando Vox abandonó todos los gobiernos autonómicos en los que tenía presencia, han salido del Ejecutivo autonómico Leticia García, tras asumir actual portavocía del PP en las Cortes; Rocío Lucas, vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes; José Luis Sanz Merino, procurador por León y Gonzalo Santonja, quien ocupaba la cartera de Cultura y que fue el único consejero de Vox que se mantuvo en el Ejecutivo, según recoge Europa Press.

Además, y según ha confirmado el presidente, el palentino Carlos Fernández Carriedo, mantendrá la cartera de Economía y Hacienda y seguirá con su labor en la Portavocía, un trabajo que ha realizado en los últimos cuatro años.

La estructura del Gobierno de coalición de PP y Vox para este mandato está encabezada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien contará con dos vicepresidencias. El leonés Carlos Pollán (Vox) ocupa la Vicepresidencia primera junto con la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales y la zamorana Isabel Blanco Llamas (PP) ocupa la Vicepresidencia segunda sin cartera y con competencias en Vivienda, Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil.

La abulense Cristina Sanchidrián (PP) se incorpora al Gobierno para hacerse cargo de la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, mientras que la vallisoletana María Pardo, también nueva en el organigrama del equipo de Gobierno, se encargará de Educación.

En la consejería de la Presidencia se mantiene el vallisoletano Luis Miguel González Gago (PP), mientras que el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP) pasa de Medio Ambiente a Industria, Universidades, Empleo y Comercio. Las áreas de los 'populares' se completa con la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, donde se mantiene al burgalés Alejandro Vázquez, y la consejería de Medio Ambiente y Energía con la vallisoletana María González Corral, anterior titular de Agricultura y Ganadería, ahora en manos de Vox.

De este modo, el abulense Joaquín Antonio Pino (Vox) asume la cartera de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental y Alberto Díaz Pico, cabeza de lista por Valladolid de partido de Abascal, gestionará la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Con esta composición del Gobierno de Mañueco, la presencia femenina la incorporan los 'populares' que son quienes suman cuatro mujeres al Gobierno, mientras que Vox ha optado por tres perfiles masculinos para sus tres consejerías.

La población española ha adelantado la adquisición de productos solares en farmacias, concentrando el pico de demanda en marzo, tradicionalmente alcanzado en verano. Según el Observatorio de Tendencias de Cofares, esta anticipación se observa desde 2025, y en mayo se registró un repunte adicional del 8%. Esto demuestra que cada vez son más los ciudadanos que compran sus fotoprotectores con antelación, preparándose para la temporada de sol mucho antes de lo habitual.

En este contexto, indicó que la farmacia comunitaria se consolida como un referente de confianza, ofreciendo asesoramiento personalizado y recomendando productos que contribuyen a una protección eficaz frente a la radiación solar. Asimismo, los farmacéuticos desempeñan una labor esencial en la promoción de hábitos saludables, ayudando a prevenir las primeras quemaduras solares de la primavera y a reducir el riesgo de cáncer de piel, uno de los tipos de cáncer más frecuentes en Europa.

Según el informe de la cooperativa, los protectores solares representan más del 93% de la demanda total, mientras que los activadores del bronceado representan el 3,8% y los autobronceadores el 0,8%, concentrando así una proporción mínima y evidenciando que la prioridad de los ciudadanos es la salud y la prevención frente a fines estéticos.

En paralelo, los productos 'aftersun' han registrado un crecimiento del 11% en el último año, especialmente durante los meses de verano. Este aumento refleja que la población busca una protección completa que no solo prevenga los daños por radiación solar, sino que también favorezca la hidratación, alivio inmediato y recuperación de la piel tras la exposición.

La celebración del Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, el 13 de junio, recuerda la importancia de la educación sanitaria y la adopción de hábitos de fotoprotección. Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), solo en 2026 se diagnosticarán 8.074 nuevos casos de melanoma en España, el tipo de cáncer de piel más peligroso, lo que subraya la relevancia de prevenir la exposición excesiva al sol.

A nivel nacional, la ginebra mantiene una posición destacada en el mercado de bebidas espirituosas, con un 16,6% del volumen total de destilados comercializados en España, según los datos del Informe Socioeconómico 2025 de Espirituosos España. Esto le sitúa como la tercera categoría más comercializada, tras los licores (24,9%) y el whisky (22,2%).

El Día Mundial de la Ginebra, que este año se celebra el 13 de junio, fue impulsado en 2009 en Birmingham por el británico Neil Houston, con el objetivo de reunir a aficionados en torno a esta bebida. Desde entonces se ha consolidado como una cita global para consumidores adultos, profesionales de la hostelería, destiladores y bartenders.

La historia de la ginebra se remonta al siglo XVII en Holanda, donde surgió originalmente como un remedio medicinal, antes de popularizarse en el Reino Unido tras su introducción por parte de soldados británicos. En España, uno de sus principales puntos de arraigo histórico se encuentra en Menorca, donde se extendió durante el siglo XVIII bajo la influencia británica.

En los últimos años, la ginebra ha reforzado su posicionamiento como una categoría vinculada a la innovación, la coctelería y el consumo premium. Según explica Espirituosos España en un comunicado, su versatilidad, el uso de botánicos, la sofisticación de los combinados y el auge del gin-tonic han contribuido a consolidar su presencia en bares, restaurantes y coctelerías, especialmente en propuestas de mayor valor añadido.

Además, la Federación destaca la capacidad de la ginebra para proyectar la Marca España en los mercados internacionales. La combinación de tradición destiladora, creatividad, calidad, diseño e innovación ha permitido a numerosas marcas españolas competir en el exterior dentro del segmento premium, reforzando su vínculo con la gastronomía, la hostelería y el estilo de vida mediterráneo.

Bosco Torremocha, director ejecutivo de Espirituosos España, ha señalado que “la ginebra es una categoría que combina tradición, innovación y cultura de producto. Su papel en la hostelería y en la coctelería refleja la evolución del consumidor adulto hacia experiencias de mayor calidad, siempre desde la responsabilidad y el consumo moderado. Además, su capacidad para proyectarse en los mercados internacionales la convierte en una magnífica embajadora de la Marca España, de nuestra gastronomía y de nuestra forma de entender el ocio responsable”.

Durante los seis días que ha estado en España, León XIV ha dejado mensajes contundentes relacionados con cuestiones políticas. De la defensa de la dignidad de los inmigrantes en pleno debate por la regularización extraordinaria y la "prioridad nacional" a sus críticas al aborto, algunos de los discursos papales han levantado ampollas en ambos lados del espectro ideológico español. Sin embargo, el santo padre se ha mantenido al margen de otros asuntos que han tenido relevancia en nuestro país los últimos meses. Decisiones que tienen mucho más que ver con la estrategia diplomática vaticana que con un deseo de pronunciarse sobre asuntos internos en nuestro país.

La cercanía de Pedro Sánchez al papa durante su visita no ha sido casual. El presidente del Gobierno ha querido exhibir sintonía con el pontífice en un momento crítico para los socialistas, cercados por los casos de corrupción y contra el entorno íntimo de Sánchez. Así, le ha venido bien poder anotarse un tanto con los mensajes de León XIV a favor de la paz, obviando otros aspectos más incómodos de su discurso. Pero las críticas a la escalada bélica del santo padre, de las que el Ejecutivo también ha hecho gala durante meses, no se traducen en una correspondencia absoluta con las posturas del Gobierno sobre la guerra en Oriente Medio.

En el caso del papa, León XIV ha evitado pronunciarse de una forma tan abierta como lo hacía Francisco sobre la situación en Gaza, donde la única parroquia católica ha sido bombardeada en más de una ocasión, o el Líbano, donde el Ejército israelí ataca y humilla a las comunidades cristianas del sur del país. Un "silencio nominal" que no se traduce en una falta de interés, remarca el vaticanista chileno Luis Badilla. Para el experto, la actitud del nuevo pontífice tiene que ver con un deseo por dar un lavado de cara a la diplomacia de la Santa Sede, que fue eclipsada por la figura de Francisco durante la anterior etapa.

Un silencio que podría romperse

"El papa tiene que dibujar una línea fina en esta clase de conflictos porque es importante para la práctica política del Vaticano desde el siglo XX", explica Miles Pattenden, de la Universidad de Oxford. En este sentido, el caso de Francisco, que llamaba todos los días al sacerdote de la parroquia de Gaza, fue una desviación de la actitud habitual de la Santa Sede, que busca mantener la neutralidad en este tipo de situaciones. De hecho, el historiador recuerda que Francisco recibió numerosas críticas desde diversos sectores dentro del catolicismo. Tampoco gustó a Israel, que permaneció callado tras la muerte del pontífice.

No puede parecer que toma partido por uno de los bandos en el conflicto, porque entonces las personas que apoyan a la otra parte podrían descartar todo lo que dice

MILES PATTENDEN

Según Pattenden, León XIV trata de evitar una línea tan confrontativa. Aun así, cree que si los ataques contra las comunidades cristianas en el Líbano se intensifican, el papa podría verse interpelado a adoptar una postura más contundente contra Israel. El caso libanés es especialmente sangrante, porque se trata de un país donde alrededor del 40% de la población es cristiana.

Una postura que comparte Badilla, que ve poco probable que el Vaticano no tenga una política precisa respecto al conflicto en el Líbano. Más aún teniendo en cuenta que la estructura constitucional del país da un rol preciso a los cristianos: "Siguen siendo fundamentales".

León XIV no hablaba solo para España

Pese al incremento de la presión sobre los creyentes cristianos en el país árabe, España no era el escenario adecuado para hablar sobre el conflicto en Oriente Medio. A pesar del apoyo del Gobierno y la opinión pública a la causa palestina, y la correspondiente crítica a las acciones de Israel en la región. Aunque un mensaje así podría haber sido bien recibido en nuestro país, en otras partes podría haber resultado más incómodo, como le sucedía a Francisco.

León XIV ha visitado España, pero sabía que sus palabras aquí serían escuchadas en todo el mundo. Así, no ha hablado solo para los españoles, sino para el conjunto de cristianos repartidos por el mundo. Y, aunque su mensaje a favor de la inmigración se haya interpretado como uno dirigido a los políticos nacionales, el papa quería dar una lección a todo aquel que prestase atención. "Quizás en España se ha comentado como una cuestión interna, pero el rechazo a los inmigrantes se produce en todo el mundo", explica Pattenden.

Francisco tenía el problema de llevar cualquier planteamiento, cualquiera proposición a su persona, a su biografía y a su historia personal

LUIS BADILLO

Así, el papa no ha venido a España a hablar de los temas que interesan a los españoles, sino de su agenda como líder espiritual en un nivel general. Y por mucho que le preocupen los cristianos en el Líbano, debe ser muy cauteloso a la hora de abordar el conflicto. "No puede parecer que toma partido por uno de los bandos en el conflicto, porque entonces las personas que apoyan a la otra parte podrían descartar todo lo que dice", resume el historiador de Oxford. Esto pesa más para el santo padre que el hipotético apoyo que hubiesen podido encontrar sus palabras en España.

Un nuevo estilo de diplomacia

Esta actitud comedida de León XIV se enmarca en un esfuerzo por eliminar el personalismo de la figura del papa de la política internacional vaticana. "Francisco tenía el problema de llevar cualquier planteamiento, cualquiera proposición a su persona, a su biografía y a su historia personal", señala Badilla. En este sentido, apunta a que la versión mediática del papa argentino creó la idea de que el pontífice "siempre tiene que hacer escándalos o estar en primera página".

El nuevo papa ha restituido el papel central del personal diplomático de la Santa Sede y a sus embajadores por todo el mundo, que en los últimos años "no venían considerados como correa de transmisión importante para llevar y traer mensajes". Así, el experto vaticano señala que no se trata de que León XIV no quiera hablar sobre Oriente Medio o no le preocupe la situación allí, sino que ha decidido no centrar todo el discurso en el que él opina.

Hace unos días, la Policía Nacional, en colaboración con las autoridades francesas, desarticuló una presunta organización criminal dedicada al traslado irregular de migrantes entre España y Francia. Según la investigación, la red obtuvo más de 300.000 euros en beneficios tras efectuar alrededor de una treintena de desplazamientos. Los migrantes pagaban aproximadamente 300 euros por cada trayecto realizado por la organización.

Ya el pasado 1 de junio, la Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con Europol y las autoridades francesas, detuvieron a siete personas en el marco de la operación Barón-Galón. Al parecer, los arrestados son hombres de nacionalidad argelina y libia de entre 25 y 40 años. La operación, iniciada en 2025, permitió destapar el funcionamiento de una red dedicada al traslado irregular de migrantes mediante las denominadas 'pateras taxi': embarcaciones semirrígidas equipadas con motores de gran potencia utilizadas para cubrir las travesías entre el norte de África y las costas españolas.

Unos días antes, se había desmantelado otra organización criminal a la que se acusa de traficar con unos cuarenta migrantes cubanos y cuyo centro de operaciones estaba entre España y Serbia.

En este tercer caso, la Policía francesa solicitó la colaboración de las autoridades españolas al tener conocimiento de que una organización estaba operando de forma bidireccional entre el país vecino y España.

Según la información que ha trascendido, el principal investigado, residente en la Región de Murcia, concretamente en la pedanía de El Raal, habría sido presuntamente responsable de más de 30 cruces de frontera de migrantes que previamente le abonaban 300 euros.

Fuentes policiales confirman que las investigaciones permitieron determinar el modus operandi del acusado: al parecer, realizaba viajes periódicos, habitualmente con una cadencia de unos 15 días, en un trayecto que comenzaba en Murcia, donde recogía a migrantes en situación irregular y los trasladaba a Francia. Una vez en territorio francés, tras dejar allí al primer grupo de migrantes, repetía el recorrido inverso con otros desplazados que, en ese momento, viajaban con destino a la Península.

La investigación permitió concretar los detalles de esta red criminal. El acusado habría realizado más de 30 cruces de frontera y se estima que el beneficio obtenido podría superar los 300.000 euros, “al constituir dicha actividad su principal fuente de ingresos”.

Su último desplazamiento fue el que delató al encausado: las autoridades francesas lo detuvieron cuando intentaba acceder a España acompañado de seis migrantes a los que transportaba. Según fuentes policiales, habría cobrado 300 euros a cada uno por el traslado. En esta misma operación, las autoridades detuvieron a un segundo implicado por su “colaboración activa en labores de intermediación y captación”, y se constató que el importe abonado por los migrantes procedía de la actividad ilegal canalizada a través de una cuenta bancaria.

La frecuencia de los viajes y la adquisición de un vehículo de mayor capacidad de transporte hicieron sospechar que los presuntos implicados trataban de ampliar la dimensión de la actividad, un objetivo frustrado por la rápida intervención policial.

Operativo coordinado

Gracias al operativo, coordinado en menos de 48 horas entre España y Francia —en el marco de una Orden Europea de Investigación—, no solo se detuvo a los dos responsables de la actividad, sino que se incautaron diversos efectos relacionados con la actividad ilícita, entre ellos 15.800 euros en efectivo, un vehículo y “abundante documentación que evidencia los desplazamientos realizados y el ánimo de lucro de la actividad criminal”.

Los dos detenidos se encuentran en prisión provisional en Francia, pendientes de conocer su futuro judicial. Se les investiga por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en su modalidad de favorecimiento de la inmigración irregular.

La ley del silencio se ha impuesto en Movimiento Sumar y entre la principal capa dirigente del espacio de la coalición con otras fuerzas como Izquierda Unida, Más Madrid o Catalunya en Comú. Todo frente a la primera gran crisis del partido fundado por Yolanda Díaz para las elecciones generales de 2023, con el que se buscó movilizar a la izquierda para reeditar la coalición con el PSOE. La competencia velada por el poder orgánico de la agrupación una vez está del todo desvinculada Díaz, ha destapado, además, un presunto caso de acoso laboral y de malas prácticas en la organización que no han recibido valoración profunda desde dentro ni desde fuera. Se pretende no dañar más a una izquierda crítica, por la sacudida que afecta al PSOE e indirectamente a los socios, por la escasez de referentes o por unas encuestas que incapacitan electoralmente a las siglas aún con la promesa de renovación.

En concreto, y como ha recogido esta semana El Independiente, el martes se conoció la marcha a finales de mayo de Laura Moreno, exsecretaria de Organización y número dos de Movimiento Sumar junto a la co-coordinadora general, Lara Hernández. Lo que al principio se comunicó como un deseo de la misma de retornar sus labores de docente, pasó minutos más tarde a ser una salida derivada por problemas de "salud mental" a raíz de esas malas prácticas que Moreno, en una carta enviada en un chat interno de la formación al que ha tenido acceso este medio, achacaba a Hernández. Cuestiones de "fraude", de "acoso laboral" que habría sido denunciado por hasta "seis dirigentes", y de "injusticias". Junto a ella, y por esos mismos motivos, habría abandonado la formación David Comás, exresponsable de Comunicación. Ratificó todo el jueves su antecesora Elizabeth Duval, quien apuntó que su salida en 2025 estuvo provocada por Hernández.

Fuentes próximas a Hernández lo atribuyen todo a una estrategia de desgaste por parte del sector crítico que desde la retirada de Díaz, dice, buscan quitarla del mando orgánico. Desde ese otro sector, en cambio, se pide esperar a que finalice la investigación interna en marcha por esos presuntos acosos. Oficialmente, el partido se ha posicionado dos veces, sin profundizar ni detallar nada de lo acontecido.

Una tras saltar las acusaciones, asegurando que "no valoran documentos que se envía en chat internos de la organización" y asuntos "que tienen sus cauces y sus procesos formales". "No nos corresponde responder a valoraciones subjetivas que pueda haber". Se remiten a la "confidencialidad" del proceso interno para preservar su "carácter garantista". Otra este jueves, tras aprobarse la celebración de la tercera asamblea extraordinaria del partido el próximo 11 de julio. "Tenemos por delante una asamblea importante para la que queremos hacer un esfuerzo de serenidad y cuidado. Tanto hacia la organización, como hacia el conjunto del espacio progresista. Sabemos que no ha sido así en los últimos día y por ese motivo nos gustaría pedir disculpas".

Se busca apagar el incendio y se confía en que la asamblea sirva para poner punto y final a cualquier conflicto interno. Y hay una coincidencia entre todas esas capas de que cualquier cosa que no vaya en esa línea es recomendable evitarla.

Mutismo de Díaz, los dirigentes y los socios

Más allá de eso, predominan los silencios y las preocupaciones. Ya de por sí Díaz se mantiene desvinculada de todos los asuntos orgánicos del espacio y de la coalición desde que confirmó en febrero su marcha definitiva y su paso a un lado para no ser candidata a las generales de 2027 con la papeleta de la refundación de Sumar. Era algo que muchos actores internos querían, para desvincularse del actual proyecto e ir a algo totalmente novedoso. Este inicio de semana lo comenzó asistiendo al Congreso para la visita del papa León XIV y posteriormente de viaje a la Confederación Suiza para protagonizar diversas reuniones y asistir a varios actos. A eso, su actividad en redes sociales se ha limitado a asuntos profesionales. Seguimiento de esas jornadas, valoración sobre los incendios en Huelva, cuestiones como la precariedad juvenil o su asistencia a comisiones interministerial como la de para Asia-Pacífico.

El paso al lado definitivo de Yolanda Díaz abrió la brecha dentro de Movimiento Sumar, una lucha de poder por el liderazgo orgánico

No ha expresado nada sobre un asunto que, en parte, nace de ese paso al lado y de una guerra interna por el vacío de poder dejado. Se desconoce si ha habido un toque por vías internas. Distintas fuentes consultadas por este periódico evitan profundizar en el tema pero sí dejan caer que lo peor que se puede hacer en este momento es agitar el asunto para poner la victoria frente a la derecha de cara al próximo ciclo electoral. Saben que el riesgo de que un enfrentamiento público termine de desmovilizar a la izquierda es patente.

En concreto, esta pugna se ha ido abonando desde mediados de 2024. Apenas tres meses después de la primera asamblea de Movimiento Sumar y de ser designada coordinadora, Díaz dimite de sus responsabilidades orgánicas por los malos resultados de gallegas, vascas y europeas y decide centrarse en el liderazgo político dentro del Gobierno como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Hay un vacío orgánico claro que se trabaja por suprimir con la convocatoria de otra asamblea extraordinaria en marzo de 2025. Sigue tutelando en privado, en parte, a esa dirección hasta que se acaba desvinculando por completo en febrero.

Por entonces co-lidera Hernández. Los más yolandistas reclaman la celebración de otra nueva asamblea que termine de definir internamente al grupo, algo ya materializado desde este jueves. Están representados por el otro contrapeso de Movimiento Sumar, la portavoz en el Congreso e íntima de Díaz, Verónica Martínez Barbero, quien se deja querer y se pone a disposición de lo que determine el partido, sin concretar si dará el paso para rivalizar con Hernández. Por un lado, Hernández es la corriente de izquierda más clásica, mientras que Martínez sigue la línea de Más País –creado por Íñigo Errejón–, de una fuerza estatal verde y socialdemócrata distinguida del PSOE. Dentro de Movimiento Sumar empujan por que haya una candidatura única y de consenso de cara a la asamblea, que no quiebre el partido. Ya se hablan de nombres como el de Rosa Martínez, es la actual secretaria de Estado de Derechos Sociales, de corte ecologista. Pero los críticos quieren que Martínez vaya con ella de co-coordinadora.

Hay una omisión deliberada de la crisis de Sumar para no agitar la jaula de grillos. Ni Urtasun, ni Rego ni García entran

La omisión de valoraciones por parte de Díaz respondería a las reflexiones que estos días hacían dentro del grupo: "Parecemos una jaula de grillos". Una de las figuras íntimas de Díaz, fichada como independiente para las generales pero muy vinculado a Movimiento Sumar es Pablo Bustinduy, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y para quien muchos debería ser el próximo candidato a la presidencia –él no quiere–.

Es el único ministro que superficialmente ha entrado en el asunto frente a Ernest Urtasun, con doble militancia en Movimiento Sumar y comunes, Sira Rego, de IU, y Mónica García, de Más Madrid. Pidió respetar "los cauces internos" de Movimiento Sumar. "Nos va peor cuando se habla más de la vida interna de las organizaciones y de conflictos que, honestamente, creo que le importan poco a la ciudadanía". Sí las preocupaciones sociales para las que estamos "trabajando para solucionar el problema", de "la vivienda, para transformar la dependencia, para luchar contra la pobreza infantil, para asegurar los derechos de los consumidores". "A la izquierda le irá mejor cuanto más centrados estemos en el interés general, en el interés de la clase trabajadora", concluyó, considerando que no cree "que haya una guerra abierta en ningún lado".

En esa línea se mueven otros referentes de la izquierda plurinacional, como Gabriel Rufián, quien aspira a la construcción de un espacio fuerte de izquierdas que pueda dar la batalla en un momento crítico a la derecha y a la ultraderecha en el próximo ciclo. De hecho, en su documento político-organizativo, Movimiento Sumar se abre a alianzas con partidos "independentistas", lo que refleja que hay un acercamiento entre corrientes para trabajar juntas pese a las dudas iniciales y las de otros socios como IU.

Sobre el asunto se ha preguntado a Más Madrid, IU, los comuns o Compromís, quien aún mantiene lazos en parte con Sumar en el Congreso a través de la cuota de Iniciativa, representada por Alberto Ibáñez. Se repite la misma apreciación: no se quiere entrar a hacer valoraciones sobre un partido ajeno, pero sí se espera que todo acabe por buen cauce y que tras la asamblea salgan reforzados. Un Movimiento Sumar fuerte "es esencial para que todos seamos fuertes", concreta una fuente de los socios.

Preocupación entre los socios

Si bien entre los socios son conscientes de que Movimiento Sumar ya no es aglutinador y ha quedado rebajado a eslabón más débil de la confluencia de izquierdas, por su escaso peso territorial, y dependencia de fuerzas como IU en cuestiones logísticas –Andalucía es un ejemplo–, hay "inquietud" por que este enfrentamiento todavía privado se abra y acabe afectándoles indirectamente cuando se está ultimando la refundación de Sumar. Cuando quedan apenas unas semanas para que se dé a conocer la nueva imagen y nomenclatura de la coalición. En sectores de IU explican que la situación atravesada por Movimiento Sumar es la consecuencia de un aparato que nace apegado directamente a un "liderazgo carismático", que acaba "muriendo con su dirigente". No obstante, esperan que cualquier asunto se zanje en la asamblea.

Cualquier batalla que se abra, independientemente del tema, provoca "desazón" en el electorado y en el espacio progresista. Algo que no ven bueno en plena crisis del PSOE, con un constante goteo de novedades sobre las investigaciones judiciales entre otros asuntos, por corrupción a figuras como José Luis Rodríguez Zapatero, al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y ex número tres de Pedro Sánchez, como Santos Cerdán en la secretaría de Organización del partido. Igualmente, por las actuaciones de Leire Díez y las 'cloacas' para perseguir esas investigaciones a través de presión a fiscales, jueces, mandos policiales o periodistas.

La imagen que se está dejando en Movimiento Sumar "es fea", trasladan aliados del partido. En público han sobrevolado la cuestión Tesh Sidi, de Más Madrid, que se ha limitado a exigir transparencia. Enrique Santiago, el portavoz de IU en el Congreso se acogió a ese rechazo a entrar en asuntos ajenos a su formación y calificó de "pérdida de tiempo" enredarse con el asunto.

Las percepciones han cambiado. No son, sencillamente, las mismas que las que invadían el PSOE el pasado 19 de mayo —hace menos de un mes, pero una eternidad en política—, cuando de manera sorpresiva el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama imputó por el caso Plus Ultra a José Luis Rodríguez Zapatero por varios delitos, entre ellos tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal. Entonces cundió la incredulidad, la sensación de que no podía ser verdad, que el expresidente no podía haber actuado así. Su imagen hasta ese momento había quedado inmaculada. Pero ahora, a las puertas de su declaración ante el magistrado —17 y 18 de junio—, que todos en el partido esperan con auténtica ansiedad, la figura de tótem para la izquierda que había atesorado se está empezando a deshacer. Crecen las preguntas y crece la desconfianza, el descreimiento, la decepción. También el convencimiento en algunos de que, pase lo que pase, ya nada será igual, que no será posible mirar a Zapatero con los mismos ojos. Que el mito se ha roto en mil pedazos, de manera "prácticamente irreversible".

Y la razón de ese desengaño que expresan muchos dirigentes, con mucha prudencia, con mucho dolor, está en el nuevo giro de guion de la causa. La tasación de las joyas que fueron encontradas en la caja fuerte de la oficina del expresidente, en el número 35 de la calle de Ferraz. 1.323.915 euros, según el análisis preliminar encargado a la prestigiosa casa de subastas madrileña Ansorena, en colaboración con el Instituto Gemológico Español (IGE). Una cifra muy superior a los 30.000-50.000 euros que calculó el portavoz designado por Zapatero, Luis Arroyo, según había trasladado un experto que nunca identificó. "No son las joyas de Sissi emperatriz, como están diciendo. Hay una valoración, dijo entonces. "Pido perdón en mi propio nombre por haber inducido a error sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero", se disculpó Arroyo este viernes en redes sociales.

El valor de las joyas, en el mercado primario, es de 1.323.915 euros, a años luz de los 30.000-50.000€ que anticipó el portavoz de Zapatero, que este viernes se disculpaba por haber "inducido a error"

En el conjunto de alhajas, y según el informe de Ansorena, hay piezas de muchísimo valor, como un collar de oro blanco de 18 quilates, de 82 gramos de peso, "cuajado de diamantes talla brillante" y con esmeraldas naturales con origen Zambia. 278.000 euros. 220.000 cuesta otro collar de oro blanco de 18 quilates con 13 zafiros principales talla perilla de origen Tailandia, también preñado de diamantes. Otras piezas del ajuar tienen escaso o nulo valor. El peritaje está realizado según su valoración en el mercado de reposición, es decir, en el mercado primario, impuestos incluidos, por lo que los "márgenes comerciales de cada establecimiento" pueden ofrecer "algunas diferencias". Es decir, que su precio en una joyería sería seguramente mayor.

Pero el juez dio un paso más que reseñable. Abrió una pieza separada para investigar a Zapatero por otros dos ilícitos: delito fiscal y de contrabando. Precisamente por las joyas, porque su origen "en estos momentos no está justificado". Calama considera que la posesión de bienes de lujo de elevado valor, "unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante". Y es así porque la adquisición de joyas de gran valor "genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, impuesto sobre transmisiones patrimoniales, impuesto sobre sucesiones y donaciones e IRPF". La "inexistencia de declaración o pago" de esos tributos permitiría inferir que expresidente ha podido cometer delito fiscal, ya que la cuota defraudada sería superior a los 120.000 euros.

El juez Calama abre pieza separada y atribuye dos ilícitos más a Zapatero: delito fiscal y contrabando, porque pudo saltarse sus obligaciones fiscales e introducir ilegalmente las piezas en España

Y como tampoco hay constancia del pago de derechos arancelarios por la introducción de joyas en España, impuestos especiales o tributos asociados a su importación, Zapatero podría haber incurrido en contrabando. La ausencia de papeles, razona el juez en su auto, "impide descartar" que ese conjunto de joyas de gran valor "hubieran sido introducidas en España al margen de los procedimientos de control aduanero, superando ampliamente el umbral cuantitativo de 150.000 euros previsto" en el ámbito penal.

De estas dos últimas acusaciones, y de las que pesan sobre él en el caso Plus Ultra, el expresidente tendrá que defenderse el próximo miércoles, 17 de junio, ante Calama, que ha habilitado una segunda sesión, el jueves 18, por si la comparecencia se alargara. La ansiedad entre los cargos socialistas es máxima. Todos subrayan que están "deseando" que se explique, con la esperanza de que ofrezca argumentos solventes que convenzan al juez.

Escuchar las explicaciones

El Gobierno de Pedro Sánchez y Ferraz continúan mostrando un respaldo sin fisuras al exjefe del Ejecutivo. "Mantenemos el apoyo. No vamos a comentar los detalles de un proceso judicial en marcha", se limitan a manifestar desde la Moncloa. "Yo solo espero que Zapatero lo explique todo. No tengo ni idea de dónde vienen esas joyas —señala un ministro de mucho peso—, ni sé cómo lo justificará. Habrá que escucharle y ver qué explicación da".

Mantenemos el apoyo. No vamos a comentar los detalles de un proceso judicial en marcha", afirma la Moncloa. "Él lo explicará todo, la clave es que hable", apuntalan en la dirección del partido

"Él lo explicará todo. La clave es que hable. Y que lo cuente todo, pero tiene explicación", subrayan convencidos desde el aparato federal del partido. En Ferraz apuntan a que las joyas de mayor valor —12 del total de 80 peritadas— pudieron ser regalos recibidos por Zapatero en su etapa como presidente (2004-2011). Pero chocaría con lo que él mismo aprobó en 2005, el Código de Buen Gobierno de los miembros del Ejecutivo y de los altos cargos de la Administración General del Estado, cuyo artículo tercero indicaba que se debería rechazar "cualquier regalo" que fuera "más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía" y que imponía que los obsequios de mayor cuantía se incorporaran al patrimonio del Estado. Esa normativa fue derogada al aprobarse la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de 2015, ya con Mariano Rajoy en el poder. Dos años antes, el Ejecutivo del PP sacó adelante con su mayoría absoluta la ley de transparencia, también en vigor, y que, en su artículo 26, impide a los altos cargos aceptar regalos de gran cuantía y prescribe que los presentes de "una mayor relevancia institucional" se agreguen al "patrimonio de la Administración pública correspondiente".

"Lo importante es la ley", defienden en el cuartel general de los socialistas, deslizando que la obligación de devolver los regalos de mayor valor está en pie desde la ley de transparencia de 2013, posterior a la salida de Zapatero del Ejecutivo, porque hasta entonces solo operaba un Código de Buen Gobierno, sin fuerza de ley. "Además, puedes desconocer el valor de un regalo. Y en todo caso, el valor de aquellos años no es es el de ahora. Y, de todas formas, lo importante es que se explique", insisten en Ferraz. Pero para que el juez crea que se trata de regalos de su etapa en la Moncloa, y que por tanto los supuestos delitos hubieran prescrito, el exmandatario tendría que poder acreditarlo documentalmente.

En Ferraz enfatizan que "lo importante es la ley" que regula los regalos institucionales, posterior a la salida del poder del expresidente. La ministra Morant habla de "doble rasero" de la Justicia

Este viernes dominó, no obstante, el silencio en público de buena parte del Ejecutivo. La que trasladó la versión oficial fue la ministra de Ciencia, Diana Morant, quien remachó que mantiene su "apoyo y confianza" hacia el expresidente. La también líder de los socialistas valencianos continuó con la tesis de la conspiración judicial, agitada por los ministros Óscar Puente y Óscar López, con el respaldo de la Moncloa, cuando estalló el caso Leire: "Hay un doble rasero y la Justicia no es igual para todos y no se aplica igual para todos".

Dudas crecientes entre la dirigencia

Los llamamientos del Ejecutivo y de Ferraz no acaban de tranquilizar a buena parte de los cuadros del partido. Muchos prefieren refugiarse en un elocuente silencio. Pero otros no dudan en mostrar su recelo. Sus dudas. "Esto hace un daño enorme, aunque vamos a ver qué explicaciones da la próxima semana", indica un secretario de Organización de una federación muy relevante. Y es que es el principal temor, la onda expansiva de este caso, dado que Zapatero se había convertido, en los últimos años, en una figura icónica para su partido y para la izquierda, sobre todo a partir de las generales de 2023 en las que influyó decisivamente en el ánimo de cuadros y bases para que saliesen a disputar unas elecciones que se daban por perdidas.

Hay dudas y desazón. Pero al margen de cómo acabe el proceso, yo ya tengo asumido que Zapatero a nivel político ha acabado, y eso es un palo para el partido muy grande", asegura un mando regional

—Yo la verdad es que estoy bastante preocupado —confiesa un alto mando de otro territorio—. Tampoco he entendido muy bien el papel de Arroyo, que dio una cuantía de las joyas muy alejada de la tasación. A ver cómo va la declaración de la semana que viene, pero pinta jodido. Veo bastante difícil que pueda satisfacer a quienes queremos que esto sea una pesadilla que se pueda aclarar. Solo espero que estos días le hayan servido para prepararse bien la defensa, pero solución yo creo muy complicado que vayamos a tener. Hay dudas y desazón. Pero independientemente de cómo acabe el proceso, yo ya tengo asumido que Zapatero a nivel político ha acabado, y eso es un palo para el partido muy grande. Era un dirigente que transmitía a nivel moral y personal una imagen que es la antítesis de esto que estamos viendo. Y es que te lo creías. Incluso gente de derechas que le podía odiar a nivel político, a nivel personal le tenía cierta simpatía por ser un tipo íntegro.

Ese sentimiento de decepción y de rabia por el daño reputacional estaba en las últimas horas muy presente en dirigentes del PSOE. Lo sintetiza un responsable con muchos años a su espalda de militancia y con hilo directo con la cúpula del Ejecutivo. Y él, como otros compañeros, coincide con que el problema se le presenta a Zapatero con esta pieza separada sobre las joyas.

Porque la principal, la del caso Plus Ultra, "está todavía cogida con alfileres", ya que "no hay pruebas directas" que incriminen al expresidente y las evidencias con más fuste proceden del contenido del móvil intervenido a Rodolfo Reyes, quien fuera presidente de la compañía aérea. El juez pidió autorización a EEUU, que había interceptado el teléfono del empresario, para poder utilizar ese volcado en la causa. La defensa de Zapatero reclamaba esta semana que se esclareciesen las circunstancias en las que la agencia americana Homeland Security Investigations (HSI) accedió en 2021 a las comunicaciones de Reyes, que fueron aportadas a la UDEF de la Policía Nacional el pasado marzo, cinco años después. "Esa prueba podía ser endeble, pero esta, si se confirma el valor y no se logra acreditar la situación fiscal de las joyas, es letal. Me temo que la caída del mito es prácticamente irreversible. ¡Qué tristeza!", apunta este citado responsable.

Para un secretario provincial, "cada día que pasa, el crédito del expresidente está más que agotado. Es una situación muy difícil para el PSOE. Estamos deseando escucharle cuanto antes"

Más dirigentes expresan ese mismo dolor. "Es que está claro que Zapatero es ya irrecuperable", indica una portavoz autonómica. "Es que, aunque espero que todo sea legal y lo pueda demostrar, sí parece que es un lobista más. Yo creo que con el sueldo de expresidente podría haber vivido más que bien. Ese era el ejemplo, pero parece que el dinero nunca es suficiente. No predico que ser de izquierdas sea ser pobre, ni vivir con estrecheces. Al contrario, que todos vivamos y disfrutemos. Pero esta ambición y encima dando lecciones es intolerable", comparte una integrante de una ejecutiva regional. "Si esto se confirma, lamentablemente es así que le habremos perdido —tercia un barón provincial—. Cada día que pasa, su crédito está más que agotado. Es una situación muy difícil para el PSOE. Estamos deseando escuchar cuanto antes a Zapatero".

La apertura de una pieza por las joyas venía a añadir incomodidad a un asunto de entrada muy molesto para los socialistas. Y llegaba en un momento de máxima alerta, de máxima debilidad por la derivada infinita del caso Leire. "Otra noticia más —constata con pesar un responsable de un aparato autonómico. Intentamos sacar la cabeza, pero... En fin, la gente está esperando a que dé las explicaciones ante el juez. A ver si es que tienen explicación". En el fondo, en el partido quieren creer que Zapatero dispondrá de un arsenal que le permita desmontar las acusaciones que pesan sobre él. "Es como cuando te cuentan algo muy malo de alguien al que quieres mucho mucho, muchísimo, como tu padre o tu hermano, y tú no lo has visto", ilustra una exalcaldesa.

El referente casi perdido

Y es que el expresidente era hasta ahora un referente total y una autoridad moral y ética para el partido. "Un icono al que sacabas como un santo en procesión —conviene un cargo local—. Un presidente que amplió derechos y que era un faro para mucha gente, y una persona leal al partido. Zapatero incorporaba a una parte del partido que no votó a Sánchez en las primarias de 2017. Y, tras aquel desgarro de una guerra civil como la que hubo en aquel año en el partido, Zapatero ayudaba a la cohesión interna. Por eso el impacto es gordo y todo es tan jodido". Y todo podría agravarse si Calama adoptara algún tipo de medida cautelar contra él, aunque por ahora en el partido no se sitúan en la hipótesis de que pueda ser enviado a prisión provisional.

Los dirigentes relatan el "impacto" de la caída en desgracia de un Zapatero que era hasta ahora referente de todo el partido, un icono que destacaba por su "austeridad" y comportamiento "íntegro"

Una exministra que trabajó con el expresidente también resalta su "austeridad", su figura de político "muy familiar, muy apasionado con su responsabilidad política, muy rompedor". Una imagen que ahora comienza a venirse abajo, para horror de su partido. "Es que se me parte el alma. Es todo una pesadilla", continúa esta exintegrante de su Ejecutivo.

—El mito se cae desde el momento en que hay duda. Y duda la hay. Si encima no se dice la verdad, como ha ocurrido con la valoración de las joyas, peor —expresa una baronesa provincial.

—Es lo peor que le puede pasar a Zapatero: la gente piensa que les ha engañado y ha jugado con sus sentimientos —apuntala una responsable que ha tratado mucho estos años al expresidente y que formó parte de su cúpula.

—El mito se cae para quien lo creyera como tal —indica con bastante más distancia una dirigente territorial muy conocida por el conjunto del PSOE—. Hace ya semanas que pasamos el shock.

Como expresa un miembro de la cúpula federal, "no deja de ser paradójico" que Zapatero no se quedase en el Consejo de Estado, cuando él cambió la ley para que los expresidentes recalaran allí

La desconfianza también alcanza a algunos miembros de la cúpula federal. Uno de ellos apunta que "no deja de ser paradójico" que habiendo Zapatero cambiado la ley para que los expresidentes pudieran incorporarse al Consejo de Estado tras dejar el cargo, "él no se incorporase". El exlíder socialista pasó por el máximo órgano consultivo del Gobierno solo tres años, entre 2012 y 2015, para pasar después a la actividad privada.

"Hay jueces que prevarican"

No obstante, muchos cuadros piden cautela, no juzgar por anticipado. Esperar. "Dentro hay incredulidad y estupor. Pero no se debe emitir juicio hasta escuchar sus explicaciones. Un poco de paciencia. Yo, que le conozco, no tiro la toalla aún. No estoy dispuesto todavía a bajar el pulgar. Es verdad que a nuestra gente, que es muy ciclotímica, los escándalos relacionados con la honestidad les desmoralizan mucho", señala un dirigente con mucha trayectoria a su espalda y muy respetado en el partido. Pero él mismo advierte de que, llegado el caso, el partido "ha de ser fiel a sus ideas por encima de las personas".

Varios responsables piden prudencia, esperar a la comparecencia de la semana próxima, y algunos aluden a las "dos velocidades" de la Justicia, muy rápidos con ellos y muy lentos con el PP

En la ejecutiva federal recuerdan que las bases están "en apretar filas", en no rendirse. Y en los territorios también hay dirigentes que ven la apertura de una pieza separada por presunto delito fiscal y contrabando como una continuación del "acoso", de una estrategia para tumbar a Sánchez, "cuando el Gobierno no tiene nada que ver con una tasación de unas joyas". E insisten en ese "doble rasero" de la Justicia del que hablaba este viernes Morant. Para algunos socialistas, como expone un jefe de un aparato autonómico, es flagrante que el juez que instruye la causa por presunta corrupción en los negocios de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, haya tardado seis meses en autorizar a la UCO de la Guardia Civil para que investigue los movimientos de varias cuentas bancarias. Como tampoco se explican que las pesquisas contra el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro sigan dilatándose después de años. "Lo nuestro, en cambio, va a la velocidad de la luz. Todo huele tanto a cloaca que ya... Está claro que hay dos velocidades. Cada partido tiene sus papeletas, pero unas van a un ritmo y otras a otro", sostiene este responsable de Organización regional.

Palabras que caminan en la línea de lo manifestado el pasado miércoles por el titular de Transformación Digital, Óscar López: "Hay jueces que prevarican". Sin ambages. Sugiere una idea próxima otra ministra: "Creo que estamos validando investigaciones prospectivas y el proceso penal tiene que tener una finalidad concreta, no investigar a ver qué sale. Eso coloca al investigado en una posición de indefensión contraria a sus derechos y pervierte el proceso penal, aparte de vulnerar la presunción de inocencia. Estos casos generales son muy cuestionables". "Yo aguardaría, vamos a ver todo", reclama un presidente autonómico.

Estamos validando investigaciones prospectivas y el proceso penal tiene que tener un fin concreto, no investigar a ver qué sale. Eso coloca al investigado en una posición de indefensión", dice una ministra

Sí, el PSOE es un partido ahora mismo a la espera. Expectante ante lo que Zapatero pueda esgrimir ante el juez a partir del próximo miércoles. Deseoso de escucharle, de comprender sus explicaciones, de que se acabe la "pesadilla". Pero poco a poco el partido ha ido perdiendo la venda. Y la incredulidad total ha mutado en un mayor recelo, en una cierta irritación y desconfianza. En la convicción de que su mayor referente ético, el que les unía a todos, ha descendido a unos infiernos de los que difícilmente ya podrá escapar indemne.

Un documento de 16 páginas intervenido a la exmilitante socialista por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco del 'caso Leire' —al que ha tenido acceso El Independiente—, sostiene que la trama de hidrocarburos habría sido utilizada para construir una conexión política con el PSOE y cuestiona la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, la Guardia Civil y algunos de los investigadores que participaron en el procedimiento.

El anexo, dedicado al análisis de la denominada "trama de los hidrocarburos", contiene una serie de acusaciones contra la forma en la que se desarrolló la investigación y plantea que determinadas actuaciones policiales y judiciales habrían tenido una "finalidad política". En concreto, el documento señala directamente al fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón y afirma que tanto él como el juez del procedimiento "parecen estar dispuestos a asociar al PSOE con esta trama".

Unir todo en una causa

La tesis del escrito es que la investigación de hidrocarburos habría terminado vinculándose con el 'caso Koldo' y con el entorno del exministro de Transportes José Luis Ábalos pese a que, según sostiene el documento de Leire, se trataría de dos asuntos diferentes. "Hay que distinguir dos cosas muy relevantes porque se ha pretendido unir en una sola causa dos elementos que no son iguales ni pertenecen a la misma causa", recoge el anexo.

El documento hace dos distinciones. Por un lado, la investigación sobre las adjudicaciones de mascarillas y la supuesta intermediación del exasesor ministerial Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama con Transportes, y, por otro, la trama empresarial de hidrocarburos vinculada a Villafuel y otras sociedades. Según el escrito, la unión de ambas investigaciones habría permitido proyectar una "conexión política" con el PSOE.

Carmen Pano como nexo

Uno de los elementos centrales del documento es el papel que atribuye a Carmen Pano como nexo entre ambas investigaciones. El informe intervenido sostiene que su declaración sobre la entrega de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE habría sido utilizada para enlazar dos causas distintas.

"La declaración de Carmen Pano afirmando que había llevado 90.000 euros en efectivo a Ferraz es el ejemplo más evidente de querer unir el caso de las mascarillas con el de los hidrocarburos", recoge literalmente el documento. Según la tesis del escrito, la aparición de Pano habría servido para reforzar la conexión entre la estructura empresarial de Aldama en el sector de los hidrocarburos y las investigaciones sobre las supuestas comisiones vinculadas a contratos de mascarillas durante la pandemia.

El documento insiste en que ambas realidades deberían analizarse por separado. "Por una parte, el caso de las mascarillas y el supuesto cobro de comisiones devenido de la intermediación de Koldo García y Aldama con el ministerio que entonces dirigía José Luis Ábalos", señala. "Por otra parte la de los hidrocarburos, donde la estructura de Aldama con Villafuel y el resto de empresas instrumentales donde habrían defraudado más de 185 millones de euros".

La conclusión del anexo es que la referencia a Ferraz habría funcionado como elemento político para conectar ambos procedimientos. El documento, no obstante, plantea esta interpretación como una tesis propia y no como una conclusión judicial.

Justamente, la investigación judicial señala que la supuesta trama habría ofrecido a Pano 50.000 euros a cambio de modificar su declaración sobre el dinero que entregó en Ferraz. La supuesta oferta habría corrido a cargo de la abogada Leticia de la Hoz y se habría realizado una semana antes de su declaración en el Supremo durante una reunión en el despacho de esta letrada, según la declaración de la propia empresaria ante la Guardia Civil.

"Una finalidad política" de los agentes

El texto intervenido dedica buena parte de sus páginas a cuestionar la actuación de determinados agentes de la Guardia Civil y plantea que algunas investigaciones se habrían utilizado para obtener información con objetivos políticos. Cabe destacar que este modus operandi no es nuevo, ya que, según señala la UCO, la trama de las presuntas cloacas del PSOE, encabezada por Leire Díez, habría tenido como objetivo principal desacreditar a agentes y fiscales vinculados a las investigaciones contra el partido socialista y Pedro Sánchez.

"El objetivo real es diferente al aparente", afirma el documento, que sostiene que la causa habría servido como una vía para obtener información bajo apariencia de cobertura judicial. En otro punto, el anexo afirma que existieron "causas paralelas utilizadas al libre albedrío de la UCO sin control judicial alguno y instrumentalizadas a favor de una opción política concreta".

El documento menciona especialmente al capitán Juan Vicente Bonilla García, al que identifica con el alias "Roberto Alcázar". Según el escrito, Bonilla habría mantenido conversaciones con el empresario José Luis Caramés en las que aparecían referencias a la obtención de información sobre Koldo García. El archivo intervenido afirma que en esos mensajes "se habla y planifica la obtención de información sobre Koldo, 'el del PSOE', y los describen refiriéndose a reuniones de planificación y un programa de obtención de inteligencia evidente".

Además, el texto de Leire cuestiona la utilización de determinados atestados policiales y sostiene que hubo información relevante que no fue incorporada inicialmente a los procedimientos. En concreto, menciona los atestados 181/2020 y 183/2020 y sostiene que existieron elementos de investigación que habrían quedado fuera del conocimiento de las partes.

El papel de la Fiscalía y los informes policiales

El anexo también dirige sus críticas hacia Anticorrupción, y más concretamente contra el jefe de la Fiscalía, Alejandro Luzón. Este fiscal es una de las personas a las que, a ojos de la UCO, más habría querido dañar la trama. En sus conclusiones, sostiene que la investigación habría acabado orientándose a establecer una relación entre la trama de hidrocarburos y el PSOE. “Lo cierto es que tanto el fiscal Anticorrupción adscrito al caso, Luzón, como el juez parecen estar dispuestos a asociar al PSOE con esta trama”, recoge el documento.

El escrito señala además que el origen de la trama debería analizarse en otros ámbitos políticos y empresariales y menciona el papel de distintas compañías y personas relacionadas con administraciones gobernadas por el Partido Popular. Entre ellas cita a Hafesa y a José Norberto Uzal Tresandi, al que identifica como una persona que ocupó un puesto en la Administración gallega durante la etapa de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta. El documento concluye que la vinculación del caso con el PSOE respondería a una interpretación interesada de la investigación. “Quien estuviera detrás de todo esto es el PP”, afirma el anexo en sus últimas páginas.

El consejero independiente de la empresa alavesa Tubos Reunidos Jesús Pérez Rodríguez Urrutia, investigado por en el caso vinculado a la exmilitante socialista Leire Díez, ha presentado su dimisión.

La empresa siderúrgica ha comunicado este viernes a la CMNV que ha recibido una carta de cese voluntario de Jesús Pérez Rodríguez Urrutia, quien deja de ser consejero independiente de la compañía desde hoy.

Además de este consejero, figuran como investigados el actual director general de la compañía alavesa, Carlos López de las Heras, y el expresidente de Tubos Reunidos Francisco Irazusta, según EFE.

El ya exconsejero de Tubos Reunidos ha vinculado su marcha a la entrada en concurso de acreedores de la empresa, sin hacer alusión a su situación como investigado en el caso de Leire Díez.

"Ante las actuales circunstancias de la sociedad con su entrada en concurso, y teniendo en cuenta que su evolución y situación financiera requieren una especial dedicación que resulta incompatible con mis otras responsabilidades, os comunico mi decisión de presentar mi cese voluntario como consejero independiente con fecha de efectos desde el día 12 de junio de 2026", ha explicado Rodríguez Urrutia.

Se trata de un empresario de larga experiencia, que ha sido presidente en España de BNPP Real Estate, director general de Occidental Hoteles, Metrovacesa, Grupo Ence y Planeta De Agostini, así como secretario general de Abengoa.

El pasado 4 de junio agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron durante diez horas la sede de Tubos Reunidos en Bilbao en el marco de una pieza secreta que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

La empresa alavesa aparece nombrada en varias ocasiones en el sumario del denominado caso Leire Díez. En uno de los atestados de la UCO, los agentes aluden al préstamo de 112,8 millones de euros concedido por la SEPI a la mercantil Tubos Reunidos.

También se refieren a los indicios de que el grupo denominado 'Hirurok' (Nosotros tres, en euskera, y presuntamente integrado por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso) habría llevado a cabo "acciones tendentes al otorgamiento de esta ayuda, percibiendo por ello un total de 114.950 euros" a través de la empresa Mediaciones Martínez.

La UCO cree que Leire Díez y Vicente Fernández "propusieron acudir" a Santos Cerdán y Antxon Alonso (empresario al que los investigadores consideran socio del exdirigente socialista) para "impulsar" la ayuda cuando esta estaba bloqueada, y sospecha que el grupo 'Hirurok' intermedió con "algún miembro del Partido Nacionalista Vasco", lo que "podría haber contribuido" a que la ayuda llegase a término.

Los investigadores también han identificado "una segunda operativa llevada a cabo entre 2024 y 2025" para conseguir el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda, en la que podría haber participado Cerdán.

El sumario refleja una reunión entre Cerdán, Leire Díez y dos directivos de Tubos Reunidos el 13 de noviembre de 2024 en el despacho que el exsecretario de Organización socialista tenía en la sede del PSOE, en la calle de Ferraz, en Madrid.

"Reunión Tubos Reunidos" es una de las anotaciones que aparece en una libreta azul de notas incautada a Leire Díez y que obra en el sumario.

"Con razón de esta operativa", dice la UCO, Vicente Fernández "habría facturado 40.000 euros a Tubos Reunidos".

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, envió un mensaje a su padre en julio de 2024, cinco meses antes de su muerte, en el que celebraba los avances de la terapia familiar en que estaban inmersos y recordaba sus "discusiones" con él: "No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte".

Los mensajes recuperados del móvil de Jonathan Andic, de su padre Isak y de la psicoterapeuta que trataba a la familia son algunos de los principales indicios en que se basa la Fiscalía para oponerse al recurso que la defensa presentó contra la fianza de un millón de euros que la jueza instructora impuso al primogénito del fundador de Mango, investigado por su supuesto homicidio.

La Fiscalía se apoya en esos mensajes, incluidos en informes de los Mossos d'Esquadra aportados al juzgado, para apuntar como móvil del presunto homicidio la mala relación entre padre e hijo: "Comprendo que era imposible sanear nuestra relación, no me sorprende que la cuerda se rompiera", dijo Jonathan al fundador de Mango por watsapp en julio de 2024. 

(Noticia en ampliación)

Una incidencia en el sistema técnico ha dejado detenido momentáneamente en la pista el avión en el que el papa debía viajar de Canarias a Roma, provocando el regreso del pontífice a la terminal del aeropuerto de Tenerife Norte (Los Rodeos). Según ha confirmado la Conferencia Episcopal a El Independiente, se ha tratado de un problema técnico y la salida se ha retrasado aproximadamente media hora.

Tras la incidencia técnica registrada en el Airbus A320 de Iberia en el aeropuerto de Tenerife Norte, la situación ha evolucionado y se han adoptado nuevas soluciones logísticas para garantizar la salida del pontífice hacia Roma.

Según han informado la Casa Real y el Gobierno, el papa León XIV regresa a Roma junto a sus colaboradores más cercanos en el avión Falcón ofrecido por el rey de España. La decisión se ha tomado ante la imposibilidad de reparar la avería de la aeronave de Iberia en el corto plazo.

La compañía aérea ha confirmado que el fallo técnico detectado en el aparato no puede ser subsanado inmediatamente, por lo que todos los pasajeros han sido desembarcados. Paralelamente, se ha dispuesto el envío de un avión de reemplazo desde Madrid para completar el traslado de la delegación vaticana a lo largo del día.

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El avión tenía prevista su salida a las 15:20 hora local (14:20 GMT), aunque ya acumulaba cerca de una hora de retraso debido a los últimos actos de la agenda. Una vez a bordo del Airbus A320 de Iberia, el comandante informó a los pasajeros de una incidencia técnica que intentaba resolverse, indicando que los trabajos requerirían al menos media hora.

Poco después, la aeronave tuvo que interrumpir la operación y permanecer en pista mientras se evaluaba el problema. Incluso se procedió a remolcar el aparato para colocarlo en una mejor posición respecto al viento —“contra el viento”— con la intención de realizar un nuevo intento de puesta en marcha del motor, ya que el fallo podría haberse producido por viento en cola.

En ese momento, se pidió a los pasajeros desembarcar, incluido el pontífice y el rey Felipe VI de España, que había acompañado la despedida del papa y había subido a bordo del aparato. Ambos regresaron juntos a la terminal conversando y con gesto relajado.

También abandonaron el avión algunos de los cardenales que acompañan al viaje, entre ellos el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y el cardenal español Ángel Fernández Artime.

Mientras tanto, parte del pasaje y del séquito vaticano permaneció en el interior del avión, donde la tripulación continuó atendiendo a los ocupantes, llegando incluso a servir agua a los periodistas que viajaban en el vuelo.

Tras las publicaciones de El Independiente en el que se revela que Miguel Ángel Figueroa habría sido "los ojos" de la trama en la SEPI, el alto cargo del holding público ha dimitido de su cargo como interventor general en la Junta de Andalucía. Figueroa aparece citado de forma expresa en una de las libretas intervenidas a la exmilitante socialista por la Guardia Civil, donde Díez anotó de su puño y letra: "Él va a ser nuestros ojos en la SEPI", junto a las siglas "MAF", correspondientes a quien entonces ocupaba la Dirección de Participadas III de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

La documentación publicada por este periódico sitúa a Figueroa como una de las principales fuentes de información de Díez sobre el funcionamiento interno de la SEPI y, en particular, sobre la gestión del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado para rescatar compañías afectadas por la pandemia. Las anotaciones reflejan un conocimiento detallado de deliberaciones internas, discrepancias entre directivos, expedientes empresariales y conversaciones mantenidas en la cúpula del organismo.

Asimismo, Miguel Ángel Figueroa aparece a la cabeza del organigrama dibujado por Leire Díez que retrata cómo la exmilitante socialista concebía en 2021 la estructura de influencia en torno a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Debajo de Figueroa, en una posición directamente conectada con él, aparece la propia Leire, que se identifica a sí misma en el dibujo como "Directora General". En paralelo se sitúan las iniciales "B. L.", en referencia, presumiblemente, al entonces vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, uno de los principales responsables del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas durante la pandemia. Cabe señalar que Lora se encuentra actualmente investigado por el Juzgado de Instrucción 49 de Madrid por el rescate de la compañía Air Europa en 2020.

Las joyas incautadas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el registro de su despacho, dentro del 'caso Plus Ultra', suman un valor tasado de forma preliminar por 1,3 millones de euros, siendo las piezas más caras un collar con dos esmeraldas de Zambia valorado en 278.000 euros y otro con 13 zafiros de Tailandia estimado en 220.000 euros, además de pulseras, pendientes, sortijas o relojes.

Así consta en el informe pericial de la tasación de casi 80 piezas analizadas por la joyería Ansorena con la colaboración del Instituto Gemológico Español y a petición del juez de la Audiencia Nacional.

La joyería cifra en 278.000 euros la pieza más cara: un collar de oro blanco de 18 quilates, con cadena de diamantes y dos esmeraldas naturales con "origen Zambia".

De Zambia también proceden tres esmeraldas de una pulsera de 95.000 euros, una esmeralda de una sortija de 85.000 euros y cuatro esmeraldas de unos pendientes de 80.000 euros, así como "cuentas de esmeralda" de un collar regional formado también por colgantes de oro en forma de "Manos de Fátima" con un valor de 3.000 euros, según detalla el informe, recogido por Europa Press.

La segunda pieza incautada con mayor valor es un collar valorado en 220.000 euros, realizado en oro blanco de 18 quilates con trece zafiros con "origen Tailandia" y decorado con diamantes.

Respecto a Tailandia, además del collar, los expertos tasan una pulsera con siete zafiros de ese país en 80.000 euros y unos pendientes que valora en 70.000 euros con ocho zafiros del mismo origen.

Otras piezas "sin valor"

Además, entre las siguientes joyas más valiosas se encuentran un collar de 155.000, una pulsera de 72.000 euros, unos pendientes de 60.000 euros y una sortija de 26.5000 euros, todas ellas realizadas en oro blanco de 18 quilates y decoradas con rubíes naturales y diamantes.

También analizan ocho relojes incautados, el más caro de la marca Pierre Balmain de oro amarillo de 18 quilates para señora, por el valor de 6.000 euros, seguido de uno de la marca Lorenz de 1.5000 euros, un Omega y un Longines de 3.000 euros cada uno, así como dos Certina de 150 euros, un Dogma de 100 euros y un Kronos de 50 euros.

Once de las piezas tasadas son "sin valor", entre ellas varios pendientes y collares de perlas de imitación, mientras que siete de las joyas son valoradas por debajo de los 100 euros, siendo la más barata una sortija de plata de 25 euros.

Un presunto fraude

Tras ese análisis, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto una nueva investigación dentro del 'caso Plus Ultra' contra Zapatero por presuntos delitos fiscales y de contrabando en relación con estas joyas al considerar que el origen de las mismas "no está justificado".

Zapatero también tendrá que responder por estas joyas en su declaración, prevista para el 17 y 18 de junio, cuando será interrogado como investigado por su papel en la presunta trama de tráfico de influencias del 'caso Plus Ultra'.

Según indica Calama en un auto, "la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico".

Para el juez, la posible falta de acreditación sobre la adquisición de las joyas podría facultar a la Agencia Tributaria para imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF de Zapatero, resultando aplicable un tipo marginal en torno al 46 %.

De esta forma, Calama argumenta que de "la inexistencia" de una "declaración o pago de cualquiera de estos tributos" se infiere "la posible existencia" de un presunto fraude por una cifra "superior al umbral típico, que se sitúa en 120.000 euros".

Respecto al presunto delito de contrabando, el instructor del 'caso Plus Ultra' sospecha que Zapatero no ha acreditado "el pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importancia", teniendo en cuenta la obligatoriedad de los mismos "en la medida" en que la introducción, tenencia o circulación en territorio nacional de joyas asciende a 1,3 millones de euros.

El exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido este viernes que la celebración de primarias abiertas a la ciudadanía debe ser la base para construir una candidatura unitaria de la izquierda alternativa al PSOE de cara a las próximas elecciones generales. No obstante, ha advertido de que para ello es necesario que las distintas organizaciones políticas asuman el "riesgo" y la "valentía" de someterse al veredicto de los votantes.

Durante una mesa de debate celebrada en la Fiesta de la Primavera de Podemos, en Madrid, Iglesias sostuvo que la participación ciudadana en la elección de candidatos sigue siendo la gran asignatura pendiente de la izquierda. A su juicio, las dificultades para alcanzar acuerdos electorales entre las distintas fuerzas progresistas hacen más necesario que nunca un mecanismo abierto que permita a la ciudadanía decidir.

Sus palabras llegan en un momento de intenso debate dentro del espacio situado a la izquierda del PSOE sobre cómo afrontar el próximo ciclo electoral. Mientras el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se ha mostrado dispuesto a encabezar un frente amplio si contribuye a la unidad, Podemos apuesta por una fórmula que combine el liderazgo del dirigente republicano con el de la exministra de Igualdad Irene Montero. Paralelamente, IU, Comuns, Movimiento Sumar y Más Madrid trabajan para reconstruir una alianza electoral amplia, aunque todavía sin candidato ni marca definidos.

Iglesias defendió que las experiencias políticas más exitosas de América Latina demuestran que las coaliciones más competitivas no son necesariamente las más homogéneas ideológicamente, sino aquellas capaces de articular mecanismos efectivos de participación popular.

En ese sentido, planteó que unas primarias abiertas permitirían implicar a amplios sectores sociales y reforzar la legitimidad de una eventual candidatura unitaria. "La gente vería que esto no va de repartirse sillones entre partidos, sino de construir un proyecto colectivo", vino a señalar.

El exvicepresidente recordó además que Podemos fue pionero en la implantación de procesos de primarias masivas en España y aseguró que algunas organizaciones son reticentes a competir en ese terreno. Por ello, insistió en que la izquierda alternativa debe demostrar "voluntad de riesgo" y "valentía" si realmente aspira a construir una alternativa sólida.

"Si las bases pueden votar un programa electoral, también pueden decidir quién encabeza una candidatura de unidad", argumentó. En tono irónico, llegó a afirmar que incluso dirigentes socialistas podrían presentarse a ese proceso: "Que se presente Óscar Puente a las primarias, no hay ningún problema. Si las listas las decide la gente y el programa lo decide la gente votando, entonces no hay problema".

Para Iglesias, el principal obstáculo sigue siendo el "miedo a la participación". A su juicio, si la izquierda quiere frenar el avance de la derecha y la ultraderecha en las próximas elecciones, debe apostar por mecanismos que permitan a la ciudadanía tomar decisiones directas. "Si lo más ilusionante que se presenta es simplemente el mal menor, ya sabemos cómo acaba eso", advirtió, en una aparente referencia crítica al espacio de Sumar.

Durante su intervención, Iglesias también cargó contra el PSOE por la gestión del denominado "caso Leire Díez". El exlíder de Podemos acusó a los socialistas de actuar sin determinación en cuestiones clave como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y afirmó que han terminado "haciendo el ridículo" con las informaciones relacionadas con el llamado "comando garrapata".

Según sostuvo, el Gobierno debería haber impulsado cambios legislativos para modificar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces en lugar de recurrir a estrategias que, en su opinión, han resultado contraproducentes.

Asimismo, cuestionó la actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que "está haciendo el ridículo" al mantener en puestos clave a responsables vinculados a posiciones conservadoras dentro del Ejecutivo. En concreto, señaló a los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska.

En el mismo acto intervino también el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, quien defendió la necesidad de construir candidaturas de unidad, aunque advirtió de que esos procesos no pueden realizarse desde la "prepotencia" ni mediante la marginación de algunos actores políticos.

Sánchez hizo referencia a la experiencia de la coalición Por Andalucía, donde Podemos quedó relegado a posiciones poco relevantes en las listas electorales. Aunque reconoció que algunos partidos consideraron que aquella fórmula permitió salvar la situación, reclamó una visión más amplia y centrada en el proyecto colectivo.

El sultán de Omán se presentó en el Ayuntamiento de Madrid el pasado 4 de noviembre. Haitham bin Tariq Al Said entregó a José Luis Martínez-Almeida un maletín marrón. En su interior había una bandeja de plata. Un regalo de su país al alcalde de la capital durante su visita de Estado. Días después, se publicó en el Portal de Transparencia municipal que había sido un regalo a la institución. Los funcionarios han escrito en el apartado de “valor” que no ha sido posible tasarlo. No es el único obsequio. Hay tropecientos de diferentes organizaciones y países con una evaluación similar.

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La aspiración del Gobierno español de lograr que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales de la Unión Europea continúa sin avances significativos. Casi un año después del último debate formal sobre la cuestión en el Consejo de Asuntos Generales de la UE, la iniciativa permanece estancada por la falta de consenso entre los Estados miembros.

La última vez que España logró llevar el asunto a la mesa de los ministros europeos fue en julio de 2025. Desde entonces, y pese a los esfuerzos diplomáticos realizados por el Ejecutivo, la propuesta no ha vuelto a figurar en el orden del día. Fuentes comunitarias confirman a Europa Press, que el Gobierno ni siquiera ha solicitado su inclusión en la reunión prevista para este martes en Luxemburgo, consciente de que no cuenta con los apoyos necesarios para alcanzar la unanimidad exigida.

Diversas capitales europeas coinciden en señalar que la medida no figura entre las prioridades de la Unión en un momento marcado por conflictos internacionales, tensiones geopolíticas y otros asuntos considerados más urgentes para los Veintisiete.

La petición española fue presentada en agosto de 2023, en el marco de los acuerdos alcanzados con Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Aprovechando la presidencia española del Consejo de la UE durante el segundo semestre de ese año, el Ejecutivo intentó acelerar su tramitación y llevó la propuesta hasta en cuatro ocasiones al Consejo de Asuntos Generales. Posteriormente volvió a plantearla durante las presidencias de Bélgica, Polonia y Dinamarca, sin éxito.

Sin embargo, durante el semestre actual, bajo presidencia chipriota, España no ha promovido ningún nuevo debate ministerial sobre el asunto, según confirman distintas fuentes europeas a Europa Press.

La unanimidad, principal escollo

Desde el inicio del proceso, la necesidad de obtener el respaldo unánime de los 27 Estados miembros se ha revelado como el mayor escollo. Aunque el Gobierno ha tratado de despejar las dudas de sus socios, persisten las reservas jurídicas y el temor a que la medida siente un precedente para otras lenguas minoritarias en la Unión.

Para facilitar un acuerdo, España se ha comprometido a asumir los costes derivados de la oficialidad, estimados por la Comisión Europea en unos 132 millones de euros anuales. Asimismo, propuso una aplicación gradual a partir de 2027, limitada inicialmente a la traducción de los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, que representan alrededor del 3 % de la producción legislativa comunitaria.

El Ejecutivo también sostiene que el caso del catalán, el euskera y el gallego es singular, al tratarse de lenguas reconocidas en la Constitución española antes de la adhesión del país a la UE, utilizadas en las Cortes Generales y presentes desde hace años en traducciones oficiales de tratados y normativa europea.

Como garantía adicional, España planteó incluir una declaración que estableciera que futuras solicitudes serían evaluadas individualmente y bajo criterios estrictos, entre ellos que la lengua sea originaria históricamente del Estado solicitante y cuente con reconocimiento constitucional desde hace al menos veinte años.

Las dudas persisten

Pese a estas propuestas, las reticencias continúan. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado en varias ocasiones que una mayoría de Estados miembros no se opone a la iniciativa, aunque todavía existirían varios países con reservas. Otras fuentes europeas elevan a una decena las delegaciones que mantienen dudas.

Entre ellas destaca Alemania. Durante el último debate celebrado en julio de 2025, Berlín defendió la necesidad de aclarar previamente la base jurídica de la medida y respaldó la interpretación del servicio jurídico del Consejo, que considera que podría ser necesaria una reforma de los Tratados europeos.

Consciente del peso político alemán, el Gobierno abrió un diálogo bilateral con Berlín a finales del pasado año para intentar acercar posiciones. No obstante, los contactos no han dado resultados. Tras la reunión celebrada en mayo entre Albares y su homólogo alemán, Johann Wadephul, el Ministerio de Exteriores germano reiteró que mantiene sus dudas, especialmente desde el punto de vista jurídico.

Aunque el Gobierno español continúa defendiendo la oficialidad de las tres lenguas como una prioridad política, varios socios comunitarios discrepan de esa valoración.

Fuentes diplomáticas señalan que, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, las tensiones en Oriente Próximo y otros desafíos estratégicos, resulta difícil considerar esta cuestión como urgente. Algunos representantes europeos también apuntan que existe cierta incomprensión ante la insistencia española en este asunto mientras otros debates de interés para la Unión generan menos implicación por parte de Madrid.

Además, varios Estados miembros siguen reclamando un informe formal del servicio jurídico de la UE que aclare definitivamente las implicaciones legales de la propuesta. Sin embargo, para que dicho análisis se inicie es necesario que España lo solicite expresamente, algo que todavía no ha ocurrido.

Tampoco se ha pedido a la Comisión Europea una evaluación de impacto completa sobre el coste económico y operativo de la medida, pese a que Bruselas ha mostrado disposición a elaborarla. Los socios comunitarios reclaman datos detallados y una mayor seguridad jurídica antes de pronunciarse definitivamente sobre una iniciativa que, por definición, tendría repercusiones para el conjunto del presupuesto europeo.